INTRODUCCIÓN
Un documento de primera mano para enterarnos
las tendencias políticas reales, no aparentes, de la actual gestión de
gobierno. Cuáles son sus identificaciones vitales y sus empujadas “voluntades
políticas” hacia los sectores populares
-principalmente el campesinado-
donde se quiere vaciar de contenido en las negociaciones con el sector
agrario, como lo es la condonación o subsidio de la deuda agraria y el respeto
a la voluntad popular; consultas que por no tener un poder o no querer crearles un poder vinculante, son
el escarnio de “principios” insulsos de las “democracias participativas de
muchos países latinoamericanos. Luciano
Castro Barillas.
EL GENERAL EN SU LABERINTO
Un ensayo del
Instituto de Problemas Nacionales, IPN, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, publicado el 21 de mayo de 2012.
La propuesta de despenalizar las drogas, con la
que el presidente Otto Pérez Molina sorprendió al mundo, se agotó hace un mes.
De vuelta a la realidad, el mandatario no logra destrabar la maraña de un aparato
burocrático poco eficaz y altamente poroso a la corrupción. Más allá, su
gestión adquiere un contorno conservador y nacionalista, sin poder decidir qué,
cómo y cuándo emprender reformas que admite como necesarias.
Costoso aprendizaje
El Gobierno tiene dos problemas básicos de
administración. Uno es por poner en marcha los programas sociales y otro es la
centralización de los negocios públicos. La readaptación de los programas
heredados de Sandra Torres ha llevado más tiempo del previsto. Se están
fundando sobre criterios técnicos y su cobertura y su presupuesto quedan
acotados, con lo cual se confirman que no son el eje que articula la política
oficial.
Esos programas, a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social, siguen pues en una etapa de organización. Y a pesar de que
tuvieron una notable legitimidad política durante el gobierno anterior, que se
tradujo en una votación sorprendente para la UNE en la primera ronda electoral,
su discontinuidad durante este año apenas se tradujo, esta semana, en protesta
organizada por dos partidos políticos de oposición.
Ahora, la puesta en marcha del programa de
fertilizantes se convirtió en un dolor de cabeza para las nuevas autoridades
del Ministerio de Agricultura y el propio presidente Pérez Molina. Desde el
diseño del programa, hasta el mecanismo de pago de los beneficiarios, pasando
por la deserción de la oferta de la más grande empresa importadora del abono
químico y las disputas locales por los criterios de selección de la población
meta,[1] todo
ha resultado un desgaste notable.
Otra fuente de desgaste son los negocios
públicos. Costaron el temprano relevo del ministro en salud. Y los negocios en
los cuales funcionarios son a la vez contratistas del Estado han perturbado al
gobernante, que sigue defendiendo la transparencia como una política central de
su gestión.
Sin embargo esa parece una materia en la cual
será derrotado este Gobierno, como todos en el período democrático. Asoman
escándalos en los puertos, aeropuerto, fondos sociales y una larga fila de
dependencias. La Secretaría de Transparencia, bajo la tutela de la
vicepresidenta Roxana Baldetti, no transmite confianza. Se percibe como un
instrumento de control y condicionamiento de negocios, y no un mecanismo
técnico que ordene los procesos. El mismo paquete de leyes de transparencia que
envió el Ejecutivo está recibiendo duras críticas de los gremios empresariales
y académicos.
Sin eje eficaz de
gestión
El eje de la gestión gubernamental podría
descansar en la promoción de inversiones y el programa de competitividad,
asociados a la idea de promover una “imagen-país”,
pero se trata de un proceso complejo y de mediano plazo. Difícilmente reditúa
en el campo que gusta medir a los gobernantes: cifras de crecimiento y empleo.
Además hay dos obstáculos sobre los que el
gobierno tiene poca incidencia. Primero, la recesión europea y la caída del
comercio con los Estados Unidos, que poco a poco va proyectando su sombra sobre
la actividad económica local, en especial en las zonas urbanas, donde el
desempleo tiende a volverse crítico y los precios angustian a la población.
Segundo, las fuertes raíces de la economía
financiera especulativa desmotiva a los inversionistas a tomar riesgos en la
economía real. El ministro de finanzas intentó remover esas raíces modificando
las tasas de interés bancario, pero fue derrotado por la Junta Monetaria; se
resiste también a contratar nueva deuda que financie el gasto, pero no está
claro si logrará.
A eso se suma la polarización creciente en
torno a la explotación de recursos naturales.
