Lo que está sucediendo en
Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las
comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están
dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y
caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca
casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta
seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en
construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran
prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los
habitantes más necesidad tienen de él.
GUATEMALA. 29.000 INDÍGENAS
SIN AGUA
POR LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE
DEL REAL
MADRID, FLORENTINO PÉREZ
Por Nuria López (RT)
Activistas de Greenpeace cortaron el mes pasado el agua de las oficinas de
ACS, la empresa de Florentino Pérez, el conocido empresario español y
presidente del club de fútbol Real Madrid, ubicadas en un emblemático edificio
de la importante Avenida Pío XII de la capital española. Semanas después el
mismo escenario era escogido por activistas de la ONG Ecologistas en Acción
para realizar un acto de protesta tumbados en el suelo y teñidos de pintura
roja que imitaba sangre; escogieron el día que tenía lugar la Junta de
Accionistas de la empresa.
El lema de los primeros era ‘ACS destruye los ríos de Guatemala’, el de la
segunda protesta ‘ACS contra la vida’. Greenpeace eligió la acción simbólica de
cortarles el agua para denunciar que la compañía española está dejando sin agua
a miles de indígenas en Guatemala con sus proyectos. Ecologistas en Acción, por
su parte, denunciaba las violaciones de derechos humanos y los impactos
medioambientales de las empresas de Florentino Pérez tanto en el país
centroamericano como en Palestina.
Estas han sido las últimas protestas en Madrid, pero el conflicto viene de
lejos. Desde 2011 Florentino Pérez se enfrenta a las manifestaciones de las
comunidades indígenas cercanas al proyecto Renace, que desde ese año está
siendo construido por una filial de ACS, el gigante empresarial de Pérez, el
Grupo Cobra. Con la ayuda de las organizaciones no lucrativas de defensa del
medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hace tiempo que se ha
intentado internacionalizar la problemática, hacer partícipe a la opinión
pública mundial de lo que está sucediendo en Guatemala.
Hay varias campañas de petición de firmas puestas en marcha por la ONG
Alianza por la Solidaridad. Una de ellas pide la paralización de las obras. Ya
lleva más de 32.000 firmas y cuando llegaron a las 25.000, el 2 de noviembre,
realizaron una entrega en la sede de ACS. La otra pide la excarcelación del
líder quekchí Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva desde el 30 de enero.
Más de 5.000 personas han firmado ya la petición.
¿Y qué está sucediendo en
Guatemala?
Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores
de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el
Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río
es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la
Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de
Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya
en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30
kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época
no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.
Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y,
sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como
para abastecer sus cultivos.
Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos
indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque
estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se
enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en
un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves
carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.
El producto pretende ser la hidroeléctrica más grande del país. Aunque es
propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI), ésta
subcontrató la realización de las últimas tres fases (Renace III, IV y V) a la
empresa española Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial de
Florentino Pérez, ACS, un gigante con más de 210.000 empleados y presencia en
80 países.
El Grupo Cobra tiene una amplia experiencia en América Central en la
construcción de centrales minihidráulicas y de tamaño mediano. La visita en
2014 de Pérez a Guatemala reavivó las protestas, aunque nada cambió. Cobra
siempre se ha remitido a que ellos solo son una subcontrata y no tienen nada
que ver con las protestas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, su
participación está cuestionada en atención al principio de Debida Diligencia,
que obliga a la protección ambiental en otros países.
Para el abogado de la organización guatemalteca Madre Selva, Vladimir Soto,
como empresa internacional que trabaja en el territorio guatemalteco, “debió de
garantizar que se cumplieran las leyes nacionales antes de iniciar la
construcción de las hidroeléctricas, específicamente el derecho a la Consulta a
Pueblos Indígenas”. Por este motivo, Alianza para la Solidaridad presentó una
queja ante ACS por no cumplir con estos requisitos así como las obligaciones de
responsabilidad social empresarial a las que se encuentra sujeta la compañía.
Soto ha sido el encargado de presentar la acción constitucional de amparo
contra el ministro de Energía y Minas guatemalteco en nombre de Ana Rutilia
Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad
quekchí, por la construcción del proyecto Renace.
