El legado fronterizo del 11-S: Alambre de púas, vigilancia "inteligente" y miles de millones en contratos de seguridad

Hace veinte años, cuando crucé la frontera de Nogales, Sonora, el 14 de septiembre de 2001 -tres días después de los devastadores atentados del 11 de septiembre-, nunca pude imaginar que los atentados desembocarían en una frontera flanqueada de torres automatizadas y drones "fantasma", reforzada por un sistema de vigilancia capaz de monitorear mis relaciones, y una agencia armada con decenas de miles de municiones.

 

EL LEGADO FRONTERIZO DEL 11-S:
ALAMBRE DE PÚAS,VIGILANCIA "INTELIGENTE" Y
MILES DE MILLONES EN CONTRATOS DE SEGURIDAD

Todd Millerf
Counterpunch

A lo largo del muro fronterizo de seis metros en Nogales (Arizona), seis hilos de alambre de púas en espiral cubren los herrumbrosos bolardos de arriba a abajo. Poco después de la toma de posesión de Joe Biden en enero, el alcalde de Nogales, Arturo Garino, pidió que se cortara. Aunque el muro en sí es anterior a la administración Trump, el alambre de púas fue instalado por el ejército estadounidense en 2019. Hoy es el recuerdo más visceral de la administración de Trump, brutalmente antiinmigrante. Pero el alambre de púas, y el muro, no van a ninguna parte. En febrero, el gobierno federal convocó a una licitación a la industria privada para mantener la infraestructura del muro fronterizo. Como dijo Garino, "sé que el gobierno tiene la tendencia de que, cuando construyen algo, siempre mantenerlo, no importa qué administración esté". De hecho, el mantenimiento de esta alambrada que  cusa heridas en la piel no es más que una capa de un complejo y enorme aparato e industria fronterizos que Biden ha heredado.

Por "heredado" no me refiero sólo a Trump. Me refiero a los 332 700 millones de dólares que el gobierno federal de EE. UU., ha dedicado a la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a funcionar en 2003. Se trata de un aumento de casi ocho veces con respecto a los 19 años anteriores (1984-2002), que sumaron 42 700 millones de dólares bajo el Servicio de Inmigración y Naturalización. Cuando Trump asumió el cargo en 2017, este gigantesco acumulado de dinero federal y contratos privados formaba un arsenal de más de 20 000 agentes, 650 millas de muros y barreras, y miles de millones de dólares en la implementación de tecnologías. A pesar que durante su campaña presidencial de 2016 se la pasó afirmando que no había aplicación de la ley en la frontera, el presupuesto anual para la aplicación de la ley en la frontera ya se había disparado a 17 mil millones de dólares bajo el presidente Obama, habiendo crecido constantemente cada año desde 2001. El presupuesto de la CBP/ICE del propio Trump, en 2017, fue de 20 000 millones de dólares. Producto de una antigua retórica xenófoba sobre nuestra frontera sur, Trump se benefició de un complejo industrial bipartidista, sin el cual no podría haber arrebatado tan fácilmente a los niños de sus padres y encarcelarlos en celdas abarrotadas o incluso haber construido cientos de millas de un muro de 30 pies.

Durante su campaña Biden repudió este cruel sistema. "Trump ha emprendido un implacable asalto a nuestros valores y a nuestra historia como nación de inmigrantes", dijo. "Es inaceptable, y se acabará cuando Joe Biden sea elegido presidente".

Sin embargo, al mismo tiempo, su campaña recaudaba millones de dólares de las empresas que construían las torres de vigilancia, los sistemas biométricos y los centros de detención -tres veces más que Trump. Y con el presupuesto de 24 600 millones de dólares del CBP/ICE para 2021, Biden ha emitido o adjudicado más de 7 000 contratos desde enero.

Este verano, la empresa United Tactical Systems, con sede en Illinois, recibió casi 1.4 millones de dólares para suministrar lanzadores de aire presurizado para “pepperballs” o "bolas de pimienta", el equivalente a una granada de gas pimienta. Tal vez recuerden que la CBP lanzó bolas de pimienta a las personas de una caravana de migrantes cerca del puerto de entrada de San Ysidro en noviembre de 2018. La empresa Vista Outdoor Sales, con sede en Minnesota, recibió 24.4 millones de dólares por la venta de municiones a la CBP y al ICE, validando aún más la caracterización del abogado constitucionalista y autor John Whitehead de que el DHS es un "ejército permanente en suelo estadounidense." En agosto, la CBP gastó más de 150 000 dólares en lectores de matrículas vehiculares de la empresa Thundercat Tech, con sede en Virginia, para su uso en San Diego y Spokane, Washington. Las empresas privadas de detención CoreCivic y GeoGroup, también recibieron en agosto contratos millonarios del ICE para gestionar centros de detención en Montgomery, Alabama, Houston y el sur de Texas.

