La alarma llegó con las
declaraciones del nuevo ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón,
quien a primeros de febrero de 2016 reconoció que durante las presidencias de
Álvaro Colom y Otto Pérez Molina no se concedieron nuevas licencias mineras por
la oposición popular. Con la excusa de reducir la pobreza, anunció el fin de
las moratorias y la agilización de las concesiones. “Ése es el peligro que
viene: ahí nos vendrá la represión y la violación de los derechos humanos, se
trata de una provocación a la conflictividad”, relata el dirigente quiché Pedro
Tzicá que denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala
“CON LA MINERÍA LLEGA LA
REPRESIÓN Y LA VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Por Enric Llopis
Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que
pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a
movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén,
municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el
departamento del Quiché. Vive actualmente en la aldea donde nació hace 51 años,
Chiul, aunque hace unos días voló rumbo al estado español para impartir varias
conferencias. Nada más aterrizar al aeropuerto de Madrid, fue conducido por la
policía a una sala donde permaneció, con otros inmigrantes latinoamericanos,
tres horas retenido. En Valencia ha participado en un acto organizado por
Periféries, Cedsala, Brigadas Internacionales de Paz, Intersindical Valenciana,
Acoec, Entrepobles, Cedsala y el Centre Social Terra.
Pedro Tzicá formó parte en su día del colectivo de poblaciones y
comunidades de desarraigados en el municipio de Nebaj (Quiché). Su familia
tenía tierras, relata, y tuvieron que organizarse al iniciarse la década de los
80 frente a la represión y las masacres que sufrían las comunidades en la zona
de Ixcán, fronteriza con México. “Eran los tiempos del general Lucas García,
presidente entre 1978 y 1982, cuando los gobiernos militares pretendían hacerse
con el petróleo”. Hubo quien se traspasó la frontera, otros formaron
comunidades en resistencia y otros, como Pedro Tzicá, se convirtieron en
desplazados, sin otra opción más que esconderse de la represión y abandonar las
tierras. “El gobierno de Ríos Montt entregó nuestras parcelas a las patrullas
civiles o paramilitares”. “Nos fuimos de Ixcán”, recuerda. Cuando a mediados de
los 90 se rubricaron los acuerdos de paz, se incluyó un punto sobre
reasentamiento de población desarraigada. Era la oportunidad para recuperar las
tierras, pero los procesos de reclamación se eternizaron. Hasta el año 2002 no
se cumplió el objetivo.
El activista indígena ha vuelto Chiul, a su lugar de origen. Recuerda la
guerra como “morir o vivir”, no había más. Hoy continúa siendo campesino,
cuenta con algunos terrenos donde cultiva milpa (maíz) y frijol para el
autoconsumo. Chiul es una aldea de unos cinco mil habitantes, donde
tradicionalmente la población se dedicaba al campo, pero a la que se han sumado
en la actualidad muchos profesionales. “Aunque muchos de ellos no tienen empleo”,
matiza Pedro Tzicá. Además de campesino, Tzicá es miembro del Consejo de
Comunidades de Cunén, constituido por 22 miembros de ocho pequeñas regiones, la
gran mayoría de etnia quiché. Las razones para la fundación del consejo en 2008
dan buena cuenta de las amenazas que sufre el municipio. Por informaciones
gubernamentales se supo de nueve macroproyectos, que podían terminar con el 80%
de las tierras de Cunén. Las comunidades constataron sobre los planos el efecto
de estas macroactuaciones, se organizaron y pidieron al gobierno que se
convocara una consulta. “Así nació el Consejo de Comunidades de Cunén”,
recuerda el activista.
En la consulta comunitaria organizada por el municipio y celebrada en
octubre de 2009, unas 19.000 personas de 80 comunidades se pronunciaron en
contra. “Todo el mundo participó y votó en sentido negativo, esto se elevó a
acuerdo municipal pero el Estado no reconoció el resultado de la consulta al no
considerarla vinculante”, explica el dirigente indígena. Se trataba de parar
nueve macroproyectos en materia de minería, transporte y energía eléctrica,
promovidas por transnacionales y sus filiales guatemaltecas. Pedro Tzicá cita,
entre otras, a una empresa de Guatemala, Cementos Progreso, a la canadiense
Nichromet, a Fersa, Trecsa o Deocsa, adquirida por IC Power. La alarma llegó
con las declaraciones del nuevo ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo
Castañón, quien a primeros de febrero de 2016 reconoció que durante las
presidencias de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina no se concedieron nuevas
licencias mineras por la oposición popular. Con la excusa de reducir la
pobreza, anunció el fin de las moratorias y la agilización de las concesiones.