Las denuncias y protestas se
suceden
Desde 2002 las protestas se suceden. De hecho, las poblaciones de Santa
María de Cahabón, del departamento de Alta Verapaz, a partir de 2015 han
consolidado un movimiento de resistencia pacífica, en el que participan unas
115 comunidades, para realizar acciones con el fin de detener la instalación
del ingenio hidroeléctrico a través de la Consulta Comunitaria que les permita
decidir sobre sus bienes naturales y territorio.
La construcción de estas infraestructuras ha estado rodeada de denuncias de
vulneración de derechos e impactos ambientales, de aumentar la conflictividad
en el interior de las comunidades y de criminalización de los opositores.
Sin derecho a la
participación y a la información
La principal denuncia, nos cuenta Vladimir Soto, es la violación del
derecho a la consulta previa, libre e informada de conformidad con lo
establecido con el Convenio 169 de la OIT, “debido a que se implementan estos
proyectos en territorio de pueblos indígenas, afectando su forma de vida y su
cosmovisión maya”. La consulta debió ser realizada por parte del Estado de
Guatemala, pero al no realizarla, “las empresas involucradas debían de exigir
su cumplimiento, en este tema se basa la acción de amparo interpuesta”, nos
relata el abogado.
La normativa establece que los estudios de impacto ambiental deben contar
con un plan de participación pública que contenga la sociabilidad de proyecto
en la comunidad, documentar que ha habido participación social y describir una
metodología para la resolución de conflictos.
Guatemala hasta el año pasado no había ratificado el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo que obligaba a reglamentar el
procedimiento de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas.
En julio de 2017 el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó la guía
operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas. El
derecho de las comunidades se ha visto restringido cualitativamente. Ya no
podrán elegir sobre qué se les tiene que preguntar, y tampoco podrán decir
‘no’, puesto que este proceso busca ahora “acuerdos de mitigación de los
impactos de la obra”.
Lo cierto es que con anterioridad a la publicación de esta guía, los
pueblos tampoco habían sido preguntados e informados. Los únicos trámites de
los que hay constancia son los que hizo CMI para cubrir los trámites de Renace
II y Renace III, cuando contrató a la consultora SIGA, que realizó una encuesta
en la que tan solo preguntó a 57 personas sin dejar claro que el sondeo tenía
que ver con el derecho de consulta. “Nadie nos explicó que nos íbamos a quedar
sin río”, aseguran los comunitarios en declaraciones recogidas en una
investigación de la ONG Alianza por la Solidaridad.
En agosto de 2017 las comunidades decidieron votar por su cuenta en el
municipio de Santa María de Cahabón, donde se obtuvieron 27.000 votos en contra
de las hidroeléctricas y 20 votos a favor. El Estado no reconoció esta
consulta.
Sin agua y electricidad en
zonas rurales
El Informe Anual Circunstanciado 2017 del Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala, el último disponible, recoge que en todo el país entre
2000 y 2014 aumentó un 10% el número de trabajadores, mientras que el
porcentaje de ingresos destinados a remuneraciones disminuyó más de un 3%. En
ese mismo periodo la pobreza aumentó del 53 al 56% y la pobreza extrema lo hizo
del 15 al 23%. El 70% de los trabajadores se encuentra en la economía informal
y solo 3 de cada 10 igualan o superan el salario mínimo vigente. Obviamente, la
situación de las mujeres es peor.
En este marco, el documento también denuncia que en el área rural del país
el 33% de las viviendas no tiene acceso a agua, en conflictividad
principalmente con agroindustrias, hidroeléctricas y minerías. El 90% de las
fuentes del preciado líquido están contaminadas por la falta de tratamiento de
las aguas residuales. Además, según el último dato del Banco Mundial, el 9% de
los guatemaltecos no tiene acceso a luz eléctrica, unos dos millones de
personas, sobre todo en zonas rurales.
