En el reporte “Generating Terror”
hecho público en diciembre por el Jubillee Debt Campaign, se examina como los
préstamos y la deuda internacional por las IFIs
tales como el Banco Mundial y el BID ayudaron a legitimar a los
regímenes genocidas de Guatemala a finales de los años 1970 y principios de los
1980 y que en esencia subsidiaron sus campañas de terror.
“Los préstamos de los
Estados Occidentales y de los bancos y de los organismos multilaterales de
préstamos que ellos controlan (incluyendo entre los más importantes al Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Inter Americano de
Desarrollo) fueron un elemento importante en el sostenimiento del largo periodo
de dictaduras militares que siguieron al golpe de Estado contra el presidente
(Jacobo) Arbenz en 1954”, declara el reporte. “Sin embargo, lo veraderamente
preocupante es el aumento dramático de los préstamos que coincidieron con los
más altos niveles de terror, que alcanzaron proporciones genocidas a finales de
la década de los 70 y principio de los 80”.
LA SANGRIENTA HISTORIA DEL
BANCO MUNDIAL EN GUATEMALA
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Por Cyril Mychalejko
De acuerdo a un reciente reporte del Jubilee International , el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyaron el genocidio en
Guatemala y deben compensar económicamente por el daño causado.
Las bien documentadas acusaciones salen a luz en el momento en que Guatemala se convierte en el primer país en el
continente americano en juzgar a un ex presidente por cargos de genocidio y
crímenes contra la humanidad en un tribunal local. Pero el enjuiciamiento de
los criminales de guerra y las acusaciones contra Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs) es poco lo que hasta aquí ha hecho para proteger a comunidades vulnerables
de la continua expansión de la actividad minera, petrolera y de otros intereses
económicos que están invadiendo sus territorios y violando sus derechos
humanos.
En el reporte “Generating Terror”
hecho público en diciembre por el Jubillee Debt Campaign, se examina como los
préstamos y la deuda internacional por las IFIs
tales como el Banco Mundial y el BID ayudaron a legitimar a los
regímenes genocidas de Guatemala a finales de los años 1970 y principios de los
1980 y que en esencia subsidiaron sus campañas de terror.
“Los préstamos de los Estados Occidentales y de los bancos y de los
organismos multilaterales de préstamos que ellos controlan (incluyendo entre
los más importantes al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y al
Banco Inter Americano de Desarrollo) fueron un elemento importante en el
sostenimiento del largo periodo de dictaduras militares que siguieron al golpe
de Estado contra el presidente (Jacobo) Arbenz en 1954”, declara el reporte.
“Sin embargo, lo veraderamente preocupante es el aumento dramático de los
préstamos que coincidieron con los más altos niveles de terror, que alcanzaron
proporciones genocidas a finales de la década de los 70 y principio de los 80”.
El reporte del Jubilee usa como caso específico el proyecto de la Hidroeléctrica
de Chixoy.
“Las comunidades amenazadas con similares nuevos proyectos no deberían
permitir que sus derechos sean violados ya que estos proyectos resultan en la
destrucción del tejido social e inclusive la muerte”, dijo Juan de Dios, un
descendiente Maya guatemalteco quien desde el 2005 ha estado encabezando,
conjuntamente con otros y en representación de las comunidades afectadas, el
proceso formal de negociaciones sobre las indemnizaciones como consecuencia de
los daños derivados del proyecto Hidroeléctrico de Chixoy.
Inicialmente el Baco Mundial y el BID acordaron financiar el proyecto con
el régimen militar asesino de Fernando Romeo Lucas García en 1978. Entre 1978 y
1989, los bancos desembolsaron $400 millones en préstamos para el proyecto.
Entre marzo 1980 y septiembre 1982, tuvieron lugar en la aldea Rio Negro una serie de masacres planeadas
contra la población Maya Achí -en el área de Guatemala donde el
proyecto del embalse fue construido- resultando muertos 440 hombres, mujeres y
niños.
Estas masacres efectivamente “reubicaron” la aldea de Rio Negro dejando el terreno
libre para la zona de inundación de la Represa de Chixoy, y también fueron
parte de las campañas contrainsurgentes de
tierra arrasada dirigidas contra la población indígena del país. De acuerdo a
la Naciones Unidas, esto equivalió a genocidio, resultando en 200,000
asesinatos, más de 45,000 personas “desaparecidas” y en otros crímenes de
guerra tales como tortura y violación.
