¿El plan de Biden para Centroamérica disminuirá la migración (o la acelerará)?

El plan de Biden en realidad promueve un antiguo modelo de desarrollo económico que durante mucho tiempo ha beneficiado a las corporaciones estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la "seguridad" a los pueblos de esa región. Además, se enfoca en involucrar a los gobiernos centroamericanos y, en particular, a sus ejércitos para contener la migración mediante el uso de la represión.

 

¿EL PLAN DE BIDEN PARA CENTROAMÉRICA
DISMINUIRÁ LA MIGRACIÓN (O LA ACELERARÁ)?

Aviva Chomsky
Counter Punch

Joe Biden llegó a la Casa Blanca con algunas inspiradoras a la vez que contradictorias posiciones sobre la inmigración y Centroamérica. A través de su "Plan para Fortalecer la Seguridad y Prosperidad en Colaboracion con los Pueblos de Centroamérica", Biden prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump y restaurar el liderazgo de "Estados Unidos" en la región” que, según él, Trump había abandonado. Para los centroamericanos, sin embargo, ese "liderazgo" suena siniestro.

Aunque la segunda parte del nombre de su plan, de hecho, se hace eco de la de organizaciones de base de izquierda como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad en esa región que es más parecido a la Guerra Fría que a CISPES. En lugar de solidaridad (o incluso colaboración) con Centroamérica, el plan de Biden en realidad promueve un antiguo modelo de desarrollo económico que durante mucho tiempo ha beneficiado a las corporaciones estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la "seguridad" a los pueblos de esa región. Además, se enfoca en involucrar a los gobiernos centroamericanos y, en particular, a sus ejércitos para contener la migración mediante el uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su “U.S. Citizenship Act of 2021" (Ley de Ciudadanía de 2021), enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece una amplia gama de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y establecer una senda hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de la arremetida antiinmigrante de los últimos cuatro años, parece que vale la pena celebrar esa propuesta que continua la ruta  de los compromisos "integrales" bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, los cuales incluían una senda hacia la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban importantes recursos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una porción significante de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que al abordar las causas fundamentales de los problemas de América Central, se reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover “el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica” con el fin de “abordar los factores clave” que contribuyen a la emigración. Enterrados en su lenguaje difuso, sin embargo, se encuentran los objetivos bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares a quienes han estado prestando atención en estos años.

Su esencia: que millones de dólares en dinero de “ayuda” se destinen a mejorar las fuerzas militares y policiales locales para proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de ganancias. Sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben verse amenazados. Sin ir muy lejos, este es el mismo modelo que Washington impuso a los países de Centroamérica durante el siglo pasado, que dejó sus territorios llenos de corrupción, violentos y empobrecidos, y de esta manera ha continuado desarraigando a los centroamericanos y obligándolos a huir hacia Estados Unidos.

Crucial para el plan de Biden, como para los de sus predecesores, es otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados del muro construido solo parcialmente en la frontera sur de los Estados Unidos y promovido con orgullo por presidentes desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico oculto detrás del plan de Biden puede ser en efecto antiguo, el intento de subcontratar la aplicación de la ley de inmigración estadounidense a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado ser un giro marcadamente del siglo XXI en la política fronteriza.

Subcontratación de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría subcontratarse comenzó mucho antes de que Donald Trump infamemente amenazara, a mediados de 2019, con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controversial política de Trump de "permanecer en México" que ha dejado varados a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales al sur de su frontera para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la estadounidense. Como resultado, las fuerzas de México han sido desplegadas regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir, de manera violenta, las políticas de inmigración de Washington.

Dicha subcontratación fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los líderes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en casa, haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más desagradables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007, un plan iniciado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares en equipo militar, asistencia, e infraestructura en México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de “una frontera del siglo XXI” al obligar a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de la misma.

En respuesta a lo que se consideró una crisis de niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo Programa de la Frontera Sur. Desde entonces, decenas de millones de dólares al año se han destinado a la militarización de esa frontera y enseguida decenas de miles de migrantes estaban siendo detenidos mensualmente en Mexico. No es de extrañar que las deportaciones y las violaciones de derechos humanos contra los migrantes centroamericanos se dispararan de forma espectacular. "Nuestra frontera hoy es, en efecto, la frontera de México con Honduras y Guatemala", expresó exultante el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista y protestó porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump vociferó e intimidó a México y a varios países centroamericanos de manera mucho más abierta que los dos presidentes anteriores, al tiempo que llevó esas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12,000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando los fondos de Washington ayudaron a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los   3 600 millones de dólares asignados por el Congreso continuaron fluyendo, aproximadamente la mitad de ese dinero fue destinado a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retuvo temporalmente los fondos de ayuda civil para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a las personas con solicitudes de asilo válidas a esos mismos países.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de la migración irregular" y "desplegar funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU para asesorar y orientar a la policía de la nación anfitriona, seguridad fronteriza, inmigración y contrapartes aduaneras". Una vez que los países centroamericanos cedieron a las demandas de Trump, se restableció la ayuda.

En febrero de este año, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claramente dispuesto a continuar subcontratando el control fronterizo a México y América Central.