En este contexto el grupo Cobra construye un complejo para CMI que
producirá energía en parte para la exportación, en una zona, el departamento
Alta Verapaz, en la que la mayoría de comunidades no tienen ni electricidad ni
acceso al agua en sus viviendas, y ahora tampoco al río. Las quejas de los
pobladores se centran en este aspecto en que el marco legal del país no protege
el agua como bien público ni como derecho de la población, por lo que acaba
predominando el derecho concesional a las industrias que precisan este recurso,
mientras la población no dispone del mismo en cantidad y calidad suficiente.
“Los pueblos indígenas tienen una conexión especial con la naturaleza
debido a su cosmovisión, para ellos el agua es vida y tienen respeto a los
ríos, los cerros, la flora y la fauna”, cuenta Vladimir Soto. Dependen del río
para su subsistencia. Ellos se dedican a la agricultura y la pesca y utilizan
sus aguas para consumo diario y el privarles de los ríos “les afecta
directamente en su modo de vida”, agrega.
Olvidados por el Gobierno
Aunque la Constitución de 1993 en su artículo 127 establece que las aguas
son de dominio público, inalienables e imprescriptibles y que debe haber una
regulación legislativa sobre su aprovechamiento, ésta todavía no se ha
producido. No existe un marco en la actualidad de protección al Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento y no se han ratificado los tratados internacionales
sobre la materia.
En 2012, según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013 de
la CEPAL, solo el 15% del agua abastecida por sistemas de red estaba
desinfectada y solo el 66% de los usuarios tenían acceso a ella a través de un
sistema de abastecimiento. La incidencia de enfermedades diarreicas en la
población era alta.
Criminalizar las protestas
Según Alianza para la Solidaridad, la forma más común de criminalizar las
protestas y a sus líderes es a través de las acusaciones de los delitos de
detención ilegal, secuestro, instigación a delinquir, terrorismo y usurpación
agravada. El delito de terrorismo se aplica en casos de protestas que incluyen
daños a bienes, como puede ser la maquinaria de un proyecto.
Pero los líderes comunitarios enfrentan también otro tipo de agresiones que
incluyen desapariciones, torturas, violaciones o amenazas. También el uso
arbitrario de la prisión preventiva.
Según recoge Alianza por la Solidaridad, solo en 2015 se contabilizaron 84
detenciones arbitrarias, 493 agresiones, 13 asesinatos y 8 intentos de
homicidios. Las organizaciones que han investigado no conocen que se haya
condenado a empresas por el asesinato de dirigentes indígenas.
Desde 2016 un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión,
amenaza o intimidación.
La única sanción contra el Grupo Cobra conocida es una multa de 470.000
dólares por la destrucción de un bosque próximo a sus instalaciones.
El emblemático caso de
Bernardo Caal Xol
El 30 de enero fue detenido Bernardo Caal Xol. Desde entonces se encuentra
en prisión provisional, a la espera de juicio. Los cargos de los que se le
acusa son de lo más “peregrino”, cuenta a RT Rosa M. Tristán. Esta periodista
de la ONG Alianza por la Solidaridad estuvo sobre el terreno documentando la
situación en la región de Alta Verapaz. Bernardo Caal está acusado de robo y de
secuestro, entre otros cargos. La legislación guatemalteca contempla como
secuestro cualquier protesta que inmovilice un vehículo o que impida la salida
o entrada de personas de cualquier instalación.
En una de las protestas contra el complejo hidroeléctrico los manifestantes
bloquearon una furgoneta y sustrajeron algunos aparejos destinados a las obras,
como picos y palas. Dos años después, trabajadores de la empresa dijeron que
les parecía que Bernardo Caal estaba allí.
Caal es uno de los rostros visibles del descontento de las comunidades
indígenas y quién firmó la primera denuncia judicial contra la predecesora de
Renace, la hidroeléctrica Oxec, y para la periodista parece claro que ésta ha
sido una manera eficaz de acallar a uno de los dirigentes.
“No es un asesino, no es un terrorista, es un maestro”, dice Rosa M.
Tristán, que nos cuenta como ésta es una de las prácticas que se llevan a cabo
para presionar y acabar con las protestas. “Se trata de la palabra de los
trabajadores vinculados a la hidroeléctrica contra la del líder quekchí, mucho
tiempo después, no hay más pruebas”, añade. Y estas acusaciones, según la
entrevistada, son las que le mantienen en prisión preventiva. El pasado 19 de
marzo el juez que debía encargarse del caso se inhibió. “La presión es
constante de los poderes, a todos los niveles, que quieren paralizar este tipo
de protestas”, afirma la periodista.