Representantes del Banco Mundial y del BID no retornaron las llamadas
telefónicas y correos electrónicos antes de la publicación de este artículo.
“Las instituciones que financian y se benefician económicamente del
desarrollo internacional son responsables por sus acciones, y organizaciones
reguladas por las Naciones Unidas como el Banco Mundial, están obligadas a actuar de acuerdo a
requerimientos que reflejen la ley internacional de los derechos humanos, dijo
la ambientalista y antropóloga, Barbara Rose Johnston, investigadora titular asociada en el Center for Political
Ecology y quien es la autora del "Chixoy Dam Legacy Issues Study”."La
conclusión más importante que emerge del estudio es que el desarrollo de la
energía hidroeléctrica ocurrió a un alto costo en tierra, vidas y subsistencia
en violación de las leyes nacionales e internacionales, y las ganancias que se
obtuvieron fueron considerables”.
El reporte del Jubilee destaca que
33 comunidades fueron afectadas adversamente por el embalse, más de 3,500
miembros de las comunidades mayas fueron desplazados, y como resultado muchas
de las familias sobrevivientes condenadas a vivir vidas de pobreza extrema.
“Con respecto a las vidas y subsistencia de los antiguos residentes de la
cuenca del rio Chixoy, estas ganancias han sido acumuladas expensas de ellos, y
el desarrollo hidroeléctrico en ninguna medida ha mejorados su calidad de
vida”, dijo Johnston. “Como resultados del desplazamiento forzoso muchos de los
que sobrevivieron las masacres fueron robados de su habilidad de vivir
sosteniblemente”.
Johnston documentó en el reporte que todos los actores involucrados
sabían a cerca de la violencia. Esto es evidenciado por medio de una queja
formal a la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos después de la masacre
inicial de Rio Negro en marzo de 1980, como también en un reporte de campo y de
comunicaciones internas, artículos de prensa, y reportes sobre derechos humanos
de las ONGs y de la Naciones Unidas. Durante los años 1970, aun antes de que
las masacres tuvieran lugar, hubo artículos de prensa y reportes de derechos
humanos que revelaban el uso de la violencia, tortura y represión por parte del
gobierno de Guatemala y los militares.
Sin embargo, esto no disuadió a estas IFIs de arreglar préstamos con el
gobierno de Guatemala quien no le prestaba ninguna atención a los derechos
humanos o al derecho internacional.
“Cuando el gobierno de EEUU estaba siendo presionado para que redujera su
apoyo al régimen de Guatemala, estas instituciones continuaron apoyando a estos
regímenes sin tener que responder a los parlamentos occidentales, mucho menos
al pueblo de Guatemala”, declara el reporte “Generating Terror” (Genererando
Terror). “Pero el impacto general de apoyar a estos regímenes del terror significa
que la deuda acumulada en este periodo debe de ser considerada como ‘odiosa’:
prestada a gobiernos ilegítimos e irresponsables, lesiva a los intereses del
pueblo de Guatemala, y con el total conocimiento del prestamista. Los gobiernos
sucesores no deben reembolsar las deudas odiosas, y deben recibir compensación
por cualquier deuda que haya sido pagada”
Grahame Russell, codirector de Righta Action, ha trabajado durante los
últimos 19 años con estas comunidades afectadas por el proyecto de la represa
en sus esfuerzos porque se haga justicia y se les indemnice por los daños
sufridos. El considera que el accionar de estas IFIs en Guatemala debe ser
entendido dentro de la mentalidad de la “Guerra Fría”. Guatemala era uno de los
tantos campos de batalla en el mundo en desarrollo en donde esta “guerra”
estaba siendo peleada, y en occidente hubo una generalizada aceptación de su
legitimidad.
Según Russell, “ellos sabían que estaban invirtiendo en situaciones
complicadas y hasta represivas, pero el Banco Mundial y el Banco Inter
Americano de Desarrollo pensaron que estaban en el ‘bando de los buenos’. Estos
eran gobiernos apoyados por occidente, regímenes con los cuales los Estados
Unidos y en menor grado Canadá estaban asociados en la llamada guerra contra el
comunismo”.
