A pesar de las promesas del presidente Obama de
tener las deportaciones de personas
indocumentadas, especialmente de padres
con hijos nacidos en los Estados Unidos, estas han continuado y en lo que va
del año se contabilizan unos 45,000 padres de familia que han sido deportados a
sus países de origen. Lo anterior apesta a hipocresía sobre todo cuando se
trata de un presidente que prometió acabar con las inhumanas políticas
inmigratorias de su predecesor que estaban causando el terror, especialmente
entre los miembros de la comunidad de inmigrantes latinos. Los nombres de los
jerarcas han cambiado, pero las políticas continúan siendo las mismas aunque se
les intente maquillar un poco. Pero lo más lamentable e inhumano de todo esto
es la suerte que depara a los pequeños hijos de padres indocumentados que han
sido deportados del país y quienes inevitablemente sufrirán los dolorosos
traumas de la separación familiar. Una investigación del Applied Research
Center, “Familias Deshechas: La
Peligrosa Intersección de la Ley de Inmigración y el Sistema de Bienestar
Infantil, “encontró que hay al menos 5,100 niños actualmente viviendo
en guarderías a quienes se les evita reunirse con sus padres que
están detenidos o han sido deportados. De no cambiar nada, los investigadores
encontraron que unos 15,000 niños más podrían terminar en guarderías en los
próximos cinco años”. Este reporte permite dar una mirada a la situación de
miles de niños nacidos en los Estados Unidos, quienes están siendo enviados a
centros de acogida temporal cuando sus padres sin documentación legal son
detenidos o deportados.
Obama es un
político muy astuto y a sabiendas de que el voto latino será decisivo
para su reelección en la próxima contienda electoral del otoño que se avecina, decidió
lanzarle un “hueso” al electorado latino con promesas difíciles de cumplir, pues,
la retórica antiinmigrante de los políticos republicanos y de organizaciones como la Federación por una Reforma Migratoria (Federation for American Immigration Reform) y la animosidad que
esta genera en amplios sectores de la población mayoritariamente blanca, hacen
imposible la búsqueda de una solución sensata y humana al problema de la
inmigración indocumentada en los Estados Unidos.
A PESAR DE LAS PROMESAS MILES DE
PADRES SON DEPORTADOS
¿Qué sucede con los niños ciudadanos
estadounidenses después de que sus padres son deportados?
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Inmigrante guatemalteco sostiene foto de esposa deportada
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TENDENCIAS • Agosto 24, 2012 — AP
Connecticut • Alexis Molina tenía apenas 10 años cuando
su madre se salió abruptamente de su vida y en un abrir y cerrar de ojos su
infancia entró en un torbellino.
Se acabaron las tortillas con salchichas que lo recibían cuando regresaba
de la escuela, las caminatas por el parque, los abrazos a la noche, cuando ella
lo acostaba. Este muchacho dulce tiene hoy 11 años y se pregunta por qué su
padre llora tanto y por qué su madre no regresa a su casa.
"Fue a buscar unos papeles", cuenta al chico. "Y no
regresó".
El padre de Alexis, Rony Molina, quien tiene una pequeña empresa de
jardinería, nació en Guatemala, pero vive en Estados Unidos desde hace 12 años
y sacó la ciudadanía. Alexis y su hermanito de ocho años, Steve, también son
estadounidenses. Lo mismo que su hermanastra Evelin, de 19 años. Pero su madre,
Sandra Payes, estaba en el país ilegalmente y fue deportada a Guatemala hace un
año y medio.
"¿Cómo puede ser que mi país no le permita a una madre estar con sus
hijos, especialmente cuando son tan jóvenes y la necesitan?", pregunta
Rony Molina. "Sobre todo teniendo en cuenta que son estadounidenses".
Es una pregunta que se hacen miles de familias en una época en la que las
deportaciones han llegado a niveles sin precedentes y grandes cantidades de
niños se quedan sin alguno de sus padres. Todo esto a pesar de que el
presidente Barack Obama prometió que su gobierno deportaría únicamente a
delincuentes y no separaría familias en las que alguno de los padres está en el
país ilegalmente.
Casi 45 mil padres han sido deportados en los primeros seis meses del año,
según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas
en inglés, ICE).
