El salario del procurador y los derechos humanos en Guatemala

Comentando con un amigo a cerca del exorbitante salario del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, así como de los también exorbitantes gastos adicionales en los que el mencionado funcionario incurre en razón del alto cargo que ocupa, el amigo me decía que lo peor de todo era que esos gastos eran legales o sea que eran autorizados por el Estado y por lo tanto no cabía  cargo de corrupción alguna. Sin embargo, lo inconcebible de todo ese despilfarro, que no se le puede llamar de otra manera, se dé en un país tan pobre y necesitado como Guatemala. Pero de eso y más nos hablará el periodista Valentín Zamora Altamirano, en nota que ustedes estimados lectores leerán más adelante. Mientras tanto y a continuación resumiré  algunos de los aspectos más relevantes  y las conclusiones a las que Human Rights Watch (HRW), en su reporte correspondiente al 2011, llegó a cerca de la situación de los derechos humanos en Guatemala. El 22o. World Report detalla las condiciones de los derechos humanos en más de 90 países alrededor del mundo. Refleja el extenso trabajo investigativo llevado a cabo en el 2011 por el personal de Human Right Wacht, en cercana colaboración con activistas locales de los derechos humanos.

Guatemala

Las débiles y corruptas instituciones encargada de hacer efectiva la ley en Guatemala, han demostrado su incapacidad en contener  a los poderosos grupos del crimen organizado y a las pandillas de criminales que contribuyen a que el país posea una de las más altas tasas de criminalidad en las Américas. Los grupos ilegales armados que aparentemente evolucionaron a partir de las fuerzas contrainsurgentes que operaban durante la guerra civil que termino en 1996, se cree son los responsables de ataques selectivos sobre miembros de la sociedad civil y de oficiales de justicia.  Aunque la impunidad continua siendo la norma en la violación a los derechos humanos, en el 2011 se dieron significativos avances en cuanto a la rendición de cuentas, incluyendo la condena a cuatro ex oficiales por su participación en una notoria masacre en 1982, así como el primer arresto de un oficial de alto rango por violaciones a los derechos humanos.

Seguridad pública, conducta policial y el sistema de justicia criminal

Los grupos ilegales armados y las pandillas criminales contribuyen significativamente en la violencia e intimidación, que ellos usan para avanzar sus objetivos políticos e intereses económicos ilícitos, incluyendo el tráfico de drogas. La policía ha utilizado medidas represivas para reducir la actividad criminal de las pandillas incluyendo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Poderosas y bien organizadas pandillas de jóvenes como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 han contribuido al incremento de la violencia. Los carteles mexicanos de la droga, en particular los Zetas han incidido en los altos niveles de violencia y en la ingobernabilidad en Guatemala. En diciembre del 2010 el Presidente Álvaro Colom declaro el estado de sitio y la ley marcial en Alta Verapaz debido a que la actividad criminal de los Zetas había convertido esa región en ingobernable.  Investigaciones realizadas por la Oficina del Ombudsman y ONGs han determinado la participación de la policía en actos de “limpieza social,” matanzas destinadas  a eliminar a miembros de pandillas y criminales. Abusos cometidos por los oficiales de policía, rutinariamente no son investigados. El sistema judicial de Guatemala ha demostrado ser incapaz en reducir la violencia y de contener las mafias criminales y pandillas, De acuerdo a datos oficiales  hubo un 95%  de casos de impunidad en crímenes violentos en el 2010. Una policía ineficiente y corrupta, al igual que la fiscalia y el sistema judicial, como también la ausencia de un adecuado programa de protección de testigos, contribuyen a que Guatemala tenga una alarmante baja tasa en la aplicación de justicia. Adicionalmente, miembros del sistema judicial constantemente son sujeto de intimidación y ataques. A pesar de estos enormes obstáculos, en el 2011 hubo un número de exitosas acciones judiciales mayormente debido al trabajo de la Fiscal General Claudia Paz Y Paz y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Responsabilidad por los abusos del pasado

Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se extendió durante 36 años. Sólo unos cuantos de los responsables por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil han sido juzgados. Sin embargo  en el 2011 se dio el primer arresto de un oficial de alto rango por violaciones a los derechos humanos. En junio el general Héctor Mario López Fuentes fue detenido por su participación en masacres cometidas en 1982 y 1983.

Derechos laborales y trabajo infantil

La libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas, hostigamiento y asesinatos. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 16 sindicalistas fueron asesinados durante 2009, y 10 en el 2010. Guatemala presenta uno de los índices más altos de trabajo infantil de toda América. La Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16.1% de los niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en condiciones inseguras. Algunos de estos niños trabajan en sectores como construcción y minería o son objeto de explotación sexual.

