“Los mataron como a animales”

El 15 de diciembre de 2022, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona, miembros del ejército nacional de Perú abatieron a civiles con balas reales en las afueras de la ciudad de Ayacucho. Esta acción fue en respuesta a una huelga y movilización nacional en protesta por el golpe de Estado que depuso al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre.

 

“LOS MATARON COMO A
ANIMALES”: MASACRE EN
AYACUCHO, PERÚ

Zoe Alexandra
Counterpunch

El 15 de diciembre de 2022, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona, miembros del ejército nacional de Perú abatieron a civiles con balas reales en las afueras de la ciudad de Ayacucho. Esta acción fue en respuesta a una huelga y movilización nacional en protesta por el golpe de Estado que depuso al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre.

El 15 de diciembre, cientos de estudiantes universitarios, comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores agrícolas y activistas se reunieron en el centro de Ayacucho para expresar su descontento por la destitución de Castillo y continuaron su movilización hacia el aeropuerto. Acciones similares se registraron en otras ciudades del sur andino del país.

Cuando los manifestantes se aproximaban al aeropuerto, miembros de las fuerzas armadas abrieron fuego y lanzaron bombas de gas lacrimógeno directamente contra ellos. Los disparos del ejército desde los helicópteros resultaron ser los más letales. Mientras los cientos de personas desarmadas corrían para salvar sus vidas, los disparos continuaban.

Diez personas murieron a consecuencia de este violento ataque realizado por el ejército, y decenas más resultaron heridas, según cifras oficiales facilitadas por la Defensoría del Pueblo. Al menos seis personas siguen luchando por su vida en hospitales de Lima, la capital de Perú, y de Ayacucho. Las autopsias de 10 de los fallecidos en Ayacucho muestran que seis de las víctimas murieron por heridas de bala en el pecho. El más joven tenía sólo 15 años.

El 27 de diciembre, Reuters informó de cómo una de estas víctimas mortales en Ayacucho, Edgar Prado, de 51 años, murió por disparos cuando intentaba ayudar a otra persona que había sido abatida durante las protestas.

La respuesta excesivamente violenta de las fuerzas de seguridad a las protestas antigolpistas en todo Perú fue ampliamente condenada. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país del 20 al 22 de diciembre para recibir testimonios de organizaciones locales de derechos humanos y de víctimas sobre la violenta represión sufrida por los manifestantes, y también habló con familiares de las 28 víctimas mortales. La delegación viajó a Ayacucho el 22 de diciembre.

Más de una docena de familiares, habitantes de Ayacucho, organizadores y un par de periodistas independientes, entre los cuales me encontraba, esperaban en la acera de una de las estrechas y coloridas calles de la ciudad mientras se celebraba la reunión. Mientras la gente entraba y salía, se relataron gran parte de los acontecimientos y tragedias del 15 de diciembre.

La masacre

"No lo van a mostrar en las noticias", me dijo Carmen (nombre ficticio) mientras me mostraba un vídeo en su teléfono en el que se veía a un joven ensangrentado que era arrastrado a un lugar seguro por otros manifestantes. "Es su sobrino", me dijo, señalando a una mujer sentada en el suelo.

Pedro Huamani, un hombre de 70 años miembro del Frente en Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), acompañaba a las víctimas que esperaban fuera de la reunión de la CIDH. "Hemos sufrido una pérdida terrible", me dijo, "yo estuve presente ese día en una marcha pacífica hacia el aeropuerto".

"Cuando empezaron a lanzarnos granadas de gas lacrimógeno y balas, empecé a asfixiarme, casi muero allí", dijo Huamani. "Escapé y bajé al cementerio, pero fue lo mismo, intentábamos entrar y empezaron a dispararnos por detrás. Sobrevolaban helicópteros y desde allí nos lanzaban granadas de gas lacrimógeno, intentando matarnos".