Detrás de las estadísticas hay historias humanas desgarradoras: un bebé
llorando que le es arrancado de sus manos a su madre y entregado a trabajadores
sociales mientras esposan la madre, a quien un juez le retiró la custodia de
sus hijos; adolescentes sollozando que ven cómo sus padres son sacados por la
fuerza de sus casas; inmigrantes que desaparecen al caer en las redes de un
sistema de detención que tradicionalmente los retiene en sitios alejados de sus
casas, separados de sus familias por meses y que les niegan el contacto con los
organismos sociales que decidirán el destino de sus hijos.
Al menos 5 mil niños que son ciudadanos estadounidenses viven con familias
temporales en 22 estados, según el Centro de Investigación Aplicada, una
organización de Nueva York que sigue estos casos.
Y una cantidad no determinada de estos niños son ofrecidos en adopción en
contra de los deseos de sus padres, que, luego de ser deportados, generalmente
no tienen nada que hacer cuando un juez estadounidense decide que los menores
están mejor aquí.
Abogados especializados en temas de inmigración dicen que, a pesar del
cambio de política del ICE, ven todos los días cómo se destruyen familias.
"No sabía lo que pasaba", cuenta Janna Hakim, al relatar lo
sucedido una mañana del 2010, cuando fue despertada por fuertes golpes en la
puerta de su departamento de Brooklyn. Era el primer viernes del Ramadán y su
madre Faten, quien es palestina, estaba en la cocina preparando pastelitos que
vende a negocios de la zona.
Janna, quien por entonces tenía 16 años, y sus hermanos nacieron todos
aquí. Nadie sabía que su madre se encontraba en el país ilegalmente, ni que
pendía sobre sí una orden de deportación capaz de acabar de un momento a otro
con la vida confortable de toda una familia.
"Fue horrible, horrible", cuenta Janna al relatar que vio a su
madre en un uniforme carcelario que no era de su medida, detrás de un vidrio en
un centro de detención en Elizabeth, Nueva Jersey. Fue deportada tres meses
después y su familia se desmoronó.
Un hermano de Janna de 13 años comenzó a orinarse en la cama, dijo la
muchacha, y su hermano de 15 años se juntó con malas compañías y empezó a
experimentar con drogas. Su padre, quien tiene una prótesis en una pierna y
dependía mucho de su esposa, se tornó irritable. Y su madre, de vuelta en
Ramala, donde vive de nuevo con su madre luego de 20 años de independencia, se
desesperó. No podía dormir ni funcionar pues pensaba todo el tiempo en su
familia.
"No soy una delincuente. Soy la madre de niños estadounidenses que me
necesitan", dijo llorando por teléfono. "¿Cómo se explica que un país
destruya familias así?".
Hay quienes dicen que toda la responsabilidad es de los padres, por haber
ingresado al país ilegalmente, sabiendo los riesgos que iban a correr sus
familias.
"Sí, son historias tristes", expresó Bob Dane, de la Federación
por una Reforma Migratoria (Federation for American Immigration Reform), que
postula mano dura con los extranjeros sin papeles. "Pero estos padres
jugaron irresponsablemente con el futuro de sus hijos al ingresar al país
ilegalmente, sabiendo que podían ser deportados".
"No deportarlos", sostuvo, "es premiarlos y se crean
incentivos para que otros hagan lo mismo".
Otros, Obama incluido, dicen que separar a las familias está mal.
"Cuando madres que amamantan a sus hijos son separadas de sus
pequeños, cuando los chicos regresan de la escuela y ven que sus padres se han
ido... cuando sucede todo esto, el sistema no funciona y hay que
cambiarlo", declaró Obama cuando se postuló por primera vez a la
presidencia en el 2008. Hace un año, dijo en Texas que habría que deportar
únicamente a "personas violentas y gente convicta de algún delito, no a
quienes simplemente tratan de sobrevivir".
El año pasado el ICE anunció una nueva política que daba discreción a los
fiscales para que tomasen en cuenta factores como el tiempo que lleva una
persona en el país, sus lazos con la comunidad y si esa persona tiene un
marido, esposa o hijos estadounidenses antes de decidir si debe ser deportada.
"Eso nos dio mucha esperanza", manifestó David Leopold, asesor de
la Asociación de Abogados de Inmigración (American Immigration Lawyers
Association). "Ahora nos rascamos la cabeza preguntándonos dónde está esa
discreción, pues nuestros abogados siguen viendo gente que es deportada pese a
no tener antecedentes delictivos, incluidos padres de hijos
estadounidenses".
