Hace veinte años, cuando
crucé la frontera de Nogales, Sonora, el 14 de septiembre de 2001 -tres días
después de los devastadores atentados del 11 de septiembre-, nunca pude
imaginar que los atentados desembocarían en una frontera flanqueada de torres automatizadas
y drones "fantasma", reforzada por un sistema de vigilancia capaz de
monitorear mis relaciones, y una agencia armada con decenas de miles de
municiones.
EL LEGADO FRONTERIZO DEL
11-S:
ALAMBRE DE PÚAS,VIGILANCIA
"INTELIGENTE" Y
MILES DE MILLONES EN CONTRATOS DE SEGURIDAD
A lo largo del muro fronterizo de seis metros en Nogales (Arizona), seis
hilos de alambre de púas en espiral cubren los herrumbrosos bolardos de arriba
a abajo. Poco después de la toma de posesión de Joe Biden en enero, el alcalde
de Nogales, Arturo Garino, pidió que se cortara. Aunque el muro en sí es
anterior a la administración Trump, el alambre de púas fue instalado por el
ejército estadounidense en 2019. Hoy es el recuerdo más visceral de la administración
de Trump, brutalmente antiinmigrante. Pero el alambre de púas, y el muro, no
van a ninguna parte. En febrero, el gobierno federal convocó a una licitación a
la industria privada para mantener la infraestructura del muro fronterizo. Como
dijo Garino, "sé que el gobierno tiene la tendencia de que, cuando construyen
algo, siempre mantenerlo, no importa qué administración esté". De hecho,
el mantenimiento de esta alambrada que cusa
heridas en la piel no es más que una capa de un complejo y enorme aparato e
industria fronterizos que Biden ha heredado.
Por "heredado" no me refiero sólo a Trump. Me refiero a los 332 700
millones de dólares que el gobierno federal de EE. UU., ha dedicado a la
Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) desde que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a
funcionar en 2003. Se trata de un aumento de casi ocho veces con respecto a los
19 años anteriores (1984-2002), que sumaron 42 700 millones de dólares bajo el
Servicio de Inmigración y Naturalización. Cuando Trump asumió el cargo en 2017,
este gigantesco acumulado de dinero federal y contratos privados formaba un
arsenal de más de 20 000 agentes, 650 millas de muros y barreras, y miles de
millones de dólares en la implementación de tecnologías. A pesar que durante su
campaña presidencial de 2016 se la pasó afirmando que no había aplicación de la
ley en la frontera, el presupuesto anual para la aplicación de la ley en la
frontera ya se había disparado a 17 mil millones de dólares bajo el presidente
Obama, habiendo crecido constantemente cada año desde 2001. El presupuesto de
la CBP/ICE del propio Trump, en 2017, fue de 20 000 millones de dólares.
Producto de una antigua retórica xenófoba sobre nuestra frontera sur, Trump se
benefició de un complejo industrial bipartidista, sin el cual no podría haber
arrebatado tan fácilmente a los niños de sus padres y encarcelarlos en celdas
abarrotadas o incluso haber construido cientos de millas de un muro de 30 pies.
Durante su campaña Biden repudió este cruel sistema. "Trump ha
emprendido un implacable asalto a nuestros valores y a nuestra historia como
nación de inmigrantes", dijo. "Es inaceptable, y se acabará cuando
Joe Biden sea elegido presidente".
Sin embargo, al mismo tiempo, su campaña recaudaba millones de dólares de
las empresas que construían las torres de vigilancia, los sistemas biométricos
y los centros de detención -tres veces más que Trump. Y con el presupuesto de
24 600 millones de dólares del CBP/ICE para 2021, Biden ha emitido o adjudicado
más de 7 000 contratos desde enero.
Este verano, la empresa United Tactical Systems, con sede en Illinois,
recibió casi 1.4 millones de dólares para suministrar lanzadores de aire
presurizado para “pepperballs” o "bolas de pimienta", el equivalente
a una granada de gas pimienta. Tal vez recuerden que la CBP lanzó bolas de
pimienta a las personas de una caravana de migrantes cerca del puerto de
entrada de San Ysidro en noviembre de 2018. La empresa Vista Outdoor Sales, con
sede en Minnesota, recibió 24.4 millones de dólares por la venta de municiones
a la CBP y al ICE, validando aún más la caracterización del abogado
constitucionalista y autor John Whitehead de que el DHS es un "ejército
permanente en suelo estadounidense." En agosto, la CBP gastó más de 150 000
dólares en lectores de matrículas vehiculares de la empresa Thundercat Tech,
con sede en Virginia, para su uso en San Diego y Spokane, Washington. Las
empresas privadas de detención CoreCivic y GeoGroup, también recibieron en agosto
contratos millonarios del ICE para gestionar centros de detención en
Montgomery, Alabama, Houston y el sur de Texas.
