Un paquetazo del FMI y una
fuerte represión policial abre el escenario de otra crisis política en el
continente
ESTADO DE EXCEPCIÓN EN
ECUADOR: LOS NUDOS
CRÍTICOS DETRÁS DEL
ESTALLIDO
La política ecuatoriana ha alcanzado un nuevo nivel de conflictividad, esta
vez sobre los hombros de Lenín Moreno. De esta manera Ecuador, que otrora fue
una democracia estable, se abre paso en una espiral impredecible.
Es indispensable no simplificar la crisis ecuatoriana a solo una crisis por
razones económicas. La explicación profunda yace en las rupturas de los pactos
de gobernabilidad que han tenido lugar en la gestión de Moreno con los
liderazgos y formas de cohesión política en el marco de la Revolución
Ciudadana.
CONTEXTO Y RUPTURA COMO
PUNTO DE PARTIDA
En contexto, la progresiva ruptura de Moreno con Rafael Correa tuvo su
cúspide en la incorporación de la judicialización como fenómeno regional en la
política ecuatoriana, con las acciones judiciales contra el exvicepresidente Jorge
Glas e importantes sectores del oficialismo del momento (ahora
"correísmo").
El móvil es político: propiciar una ruptura y consumar con ello una
modalidad de "golpe de Estado" por la vía del fraude político,
posterior a una elección.
Dicho de otra manera, al propiciarse una separación de las tendencias del
"correísmo" y con el encarcelamiento de Glas, Moreno tuvo la facultad
de maniobrar a sus anchas, sin obstáculos partidistas en la política
ecuatoriana, devolviendo al Ecuador hacia agendas idénticas al ciclo neoliberal
que precedió a la Revolución Ciudadana.
La gestión de Moreno puertas adentro de Ecuador se ha caracterizado por
importantes reestructuraciones económicas que dieron al traste con la política
de bienestar de años anteriores. En 2018, el gobierno ecuatoriano, a la vieja
usanza neoliberal, efectuó aumentos sensibles en los precios de los
combustibles y realizó prácticas de reducción del presupuesto del Estado.
Moreno también fue artífice del reencuentro de su país con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y con otros entes multilaterales de
endeudamiento, luego de años de distanciamiento de estas instancias durante el
ciclo de Correa. Ello pudo apreciarse mediante la presencia de una misión
técnica del FMI en febrero de este año, en la cual el ente analizaba la
posibilidad de un "rescate" a la economía ecuatoriana.
Ecuador anunció su endeudamiento por unos 10 mil 200 millones de dólares
con los bancos multilaterales. Del monto comprometido, unos 6 mil millones de
dólares provendrían de seis organismos multilaterales. Estos son: Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de
Reservas (FLAR) y Agencia Francesa de Desarrollo.
El resto del financiamiento provendría del FMI, por el orden de unos 4 mil
200 millones de dólares.
Entretanto y puertas afuera, Ecuador volvió a los rediles de la política
articulada por Estados Unidos en el continente cuando Moreno se sale del
corretaje ALBA-TCP y se encuadra en instancias como el Grupo de Lima para
incorporarse al cerco contra Venezuela, colocando al país en la acera de los
gobiernos de la derecha regional.
Ecuador entrega a Julian Assange al Reino Unido, fundador de WikiLeaks,
quien estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Para muchos, la
entrega del periodista y activista australiano estaría pactada con el gobierno
estadounidense para que el gobierno de Moreno obtuviera favores del FMI, tal
como ha sido hasta ahora.
La caotización transversal que está teniendo lugar en la política
ecuatoriana es parte de la sedimentación de las formas de gobernanza de Ecuador,
un cuadro de desarticulación institucional interna acompañado de la reedición
de pesadillas del pasado.
En efecto, el resultado para Moreno ha sido su proceso acelerado de
deslegitimación, característico de una crisis política profunda que está
arrastrando a la sociedad ecuatoriana a un nuevo bucle de caos y fragmentación
que la sociedad no conocía desde hace años.
LAS MEDIDAS DETONANTES
El pasado 2 de octubre Lenín Moreno se dirigió a la nación para anunciar
medidas de reacomodo financiero a favor del Estado ecuatoriano, en clara
coherencia con las políticas de reducción de gastos del ejecutivo, afectando
con ello sensiblemente a la población en dos temas esenciales.
El primero de ellos consiste en la puesta de mano sobre la nómina pública,
mediante la reducción del periodo vacacional de los empleados públicos de 30 a
15 días y la determinación de que los trabajadores "deberán aportar"
mensualmente con un día de salario. Ello implica una caída evidente del salario
nominal de los asalariados públicos, lo que es una forma no tan camuflada de
reducción salarial.
