“Los comandos vendaron a los
adultos y los hicieron ponerse de rodillas, uno a la vez. Los interrogaron a
cerca de los fusiles, apodos, líderes de la guerrilla. Cuando los aldeanos
contestaron que ellos no sabían nada, los soldados los golpearon en la cabeza
con una almágana. Luego los tiraron dentro del pozo.
“İMalditos!” les gritaban
los aldeanos a sus ejecutores.
"Hijos de la gran puta,
van a morir!" gritaron en respuesta los soldados.
Ibáñez lanzó en el pozo a
una mujer. Pinzón, el cocinero, arrastraba ahí a las victimas junto a un
subteniente nombrado Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio
lleno, un hombre que todavía estaba vivo sobre el montón de cuerpos logró
quitarse la venda. Él le gritó maldiciones a los comandos.
“Mátenme” decía el hombre
“Tu madre”, respondió Sosa
“!Tú madre, vos hijo de la
gran puta!”
Pinzón observó como el
enfurecido Sosa le disparó al hombre con su fusil y, como buena medida, lanzó
una granada al montón de cuerpos en el pozo. Al finalizar la tarde, el pozo estaba
desbordado de cadáveres”.
Este fragmento tomado de una historia
publicada por Propublica en mayo de 2012, muestra el nivel de
degradación humana de un criminal de
guerra como el ex teniente del ejército guatemalteco, Jorge Vinicio Sosa
Orantes, quien acaba de ser condenado en un tribunal estadounidense a 10 años
de prisión por el delito de fraude migratorio. Después de cumplir su condena será
deportado a Guatemala donde, dado a la constante manipulación de la justicia
por los sectores cómplices con los crímenes de guerra y genocidio,
probablemente logrará escapar a la justicia. Ese es uno de los
temores de Oscar Ramírez Castañeda, sobreviviente de la masacre de Dos Erres y
quien en parte de su declaración ante la juez que presidió el juicio dijo: "Junto
con matar a mi familia, el Sr. Sosa y los soldados guatemaltecos que el lideró,
se llevaron el recuerdo de mi familia lejos de mí ...
UN COMANDANTE DEL ESCUADRÓN
QUE PARTICIPÓ EN LA MASACRE
DE DOS ERRES ES SENTENCIADO
A 10 AÑOS DE PRISIÓN
Por Sebastian Rotella
ProPublica, Feb. 10, 2014, 3:37 p.m.
Una juez federal sentenció a un ex oficial del Ejército de Guatemala al
máximo de 10 años de prisión el lunes por delitos migratorios, al dictaminar
que el ex comando obtuvo la ciudadanía de EE.UU ocultando su participación en
la masacre de 250 hombres, mujeres y niños en una aldea de Guatemala en 1982.
Jorge Vinicio Sosa Orantes, de 55 años, en los últimos años había trabajado
como instructor de karate en los suburbios del desierto al este de Los Ángeles.
En octubre, un jurado declaró culpable al ex teniente de haber obtenido ilegalmente
la naturalización y de hacer declaraciones falsas en los formularios de
inmigración cuando ocultó su servicio en el ejército guatemalteco y afirmó que
nunca había cometido un delito.
Aunque el fraude de inmigración por lo general resulta en un tiempo mínimo de
prisión, la Juez de Distrito de EE.UU, Virginia A. Phillips estuvo de acuerdo
con los fiscales en que el caso era extraordinario. Las acciones de Sosa como
comandante de la escuadra que llevó a cabo la masacre en la aldea selvática de Dos
Erres -una de las peores atrocidades en la historia reciente del hemisferio-merecían
castigos severos, dijo la juez.
"Ella dijo que la sentencia era apropiada debido a la gravedad y la
criminalidad de la conducta que se ocultaba detrás de sus mentiras",
señaló el abogado R. Scott Greathead, quien asistió a la audiencia, en Riverside,
California, junto con su cliente, Oscar Ramírez Castañeda, sobreviviente de la
masacre.
Antes de la sentencia, la juez escuchó una declaración de víctima de parte
Ramírez, un trabajador de un restaurante y padre de cuatro hijos residente de
Framingham, Massachusetts, cuya odisea desde ese suceso ha sido narrada por
ProPublica y elevado el perfil internacional del caso Sosa.
Ramírez de 34 años de edad, le dijo a la juez que cuando el escuadrón de comandos
mató a su madre y a ocho de sus hermanos
durante la masacre, él tenía tan solo 3 años de edad. Ramírez sobrevivió porque
fue secuestrado por otro teniente, cuya familia lo crió.
Ramírez emigró al área de Boston cuando era un joven, y no supo
de su verdadera identidad hasta el 2011, cuando los fiscales guatemaltecos lo
rastrearon y utilizando pruebas de ADN lograron reunirlo con su verdadero padre,
quien no se encontraba en Dos Erres el día del ataque. Como resultado del caso,
el gobierno de EE.UU le concedió asilo político a Ramírez, quien era un
inmigrante ilegal.