El dinero manda, no importa la administración. Desde 2008 hasta hoy, la CBP
y el ICE han otorgado al menos 108 214 contratos por la friolera de 59 500
millones de dólares.
Drones fantasma y teléfonos
inteligentes
Biden se ha comprometido a no construir "ni un metro más del
muro". Pero, como dijo a National Public Radio (NPR), "voy a
asegurarme de que tenemos protección fronteriza". Para Biden eso significa
"capacidad de alta tecnología". Históricamente, los demócratas se han
inclinado por construir una "frontera inteligente", lo que significa
poner énfasis en la tecnología. Esto puede sonar más agradable, pero es mucho
más invasivo de lo que parece. Por ejemplo, Anduril Industries se adjudicó un
contrato en junio por 36.9 millones de dólares (de un total de 83.1 millones de
dólares en contratos desde 2019) para construir más torres de vigilancia
autónomas en la frontera entre Estados Unidos y México (el plan es construir
200). Todavía no está claro si los "drones fantasma" de la compañía,
llamados así por su " casi silenciosa particularidad acústica",
forman parte de este paquete de vigilancia, pero parece que sí. Como explica
Tech Crunch, "los drones fantasma son capaces de permanecer en el aire
durante largos periodos de tiempo y comunicar lo que ven a un sistema nervioso
central alimentado por IA. Combinan los datos con las torres de vifilancia de
Anduril... [y] los retransmiten a una plataforma de software que señala
cualquier cosa de interés."
Esto significa, según el medio, que el sistema identificará "de forma
autónoma" a "alguien que cruza la frontera de Estados Unidos" y
enviará "una push alert, o
notificación, a los agentes fronterizos". El smartphone se ha fusionado
con el muro fronterizo.
Este tipo de retórica del "smartphone" establece una narrativa
que justifica efectivamente el aumento de la seguridad en la frontera: la imponente
muralla física se enfrenta a lo que parece ser una alternativa tecnológica más
benevolente. En este esquema se omite que la estrategia fronteriza se basa en
un "sistema de muro fronterizo" de tres partes, como me dijo un
portavoz de la CBP, Jacob Stukenberg, en una entrevista de 2019. Se trata de
"un sistema muy sólido", dijo, formado por tres componentes:
"barreras, tecnología y personal". En otras palabras, la tecnología
no se opone, sino que forma parte del muro.
Y la construcción de este sistema lleva casi tres décadas, desde mediados
de los noventa, durante el gobierno de Bill Clinton, que estableció por primera
vez la doctrina de la prevención mediante la disuasión. La idea era que
construyendo muros, duplicando la Patrulla Fronteriza y reforzándola con
tecnología en ciudades fronterizas como Nogales, El Paso y San Diego, la gente
se vería obligada a cruzar por zonas más mortíferas y peligrosas, como el
desierto de Arizona. Una gran parte de esta estrategia fue el plan tecnológico
de la era Clinton, irónicamente llamado ISIS (Integrated Surveillance
Intelligence System). Al final del mandato de Clinton, las rutas migratorias se
habían desplazado de las zonas urbanas más seguras a cruces más peligrosos y
remotos del desierto.
Pero fueron los presupuestos posteriores al 11 de septiembre los que
realmente impulsaron el nuevo complejo industrial de seguridad fronteriza. En
lo que sería el aumento más dramático de los presupuestos fronterizos en la
historia de EE.UU., el gobierno de George W. Bush impactó las tres áreas del
sistema de muros fronterizos. La Secure Fence Act, o Ley del Muro Seguro, de
2006, allanó el terreno y construyó muros y barreras a lo largo de 650 millas
de la frontera entre Estados Unidos y México, y un aumento de la contratación
entre 2007 y 2009 resultó en 6 000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza,
que finalmente llegaron a 21 000 en 2012. La CBP contrató a empresas de
relaciones públicas para cultivar una nueva imagen después del 11 de
septiembre. Uno de los folletos de contratación decoraba su portada con el
contorno de Estados Unidos y con la inscripción "Protected by the U.S.
Border Patrol”, o “Protegido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos",
estampada en el centro. En el interior, se explicaba que los agentes estaban
"en primera línea en la guerra contra el terrorismo".
Con todo el dinero fluyendo, el contrato de 2 000 millones de dólares que
la administración Bush concedió a la compañía Boeing marcó el advenimiento del
complejo industrial. A Boeing se le encargó la construcción de un muro de
torres de vigilancia, radares de barrido terrestre y el implante de sensores de
movimiento. Fue el mayor contrato jamás otorgado por una agencia de inmigración
estadounidense. Inmediatamente, Boeing subcontrató a otras empresas, como L3
Communications (ahora L3Harris) y la empresa israelí Elbit Systems, que desde
entonces se ha convertido en uno de los mayores contratistas del CBP.