“Ése es el peligro que viene: ahí nos vendrá la represión y la violación de los
derechos humanos, se trata de una provocación a la conflictividad”.
Las empresas reclaman seguridad al gobierno para poder desarrollar los
megaproyectos. Pedro Quitzá relaciona las palabras del ministro de Energía y
Minas con la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Defensa y
Gobernación al municipio de Chicamán (Quiché), en la que se comunicó a la
población, en una reunión pública, que se requerían medidas de seguridad y un
destacamento militar. “La gente dijo que no, porque no estamos en tiempo de
guerra”, recuerda el miembro del Consejo de Comunidades de Cunén. “Somos
guatemaltecos y conocemos perfectamente las mañas de los gobiernos, sabemos los
proyectos que en la zona tienen la eléctrica italiana Enel, la colombiana
Trecsa, dedicada al transporte de electricidad, y la eléctrica Fersa, además de
las mineras en los territorios contiguos”.
La amenaza de que se aceleren las concesiones mineras, expresada por varios
ministros del presidente Jimmy Morales, llevó a que el 24 de febrero el Consejo
de Comunidades de Cunén, de manera coordinada con el Gobierno Municipal,
organizara una asamblea abierta a la participación popular de las 80
comunidades quichés. La asamblea decidió, con el apoyo del Gobierno Municipal
de Cunén, que había que fortalecer el consejo y movilizarse para defender los
derechos básicos. Pedro Tzicá alerta del gran riesgo que actualmente
representan las compañías eléctricas. “Están solicitando derecho de servidumbre
de paso, de aproximadamente 24 metros de longitud lineales por cada parcela,
con el fin de instalar el cableado de alta tensión; de ese modo las empresas
mineras, debidamente “conectadas”, podrán operar”. “Están presionando a la
gente para que firme”, agrega. El argumento de presión que utilizan las
compañías es que sin los proyectos, el municipio y los vecinos se quedarán sin
electricidad, o ésta vería menguada su potencia.
También se les ha dicho que si los cables no pasan por las parcelas, se
echarán a perder otros proyectos comunitarios. Los alcaldes –aunque no el
actual, matiza Pedro Tzicá- han sido cómplices en la estrategia de presión. Sin
embargo, los cables atravesarán tierras de cultivo, aldeas, comunidades,
caseríos, calles y áreas urbanas donde viven familias. Hasta el momento, las
infraestructuras no se han podido ejecutar por la oposición de las comunidades,
aunque “por reclamar nuestros derechos el gobierno nos llama rebeldes”. La
situación de Cunén tampoco resulta excepcional en Guatemala. En el Ministerio
de Energía y Minas hay actualmente 611 peticiones de licencia relacionadas con
minerales (tanto metálicos como no metálicos) y materiales de construcción. Además,
el ministerio cifra en 343 las licencias vigentes.
Pedro Tzicá trabaja asimismo en la Iniciativa de Recuperación de la Memoria
Histórica (IMH) de los municipios del Quiché, el departamento de Guatemala
donde se perpetró el mayor número de masacres durante una guerra civil que,
entre 1960 y 1996, se saldó según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
con 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y unos 100.000 desplazados. El motivo
de la iniciativa, que echó a andar hace aproximadamente una década, se
sintetiza de este modo: “Para entender el presente hay que reconstruir el
pasado”. Promueven talleres, reuniones de intercambio, platican con compañeros
que vivieron la guerra para recomponer los hechos y han editado un libro (“El
camino de las palabras de los pueblos”) sobre la memoria histórica del pueblo
quiché -el mayor de los pueblos mayas- escrito a muchas manos, a partir de
asambleas, del trabajo en grupo y las historias personales. ¿Qué parte de la
memoria habría que priorizar? “Históricamente fue fundamental la resistencia”,
explica Pedro Tzicá, “que empezó con la invasión española y continúa hasta
hoy”. Añade que la conquista “impuso su religión, su lenguas y costumbres”. Tal
vez por ello, reconoce el activista de la aldea de Chiul, “me quede muy poco de
la cosmovisión maya”.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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