INTRODUCCIÓN
En la PDH, realmente, no se dieron situaciones
escandalosas. Hubo desaciertos administrativos, pérdida de objetivos esenciales
y en los últimos años promoción de la imagen personal del procurador con fines
de reelección, en la creencia de que estaba haciendo bien su trabajo. Se fue
rodeando de una cohorte de aduladores que le obnubilaron la visión de la
realidad, dando como resultado lo que siempre ocurre con presidentes o altos
funcionarios: resultados precarios. El costo a sus errores ya los pagó, pues no
fue reelecto, lamentablemente su sustituto tiene muy poco que ofrecer y parece
que será una variación del mismo tema. El tiempo lo dirá, pero la experiencia
nos dice que cuando algo empieza mal, invariablemente, termina mal. Ojalá no
fuera así, porque el pueblo de Guatemala está necesitado de respaldo y
protección por la exponencial violación de sus derechos, aunque las
estadísticas gubernamentales afirman lo contrario. Luciano Castro Barillas.
LOS NÚMEROS DE LA
GESTIÓN MORALES,
EXPROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Sergio
Morales, ex Procurador de los Derechos Humanos
Por Rodrigo Baires Quezada
Aumento de dinero
Durante los últimos 10 años, el presupuesto que
le asigna el Congreso al Procurador de
los Derechos Humanos (PDH) pasó de los 30 a los 100 millones de quetzales
anuales. Sin un balance técnico de la labor de la PDH más allá de la memoria de
labores que se presentan cada enero al Congreso, el aumento de su presupuesto
se explica, según el Procurador, a que estuvo amarrado al incremento de
personal en las auxiliaturas o al aumento de funciones, como verificar el
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, las mismas memorias dan cuenta de
las gestiones de Morales para obtener estos aumentos y ampliaciones
presupuestarias. Llama la atención que después de su reelección, en 2007, su
presupuesto tuvo el incremento más importante de toda su gestión: 35% respecto
del 2006. Pasó de 65 millones a 100.8
millones de quetzales para el 2008.
A finales de ese año, los diputados aprobaron
una ampliación de 8.6 millones de
quetzales, y la institución obtuvo el plan de gastos anual más alto de toda
la gestión de Morales: 113 millones de
quetzales. Según los registros del Sistema Integrado de Contabilidad
(Sicoin), era la tercera ampliación presupuestaria en 3 años consecutivos.
Además de los desembolsos obtenidos de la administración central, el PDH
también obtuvo acceso a fondos provenientes de organismos internacionales y
gobiernos extranjeros, por 10.6 millones
de quetzales, para su segundo período, a pesar de los rumores de que la
institución cayó en descrédito por la manera en que manejaba este dinero.
Por ejemplo, el manejo del Archivo Histórico de
la Policía Nacional fue motivo de reparos al PDH por los países donantes en
enero de 1010. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio
cuenta del pago de 5 consultores que tuvieron permiso especial de la dirección
del Procurador para ausentarse por 3 meses en 2008 con goce de salario; además
de cambio de funciones y sustitución de consultores sin permiso y contratación
de personal que ya estaba en planilla.
El trabajo
realizado
Según Morales, el aumento de su planilla es
producto del “crecimiento natural de la
institución”. Cita el aumento de personal por la creación de nuevas
auxiliaturas, que pasaron de 27 a 31 durante estos 10 años, y de nuevos
servicios, como el centro de atención de denuncias telefónicas al 1555 y las
oficinas móviles en Huehuetenango, en 2004, y las de ciudad de Guatemala,
Sololá y San Marcos, en 2005.
De 2003 a 2011 los expedientes de investigación
abiertos no superaron los 4,200 por año, según la memoria de labores. En estos
están incluidas 162,464 llamadas que atendió el Centro de Atención del 1555,
que entró en operaciones en el 2006. Otra
constante: durante los últimos cinco años, el 80% de estas investigaciones es
producto de denuncias directas y no de acciones de oficio. Del otro lado de
la moneda, el número de acciones del PDH
-que va desde hacer observaciones, seguimientos, prevenciones; hasta el
resguardo de víctimas- decayó en casi la mitad: de 34,799 en el 2003; a 18,582
en el 2011. Además, se cerraron auxiliaturas, en cuenta la de Santa Cruz
Barillas, Huehuetenango.
A partir de los informes no hay posibilidad de
saber cuántas denuncias terminaron en resoluciones, cuáles siguen en
investigación o cuántas fueron desestimadas. Esta información las maneja la
Dirección de Estudio y Análisis de la oficina del PDH. Se le solicitó estos
datos a la Unidad de Acceso a la Información del Procurador y al cierre de esta
nota pidieron una prórroga de diez días hábiles para entregarlos.