Cuando empecé a informar sobre esta floreciente industria fronteriza en
2012, los presupuestos combinados de la CBP y el ICE (18 000 millones de
dólares) eran ya mayores que los de todas las demás agencias federales de
seguridad combinadas, incluidos el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y el
Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Ese año asistí a la Exposición de
Seguridad Fronteriza en Phoenix (Arizona), donde se congregaron más de 100
empresas para vender sus robots inspirados en la ciencia ficción, drones,
sistemas biométricos, armas, gafas de sol, comidas preparadas y letrinas
portátiles. Afuera del pabellón de la convención, un cartel advertía: "No
se permite protestar". Muchos representantes de empresas compartieron
conmigo su deseo de entrar en el lucrativo mercado de la seguridad fronteriza,
sobre todo al agotarse los contratos militares estadounidenses en Irak y
Afganistán. Uno de estos vendedores me lo explicó de esta manera: "Estamos
llevando el campo de batalla a la frontera". En aquel momento, las
previsiones del mercado mundial de seguridad nacional y gestión de emergencias
preveían que el sector alcanzaría los 544 020 millones de dólares en 2018. En
2021, otro informe de la misma empresa, MarketandMarkets, estima que el mismo
mercado pasará de 668 700 millones de dólares a 904 600 millones en 2026. Las
"condiciones climáticas dinámicas" y el "aumento de las
calamidades naturales", según las nuevas previsiones, son algunos de los
principales impulsores de los beneficios previstos.
Las torres de vigilancia y los drones fantasma de Anduril Industries son
sólo uno de los contratos por valor de 2 400 y 1 600 millones de dólares repartidos
entre la CBP y el ICE, respectivamente, desde el mes de toma de posesión de
Biden hasta el 20º aniversario del 11-S. Pero una cosa son los propios
contratos y otra la influencia de los contratistas en Washington.
Por la puerta giratoria
En enero, Alejandro Mayorkas fue juramentado como secretario de Seguridad
Nacional de la administración Biden y fue elogiado como el primer latino en
ocupar ese cargo. Anteriormente había revelado que de 2018 a 2020 obtuvo 3
millones de dólares de una variedad de empresas, incluidos los principales
contratistas fronterizos Leidos y Northrop Grumman. Mayorkas es solo el último
de una larga lista de altos dirigentes del DHS y la CBP que han pasado por la
puerta giratoria de la industria privada y el gobierno. La lista es larga e
incluye al ex secretario del DHS Michael Chertoff (bajo Bush, 2005-9), que
ahora dirige su propia consultoría de seguridad privada Chertoff Group, y al ex
secretario Jeh Johnson (bajo Obama, 2013-17), que está en el consejo del
gigante de la industria de defensa y principal contratista de fronteras,
Lockheed Martin. El dinero y la influencia atraviesan las líneas partidistas
con facilidad.
Al igual que Anduril, los contratos de Leidos y Northrop Grumman se
firmaron durante los años de Trump, y cada uno tiene un énfasis en la
"frontera inteligente". En 2021, Northrop Grumman continúa trabajando
en la Homeland Advanced Recognition Technology, o Tecnología de Reconocimiento
Avanzado de la Patria (HART, por sus siglas en ingles), una actualización del
siglo XXI del anterior sistema biométrico de la CBP (conocido como IDENT), que
añade "modalidades" para la identificación, lo que significa que
puede reconocer no solo rostros e iris, sino también cicatrices, tatuajes y,
potencialmente, ADN. Pero eso no es todo, según Electronic Frontier Foundation
que aboga por la privacidad de los usuarios: "Otros datos que el DHS
planea recoger -incluyendo información sobre los "patrones de
comportamiento" de las personas y de los "encuentros" de los
agentes con el público- pueden utilizarse para identificar afiliaciones
políticas, actividades religiosas y relaciones familiares y amistosas". El
software Traveler Processing and Vetting, por el que la compañía Leidos recibió
un contrato de 960 millones de dólares en 2020, creará más información
biométrica para alimentar el HART.
No obstante la conexión personal con los ingresos de Mayorkas, el gigante
de la industria de la defensa, Northrop Grumman, también se acercó al gobierno
de Biden de otras maneras. Por ejemplo, en un informe titulado Biden’s Border:
The Industry, the Democrats and the 2020 Elections, del que fui coautor con
Nick Buxton para el Transnational Institute en febrero, descubrimos que
Northrop Grumman proporcionó 649 748 dólares a la campaña de Biden, casi el
doble de la cantidad que dio a Trump, lo que continuó la tendencia general de
la empresa de favorecer a los demócratas por un porcentaje de 56 a 44 en 2020.
