El arresto de varios funcionarios
públicos que se desempeñaban en la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) y quienes a través de la estructura mafiosa, La Línea,
controlaban todas las aduanas de Guatemala, aparte de revelar la estrecha relación
del jefe del grupo criminal con la vicepresidenta Roxana Baldetti, ha dejado también
de manifiesto el vínculo de esta organización con viejas estructuras mafiosas y
de inteligencia militar presentes en gobiernos anteriores y de manera peculiar
en el actual gobierno de Otto Pérez Molina. La captura de la banda criminal se
produjo después de una ardua investigación del Ministerio Público y de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
EL CASO SAT: EL LEGADO
DE LA INTELIGENCIA MILITAR
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| Juan Carlos Monzón, secretario de la vicepresidenta Baldetti, |
Por Rodrigo Véliz
La noticia sobre las capturas de una estructura criminal que controlaba las
Aduanas, y que se escudaba en puestos públicos con el aval del Ejecutivo, ha
conmocionado el país. El capitán (retirado) Juan Carlos Monzón, secretario de
la vicepresidenta Baldetti, era el que manejaba desde el Ejecutivo la
estructura. Según noticias, desde los años noventa estaba en una banda de
robacarros, junto con Byron y José Moreno, hermano y sobrino respectivamente
del militar y narcotraficante Alfredo Moreno Molina, jefe de la Red Moreno.
Esta estructura tenía vínculos con una importante línea de inteligencia militar
asentada en el sistema de seguridad del gobierno del MAS, del FRG y de
manera sui generis en el actual gobierno. En el presente caso, la presencia de
militantes de la extrema derecha como Luis Mendizabal y del representante legal
del periódico Siglo21 complementan el abultado cuadro.
Esto viene a sumarse a las problemáticas en torno al partido de gobierno,
que en las últimas semanas se encuentra en intensas pugnas por lograr
candidaturas para las elecciones de septiembre de este año. Según una
publicación de Contrapoder, Sinibaldi está decidido a dejar el
Partido Patriota y postularse con el Movimiento Reformador, un partido formado
en 2002 con las bases de la Cámara de Comercio de Jorge Briz, que tras comprar
la ficha le pertenece. Junto a Sinibaldi se podrían ir más de 100 alcaldes y 23
diputados, indica la publicación.
Lo que también significaría que buena parte de la Cámara de Industria y el
G-8, que han apoyado al PP durante los últimos 10 años, estarían fuera de la
alianza con el oficialismo. Un golpe muy fuerte en términos de financiamiento.
El caso SAT viene a sumar a otros en donde se ha denunciado la presencia de
estructuras paralelas dentro del actual gobierno: el caso de Byron Lima y su relación con Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación; la misteriosa muerte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
luego de ser acusado en fuero interno del ejército por haber desaparecido
cientos de granadas; el velado apoyo al Cartel de los Huistas, del que se acusa
al PP; y el papel del diputado oficialista Gudy Rivera en la elección a jueces el año pasado.
A meses de tener que decidir sobre la prórroga a la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en medio de presiones por parte de
Estados Unidos de hacerlo, y a punto de iniciar las elecciones, el presidente
Otto Pérez Molina se encuentra en un franco jaque.
¿Qué era la Red Moreno?
De la noticia sobre la estructura La Línea, algo que llama poderosamente la atención
es la presencia de un miembro de la antigua Red Moreno. Se trata de Francisco
Javier Ortiz Arriaga, miembro del Grupo Salvavidas y la red Moreno, según dejó
claro el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG.
La Red Moreno fue, según los archivos judiciales que encontró la
organización WOLA y una vieja
investigación de el Periódico, un grupo compuesto por oficiales del
ejército y funcionarios del gobierno encargado de controlar las aduanas del
país. Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia
militares conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados al general (r)
Francisco Ortega Menaldo y el general (r) Otto Pérez Molina, respectivamente.
La Red Moreno fue uno de varios engendros que nació
dentro del Estado militar, en la década de los setenta. Los generales (r)
Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo fueron los arquitectos de
una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas. En esos
años, el ejército de Guatemala estableció una oficina para detectar el tráfico
de armas y municiones destinadas a grupos de la izquierda armada. Al
consolidarse, la estructura se sirvió de su presencia y poder dentro del Estado
para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades
ilícitas.