Como es sabido, prevalece una opinión negativa
en las comunidades donde se han realizado inversiones, casi la totalidad del
capital extranjero, en la explotación de minerales metálicos y no metálicos,
hidroeléctricas y monocultivos. Esa opinión adversa se ha canalizado por medio
de “consultas populares” y adquiere
manifestaciones de movilizaciones y resistencias a veces violentas.
El presidente Pérez Molina cree que esa
oposición comunitaria es motivada ideológicamente por ONG financiadas por la
cooperación nacional. Incluso, en el polémico tratamiento del conflicto en
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde suspendió las garantías individuales,
asoció a los líderes revoltosos con el narcotráfico.
Ese problema tiene dos aristas, asociadas a la
distribución de beneficios y poco conectadas a ideologías o conspiraciones. La
estrategia de los operadores de terreno de varias empresas -sobre todo hidroeléctricas- ha consistido en comprar a supuestos líderes
para garantizar la amistad de las comunidades. A la postre esa vinculación se
vuelve una renta de ciertos liderazgos y se cobra mediante extorsión,
despertando focos de violencia.
Ahora, las comunidades -afectadas por esa violencia- tampoco ven beneficios. Los empleos generados
son limitados y temporales; las inversiones derivadas que podían mover
economías locales, son también pobres. En una palabra, los montos millonarios
de inversión tienen un derrame perverso o excluyente en las localidades, sin
contar otras incomodidades por esa presencia invasiva y poco amable.
La imposición de orden en zonas
tradicionalmente olvidadas del Estado genera un sentimiento de injusticia y
división comunitaria. El problema, para el Gobierno, es que no enfrenta casos
aislados sino de condiciones que se replican en medio centenar de
municipios. Si los “estados de sitio” no son seguidos por un esfuerzo político de
procesar los conflictos, es probable que
se multipliquen, y el costo gubernamental será alto, sobre todo
internacionalmente, donde la nueva administración está siendo ganada por el
bando de las fricciones, sobre todo con los países nórdicos.
El dilema de las
reformas
Si los programas sociales ni las inversiones
privadas son eje de política, este podría corresponder a la seguridad, una
demanda que llevó a este gobierno a ganar el apoyo de las poblaciones urbanas.
Las evaluaciones en este campo no son del todo negativas. Hay cierta percepción
de mejoría en algunos campos, que el Gobierno refuerza con cifras, como la
disminución en 18 por ciento de homicidios. Sobre las fuerzas de tarea
descansan los planes operativos.
Pero ese éxito táctico no es sostenible porque
los aparatos de seguridad (degradados y en general tomados por prácticas
corruptas y hasta criminales), en especial la PNC, no han podido ser
reformados. A pesar del respaldo internacional a la reforma en el gobierno
pasado, la PNC sigue intacta. La agenda de la reforma ha sido retomada, al
parecer, acotada a la formación de oficiales y agentes. El rezago de esos
planes sabotea el modelo policial propuesto esta semana, pues demanda mandos
policiales que no están formados.
Es justamente en el campo de las reformas donde
el Gobierno enfrenta los dilemas. ¿Cómo ejercer soberanía sobre los recursos
naturales, bajando la conflictividad y nutriendo financieramente al Estado, sin
asustar a los inversionistas, a quienes quiere de socios permanentes, sin ser
percibido como émulo de Chávez, Evo Morales o Cristina Fernández? ¿De qué
manera emprender una reforma, aunque sea limitada de la Constitución, sin que
la clase política se sienta amenazada por depuraciones o intenciones
supuestamente dictatoriales del gobernante?
El mundo de las percepciones es sumamente
delicado en el ambiente político. Por ejemplo el decidido apoyo del presidente
al diputado Jorge De León Duque (del partido CREO) para Procurador de los
Derechos Humanos, despertó suspicacias. Entre los diputados, incluso entre los
miembros del PP (alineados por el gobernante), hay recelo de entrega a un
dirigente con futuro político un presupuesto superior a los 100 millones de
quetzales (el gasto anual de la PDH) y 50 sedes regionales, donde un operador
(encargado de educación en derechos humanos) puede ser clave para la organización
partidaria.
En resumen, el presidente sigue día a día
tratando de administrar un aparato y conduciendo un equipo que, juntos, le
vuelven un laberinto el mandato. Quizá por eso, bajo el pretexto de las
interpelaciones, al gobernante le conviene, con una baja operación política,
mantener por ahora paralizado el pleno del Congreso. Al menos ahí respira.
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