Lola Chávez Ixcaquic, líder popular en Santa Cruz del Quiché (Guatemala) ha
conferenciado en Valencia invitada por Cedsala, Perifèries y la Coordinadora de
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asegura que para la lucha
(movilizaciones en carreteras, caminatas o consultas populares) los pueblos
obtienen energías de la espiritualidad ancestral de los mayas.
"LA ESPIRITUALIDAD NOS
DA
FUERZA PARA LAS LUCHAS"
Enric Llopis
Es educadora maya Quiché pero, sobre todo, defensora de los Derechos
Colectivos en Santa Cruz del Quiché (Guatemala). Por ello Lola Chávez Ixcaquic
ha recibido numerosos ataques, amenazas de muerte y demandas (acumula 24). Se
le reconoce el rol de líder en el Consejo de los Pueblos Quiché por la defensa
de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio (CPK), organización
que integra a 87 comunidades y que a su vez forma parte del Consejo de los
Pueblos de Occidente (CPO). Lola Chávez Ixcaquic ha conferenciado en Valencia
invitada por Cedsala, Perifèries y la Coordinadora de los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Asegura que para la lucha (movilizaciones en carreteras,
caminatas o consultas populares) los pueblos obtienen energías de la
espiritualidad ancestral de los mayas.
-¿Qué presión ejercen las
transnacionales en el departamento del Quiché?
Después de los Acuerdos de Paz de 1996, la legislación estatal comienza a
introducir cambios orientados a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y, más en
concreto, a abrir las puertas a las transnacionales. Me refiero a los Tratados
de Libre Comercio firmados por Guatemala con Estados Unidos (primero) y después
con la Unión Europea. La conclusión es muy sencilla: se ha convertido a Guatemala
en un país con libre acceso a la invasión de empresas que representan la
muerte, la destrucción y el despojo de los pueblos. En el departamento del
Quiché, según nuestros datos, hay 17 licencias para megaproyectos
hidroeléctricos y 32 de minería; también licencias petroleras. Se desarrolla,
además, el monocultivo de la palma africana. Son proyectos que se hallan en
fase de solicitud y autorización, pero algunos ya están aprobados.
-Los pueblos mayas del
Quiché han puesto en marcha la "Consulta comunitaria de buena fe".
¿En qué consiste?
Se trata de procedimientos democráticos y asamblearios para la toma de
decisiones. Hay un proceso previo de dos años, en el que recogemos información,
se busca la toma de conciencia y además convocamos asambleas, formadas por
todos los vecinos y vecinas de las comunidades. Son asambleas que tienen lugar
en el mismo día y a la misma hora. Luego llega el día de la consulta, que
organizamos nosotros de manera autónoma, sin que intervengan las instituciones
oficiales. Se le pregunta entonces a la población (en idioma español y en
quiché) si está de acuerdo o no con el proyecto en cuestión. A continuación hay
otra ronda de asambleas con delegados de las comunidades para informar de los
resultados y, sólo después, se informa al gobierno y a las instituciones locales.
Otra cuestión más: las asambleas se mantienen para cuidar que se cumpla la
decisión tomada en la consulta. Se trata de u proceso ancestral que utilizamos
en octubre de 2012. Entonces, 27.000 personas dijeron "no" a un
conjunto de proyectos mineros e hidroeléctricos.
-¿Qué conexión se da entre
espiritualidad y luchas sociales?
La espiritualidad es una forma de conectar con la madre tierra y con la
existencia, además de una forma de fortalecernos. Y también uno de los legados
ancestrales de nuestra cultura, que sobrevive a pesar de que ha resultado muy
atacada (nuestras abuelas y abuelos la practicaban de manera muy oculta). Los
procesos de sanación en la montaña, la toma de aguas, la conexión con nuestros
antepasados ya fallecidos. Todo ello nos da mucha fuerza para la lucha. El
agua, las montañas, los árboles y el fuego. En mi caso, cuando he sufrido
ataques, amenazas o intentos de asesinato, me ha ayudado mucho la
espiritualidad.
-La represión gubernamental
y de las empresas se ha cebado con el movimiento indígena
El gobierno de Guatemala está claramente comprometido con los intereses de
las empresas. Cuando convocamos la consulta en 2012, los compañeros me
nombraron portavoz del CPK, de modo que era una de las caras más visibles. El
gobierno había pactado con empresas como la hidroeléctrica Enel, Unión Fenosa o
Mina Marlin. Estas empresas tenían reuniones también con alcaldes y diputados.
