SONORO CUESCO DE LA CORTE

Ya días que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca perdió el rumbo de ser la ecuánime institución encargada de velar por la debida aplicación de la ley. Fue, ahora sí y sin disimulo, cooptada por quienes mandan y gobiernan este país: las cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF. A Ríos Montt no se le persigue por matar hombres armados que lo enfrentaron; se le persigue y debe castigársele por matar a personas desarmadas, entre ellos, mujeres, niños y ancianos. Esa es la pequeña diferencia.

SONORO CUESCO DE LA CORTE

DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALTECA

Por Luciano Castro Barillas

Solo en Guatemala podía acontecer tamaño desaguisado, que el máximo órgano institucional en la administración de justicia y encargado de dar orientación intelectual a los ciudadanos, la Corte de Constitucionalidad, mande, ordene; la ejecución de un fraude de ley y desoriente, en la peor actitud servil que se tenga noticia de una corte cuya alta investidura conferida por el Estado, no sea más que un trapo holgado que les queda demasiado grande -a excepción de la señora Sierra que por lo menos razonó su voto-  para su miserable y absoluta falta de dignidad como personas y su inquietante ausencia de ética profesional. Son, sin paliativos, unos consumados granujas disfrazados de magistrados honorables cuyo sentido del honor lo desconocen y que se mueven en los mismos niveles de indecencia de los cientos de orates que corroen la poco que queda de la endeble democracia guatemalteca. Ya días que esa Corte perdió el rumbo de ser la ecuánime institución encargada de velar por la debida aplicación de la ley. Fue, ahora sí y sin disimulo, cooptada por quienes mandan y gobiernan este país: las cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF. Ya ellos habían solicitado descaradamente (pues sus actividades son productivas y no políticas si a formalidades nos atenemos) la anulación de la sentencia dictada contra el genocida Efraín Ríos Montt y se sintieron a la vez tremendamente ofendidos cuando el testigo especial, Hugo, afirmó en su declaración testimonial durante el aporte de pruebas, que el principal responsable de las masacres en Nebaj era precisamente, el actual presidente, Otto Pérez Molina. La simbiosis letal del poder económico, político y militar actual dio lugar a que la Cobarde Corte, CC; diera por sentirse intimidada y virtualmente zurrada o pisteada  para emitir una contradictoria resolución, contraria a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la consulta hecha en su momento y que en el párrafo 44 literalmente dice: “Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención de Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y castigo a los responsables…”.  El Decreto 8-86 o Ley de Amnistía no fue otra cosa que el oportuno blindaje para las futuras acciones legales que con el tiempo se iban a dar y la que despiertos y avisados militares y aliados de esos años la concibieron como oportuna. Las amnistías, en cualquier parte del mundo, ciertamente, son para las acciones de guerra de los bandos en conflicto. Hombres que empuñando armas saben a qué se atienen al tomar esa determinación. Por lo tanto, a Ríos Montt no se le persigue por matar guerrilleros, hombres armados que lo enfrentaron; se le persigue y debe castigársele por matar a personas desarmadas, entre ellos, mujeres, niños y ancianos. Esa es la pequeña diferencia. Se le persigue por genocida y porque en su delirante concepción militar del enemigo, fueron más los imaginados que los reales, actitud propia de un demente criminal.

Ahora bien, hablar de los nefandos abogados Francisco García Gudiel, quien asumió la defensa de Ríos Montt con el propósito de recusar, de dejar fuera del proceso de juzgamiento a la digna jueza Yassmín Barrios y con quien tiene una visceral enemistad; es una sucia maniobra   -estos cochinos abogados le llaman estrategia-  antiprofesional propia de personas que ven en el ejercicio del derecho una vil práctica de mercado: oferta y demanda. Y si el abogado en mención es el paradigma de la indignidad, están aún peor los abogados Saúl Calderón y Moisés Galindo quienes en un campo pagado “agradecieron” a Ríos Montt el favor de ser sus abogados… Auténticos y consistentes promontorios de heces fecales ese tipo de profesionales ¿no le cree, lector amigo? ¿Qué vaya a pasar con las gestiones ante la Comisión de Derechos Humanos en Washington que se hará estos días por parte de los abogados de la defensa de los cientos de personas agraviadas? El tiempo lo dirá, pero el corazón de la justicia en este momento sigue acongojado ante las pocas esperanzas que hay que los órganos jurisdiccionales guatemaltecos hagan una justicia, no pronta por los 30 años transcurridos, pero al menos podría ser cumplida.

Publicado por LaQnadlSol

CT., USA.