Antes de ser encarcelado Bernardo Caal ya declaraba: “Temo mucho que ocurra
conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres”, la líder indígena hondureña
que fue asesinada en 2016 tras denunciar durante años que recibía amenazas por
parte de empresas y de fuerzas de seguridad del Gobierno, “aún así la mataron”.
“Castigar a un líder quekchí como yo para que las comunidades aprendan a no
protestar en contra de las hidroeléctricas”, es lo que pensaba Caal Xol que
pretendía su persecución judicial, “si hay algo que no respetaron es consultar
a las comunidades según el convenio 169 de la OIT”, añadía.
La relatora especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, estuvo en Guatemala la semana pasada, y visitó a Bernardo Caal
para mostrarle su apoyo y comprobar cúal es la situación de los integrantes de
los pueblos indígenas.
Tras su visita de diez días iniciada el 1 de mayo, la relatora ha declarado
que “no se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran
desplazados por intereses de empresas globales“. También aludió a la pobreza:
“La tasa para estas comunidades está entre el 70 y el 90 por ciento. Algunos
integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos
fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus
tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus
ríos”.
Vladimir Soto cree que el mensaje desprendido de esta visita es que
permanece “la discriminación y segregación de los pueblos indígenas, quienes
son despojados de sus tierras de manera ilegal para explotar los recursos
naturales del país”, y ante este despojo, “la lucha social de los pueblos por
la defensa de su territorio es criminalizada por parte del sector empresarial y
el mismo Estado de Guatemala”.
El de Bernardo no es el único caso destacado. Lolita Chávez, lideresa
indígena que fue finalista en el prestigioso premio Sarajov para la Libertad de
Conciencia 2017 del Parlamento Europeo, ha llegado a pedir que Florentino Pérez
“conozca a las comunidades que su empresa trata de eliminar en Guatemala”, en
declaraciones recogidas por el medio Contexto.
Dividiendo a las comunidades
Durante la construcción de las instalaciones hasta 2014 se habían creado
800 puestos de trabajo, según declaraba Juan Carlos Méndez, directivo de CMI en
una entrevista a Estrategia y Negocios en ese mismo año. Son contratos de baja
cualificación en los que se contrata a los trabajadores por turnos de 15 días,
a 13 euros el jornal. La investigación de Alianza por la Solidaridad no ha
podido constatar que sean empleos formales, con seguridad social.
Aunque se trata de trabajo temporal, porque una vez concluidas las obras
las instalaciones apenas necesitarán personal y éste será cualificado, por lo
que no se podrá nutrir de la población local, esto ha dividido a las
comunidades. Aquellos que tienen trabajo, aunque sea durante 15 días, son más proclives
a apoyar las construcciones, aunque sea en contra del conjunto de la comunidad,
nos relata la periodista M. Tristán.
También la empresa responsable de Renace ha llevado a cabo donaciones a las
colectividades, como mochilas para los escolares o instrumentos de trabajo,
como picos y palas. Al comienzo eran bien recibidos por parte de la población,
aunque ya casi nadie va a recogerlos, constatan en Alianza por la Solidaridad.
Ahora, cuando el proyecto está avanzando, son conscientes de que no traerán
ningún desarrollo a la comunidad, ni acceso a luz eléctrica, y cada vez menos a
un río que solo transporta el 10% de su caudal debido a las diferentes
canalizaciones. Eso en época de lluvias. En la estación seca se pueden observar
tramos secos y, a veces, los peces yacen amontonados por la falta de caudal. En
muchas ocasiones ya no es posible tampoco la pesca.
También divide a los pobladores la compra de tierras. Entre aquellos que
venden y no venden hay tensión. Aunque la mayoría de las comunidades han decidido
no vender sus tierras a las empresas involucradas en Renace, algunos
propietarios individuales han decidido hacerlo. Esto está dando diversos
resultados. Se está produciendo el acaparamiento de tierras por propietarios
medianos, para posteriormente revenderlas a mejor precio a los promotores de la
hidroeléctrica.