La antropóloga socio cultural Kathleen Dill, viajó a Guatemala por primera
vez en 1994 para trabajar como voluntaria con la Guatemalan Forensic Anthropology
Foundation (FAFG), Fundación de Antropología Forense de Guatemalam, y ayudar en
la exhumación de los restos mortales de las víctimas de la masacre enterradas
en fosas clandestinas en la aldea Plan de Sánchez. Esta masacre resultó en el
asesinato de 256 miembros de la comunidad, muchos de los cuales fueron además
violados y torturados. Ella estuvo de nuevo de regreso por tres años en lo
veranos de mediados de la década de los 90 antes de salir y trabajar por dos
años en el pueblo de Rabinal entre 1999 y 2000. Mientras estaba en Rabinal,
Dill trabajo con organizaciones locales que luchaban por que se hiciera
justicia y se dedujeran responsabilidades por este proyecto de desarrollo.
“Ellos no tenían manera de saber que eran un obstáculo para el gobierno de
Guatemala en su deseo por tener la oportunidad de obtener una jugosa recompensa
del Banco Mundial y del Banco Inter Americano de Desarrollo. Aunque la
electricidad que el proyecto hidroeléctrico estaba supuesto a generar, que
nunca se materializó, se haya promovido como crucial para el
desarrollo económico, yo creo que la represa fue un paso en un proyecto mucho más grande”, dijo Dill.
“El embalse fue una invitación a Guatemala, por parte del brazo desarrollista
de los gerentes neoliberales de la economía global, para que Guatemala cayera
en la red.
La deuda acumulada como resultado de este préstamo, que incluye el pago de
más de $100 millones en intereses, eventualmente rindió el fruto económico
deseado, conseguir que Guatemala cayera en la red. En 1992, el FMI le hizo un
préstamo adicional de $50 millones a Guatemala para el repago de la deuda al
Banco Mundial. Luego entre 1992 y 1996, el Banco Mundial le otorgó a Guatemala
un préstamo de $120 millones como rescate o ayuda financiera, con la condición
de que el gobierno guatemalteco liberalizara y desregulara la economía.
Guatemal es actualmente, después de Haití, la segunda nación más pobre de América
Latina y se ubica en el puesto 131 en el ranking de 187 países del Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas para el ano 2011. Adicionalmente, y de acuerdo al World
Factbook de la CIA, “más de la mitad de la población vive por debajo de la
línea de pobreza, mientras que el 13% vive en la extrema pobreza. La pobreza
entre los grupos indígenas que constituyen el 38% de la población, promedia el
73% y la pobreza extrema se eleva a un 28%”.
En 1995, poco después de la primera exhumación de las fosas comunes en Rio
Negro, en 1993-1994, las comunidades afectadas por la represa empezaron a
organizarse para exigir indemnizaciones. En el 2004, las comunidades afectadas
por la Represa de Chixoy, ocuparon y protestaron en el sitio del embalse por
dos días, fue una manera de decirle al gobierno y a las dos IFIs que, ya habían
tenido suficiente. Al año siguiente, se establecieron negociaciones formales
entre las comunidades afectadas por la represa y el gobierno. Sin embargo, el
banco Mundial y el BID, como coparticipes en el proyecto, rehusaron ser parte
de la mesa de negociaciones, participando únicamente como observadores.
“Política y legalmente ellos no han sido responsabilizados en ninguna parte
por esto”, dijo Russell. “Ellos continúan rehusando tener que reconocer o
admitir falta alguna, porque hacerlo así, sentaría un precedente”.
A finales del 2009, las comunidades afectadas por la represa y el gobierno
del presidente Álvaro Colom, finalmente llegaron a un acuerdo sobre el “Harms
Report” (Reporte de Daños) –un exhaustivo reporte que expone todo lo que
fue perdido por las 33 comunidades dañadas por el proyecto del embalse. El
gobierno de Colom aceptó los hallazgos del reporte y lo firmó
oficialmente. Al año siguiente, el gobierno y las comunidades estuvieron de
acuerdo con los $150 millones recomendados como pago en indemnizaciones en el
“Reparations Report” (Reporte de Indemnizaciones), sin embargo, el Banco
Mundial y el BID quedaron libres de culpabilidad. A estas alturas del 2013, el
gobierno de Guatemala, encabezado por Otto Pérez Molina, un ex general y jefe
de la inteligencia militar quien continua negando que el genocidio tuviera lugar
en Guatemala, todavía no ha cumplido con su obligación de hacer efectivo el
pago de $150 millones del plan de indemnizaciones de la Represa de Chixoy.
