INTRODUCCIÓN
Una “ley” contra el enriquecimiento ilícito
fabricada y aprobada por el organismo político que ha hecho de la corrupción
una institución nacional y de ese cuerpo legislativo una autentica madriguera
de rufianes, suena como esperar que el zorro se comporte mesuradamente en el
gallinero. No lo hará pues su instinto depredador no se lo permitirá, como
tampoco leyes espurias permitirán que los corruptos institucionalizados calmen
su apetito por lo ilícito, pues para eso llegaron y lo peor de todo, con el
consentimiento y complicidad de aquellos que los eligieron. Complicidad, porque
todos sabemos que en Guatemala, uno de los países con los índices de corrupción
más altos del mundo, la mira de todo politiquero es llegar al poder para
enriquecerse por todos los medios posibles, los ilícitos los más, y no para
trabajar en beneficio de la destartalada nación guatemalteca que, necesita ante
todo, acabar con los perniciosos efectos de la desigualdad económica que tiene
sumida en la pobreza y miseria a la gran mayoría de la población. Claro que
cuando se trata de hacerle frente a las consecuencias y no a las causas de la
desigualdad, el crimen y la violencia generalizada, la elite conservadora o
ultra conservadora y el Estado a su servicio, prefieren como método eficaz de
control, la represión y la mano
dura contra las victimas de siglos de abuso de poder y de la
ambición desmedida de la clases dominantes. Ante ese frio y cruel panorama,
gente con poca capacidad de organización y reacción no tendrá más alternativa
que recurrir a lo único que le queda como opción; viajar de mojado a los
Estados Unidos o volverse miembro de alguna pandilla narco, pues es allí donde
están las oportunidades de salir de pobre y dejar de ser un apestado. Marvin
Najarro
TIENE QUINCE AÑOS DE
ESPERA
Por Valentín Zamora Altamirano
Septiembre, 2012
Las bancadas o pandillas parlamentarias de la
actual legislatura, la de la Mano Durísima
contra los pobres y blandengue con los poderosos; se hacen y se rehacen a cada
momento en su espurio afán de no abordar lo pertinente: crear una ley que le
ponga un alto a la moda politiquera de enriquecerse de manera ilícita, es
decir, a través de actos continuados y ramificados de corrupción que han llevado
a países pobres y harto dependientes, como el caso de Guatemala, a la virtual
quiebra del Estado y a la exponencial dificultad de prestar los servicios
básicos a los ciudadanos. Los partidarios del máximo adelgazamiento del Estado
para reducir gastos de funcionamiento y justificar el consiguiente fracaso
administrativo de la gestión social, siguen insistiendo desde hace 58 años
(después de la intervención norteamericana en 1954 con la connivencia de la
oligarquía antipatriótica de esos años) que el camino es la privatización, sin
reparar que las gestiones privadas, precisamente, son las responsables de la
actual crisis financiera internacional, con su estremecedora versión nacional,
donde la exultación por el dinero y la consiguiente opulencia y ostentación,
siguen siendo la causa de todos los males de las variopintas sociedades del
planeta. Todo mundo, indudablemente, queremos la riqueza, que no necesariamente
es lo opulento. Para eso se lucha, por la riqueza; o sea para vivir con
dignidad y las comodidades necesarias. Pero cuando las normales aspiraciones se
salen de su cauce “natural” y se encaminan por la riqueza adquirida sin
esfuerzo (a menos que robar sea un ingente esfuerzo), entonces, las cosas
empiezan y terminan mal. Las nuevas generaciones guatemaltecas desinformadas
quieren imitar el estilo de vida de los “ricos y famosos”, que no les
corresponde. Y ante la imposibilidad material de hacerlo porque no se tiene esa
capacidad de consumo, pues, claro, se opta por lo fácil: ser burócrata y llegar
a robar. O ser narcotraficante para tener el suficiente efectivo y exhibir la
ignorante parafernalia propia de este tipo de personas: su pick upo o camioneta
cuatro por cuatro (para poder salir huyendo en los peores caminos de
Guatemala), sus botas de vaquero sin vacas, su pistolón automático con cargador
de 35 cartuchos, además rutilantes cadenas de oro, del grosor de los dogales de
perros. U otro modelo a seguir: el de
politiquero influyente y enriquecido con el dinero público mal habido. O
empresario “exitoso” conchabado con funcionarios ladrones del erario y
narcotraficantes, cuya riqueza, por supuesto, no la generan sus plantas de
producción sino el lavado del dinero sucio. Por eso es que la ley contra el
enriquecimiento ilícito no pasará nunca. Y si pasa será una ley desdentada
desprovista de toda capacidad incisiva o de rasgadura de colmillos. Será una
ley de letra muerta, como tantas que en su proceso de creación y motivación,
son solamente las buenas intenciones. No puede ser fuente de derecho porque
esta castrada de su sentido de justicia. ¿Qué hacer? Pues casi nada. Los
ciudadanos podrán protestar, denunciar aquí o allá, quejarse ante foros
internacionales, pero pasa lo mismo que con los Ocupa Wall Street: mientras a
los poseedores del capital no se les afecte sus ganancias, los plantones y
marchas podrán estar por siempre. Ya en este mundo son insuficientes las
denuncias: se requieren acciones serias y vigorosas que pare -aunque sea por un momento- la reproducción y acumulación de capital.
Hasta ese momento, estimado lector, las cosas serán verdaderamente distintas.
Publicado por LaQnadlSol
CT,. USA.
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