"Debido a que yo estaba muy pequeño, no me acuerdo de las terrible
cosas que sucedieron durante la masacre, y no tengo ningún recuerdo de mi madre,
ni de mis hermanas y hermanos", dijo Ramírez en la corte. "Junto con
matar a mi familia, el Sr. Sosa y los soldados guatemaltecos que el lideró, se
llevaron el recuerdo de mi familia lejos de mí ...
"Yo pido que consideren el dolor y el terrible sufrimiento que el Sr.
Sosa y los soldados guatemaltecos que el lideró causaron a mi madre y
mis hermanas y hermanos, y a toda la gente de Dos Erres", dijo Ramírez.
"Yo pido que consideren el dolor de la vida de mi padre en los 32 años
desde que se enteró que su esposa y sus hijos fueron asesinados."
Ramírez también instó a la juez a considerar las condiciones políticas en
Guatemala que podrían impedir los esfuerzos para llevar a los criminales de
guerra acusados ante la justicia. El caso de Dos Erres sigue siendo la única
masacre en la sangrienta guerra civil de 30 años de Guatemala en la que los
militares han sido condenados.
Los tribunales guatemaltecos han dictado penas de larga duración a cinco
soldados en el caso de Dos Erres. Pero otros siete sospechosos de la escuadra
de kaibiles, como se conoce a los comandos de élite de Guatemala, siguen en
libertad en un país en el que criminales de guerra son a menudo protegidos por
oficiales militares corruptos y por el crimen organizado. Esos fugitivos
incluyen dos tenientes que eran superiores de Sosa en el escuadrón de kaibiles.
El gobierno del presidente Otto Pérez Molina, un ex general y veterano de
la guerra civil, ha mostrado un disminuido entusiasmo en la persecución de las
atrocidades del pasado, de acuerdo con activistas de derechos humanos en
Guatemala y Estados Unidos. El gobierno fue crítico del enjuiciamiento del ex
dictador Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad, y la
convicción de Ríos Montt fue anulada el año pasado, como Ramírez señaló en la
corte.
Los críticos del gobierno dicen que figuras poderosas están tratando de
presionar a la reformista fiscal general a dimitir antes de que su mandato
finalice en noviembre.
"A Claudia Paz y Paz, la valiente fiscal general que procesó a los
cinco soldados guatemaltecos por los crímenes que cometieron en Dos Erres y al ex
general Ríos Montt por genocidio, se le requerirá dejar el cargo antes de
que finalice el 2014", dijo Ramírez. "Muchos predicen que su
reemplazante decidirá detener los juicios de los ex soldados por estos crímenes.
Si al señor Sosa se le da solamente la sentencia mínima que el busca y luego
se le permitiera regresar a Guatemala, él puede evitar ser enjuiciado”.
La Juez Phillips también despojó a Sosa de su ciudadanía estadounidense. El se
enfrenta a la deportación después de que termine su condena en prisión, y
Guatemala recientemente solicitó su extradición, de acuerdo a Greathead.
"Oscar está feliz de que todo haya terminado", dijo Greathead
refiriéndose a Ramírez. "Creo que se siente muy bien por haber hecho una
declaración que la juez escuchó y que ahora está en el registro público. Él
siente que se hizo justicia”.
Sosa no testificó durante el juicio, pero el lunes dio una larga declaración en la que declaró su
inocencia y dijo que la verdad no había salido a luz en los tribunales.
La convicción de Sosa fue resultado de una campaña del Departamento de
Justicia de EE.UU y del Departamento de Seguridad Nacional, que han utilizado
las leyes de inmigración para perseguir a fugitivos de Dos Erres que emigraron
a los Estados Unidos.
El ex sargento Gilberto Jordán también recibió la sentencia máxima de 10
años después de declararse culpable en 2010 y confesar su participación en la
masacre. Jordán declaró contra Sosa en el juicio el año pasado en Riverside,
describiendo cómo el teniente supervisó el exterminio sistemático de los aldeanos,
le animó a tirar a un niño pequeño a su muerte al pozo del pueblo, y disparó su
arma en el pozo lleno con las víctimas, unas con vida y otras muertas.
Las autoridades estadounidenses deportaron a otro sospechoso a Guatemala,
donde fue condenado por la masacre. Todavía queda pendiente el proceso de
deportación en contra de un cuarto sospechoso en el sur de California.
A diferencia de Jordán, Sosa no mostró ningún remordimiento. En una
entrevista con ProPublica antes del juicio, negó estar en Dos Erres el día de
la masacre. Su abogado no repitió ese argumento de la defensa durante el
juicio.
Antes de la sentencia, la juez rechazó una moción de la defensa para
invalidar la condena en razón de que
otro ex comando, un testigo protegido que vive en un lugar no revelado, había
dado falso testimonio.
El abogado de Sosa, H.H. Kewalramani, pidió una pena de prisión de no más
de un año. Argumentó que Sosa ya había pasado más de tres años en prisión desde
su arresto en Canadá, a donde huyó después de que agentes federales allanaron
su casa.
Publicado por LaQnadlSol
No hay comentarios.:
Publicar un comentario