El salvadoreño Alfredo Moreno Molina era parte de este grupo, que fue
capaz, según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, de controlar el
movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de
mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores y eran devueltos
al propietario después de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido
dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de
Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio
Público.
Se concluyó en los juicios que Moreno no había pagado impuestos sobre más
de Q80 millones al mes por un periodo no menor de 10 años.
Dentro de ese grupo se formó, a fines de la década de 1980, otro: el Grupo
Salvavidas. Este fue un esfuerzo más concreto y visionario. Buscaban una red de
hombres con influencia y conexiones en todas las instituciones importantes del
Estado guatemalteco.
Fue hasta el gobierno de Álvaro Arzú que la red fue atacada. El Ministerio
Público encontró más de 50 carnés de diferentes instituciones estatales, todas
con las fotografías de Moreno. La evidencia implicó a varios militares de alto
rango, entro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel
Juan Guillermo Oliva Carrera, el general Roberto Eduardo Letona Hora, el mayor
José Fernández Ligorría, el coronel Salán Sánchez, Alfonso Portillo, el general
Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos,
y Mario Guillermo Ruiz Wong, luego electo magistrado de la Corte de
Constitucionalidad durante los años de Portillo.
La relación con Alfonso Portillo era importante: el 16 de septiembre de
1996 Portillo admitió haber recibido de Moreno Q70 mil para su campaña.
Luego de la victoria del FRG y de Portillo en la presidencia, el nuevo
fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos
especiales que se había estado encargando del caso de Moreno y que había
investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno
pagó un Q1 millón como fianza y fue dejado en libertad.
Francisco Javier Ortiz Arriaga, arrestado por la CICIG, sería de los
herederos de esta red paralela.
Las aduanas y el pasado de un testigo protegido
La presencia de Francisco Ortíz Arriaga en la estructura es una sorpresa
que viene a apoyar varias hipótesis que por muchos años se han estado
barajando. ¿Quién es Ortíz Arriaga?
Cuando en 1996 se intentó desarticular a la Red Moreno, Francisco Ortíz
Arriaga, funcionario de aduanas, salió entre los capturados. Según una investigación para el Hemisphere Initiatives, el ex funcionario aceptó cooperar con las
diligencias del Ministerio Público y proporcionar detalles sobre la estructura
de la banda y sus principales operaciones. Con la información que dio Ortíz, se
pudo corroborar la participación de los generales retirados Manuel Callejas y
Callejas y Francisco Ortega Menaldo, que como oficiales de inteligencia
controlaban la red que Moreno dirigía.
El trabajo de Ortíz Arriaga le valió su libertad. Pero casi 20 años después
volvió a ser capturado por el mismo delito.
Desde el inicio del actual gobierno, la vicepresidenta Roxana Baldetti
mostró gran interés en las aduanas, al presionar por contrataciones al entonces jefe de la
SAT, Miguel Gutiérrez. A inicio de octubre de 2013, el Ejecutivo analizó la posibilidad de
intervenir las aduanas, ante la denuncia de empresarios por pagos indebidos y
los problemas fiscales que desde el inicio de su gobierno ha tenido el gabinete
de Pérez Molina. El 15 de ese mes Pérez Molina y Roxana Baldetti, a través de
la Comisión Nacional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Conacon,
coordinada por Baldetti), informaron que preparaban los requerimientos legales
para la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
con un enfoque en la Intendencia de Aduanas. En comunicación oficial, Baldetti
dijo: «No será fácil, vamos a darle seguimiento para que la intervención valga
la pena, especialmente para los empresarios e industriales del país que generan
desarrollo y empleo».
Lo que al final se llevó a cabo fue una intervención operativa, en donde
400 policías y 650 militares fueron desplegados en cinco aduanas. Para la
intervención se nombró a Claudia Méndez Asencio (ex Jefa Fiscal de Santa
Catarina Pinula, y cercana a Baldetti, según Contrapoder) y en la Empresa Portuaria Quetzal se
nombró al ex militar Carlos de Jesús Lainfiesta.