Por otro lado, la concesión del uso del dominio público del río Cahabón por
50 años a Renace se contempla como una privatización de facto de un bien
público, que no respeta el derecho a decidir de las comunidades indígenas sobre
sus recursos naturales.
Efectos en la biodiversidad,
contaminación y deforestación
Una vez que las diferentes fases del ingenio hidroeléctrico estén
terminadas, éste absorverá casi todo el caudal superficial del río Cahabón. El
caudal mínimo ecológico, estipulado por las autoridades en el 10%, no basta
para abastecer de agua a las poblaciones cercanas en los 30 kilómetros que
ocupa el proyecto, ni siquiera para mantener la vida acuática en la época de
sequía.
El caudal del río se encuentra contaminado por sedimentos y descomposición
orgánica en el embalse, además de producirse la salinización del agua de riego
por concentración de sedimentos. La organización guatemalteca Madre Selva ha
constatado un aumento de enfermedades hídricas, la proliferación de vectores,
escasez y contaminación del agua.
Las obras han deforestado gran parte de la zona, que se encuentra rodeada
de un bosque tropical de gran biodiversidad. Ha sido lugar de asentamiento
humano desde la época de los mayas. Según un estudio de Madre Selva, consultado
por Alianza por la Solidaridad, alberga un total de 664 especies vegetales y la
presencia de especies tan emblemáticas como el jaguar, el puma, el saraguate
negro o el tapir, que se ven amenazados con el impacto de las obras.
¿Qué piden las comunidades?
Sus demandas se resumen en que se mantenga estable el caudal del río
Cahabón de manera que sea suficiente para que se conserve su biodiversidad; que
se financie y apoye el acceso a electricidad de las poblaciones aledañas; que
se proporcione agua potable canalizada a toda la población; y que se construyan
centros de salud y educación dotados de personal cualificado, así como una
maternidad que atienda a las mujeres de la zona.
El abogado de Madre Selva resume el caso Renace en que se compra la
voluntad de las personas mediante trabajos temporales o la construcción de una
iglesia o mejoramiento de una escuela, pero no se implementa un proyecto de
desarrollo social acorde a las necesidades de los pueblos indígenas. “En
Guatemala las hidroeléctricas no pagan impuestos, debido a que están exentas de
dicho pago, por lo que no hay ingresos para el Estado para invertir en
educación, salud o vivienda”, informa.
Estas empresas tampoco pagan las licencias de construcción a las
municipalidades, pagan una cantidad mínima, por lo que tampoco a nivel
municipal se obtiene beneficio alguno, y la generación de electricidad que
realizan es para venderla para otros países como México y Honduras, por lo que
tampoco se ven beneficiados con energía eléctrica. “En conclusión, únicamente
son despojados de sus ríos y territorios de manera ilegal y no son beneficiados
por la implementación de los megaproyectos”, afirma Vladimir Soto.
El Departamento de Alta
Verapaz
Estos son algunos datos del departamento de Alta Verapaz, que acoge a la
que será la mayor hidroeléctrica de Guatemala, donde se inserta el complejo
Renace, recogidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto
Nacional de Estadística de Guatemala:
El 92% de sus casi 228.000 habitantes están dispersos en 450 comunidades
rurales mal comunicadas.
El 91% pertenece a la etnia maya quekchí.
La pobreza extrema alcanza al 53% (55 euros mensuales) y la pobreza al 88%
(99 euros mensuales).
El 27% de la población es analfabeta.
El 56% de las mujeres no recibe asistencia en los partos.
En 2015 el 79% de las viviendas no contaban con suministro de agua y el 56%
no tenían acceso a agua potable.
El 99% de las comunidades rurales consumía agua contaminada y no tenían
sistemas adecuados de saneamiento en 2010.
El 63% de los hogares de San Pedro de Carchá (uno de los municipios más
importantes afectados por Renace) no tenía acceso a suministro eléctrico en
2015.
(En la fotografía de Johan Ordoñez, Florentino Pérez en 2014 con el
entonces presidente de Guatemala Otto Pérez)
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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