miércoles, 15 de febrero de 2012

No haremos lo que dicen los USA


Eso es lo que ha dicho el presidente de Guatemala en relación a su propuesta de legalizar el negocio del tráfico de drogas ilícitas, como única propuesta racional en el área Centroamericana para contrarrestar ese flagelo que ya le ha costado bastante sangre al pueblo de Guatemala y que amenaza con convertirse en un conflicto mucho más sangriento si el gobierno de Pérez Molina obedece las órdenes emanadas de Washington y le declara, como en México, una guerra abierta a los carteles del narcotráfico. La  ola de terror será inevitable y los asesinatos que ha costado la vida al menos a 50,000 mexicanos se replicará en la sociedad guatemalteca. La propuesta de legalizar el tránsito y el consumo de narcóticos, como dije anteriormente, me parece la más racional y práctica propuesta para un país sin los suficientes recursos económicos para enfrentar frontalmente en una guerra abierta a los poderosos y bien armados (con armamento comprado en los EE.UU) carteles de la droga. El rechazo inmediato a la propuesta del presidente Pérez Molina por parte de Washington y de los sectores ultra conservadores de Guatemala se asemeja a lo sucedido en 1993 al Fiscal General de Colombia, Gustavo de Greiff, quien en una reunión de la International Drug Policy Reform Conference en Baltimore, Maryland, dijo que el combate al tráfico de drogas era una causa perdida y propuso como solución la legalización, como única alternativa viable para contrarrestar el negocio ilícito de las drogas. Argumentó además y con mucha razón que el consumo de drogas en los Estados Unidos alentaba la producción de drogas en Colombia, a la vez que incrementaba la violencia. Después de esas muy valerosas y acertadas declaraciones, de Greiff fue acusado de estar coludido con los capos de los carteles colombianos. Muchos críticos de la actual política estadounidense de la guerra contra la drogas han sostenido por mucho tiempo que, desde sus inicios hasta la fecha, ha sido una política con resultados desastrosos, pues a cambio de disminuir la demanda entre la población adicta norteamericana, ésta ha aumentado al grado que se considera que actualmente un 20 por ciento de la población la consumen regular u ocasionalmente. Se estima que el costo asociado con la adicción/abuso ronda los 484 billones de dólares anuales. En el 2010 el gobierno de los EE.UU gastó aproximadamente 15 billones de dólares en la infructuosa guerra contra la drogas. Expertos académicos como, Jefrey Miron y Katherine Waldock, estiman que la descriminalización del negocio de la droga le ahorraría a los EE.UU unos 41 billones de dólares anuales. Como se puede ver, la llamada guerra contra las drogas ha sido un total fracaso en cuanto a eliminar el contrabando y el consumo ilegal de las mismas, pero el gobierno norteamericano desde los tiempos de Richard Nixon hasta la actual administración de Obama persiste en continuar con la misma estrategia política y militar (Colombia, Afganistán y México) del combate a las drogas. Todas las guerras tienen un trasfondo económico (imperialista en el caso de los EE.UUU) y la llamad guerra contra las drogas no es la excepción. Tanto el Plan Colombia, la Iniciativa de Mérida o Plan México, así como la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centro América (CARSI) no son más que proyectos de carácter político, económico y militar diseñados por el Pentágono para entre otras cosas, extender y consolidar el dominio militar (control y represión) de los Estados Unidos en la región y, por el otro, favorecer los intereses económicos de las grandes corporaciones norteamericanas para que estas operen y exploten los recursos naturales de la región sin mayores impedimentos. El contrabando de drogas ilegales es un gran negocio que genera inmensa cantidades de dinero negro que al ser lavados pasan a formar parte de la economía formal, tanto de los países productores como de los consumidores y siendo Estados Unidos el mayor consumidor a nivel global, resulta ilógico pensar que sus avorazados banqueros, ávidos y necesitados de grandes flujos en efectivo, dejen pasar semejante oportunidad.

Queda por esperar si el presidente Otto Pérez Molina tendrá el suficiente carácter y firmeza como para no doblegarse a las exigencias del Gran Patrón del Norte, como ya sucedió en el caso de Ahmadineyad, y que no sea una baladronada más de un político atrapado y sin salida. El presidente sabe por experiencia los costos materiales y humanos que una guerra trae consigo. Sabe que Guatemala, como sucede en Mexico, pondrá los muertos. En el norte; en tanto, los ávidos consumidores (25 millones según AP) inhalarán, fumarán, se inyectarán y tragarán enormes cantidades de droga, sin obviar a los grandes fabricantes y negociantes de armas norteamericanos que se llenarán los bolsillos de “plata.” Guatemala no está para soportar más guerras, ya hemos tenido suficiente. Así es, Señor Presidente, no se eche atrás con su propuesta de legalizar el negocio de la droga, pues como dice el Profesor Luciano Castro Barillas en el artículo que publicamos a continuación, cuenta con más apoyo del que usted cree. Marvin Najarro








“NOSOTROS NO HAREMOS LO QUE DICE LOS ESTADOS UNIDOS, HAREMOS LO QUE TENGAMOS QUE HACER”


Por Luciano Castro Barillas


Estimado lector de La Cuna del Sol, planteado como acertijo el título de este comentario ¿a quién le atribuiría usted las palabras en mención? ¿A Fidel Castro? ¿O Mahmud Ahmadineyad? ¿O al apasionado Hugo Chávez?