“El hecho de que hayan firmado el reporte (‘Harms Repot’) sobre la
identificación y verificación de los daños y pérdidas sufridas por la comunidades,
como consecuencia de la planta hidroeléctrica de Chixoy, quiere decir que ellos
han aceptado públicamente su responsabilidad en las serias violaciones a los
derechos humanos durante la construcción de dicha planta”, dijo Juan de Dios,
director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Victimas de la
Violencia de las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA). “Sin embargo, es un acto de
irresponsabilidad y de mala fe, admitir responsabilidad y luego rehusar pagar
por el daño sufrido por las comunidades”.
Otro de los hallazgos significantivos del reporte del Jubilee es que aun después de todos estos años,
instituciones como el Banco Mundial, o no han aprendido, o rehúsan cambiar sus
peligrosas prácticas prestamistas.
El reporte menciona la financiación por parte del Banco Mundial, en el 2004,
de la Mina Marlin, un proyecto de minería a cielo abierto para la extracción de
oro en el departamento de San Marcos, en donde, al igual que en Rio Negro, la
mayoría de los miembros de las comunidades afectadas por el proyecto son
indígenas. La rama crediticia del Banco Mundial, la Corporación Financiera
Internacional (CFI), le extendió un crédito de $45 millones a Glamis Gold de
Canadá (ahora propiedad de Goldcorp) para su llamado proyecto de desarrollo. La
resistencia a la minera fue inmediata y en enero del 2005 el gobierno de
Guatemala envió al ejército para que “protegiera a los inversionistas”,
desmantelara el bloqueo de la carretera organizado por la comunidad, resultando
una persona asesinada y varios más fueron heridos. En agosto del 2005, “el
Financial Times recibió una minuta como respuesta del Compliance Adviser Ombudsman del banco Mundial a una
queja interpuesta por la ONG Madre Selva de Guatemala relacionada con el
proyecto de minería. El Financial Times reportó que el ombudsman ‘acusa
al banco de fallar en consultar adecuadamente a la comunidad o de evaluar
apropiadamente el impacto ambiental y humanitario de la mina’”.
Recientemente, en febrero 8, 2013, el Inter Press Service (IPS) reportando sobre
información filtrada de otra auditoria interna del Banco Mundial, sobre las
actividades crediticias de la CFI, informó que, “el reporte advierte que los
mecanismos de supervisión de la institución carecen de la capacidad para
evaluar si esos préstamos -los cuales comprenden al menos el 40 por ciento de
la cartera de valores de la CFI, valuada en unos 20 billones de dólares- están
ayudando o dañando a las comunidades locales y al total de los indicadores de
desarrollo”.
El artículo del IPS menciona además que, “quizás lo más incriminatorio a
este respecto sea que, se encontró que un 60 por ciento de los ‘sub clientes’
han fracasado en mejorar las prácticas ambientales y sociales después de las
inversiones de la CFI…”
Los hallazgos ilustran la importancia de la responsabilidad y la urgente
necesidad de que estas indemnizaciones sean pagadas tanto por el gobierno de
Guatemala como también por estas IFIs –no únicamente para las comunidades que
sufrieron como resultado del proyecto de la Represa de Chixoy sino que también
para las comunidades que en el futuro tendrán que hacerle frente a los llamados
proyectos de desarrollo.
“El reconocimiento de que las instituciones financieras internacionales
tienen la obligación de proveer indemnizaciones y ayudar en la implementación del
derecho a las compensaciones en este caso posiblemente abrirá la puerta a
demandas de otras comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo cuyos
derechos a la tierra, subsistencia y a la vida fueron manifiestamente abusados
como resultado del financiamiento de los bancos”, dijo Johnston.
Traducido del inglés por Marvin
Najarro
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA. Auff!
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