En los escritos oficiales se presenta como dato
consolidado las investigaciones y las acciones cuyo propósito es mostrar el
trabajo de la institución. Precisamente, esta es una de las tachas que
enfrentaba Morales de sus detractores, por ejemplo, el Centro Internacional
para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y el Movimiento pro Justicia: opacidad en sus resultados. Otra de las
contras era al falta de trabajo en el área de promoción y educación en derechos
humanos. El presupuesto de esta área, según el Sicoin, tuvo recortes
sistemáticos de 2009 a 2011. Con un plan de gastos promedio de 15.6 millones de
quetzales en este período, este se redujo, a 12.9 millones. Así, los programas
de esta área recibieron 16.8 por ciento menos de presupuesto.
Planilla al doble
El Sicoin permite ver que el pago de salario
aumentó en 40.3 millones de quetzales de 2005 al 2011. En la actualidad el PDH
tiene 799 empleados. En una entrevista que concedió Morales dijo que: “En 10 años se creció cien por ciento (la
planilla), pero se han creado nuevas unidades y oficinas en el interior,
ordenadas por la ley”. Detrás de su respuesta estaban los rumores de que el
aumento de contrataciones se debía a deudas políticas. Él lo ha negado
vehementemente. Lo cierto es que solo el 29 por ciento de personal contratado
pertenece a las auxiliaturas en el interior del país. Es más, el número de
personas descendió de 291 a 233, de 2008 a 2012. En números fríos, el 76% del presupuesto que
gastó la PDH en el 2011 sirvió para remuneraciones de personal: 84.8 millones
de quetzales. El aumento en planilla durante los últimos 6 años es notorio en
el personal bajo contrato.
Hace 3 semanas, el diario digital “Plaza
Pública” constató la contratación de por lo menos 5 personas con lazos
consanguíneos con los diputados Mario Taracena Díaz Sol, Baudilio Hichos y
Arístides Crespo Villegas. Una sexta persona, Juan Pablo Rodríguez Segura,
trabaja en la Unidad de Acceso a la Información Pública y es hijo de Edgar
Rodríguez, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en
2007, año en que Morales fue reelecto al cargo.
¿Cómo se gasta el
dinero?
En los últimos 4 años, el PDH hizo 6,351
compras sin concurso y solo 10 por licitación o cotización. Las auditorías de
la Contraloría General de Cuentas de 2007 a 2010, solo dan cuenta de pequeños
reparos administrativos. Los gastos fraccionados se repiten. Solo en impresión
y colocación de vallas publicitarias, el PDH pagó el año pasado 495,000
quetzales a tres empresas. Se trató de 50 vallas de la campaña “Derechos para
Todos”, que se colocaron en transitadas carreteras, acompañadas del rostro de Morales, más otras 82 vallas de
“Empadrónate y Vota”, colocadas antes de las elecciones generales. Las empresas
contratadas fueron Publi-Estructura, Pintugua Publicidad y Hepime de Guatemala,
S.A.
Aunque el PDH cuenta con un oficial de eventos
y otro de recepciones y protocolos (que juntos ganan 100 mil quetzales anuales)
también erogó 521 mil quetzales en los últimos dos años por asesorías de imagen y protocolo,
facturado por Impulsadora Empresarial S.A. La empresa, de la cual es
representante Brenda Sanchinelli Izeppi, solo es proveedora del Estado con la
PDH. Esa “exclusividad” como proveedores
también la tiene Asesoría y Proyectos Organizacionales, S.A. (APO S.A.), que
cobró 47 talleres de capacitación sobre VIH por 1 millón de quetzales, de 2011
a 2012. Hay que tomar en cuenta que la propietaria de APO S.A., es madre de la
asesora del procurador en materia de VIH, Johann Rivera Castillo, quien gana 21
quetzales mensuales.
Otro proveedor exclusivo es Comando de
Seguridad J.D., que arrendó de 2009 a 2011 aparatos de GPS y mensajería por
991,900 quetzales. Funciona en la misma dirección que Sistema de Seguridad
S.A., una empresa versátil que le ha dado a Morales servicios de alquiler de
vehículos y de vigilancia, ha hecho investigaciones especiales sobre asesinato
de pilotos y de mujeres, desapariciones forzadas, tratas de personas, abuso de
inmigrantes, atención a pacientes con VIH/SIDA y adopciones ilegales. En total,
ha facturado 7.8 millones en 3 años, todo fraccionado por mes. Su propietaria
es Nohemí Portillo Pazos de Escobar, quien en enero aparecía como directora de
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el Ministerio de
Finanzas.
Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.
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