Esto representó un cambio radical con respecto al 60-40 que Northrop Grumman
aportó a favor de los republicanos en 2016. Y aunque Northrop Grumman depende
de sus contratos militares para gran parte de sus ingresos, también fue el
principal contribuyente a los miembros del Comité de Seguridad Nacional de la
Cámara de Representantes.
Otros contratistas importantes
tienen cualidades amorfas similares y pueden deslizarse hacia cualquier lado
del pasillo cuando les conviene. Además de Leidos y Northrop Grumman, en el
informe analizamos a otros 11 contratistas importantes, como CoreCivic,
Deloitte, Elbit Systems, G4S, General Atomics, General Dynamics, GEO Group,
IBM, L3Harris, Lockheed Martin y Palantir. En total, estas empresas aportaron 5
364 994 dólares a Biden y 1 731 435 dólares a Trump. Y en general, estas
empresas contribuyeron con un total de 22 225 133 dólares a los demócratas y 17
950 187 dólares a los republicanos. A diferencia de las personas que votan el
día de las elecciones, la industria minimiza los riesgos y vota por todos los
candidatos, aunque se inclina por quien cree que va a la cabeza, una situación
en la que todos ganan.
El 11 de septiembre
Hace veinte años, cuando crucé la frontera de Nogales, Sonora, el 14 de
septiembre de 2001 -tres días después de los devastadores atentados del 11 de
septiembre-, nunca pude imaginar que los atentados desembocarían en una
frontera flanqueada de torres automatizadas y drones "fantasma",
reforzada por un sistema de vigilancia capaz de monitorear mis relaciones, y
una agencia armada con decenas de miles de municiones.
Por aquel entonces, conducir hasta Nogales desde Tucson era una parte
habitual de mi trabajo con la organización binacional BorderLinks, donde
acababa de empezar a trabajar para ayudar a las delegaciones de las
universidades e iglesias estadounidenses a aprender sobre la globalización
económica y cómo estaba afectando a las comunidades fronterizas. La ilusión era
cultivar la solidaridad transfronteriza. Aunque cruzaba la frontera con
frecuencia, siempre me resultaba absurdo ver el muro, hecho de herrumbrosas alfombras
metálicas de aterrizaje, que subía y bajaba por las colinas, interponiéndose
entre las dos pintorescas ciudades fronterizas.
Cuando crucé a México, me dirigí a un barrio conocido como Flores Magón (llamado
así por los hermanos revolucionarios Ricardo y Enrique Flores Magón) que estaba
situado en lo alto de las colinas en las afueras de la ciudad de 400 000
habitantes, donde me senté en la sala de estar de un amigo en una casa hecha de
plataformas de madera y bloques de cemento. La mayoría de las casas del barrio
utilizaban cartón como aislante. Con el amigo, y algunos vecinos, nos sentamos
a ver las repetidas imágenes que transmitía la televisión sobre la caída de las
torres del World Trade Center en un pequeño televisor en blanco y negro con una
sensación aún fresca de presentimiento y conmoción. Muchos de los residentes
habían llegado a Nogales después de que el TLCAN hiciera mucho más difícil la
vida rural, especialmente porque los pequeños agricultores de subsistencia se vieron
obligados a competir con las grandes corporaciones productoras de cereales de
EE. UU., como Archer Daniel Midland y Cargill. Muchos de los residentes de
Flores Magón trabajaban en maquilas (fábricas) fabricando Q-Tips, maletas,
Master Locks o componentes electrónicos por sueldos miserables (entre 6 y 7 dólares al día) y con poquísimas
prestaciones.
Ninguno de nosotros sabía que el lugar donde estábamos sentados se
convertiría en foco de atención de la guerra global contra el terrorismo, que
para 2021 se encontrarían los restos de casi 8 000 personas en los desiertos de
la frontera, y que millones más durante ese período serían arrestados,
encarcelados y expulsados de Estados Unidos. O que durante esos 20 años las
principales empresas fronterizas harían 20 000 visitas de cabildeo en
Washington para insistir, y normalmente conseguir, mayores presupuestos para
más armas y más centros de detención. Nuestra principal preocupación mientras
estábamos sentados en esa casa era el bienestar de la gente en Nueva York y
Washington DC.
Si el gobierno de Biden quiere elaborar una respuesta humana a la situación
en la frontera, tendrá que reconocer uno de los mayores impedimentos para que
eso ocurra, es decir, el legado más palpable del 11-S en las tierras
fronterizas: una lucrativa industria de seguridad fronteriza. De momento, los
rollos de alambre de púas seguirán en el imponente muro fronterizo de Nogales,
a pesar de la petición del alcalde de que se retiren los kilómetros de alambre
letal. Permanecerá porque la industria así lo quiere.
Publicado por La Cuna del Sol