Violencia sexual y de género

La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres, incluidas las mujeres transgénero, suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por la policía de investigación, cuya conducta se caracteriza por la discriminación de género.

Defensores de derechos humanos.

Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. Existe una deficiencia rutinaria en investigar a los responsables. En una rara excepción, en julio del 2011 un tribunal sentencio a tres años de prisión a un individuo encontrado culpable de amenazar repetidamente a Norma Cruz Córdoba directora de la Fundación Sobrevivientes, un grupo que le brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia, y a su compañera de trabajo Gloria Ayala Pinto. La sentencia fue conmutada al pago de una multa.

EL SALARIO DEL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS

ES UN INSULTO A LA POBREZA DE LOS GUATEMALTECOS

Por Valentín Zamora Altamirano

Los miserables salarios de los trabajadores del agro guatemalteco, de los miles de obreros en las maquiladoras coreanas y de la gran mayoría de trabajadores del Estado que integran la baja burocracia reflejan una realidad contrastante y al mismo tiempo insultante de un país que, por donde se vaya, sencillamente, ya no se le ve futuro. Las diferencias sociales, culturales, educativas y económicas son abismales y en tanto no se tomen medidas reales, sinceras, efectivas y razonables en contra de la inequidad, la desigualdad y la exclusión; este país no podrá ni hoy ni mañana salir adelante. La reforma fiscal o sea el esfuerzo por mejorar los ingresos de un Estado raquítico y famélico, no tendrán los efectos deseados si no se corrige algo muy importante e inmoral: los salarios exorbitantes de los altos funcionarios públicos. Los sueldos de los diputados, ministros, instituciones descentralizadas y autónomas son realmente fuera de la realidad, paranoicos, en un país que vive de la caridad internacional donde se despilfarra todo: el dinero propio, el prestado y el regalado. Guatemala es un país totalmente insolvente en tanto no se corrija situaciones tan espeluznantes como enterarnos que el Procurador de Derechos Humanos, un gordito hasta ahora simpático, pero elusivo para rendir cuentas claras al pueblo de Guatemala, quizá porque en su fuero interno sabe, lo reconoce, que la sola mención de su salario resultaba ofensivo para la extrema pobreza de la gran mayoría de ciudadanos guatemaltecos que haciendo auténticos milagros, grandes malabarismos financieros –ingeniería le dicen elegantemente hoy muchos mafiosos que manejan dineros- logran llegar al fin de mes comiendo, aunque sean frijoles y tortillas. No tiene la culpa, responsabilidad legal alguna el Procurador de Derechos Humanos el que le hayan asignado ese salario, pero sí moral siendo un magistrado de conciencia. Ya se debió escuchar su voz, porque eso espera el pueblo pobre de Guatemala, que los altos funcionarios no deben tener ya esos salarios de países desarrollados y  de superpotencias, en un pequeño país donde la virgen María ya hace varias décadas no está para tafetanes. El gordito no ha dicho nada en ese sentido, porque, como dice el viejo refrán: “Si querés conocer a alguien cómo es realmente, tocale el bolsillo”.

Escribo esto porque el día de ayer se divulgó en todos los medios de comunicación que el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, hacía trampa: no devengaba el salario que decía ganar, sino al doble. En su página electrónica el procurador mostraba que ganaba Q.50,000.00 quetzales, pero omitía consignar sus gastos de representación, para lo cual  el pueblo de Guatemala le asignaban muy generosamente otros Q.50,000.00, aunque no representara nada. Aparentaba ganar un sueldo líquido de Q. 22,684.00 quetzales. Por ejemplo, sus modestos viáticos del año pasado rondan los Q.438,000.00 por cinco ciudades que visitó en función de su trabajo, como lo fue estar en Santo Domingo, Madrid, Bogotá, Ginebra y Miami. Por cierto, según dice el director de comunicación de esa institución del Estado guatemalteco  -Ángel Ignacio Godoy-, el procurador por asuntos de su complexión o sobrepeso, tiene que viajar en primera clase, cómodamente sentado, pues.

Debiera crearse un mecanismo  -si cabe-  de evaluación del trabajo real y efectivo de este tipo de funcionario que no goza de la simpatía en amplios sectores de la población guatemalteca que tienen la percepción que la falta de la debida aplicación de justicia es resultado de la vigencia de los derechos humanos que privilegian la protección de los delincuentes y no de las víctimas, lo cual no es exactamente así, sin embargo, es irremediablemente lo que se piensa.

Creo que el señor procurador de los derechos humanos debiera emitir una resolución, una recomendación, haciendo ver que los salarios de los altos funcionarios deben ser rebajados, pues el que la población desempleada y subempleada  y mal pagada contraste sus ingresos con los del procurador, es fuente también de odio, rencor, frustración y violencia.

Publicado por La Cuna del Sol

USA.