                
Pues, fíjese, que no es ninguno de los tres dirigentes revolucionarios el que ha dicho esa expresión tan atrevida, soberana, digna y de generadora de gran conmoción entre los burócratas de los Estados Unidos. Es, aunque usted no lo crea, el presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, quien en estos momentos se ha insubordinado ante el imperio. Ha asumido el papel de un verdadero presidente que pide se le respete, que quiere ser él el que  decida los asuntos más trascendentes de su país. No le puedo decir si es simple retórica altisonante o exigencia de respeto ante el atropello por parte de los gringos que le corrigieron la plana en menos de 24 horas cuando anunció su convicción de la despenalización de las drogas como mejor camino para solucionar este problema acuciante. Baladronada quizá. Orgullo herido de militar que cree firmemente ser el comandante en jefe del ejército y la nación y no el segundo al mando, después del embajador estadounidense. En fin,  lo dicho, dicho está. Pero la nota discordante y decepcionante, hará unos tres días, fue presidente Mauricio Funes de El Salvador.  Este personaje, carente de personalidad y sin dignidad, luego de dar declaraciones junto a Otto Pérez Molina donde afirmaba no estar en contra ni a favor de la despenalización de las drogas, pero sí de ponerlas en la mesa de discusión, ya estando de regreso en su país dio declaraciones totalmente diferentes, posiblemente para defender la mísera condición laboral del TPS de tanto salvadoreño, dádiva por ser carne de cañón en Irak y país incondicional de las políticas de agresión del imperialismo. Ante el pronunciamiento inmediato de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, donde manifestaba el gobierno norteamericano su total desacuerdo en la despenalización del tráfico de drogas, propuesto entre otros mandatarios latinoamericanos, por el presidente guatemalteco, Funes el izquierdista, fue asustado a sombrerazos. Podíamos esperar esa inconsistencia de un gobierno centrista, ambivalente e inconsistente, pero no del presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Nada sorprendente si se analiza la trayectoria de los gobiernos de izquierda, con déficit siempre permanente cuando son sometidos a calibración de testículos. Hablo de izquierdistas, no de revolucionarios, pues son cosas distintas.

               
La despenalización del las drogas en Guatemala ha abierto un vibrante y amplio debate, donde los pastores de las diferentes denominaciones o sectas originadas en los Estados Unidos llevan la voz cantante al lado de la posición imperialista, no así la iglesia católica, que mantiene una posición de análisis, prudente y mesurada.   También muchos sectores conservadores han visto que la lucha frontal, que una guerra contra las drogas no lleva a ningún buen resultado, que no sea decomisos esporádicos y si una constante sangría ciudadana de hombres y mujeres sacrificados por unos ricos viciosos que viven plácidamente en los Estados Unidos y que a cambio de preocupaciones reales por la vida, antes bien la evaden, o se divierten en extremo. Otro asunto son los pobres con adicciones, quienes necesitan el apoyo sanitario de los Estados para superar esa herencia lamentable de la contracultura y el legado decadente de esas sociedades decadentes.

                
En el 2011 varios ex dirigentes de América Latina crearon la iniciativa regional Comisión Global de Políticas de Drogas, entre otros, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México, César Gaviria de Colombia y George Papandreu, de Grecia; también participó el escritor Carlos Fuentes, el empresario Richard Branson, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan y la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Llegaron estas personalidades internacionales a la conclusión de que “la guerra contra las drogas es un total fracaso, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”. Este foro sugirió (…) terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas, pero no hacen ningún daño a otros. Personas altamente conservadoras de la vida nacional como el periodista José Raúl González Merlo, fanático del neoliberalismo, ha dicho, entre otras cosas sensatas, lo siguiente. “(…) ojalá que el presidente Otto Pérez Molina logre, por lo menos, que sus colegas regionales pierdan el miedo a discutir el tema públicamente. Alguien, desde una posición de poder y liderazgo político, debe tener el valor de romper el tabú y decirlo: la guerra contra las drogas no es nuestra guerra, sino una guerra impuesta por una política equivocada. Esa es la realidad. El consumidor estadounidense pone el dinero con el que los narcos producen, transportan y venden la droga; corrompen naciones y compran armas de los fabricantes estadounidenses. Al mismo tiempo, los mismos ciudadanos de EUA pagan impuestos para que su gobierno lo gaste en la llamada “guerra contra las drogas”. Irónico ¿no? Es como aquel perro que quiere morderse la cola pero solo da vueltas inútilmente en el mismo lugar, sin avanzar en ningún sentido. Aún nos queda un largo camino que recorrer entre aquellos que creemos que el tema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública y no desde una perspectiva criminal. En vez de armas debemos tener computadoras. En lugar de cárceles, escuelas y clínicas. En lugar de policías, maestros y médicos. En lugar de políticas criminales, más educación. Las pérdidas de vidas, bienes y libertad son un trágico testimonio del altísimo costo de oportunidad que pagamos todos los días por no cambiar el rumbo. El presidente Pérez ha dado un primer paso significativo. Ojalá tenga el valor de seguir adelante. Cuenta con más apoyo del que él cree.

                
En conclusión, pienso, que Otto Pérez Molina viene de una guerra que lo desgastó en su imagen y ya no quiere saber nada de tiros, porque estos pueblos de Centro América son, como dicen los mexicanos, "los pueblos olvidados de Dios", aserto refrendado en un añejo refrán popular mexicano, que resulta aleccionador: "El amor que Dios nos dio, él mismo lo ha recogido, y sólo nos ha dejado, el pedo y el relinchido".










Publicado por: Marvin Najarro
Ct., USA.

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