El otro aspecto de la militarización: "desarrollo económico"

Así como las administraciones demócratas y republicanas subcontrataron por igual una respuesta militarizada a la inmigración, también buscaron vender sus agendas con promesas de ayuda para el desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, promovieron constantemente el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región y, por lo tanto, condujo directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que, si los gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversionistas extranjeros con una mejor infraestructura, exenciones fiscales y leyes ambientales y laborales débiles, el "mercado libre" generará inversiones, empleos y crecimiento económico, eso (en teoría) evitará que la gente quiera migrar en primer lugar. Sin embargo, en la atormentada historia de Centroamérica, una y otra vez ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, ansiosa por aprovechar las fértiles tierras, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya sea en apoyo de las plantaciones de banano y café en el siglo XIX o de las operaciones de azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a las revoluciones en América Central en la década de los 80 y la migración masiva hacia el norte de hoy en día.

Como modelo, se basa en gobiernos militarizados para despojar a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. De manera similar, la fuerza y el terror se utilizan para mantener una clase trabajadora barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y obtener ganancias fantásticas. Tales operaciones, a su vez, han conducido a la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y otros lugares han ayudado a fomentar los estilos de vida de alto consumo que solo han acelerado el cambio climático, ocasionando un clima cada vez más inclemente, incluido el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas, sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de los pobres de Centroamérica.

Comenzando en la década de los 70, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres empujaron por la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar de simplemente enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, vino la revolución, aunque solo triunfó en Nicaragua.

Washington pasó la década de los 80 intentando aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que los subyacen. De hecho, el fin de esos conflictos solo abrió las compuertas regionales para nuevas y masivas inversiones extranjeras y el auge de las exportaciones. Estas involucraron, entre otras cosas, la expansión de las plantas maquiladoras de productos procesados para la exportación y el crecimiento de nuevas exportaciones de frutas y hortalizas "no tradicionales", así como el auge de las industrias extractivas como el oro, el níquel y el petróleo,  no digamos la creación de nueva infraestructura para el turismo de masas.

En la década de los 80, desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte, los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala. La apariencia de paz en la década de los 90 de ninguna manera puso fin a la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron “seguridad”, pero solo a las élites y los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaban.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversionistas de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de América Central patrocinado por Estados Unidos hizo posible que las corporaciones extranjeras lo demandaran y lo obligaran a someterse a un arbitraje vinculante por parte de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo de Honduras trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el visto bueno a un golpe contra el presidente reformista, y celebró cuando el nuevo presidente declaró con orgullo que el país estaba “abierto a los negocios” con un paquete de leyes que favorecían inversores extranjeros.

El periodista David Bacon, calificó la nueva dirección de ese país como un "modelo económico de salarios de pobreza" que solo fomentó el aumento de las pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. Las protestas fueron reprimidas violentamente, incluso cuando la ayuda militar estadounidense estaba llegando al país. Antes del golpe, los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a los Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos predominan entre quienes se ven obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad, de 2014, del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley, caracterizó esa Alianza como "en gran parte, un plan para construir nueva infraestructura que beneficiará a las corporaciones transnacionales", incluyendo "exenciones fiscales para inversionistas corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios”. Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a América Central.

Fue Obama quien se encargó del reconocimiento del golpe de Estado en Honduras por parte de Washington. Fue Trump quien se hizo de la vista gorda cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien acordó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigrante del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas apunta a que los años de Biden serán la continuación de lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: subcontratar la política de inmigración, militarizar la seguridad y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración cuando en realidad lo que hará es intensificarla. De hecho, la propuesta del presidente Biden designa $ 4 mil millones durante cuatro años para que el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional los distribuyan. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso con relación a las metas aprobadas por Washington, como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a... los ciudadanos de los peligros de viajar a la frontera suroeste de los Estados Unidos", y "resolver disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades de los Estados Unidos". Además se destinarían importantes recursos para desarrollo de la tecnología fronteriza “inteligente” en esa región, y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Una anticipo de cómo es probable que esto funcione se produjo justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Un resultado predecible de la subcontratación del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a agruparse en grandes “caravanas” públicas en busca de protección. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A fines de enero de 2021, una caravana de unos 7,500 hondureños llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington, como se había prometido, revertiría la controvertida política de Trump de permanecer en México, de internamiento aparentemente interminable en campamentos abarrotados e inadecuados a poca distancia de los Estados Unidos

No se habían enterado que, de hecho, Biden continuaría subcontratando la política de inmigración de sus predecesores a México y América Central. Da la casualidad que 2000 policías y soldados guatemaltecos (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) esgrimiendo gases lacrimógenos y porras se concentraron en la frontera entre Guatemala y Honduras para hacerlos retroceder.

Un exfuncionario de Trump (contratado por el presidente Biden) tuiteó que Guatemala había "cumplido con sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras desplegaba miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, nombrado por Biden como director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" por parte de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de obtener algunas de las vacunas contra la Covid-19 del excedente de Washington, con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra los migrantes. Una de las exigencias es que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía la capacidad de brindar tales condiciones para la gran cantidad de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero el gobierno de Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, para poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones pacifistas, solidarias y laborales que pidieron al gobierno de Biden que reconsiderara sus planes para Centroamérica. “Las crisis cruzadas que enfrentan millones en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derecha y la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las corporaciones transnacionales”, escribió CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha sido la principal fuerza  detrás de estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

La coalición hizo un llamado a Biden para que rechace el compromiso de larga data de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. “Enfrentar el desplazamiento exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos”, instó CISPES. Hasta mediados de marzo, el presidente todavía no había respondido a la petición. Mi consejo: no se ilusionen esperando tal respuesta.

Publicado por La Cuna del Sol