El dinero manda, no importa la administración. Desde 2008 hasta hoy, la CBP y el ICE han otorgado al menos 108 214 contratos por la friolera de 59 500 millones de dólares.

Drones fantasma y teléfonos inteligentes

Biden se ha comprometido a no construir "ni un metro más del muro". Pero, como dijo a National Public Radio (NPR), "voy a asegurarme de que tenemos protección fronteriza". Para Biden eso significa "capacidad de alta tecnología". Históricamente, los demócratas se han inclinado por construir una "frontera inteligente", lo que significa poner énfasis en la tecnología. Esto puede sonar más agradable, pero es mucho más invasivo de lo que parece. Por ejemplo, Anduril Industries se adjudicó un contrato en junio por 36.9 millones de dólares (de un total de 83.1 millones de dólares en contratos desde 2019) para construir más torres de vigilancia autónomas en la frontera entre Estados Unidos y México (el plan es construir 200). Todavía no está claro si los "drones fantasma" de la compañía, llamados así por su " casi silenciosa particularidad acústica", forman parte de este paquete de vigilancia, pero parece que sí. Como explica Tech Crunch, "los drones fantasma son capaces de permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo y comunicar lo que ven a un sistema nervioso central alimentado por IA. Combinan los datos con las torres de vifilancia de Anduril... [y] los retransmiten a una plataforma de software que señala cualquier cosa de interés."

Esto significa, según el medio, que el sistema identificará "de forma autónoma" a "alguien que cruza la frontera de Estados Unidos" y enviará "una push alert, o notificación, a los agentes fronterizos". El smartphone se ha fusionado con el muro fronterizo.

Este tipo de retórica del "smartphone" establece una narrativa que justifica efectivamente el aumento de la seguridad en la frontera: la imponente muralla física se enfrenta a lo que parece ser una alternativa tecnológica más benevolente. En este esquema se omite que la estrategia fronteriza se basa en un "sistema de muro fronterizo" de tres partes, como me dijo un portavoz de la CBP, Jacob Stukenberg, en una entrevista de 2019. Se trata de "un sistema muy sólido", dijo, formado por tres componentes: "barreras, tecnología y personal". En otras palabras, la tecnología no se opone, sino que forma parte del muro.

Y la construcción de este sistema lleva casi tres décadas, desde mediados de los noventa, durante el gobierno de Bill Clinton, que estableció por primera vez la doctrina de la prevención mediante la disuasión. La idea era que construyendo muros, duplicando la Patrulla Fronteriza y reforzándola con tecnología en ciudades fronterizas como Nogales, El Paso y San Diego, la gente se vería obligada a cruzar por zonas más mortíferas y peligrosas, como el desierto de Arizona. Una gran parte de esta estrategia fue el plan tecnológico de la era Clinton, irónicamente llamado ISIS (Integrated Surveillance Intelligence System). Al final del mandato de Clinton, las rutas migratorias se habían desplazado de las zonas urbanas más seguras a cruces más peligrosos y remotos del desierto.

Pero fueron los presupuestos posteriores al 11 de septiembre los que realmente impulsaron el nuevo complejo industrial de seguridad fronteriza. En lo que sería el aumento más dramático de los presupuestos fronterizos en la historia de EE.UU., el gobierno de George W. Bush impactó las tres áreas del sistema de muros fronterizos. La Secure Fence Act, o Ley del Muro Seguro, de 2006, allanó el terreno y construyó muros y barreras a lo largo de 650 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, y un aumento de la contratación entre 2007 y 2009 resultó en 6 000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, que finalmente llegaron a 21 000 en 2012. La CBP contrató a empresas de relaciones públicas para cultivar una nueva imagen después del 11 de septiembre. Uno de los folletos de contratación decoraba su portada con el contorno de Estados Unidos y con la inscripción "Protected by the U.S. Border Patrol”, o “Protegido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos", estampada en el centro. En el interior, se explicaba que los agentes estaban "en primera línea en la guerra contra el terrorismo".

Con todo el dinero fluyendo, el contrato de 2 000 millones de dólares que la administración Bush concedió a la compañía Boeing marcó el advenimiento del complejo industrial. A Boeing se le encargó la construcción de un muro de torres de vigilancia, radares de barrido terrestre y el implante de sensores de movimiento. Fue el mayor contrato jamás otorgado por una agencia de inmigración estadounidense. Inmediatamente, Boeing subcontrató a otras empresas, como L3 Communications (ahora L3Harris) y la empresa israelí Elbit Systems, que desde entonces se ha convertido en uno de los mayores contratistas del CBP.