El segundo ítem, el más importante, va con la erradicación de las políticas
de subsidio al combustible, la liberación de los precios de ellos, medida que
trae consigo los consecuentes aumentos que recaen en toda la cadena de bienes y
servicios vinculada al transporte, que van desde alimentos hasta transporte
público, generando consigo un impacto inflacionario aún inestimable, pero sin
dudas lesivo a la población.
Entretanto el FMI alabó el miércoles las medidas de Lenín Moreno indicando
que tenían como objetivo "mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la
economía ecuatoriana", señaló el organismo en un comunicado difundido en
Washington.
Paradójicamente para el FMI, el anuncio del gobierno ecuatoriano
"incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más
vulnerables, así como para generar empleo en una economía más
competitiva", sin embargo esa no es la percepción palpable en las calles
ecuatorianas.
REACCIÓN SOCIAL Y ESTADO DE
EXCEPCIÓN
Este jueves 3 de octubre, el estado de las calles ecuatorianas en las
principales ciudades y carreteras fue de bloqueo casi absoluto, a causa de un
paro organizado por los sectores transportistas, a saber, taxistas, unidades
autobuseras y camioneros. Se generaron trancas por las alzas a los combustibles.
Sin embargo, han tenido lugar un conjunto de movilizaciones sociales no
organizadas, de grupos adversos a Moreno y otros como estudiantes e indígenas
que, sin mayor cohesión política, han reaccionado en las calles como gesto de
rechazo. Fueron reportados fuertes disturbios en Quito y Guayaquil,
difundiéndose imágenes en redes sociales de saqueos y caos generado por los
bloqueos.
En efecto, las expresiones de desorden público se incrementaron en horas de
la tarde y se comenzó a reproducir un cuadro de un estallido social incipiente,
que evocó por sus similitudes a los eventos en Caracas en 1989, guardando las
debidas particularidades.
El gobierno ecuatoriano, también en coincidencia con Caracas en 1989, decidió
aplicar un estado de excepción que entrará en vigor durante 60 días, según
fuentes oficiales.
Según la Constitución ecuatoriana en su Sección Cuarta y sobre los estados
de excepción, artículo 164, el mandatario ecuatoriano puede disponer de las
Fuerzas Armadas en las calles, así como cerrar puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos.
También está facultado para trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar
del territorio, puede disponer censura previa en la información de los medios
de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de
excepción y a la seguridad del Estado, y también puede utilizar los fondos
públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y
educación.
Esta medida, que podría considerarse desproporcionada, coloca al gobierno
ecuatoriano en el ejercicio de una administración en circunstancias de gran
emergencia política, un punto de ebullición y contradicción en la que Moreno ha
asumido una conducción "clásica" del problema, por la vía de la
discreción presidencial, sin sostenerse en el parlamento u otras instancias
institucionales, y sin programar otros mecanismos frente a losectores sociales
en las calles.
Moreno recalcó la "firmeza" de sus medidas, las cuales van en
plena comparecencia con los nuevos acreedores de Ecuador. El FMI, instancia que
lidera el proceso de endeudamiento y ahora arbitraje de facto de la economía
ecuatoriana, tendrá que analizar en lo sucesivo el cuadro de inestabilidad
política que ha sobrevenido y sumar al país, nuevamente, a la lista de países
donde concurre una estela de caos político a causa de sus
"préstamos".
Con los desencadenantes del estado de excepción aún por definirse, la
política ecuatoriana se caldea, alcanzando un nivel de crisis en la que el gobierno
de Moreno luce desarticulado y endeble. Les sobrevienen ahora las reacciones
populares aupadas sensiblemente por razones económicas, pero esto va más allá
del "paquetazo" en marcha.
El clima de malestar generalizado en Ecuador viene precedido por los
factores que han anticipado esta crisis, como el fraude político post-electoral
del viraje de Moreno, el resquebrajamiento político del gobierno y el viraje
integral del gobierno de Ecuador.
En ese país campea desde hace un par de años la sensación de que a una gran
mayoría política que ganó las presidenciales le fue arrebatada el resultado electoral
desde la propia silla presidencial. Ese factor anímico, de pérdida de la
credibilidad política y de la dirección, ha sido un acelerador de los
desencantos y una sensación generalizada de frustración contra Moreno y contra
el gobierno.
El cuadro subjetivo para una reacción solo necesitaba un factor
desencadenante que ha llegado justo ahora de la mano del FMI y una elite
económica reavivada, que ha aplaudido todos los gestos de desmantelamiento que
emprendió el actual mandatario.
Publicado por La Cuna del Sol
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