Carmen trajo a algunos de sus amigos y uno de ellos, que llevaba un chándal gris, me dijo: "Todos vivimos cerca del aeropuerto y vimos cómo ocurría todo. Tendría que haber visto cómo les disparaban como a animales. Intentamos ayudar a algunos heridos, pero fue difícil".

La masacre de Ayacucho, así como la violenta represión en todo el país, no ha hecho sino intensificar la exigencia popular de que Dina Boluarte dimita. Boluarte tomó posesión de su cargo el 7 de diciembre, inmediatamente después del golpe contra Castillo. En entrevistas y discursos públicos, ha justificado el uso de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes calificando sus acciones de actos de "terrorismo" y "vandalismo".

Huamani, mientras temblaba y contenía las lágrimas, dijo: "Es una presidenta asesina y en Huamanga no la queremos, ni tampoco la reconocemos como presidenta porque esta mujer ordenó a la policía y al ejército que nos disparen a los peruanos. Y esas balas, esas armas, realmente las compramos nosotros, no el ejército, ni los soldados, sino el pueblo. Y que nos maten es realmente horrible".

La rabia que sienten los habitantes de Ayacucho también está vinculada al debilitamiento histórico de la democracia peruana y a la exclusión económica que sufren las regiones situadas fuera de Lima. Huamani explicó: "sacaron a nuestro presidente [Castillo], así que esto no es una democracia. No somos una democracia, estamos en [estado de] guerra, pero no sólo en Ayacucho y Huamanga, sino también en Arequipa, Apurímac, Cusco. En estas regiones, estamos sufriendo la pobreza, ya no podemos sobrevivir, nos estamos muriendo de hambre... y estos derechistas quieren hacernos sus esclavos, pero no lo permitiremos porque estamos respondiendo y resistiendo".

Las viejas heridas se abren

El 15 de diciembre no era la primera vez que las fuerzas armadas peruanas masacraban a civiles en Ayacucho. Muchos de los que estuvieron presentes el 15 de diciembre afirmaron que el trato bélico recibido por los manifestantes pacíficos recordaba a los días del conflicto armado interno de dos décadas que los peruanos sufrieron hace más de 20 años.

"Nos siguen tratando como si todos fuéramos terroristas", señaló un familiar de una de las víctimas que fueron parte de las protestas.

Como parte de la campaña contra la insurgencia guerrillera, el Estado torturó, detuvo, desapareció y asesinó a decenas de miles de campesinos e indígenas inocentes, acusándolos de apoyar o formar parte de la insurgencia.

La población de Ayacucho fue una de las más golpeadas. Según los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar las violaciones de los derechos humanos, de las 69 280 víctimas mortales estimadas del conflicto armado interno en Perú entre 1980 y 2000, 26 000 fueron asesinadas o desaparecieron a manos de agentes estatales o grupos insurgentes en Ayacucho. Miles de personas que huyeron de sus pueblos a la ciudad de Ayacucho durante el conflicto siguen buscando a sus seres queridos y exigen justicia.

Una de ellas es Paula Aguilar Yucra, a quien conocí fuera de la reunión de la CIDH. Al igual que más del 60% de los ayacuchanos, el quechua es su lengua materna. Esta mujer de 63 años es miembro de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), con sede en Ayacucho. Huyó de su comunidad rural de Usmay a Ayacucho en 1984, después de que su madre fuera asesinada y su hermano fuera secuestrado por soldados y nunca más se le volviera a ver.

Casi 40 años después, Paula vuelve a estar de luto. Su nieto, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, padre de un niño de dos años, fue asesinado el 15 de diciembre de un disparo en la cabeza cuando intentaba volver a casa después del trabajo.

En una vigilia celebrada en la tarde del 22 de diciembre, Paula se mantuvo en pie junto a los demás miembros de ANFASEP y sostuvo un cartel en el que se leía: "Luchar hoy no significa morir mañana".

 

Este artículo fue producido por Globetrotter

Publicado por La Cuna del Sol