Cuando empecé a informar sobre esta floreciente industria fronteriza en 2012, los presupuestos combinados de la CBP y el ICE (18 000 millones de dólares) eran ya mayores que los de todas las demás agencias federales de seguridad combinadas, incluidos el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Ese año asistí a la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix (Arizona), donde se congregaron más de 100 empresas para vender sus robots inspirados en la ciencia ficción, drones, sistemas biométricos, armas, gafas de sol, comidas preparadas y letrinas portátiles. Afuera del pabellón de la convención, un cartel advertía: "No se permite protestar". Muchos representantes de empresas compartieron conmigo su deseo de entrar en el lucrativo mercado de la seguridad fronteriza, sobre todo al agotarse los contratos militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Uno de estos vendedores me lo explicó de esta manera: "Estamos llevando el campo de batalla a la frontera". En aquel momento, las previsiones del mercado mundial de seguridad nacional y gestión de emergencias preveían que el sector alcanzaría los 544 020 millones de dólares en 2018. En 2021, otro informe de la misma empresa, MarketandMarkets, estima que el mismo mercado pasará de 668 700 millones de dólares a 904 600 millones en 2026. Las "condiciones climáticas dinámicas" y el "aumento de las calamidades naturales", según las nuevas previsiones, son algunos de los principales impulsores de los beneficios previstos.

Las torres de vigilancia y los drones fantasma de Anduril Industries son sólo uno de los contratos por valor de 2 400 y 1 600 millones de dólares repartidos entre la CBP y el ICE, respectivamente, desde el mes de toma de posesión de Biden hasta el 20º aniversario del 11-S. Pero una cosa son los propios contratos y otra la influencia de los contratistas en Washington.

Por la puerta giratoria

En enero, Alejandro Mayorkas fue juramentado como secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden y fue elogiado como el primer latino en ocupar ese cargo. Anteriormente había revelado que de 2018 a 2020 obtuvo 3 millones de dólares de una variedad de empresas, incluidos los principales contratistas fronterizos Leidos y Northrop Grumman. Mayorkas es solo el último de una larga lista de altos dirigentes del DHS y la CBP que han pasado por la puerta giratoria de la industria privada y el gobierno. La lista es larga e incluye al ex secretario del DHS Michael Chertoff (bajo Bush, 2005-9), que ahora dirige su propia consultoría de seguridad privada Chertoff Group, y al ex secretario Jeh Johnson (bajo Obama, 2013-17), que está en el consejo del gigante de la industria de defensa y principal contratista de fronteras, Lockheed Martin. El dinero y la influencia atraviesan las líneas partidistas con facilidad.

Al igual que Anduril, los contratos de Leidos y Northrop Grumman se firmaron durante los años de Trump, y cada uno tiene un énfasis en la "frontera inteligente". En 2021, Northrop Grumman continúa trabajando en la Homeland Advanced Recognition Technology, o Tecnología de Reconocimiento Avanzado de la Patria (HART, por sus siglas en ingles), una actualización del siglo XXI del anterior sistema biométrico de la CBP (conocido como IDENT), que añade "modalidades" para la identificación, lo que significa que puede reconocer no solo rostros e iris, sino también cicatrices, tatuajes y, potencialmente, ADN. Pero eso no es todo, según Electronic Frontier Foundation que aboga por la privacidad de los usuarios: "Otros datos que el DHS planea recoger -incluyendo información sobre los "patrones de comportamiento" de las personas y de los "encuentros" de los agentes con el público- pueden utilizarse para identificar afiliaciones políticas, actividades religiosas y relaciones familiares y amistosas". El software Traveler Processing and Vetting, por el que la compañía Leidos recibió un contrato de 960 millones de dólares en 2020, creará más información biométrica para alimentar el HART.

