INTRODUCCIÓN
La minería es la última sucesión de males de
los pueblos pobres del Tercer Mundo. Es la maldición apocalíptica de nuestro
tiempo. A donde llegan las transnacionales del mal son fuente de dolor,
división, odios, desintegración, miseria material y pérdida de valores
culturales tradicionales. San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San
Marcos, Guatemala, es el vivo ejemplo de la desolación. Tierras yermas
comienzan a surgir en los alrededores de la mina donde otrora fueran montañas
de color azul cobalto pletóricas de biodiversidad. El tajo, la herida mortal en
la montaña se ve desde lejos y de tierras infértiles han pasado a ser tierras
venenosas de grandes acechanzas para la salud. No por gusto la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictó hace unos meses medidas cautelares
ordenando la suspensión de la actividad minera, pues son irrefutables e
incontrovertibles los daños causados a la salud de sus habitantes lo cual se manifiesta
en afecciones en la piel, pérdida del cabello, escasez del agua y lo peor,
contaminación del líquido elemento con arsénico, veneno de alta toxicidad. Pero
la vida social también se ha visto afectada y ahora proliferan las cantinas en
San Miguel, la delincuencia, una canasta básica de alimentos a precios elevados
y encarecimiento de la tierra para vivir y labrar. El mejoramiento del ingreso
de los 700 empleados por la minera Marlin ha incidido negativamente en la vida
de sus 35, 000 habitantes y el otrora pueblo pintoresco, pacífico, de
costumbres relajadas y con atendibles niveles de pobreza, pero al final
comunidad tranquila de San Miguel Ixtahuacán, es ahora una sociedad marcada por
una inquietante división de clases entre
los que tienen un salario garantizado por la minera, los que no tienen ninguno
y los que se oponen y son totalmente marginados y excluidos. Oposición que día
a día va languideciendo por el poder del dinero y el trabajo de mediatización
de una empresa, que entre otros postulados, enarbola el de “una minería responsable”.
Nadie hizo caso a las medidas dictadas por la CIDH. Ni las autoridades
judiciales, ni el gobierno del desenergizado socialdemócrata Alvaro Colom, ni
muchos menos lo escuchará el general de la mano dura, prosternado
desaprensivamente ante el capital nacional e internacional. Las mineras se
desarrollan ellas mismas pues no es poca cosa tener una ganancia de 607
millones de dólares y dar a Guatemala 9 millones por las regalías del 1%, esto
ocurrido apenas en el 2011. La pregunta retórica, de la que todos sabemos su
respuesta, es: ¿desarrollo para quién? Luciano Castro Barillas.
GOLDCORP: DIVIDIR Y VENCER
EN LA TIERRA DEL ORO
Con regalos, dinero y violencia, la minera canadiense Goldcorp ha divido a las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahaucán, en Guatemala. El inicio de los trabajos en la Mina Marlin ha causado mucho daño. No solamente ambiental. El proyecto minero también ha impactado en la cohesión social de las comunidades y en su relación cultural con la tierra.
Doña Deodora, víctima directa de la violencia minera. F.D.
Por Frauke Deccodt
Sábado 21 de julio de 2012
Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010
cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su
casa. No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó
con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a
su hija pequeña en sus brazos.
Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el
Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia
frágil y humilde. Sobrevive pastoreando
animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San
Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha
sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven
principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en
las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se
firmaban los Acuerdos de Paz [1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos
sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a
explotar oro y plata en la Mina Marlin.
“Ataques de nuestros propios
hermanos”
A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en
la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que
no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son
casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia.
Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un
líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros
propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.
La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo
muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado
de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí
exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los
indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando líderes,
gente para dividir y romper la lucha.”
Dividir con regalos
San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos
a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También
disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es
tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por
la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre
joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con
nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro
grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de
la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad
indígena, “pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias.
La empresa llegó engañando”.
Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy
cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando
la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde
ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala
además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a
las autoridades locales para ganar su apoyo.
El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el
pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido
demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero
entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no
encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la
municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es
omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades
ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión.
La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan
posibilidades”.
Desarrollo… ¿para quién?
Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve
el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena
relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.
“La empresa no está aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de
su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[1], fuerza
impulsora de la resistencia contra la mina. “Está aquí para hacer ganancias”.
En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según
informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve
millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son
públicos. Noé Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San
Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para
la mina. La empresa está generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay
extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos
igual. Beneficio general no hay”.
Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los
vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones
nacionales e internacionales. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se
fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y
pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010
la CIDH ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los
habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma
indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas
aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para
algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.
Dividir con violencia
“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que
aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería,
empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la
represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó
una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a
varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por
otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra
la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los
opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han
ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la
empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos
violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los
activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia,
insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron
golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de
Bamacá, fueron aterrorizados.
“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están
contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo
Yuc, Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino
muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina
ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero
y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para
convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con
la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en
muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.
La tierra no se vende
Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a
mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para
comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa
viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos?
El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin
embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión
social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica
ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos
meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos
quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia
identidad”.
No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel
Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen
con la tierra. Las palabras de Noé Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los
españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos
que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para
llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar
con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo
de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el precio del oro aumentó más de
150% y de plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida
de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí
las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad
social”.
La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para
luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son
conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca
dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo
el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la
impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los
pueblos indígenas como dice Noé Navarro. Lencho expresa con palabras una
convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si
tengo que demarrar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.
[1] Asociación para el Desarrollo
Integral de San Miguel Ixtahaucán
Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.
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