La idea era recaudar más de Q10 mil millones que el fisco perdía. Pero los
resultados fueron otros. Para noviembre de 2013, empresarios de la Cámara
Empresarial de Comercios y Servicios (Cecoms), parte del CACIF, y la Cámara de
Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) hicieron ver que los tiempos de descarga se habían duplicado, y en algunos casos
triplicado. A fines de ese año, la recaudación de IVA a las importaciones tenía
un agujero de Q673.6 millones. Y al siguiente año, según cifras de la SAT, se
veía una reducción de un 10.2%.
Tras la captura de la estructura, uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio (que representa a los
importadores) y del CACIF, quien también se ha mostrado a favor de la
continuidad de la CICIG en el país.
La segunda parte de la investigación, sin embargo, según se dijo en la
primera audiencia del Caso SAT, sería investigar a los importadores que fueron
clientes de esta red.
Miembros de la Red Moreno, de la vicepresidencia, de la SAT y aduanas, y
empresarios. ¿Cómo se armó esta alianza?
¿Se rompe la alianza de dos redes de inteligencia
militar en el gobierno?
Lo importante del historial de la Red Moreno es una: no fue disuelta ni sus
principales miembros encarcelados. Las aduanas, siguiendo lo que la CICIG
pronuncia, siguieron controladas.
Una minuciosa investigación realizada por El Observador en 2012 llamó la atención sobre algo que no
tuvo repercusiones en los grandes medios de prensa: No sólo habían sido los
militares los que llegaron a gobernar con el Partido Patriota; eran los
militares de inteligencia.
Y lanzaron una hipótesis: siguiendo el rastro de los nombramientos en los
principales puestos del sistema de seguridad e inteligencia del Estado, se
podía pensar que el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de
inteligencia militar, históricamente peleados pero ahora unidos para hacer
gobierno. ¿El símbolo de la alianza? Roxana Baldetti, secretaria de
comunicación del ex presidente Serrano Elías, gobierno que aglutinó por última
vez esas dos redes de inteligencia.
La hipótesis de El Observador decía que se dio una repartición entre las
dos redes. Tanto la gente que había sido cercana a Pérez Molina en su paso por
la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Presidencia (D-2, con
Serrano Elías, 1991-1993) y a cargo del Estado Mayor de la Presidencia (EMP,
con de León Carpio, 1994-1995), como la cercana al oficial de inteligencia,
general (r) Francisco Ortega Menaldo, en su paso por buena parte del sistema de
inteligencia militar y el EMP, armaron una sistema de pesos y contrapesos en
puestos en seguridad.
Ministerio de Gobernación, Sistema Nacional de Seguridad, Secretaría de
Inteligencia Estratégica, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia, Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres,
Dirección General de Inteligencia Civil; todas, instituciones en donde se
ubican oficiales de inteligencia y contrainteligencia militar de ambas redes.
«Lo que destaca en esta sui géneris conformación es que, con excepción de
Pérez Molina, todos tenían lazos comunicantes con Ortega Menaldo y, excluyendo
a López Bonilla, también pertenecían a la llamada “Cofradía”», cierra la
investigación.
La presencia de Francisco Ortíz Arriaga, vinculado a la Red Moreno y
presente en la red del secretario de la Vicepresidenta, sería una especie de
vínculo entre redes. Y lograría seguir la línea planteada por la hipótesis
sobre la relación de esa red de inteligencia con el actual gobierno. La captura
de personas vinculadas a Roxana Baldetti, lazo comunicante entre las dos redes
pero más fiel a la de Ortega Menaldo (según ha dicho elPeriódico, antes cercano
a Pérez Molina), puede llegar a afectar una alianza que tardó más de 25 años en
lograrse, y que por momentos durante este gobierno se ha visto cuestionada,
según un analista consultado.
Y la pregunta más complicada para la CICIG y la estabilidad del país: Luego
de lidiar con los empresarios que fueron clientes de la red La Línea, ¿seguirán
los altos mandos aun activos de la Red Moreno? O más aún, ¿qué relación tiene
esto con la elección de las altas Cortes (2014-2019) donde se habló tanto de la
participación de Pérez Molina y Baldetti Elías en la cooptación de magistrados
a través de operadores como Gustavo Herrera y el militar (r) Juan de Dios
Rodriguez, presidente del IGSS?
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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