No obstante la conexión personal con los ingresos de Mayorkas, el gigante de la industria de la defensa, Northrop Grumman, también se acercó al gobierno de Biden de otras maneras. Por ejemplo, en un informe titulado Biden’s Border: The Industry, the Democrats and the 2020 Elections, del que fui coautor con Nick Buxton para el Transnational Institute en febrero, descubrimos que Northrop Grumman proporcionó 649 748 dólares a la campaña de Biden, casi el doble de la cantidad que dio a Trump, lo que continuó la tendencia general de la empresa de favorecer a los demócratas por un porcentaje de 56 a 44 en 2020. Esto representó un cambio radical con respecto al 60-40 que Northrop Grumman aportó a favor de los republicanos en 2016. Y aunque Northrop Grumman depende de sus contratos militares para gran parte de sus ingresos, también fue el principal contribuyente a los miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Otros contratistas  importantes tienen cualidades amorfas similares y pueden deslizarse hacia cualquier lado del pasillo cuando les conviene. Además de Leidos y Northrop Grumman, en el informe analizamos a otros 11 contratistas importantes, como CoreCivic, Deloitte, Elbit Systems, G4S, General Atomics, General Dynamics, GEO Group, IBM, L3Harris, Lockheed Martin y Palantir. En total, estas empresas aportaron 5 364 994 dólares a Biden y 1 731 435 dólares a Trump. Y en general, estas empresas contribuyeron con un total de 22 225 133 dólares a los demócratas y 17 950 187 dólares a los republicanos. A diferencia de las personas que votan el día de las elecciones, la industria minimiza los riesgos y vota por todos los candidatos, aunque se inclina por quien cree que va a la cabeza, una situación en la que todos ganan.

El 11 de septiembre

Hace veinte años, cuando crucé la frontera de Nogales, Sonora, el 14 de septiembre de 2001 -tres días después de los devastadores atentados del 11 de septiembre-, nunca pude imaginar que los atentados desembocarían en una frontera flanqueada de torres automatizadas y drones "fantasma", reforzada por un sistema de vigilancia capaz de monitorear mis relaciones, y una agencia armada con decenas de miles de municiones.

Por aquel entonces, conducir hasta Nogales desde Tucson era una parte habitual de mi trabajo con la organización binacional BorderLinks, donde acababa de empezar a trabajar para ayudar a las delegaciones de las universidades e iglesias estadounidenses a aprender sobre la globalización económica y cómo estaba afectando a las comunidades fronterizas. La ilusión era cultivar la solidaridad transfronteriza. Aunque cruzaba la frontera con frecuencia, siempre me resultaba absurdo ver el muro, hecho de herrumbrosas alfombras metálicas de aterrizaje, que subía y bajaba por las colinas, interponiéndose entre las dos pintorescas ciudades fronterizas.

Cuando crucé a México, me dirigí a un barrio conocido como Flores Magón (llamado así por los hermanos revolucionarios Ricardo y Enrique Flores Magón) que estaba situado en lo alto de las colinas en las afueras de la ciudad de 400 000 habitantes, donde me senté en la sala de estar de un amigo en una casa hecha de plataformas de madera y bloques de cemento. La mayoría de las casas del barrio utilizaban cartón como aislante. Con el amigo, y algunos vecinos, nos sentamos a ver las repetidas imágenes que transmitía la televisión sobre la caída de las torres del World Trade Center en un pequeño televisor en blanco y negro con una sensación aún fresca de presentimiento y conmoción. Muchos de los residentes habían llegado a Nogales después de que el TLCAN hiciera mucho más difícil la vida rural, especialmente porque los pequeños agricultores de subsistencia se vieron obligados a competir con las grandes corporaciones productoras de cereales de EE. UU., como Archer Daniel Midland y Cargill. Muchos de los residentes de Flores Magón trabajaban en maquilas (fábricas) fabricando Q-Tips, maletas, Master Locks o componentes electrónicos por sueldos miserables  (entre 6 y 7 dólares al día) y con poquísimas prestaciones.

Ninguno de nosotros sabía que el lugar donde estábamos sentados se convertiría en foco de atención de la guerra global contra el terrorismo, que para 2021 se encontrarían los restos de casi 8 000 personas en los desiertos de la frontera, y que millones más durante ese período serían arrestados, encarcelados y expulsados de Estados Unidos. O que durante esos 20 años las principales empresas fronterizas harían 20 000 visitas de cabildeo en Washington para insistir, y normalmente conseguir, mayores presupuestos para más armas y más centros de detención. Nuestra principal preocupación mientras estábamos sentados en esa casa era el bienestar de la gente en Nueva York y Washington DC.

Si el gobierno de Biden quiere elaborar una respuesta humana a la situación en la frontera, tendrá que reconocer uno de los mayores impedimentos para que eso ocurra, es decir, el legado más palpable del 11-S en las tierras fronterizas: una lucrativa industria de seguridad fronteriza. De momento, los rollos de alambre de púas seguirán en el imponente muro fronterizo de Nogales, a pesar de la petición del alcalde de que se retiren los kilómetros de alambre letal. Permanecerá porque la industria así lo quiere.

Publicado por La Cuna del Sol