Dado que nosotros rechazamos de plano estos proyectos, funcionarios del
gobierno ordenaron que se nos atacara a través de grupos delictivos. En otros
lugares -me refiero ahora al departamento de Huehuetenango- los miembros de la
seguridad privada de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz atacaron a los
compañeros. También padecimos la violencia de la seguridad privada en la
comunidad de La Puya. Otro ejemplo que podría citarte es la masacre perpetrada
por el ejército en el departamento de Totonicapán (2012). Se han producido
muchos casos. Asimismo, el gobierno recurre al "estado de sitio" en
municipios cuando se dan movilizaciones. Hay detenciones ilegales, asesinatos,
masacres, allanamientos a las ONG que nos acompañan, amenazas de muerte,
allanamiento de nuestras casas, etcétera.
-¿Cómo te has visto afectada
por estos procesos represivos?
El 30 de junio de 2012 rechazamos en asamblea la instalación del cableado
de alta tensión que promovía la empresa Deocsa-Deorsa (ahora Energuate). El 4
de julio de 2012, al regresar de una movilización contra el alcalde racista de
Santa Cruz de Quiché, fuimos víctimas de un ataque con armas por parte de
delincuentes. Hirieron a cuatro compañeros. Por supuesto, presentamos denuncia
por los hechos. Se sabe ya, por determinados informantes clave, que el ataque
fue organizado por el alcalde, pero quedó impune. Presentamos un recurso. Ahora
bien, lo curioso es que esos mismos delincuentes y sus familias presentaron una
contrademanda contra nosotros por supuestas amenazas de muerte. En mi caso
concreto, acumulo 24 demandas por parte del gobierno, entre otras, por
incitación a delinquir, amenazas de muerte a funcionarios o el ataque a
edificios públicos (cuando esto lo hacen "infiltrados" en las
manifestaciones). Además, la policía me acusa de constituir un "atentado
contra la seguridad nacional" y contra la constitución política de la
república. En 2013 el viceministro de Gobernación me quitó de modo arbitrario
las medidas cautelares que me impuso la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Nuestra presión y una campaña a escala internacional surtió efecto, y
volvieron a imponerse las medidas cautelares.
-Trabajas principalmente en
el municipio de Santa Cruz del Quiché. ¿Cuál es su realidad económica?
Sembramos maíz, frijol y legumbres. De hecho, nuestra alimentación se basa
en la tortilla de maíz, el "tamalito" y los frijoles. También son importantes
las hierbas. En Santa Cruz, por tanto, la gente se dedica mayoritariamente a la
agricultura. Hay además un sector significativo de artesanía (sombrero) y
textiles. Comerciamos con todos estos productos. En los intercambios con otros
pueblos, compramos hortalizas y verduras para nuestra dieta.
-¿Cuáles son vuestras
principales acciones reivindicativas? ¿Están coordinadas entre los diferentes
grupos indígenas?
Las acciones más importantes de resistencia son actualmente las consultas
populares, movilizaciones en carreteras y caminatas. Hay movilizaciones de
carácter general, sobre todo contra la minería, que se desarrollan en todo
Occidente. Pero luego otras, más locales, como las del agua, tienen lugar en
las diferentes comunidades. En general, la relación entre diferentes pueblos
mayas y mestizos es buena, aunque también he de decirte que algunas autoridades
indígenas están siendo cooptadas por gobiernos y empresas.
-También habéis impulsado
protestas en el campo de la salud
Sí, porque se daban muchos casos de racismo. Se les reconocía únicamente
como derecho a la gente ladina. Muchas personas han muerto en las comunidades
por diarreas o enfermedades respiratorias. En los Hospitales públicos no se nos
atiende, en muchas ocasiones, por el hecho de ser indígenas. Además, se intentó
privatizar el hospital de Santa Cruz, lo que se frenó por las movilizaciones
del sindicato de salud y las organizaciones comunitarias. Si la situación ha
mejorado algo, ha sido gracias a las luchas.
-Por último, ¿qué opinas de
la anulación del proceso contra Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa
humanidad?
La apertura del proceso supuso una esperanza en general y particularmente
para las mujeres, que denunciaron violaciones sexuales sistemáticas, genocidio
y racismo. Te hablo de las mujeres porque todavía hay muchas con el miedo
interiorizado por la guerra. El proceso nos dio una luz, nos unió a pueblos y
organizaciones. Pero lo que ha ocurrido es que el sistema de justicia en
Guatemala resulta muy excluyente y racista. No hay más que observar cómo, el
actual presidente -Otto Pérez Molina- estaba vinculado a la oligarquía y al
ejército. Y por eso han presionado para que los magistrados anulen el proceso.
Esto se vivió de cerca en Santa Cruz del Quiché. El municipio fue machacado.
Aún se recuerda el genocidio, las muchas masacres y la política de "tierra
arrasada". ¿Qué ocurrió en el Quiché? 344 masacres en una guerra que duró
40 años, el departamento donde más masacres se registraron.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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