En el caso de Payes, luego de que su esposo Rony Molina se hizo ciudadano
en el 2009, un abogado de inmigración le recomendó a la mujer Sandra que se
fuese a Guatemala, para que su esposo iniciase trámites para traerla al país
legalmente.
Fue un consejo malo. Por más que no tenía antecedentes delictivos, le
negaron la solicitud de visa. Desesperada, intentó ingresar a Estados Unidos
otra vez ilegalmente con la ayuda de un coyote que le exigió 5 mil dólares,
pero fue detenida en la frontera y deportada dos semanas después, en marzo del
2011.
Las personas que son deportadas y tratan de ingresar de nuevo ilegalmente
son consideradas delincuentes y su retorno a su país de origen es una
prioridad.
De vuelta en Guatemala vivió las mismas experiencias que tantos deportados:
soledad, desconfianza y miedo en un país que a esta altura le resultaba
extraño. Dice que su hermano fue secuestrado por individuos que pensaron que su
esposo estadounidense debía tener dinero para pagar un rescate. Terminó yéndose
a México, donde no tiene esperanza alguna y ha contemplado el suicidio.
"Quiero que me perdonen", declaró por teléfono entre sollozos.
"Siento que me estoy volviendo loca. Extraño a mis hijos. No puedo vivir
sin ellos".
En Stamford, mientras tanto, sus hijos también sufren. El menor llora todo
el tiempo y el mayor se ha tornado irritable e introvertido. Un archivo del
caso incluye testimonios de psicólogos y consejeros sobre la falta que les hace
su madre, pero de todos modos le fue denegada una solicitud de visa por razones
humanitarias.
"Todos los días ocurren tragedias como estas a medida que los padres
son separados por la fuerza de sus hijos y desaparecen" de sus vidas,
expresó Nina Rabin, profesora asociada de leyes en la Universidad de Arizona y
quien el año pasado escribió el libro "Disappearing Parents: A Report on
Immigration Enforcement and the Child Welfare System" (Padres que
desaparecen: Informe sobre el servicio de inmigración y el sistema de cuidado
del menor).
Rabin, quien es abogada de inmigración, dice que una de las peores
experiencias de su vida fue presenciar la "cruel destrucción" de una
familia mexicana a la que representó.
La madre, Amelia Reyes Jiménez, cruzó ilegalmente la frontera con César, su
hijito ciego y paralítico a cuestas en 1995 para buscar una mejor atención
médica para el pequeño, relató Rabin. Se radicó en Phoenix y tuvo otros tres
hijos, todos ciudadanos estadounidenses. En el 2008 fue detenida cuando su hijo
incapacitado fue encontrado solo en su casa.
"Cuando me sacaron las niñas, pensé que me arrancaban el
corazón", declaró durante una audiencia en un tribunal del servicio de
inmigración. Contó cómo le arrancaron de los brazos a Erica, su bebé de tres
meses, mientras los otros hijos, de 7, 9 y 14 años, gritaban "¡mami!,
¡mami!".
Encerrada en un centro de detención, sin conocer sus derechos ni saber lo
que sucedía con sus hijos, se declaró culpable de negligencia y a partir de
entonces se pasó dos años luchando por conservar la custodia de sus hijos.
Dos veces los jueces de inmigración rechazaron el argumento de que
"sus hijos sufrirían mucho si era deportada" y la mujer fue enviada
de vuelva a México en el 2010, indicó Rabin.
El año pasado le retiraron sus derechos de madre cuando un juez de Arizona
dictaminó que no había hecho lo suficiente para reunir a la familia, algo que
según Rabin era imposible en vista de que estuvo detenida por meses sin acceso
a asesoría legal y sin que los servicios sociales le informasen acerca de lo
que sucedía con sus hijos.
Los niños están en hogares temporales y seguramente serán ofrecidos en
adopción. Reyes Jiménez trabaja en una fábrica de teléfonos celulares y llora
constantemente por la pérdida de su familia.
Su caso está en un tribunal de apelaciones, pero Rabin dice que, suceda lo
que suceda, la familia ya ha sido destruida.
"El caso de Amelia no es algo aislado. Todos los días pasan estas
cosas", dijo Rabin.
Una de las razones de ello, señaló, es la falta de coordinación entre las
políticas de inmigración y de los servicios sociales, que generan
"situaciones kafkianas" en las que padres e hijos son devorados por
el sistema.
Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles
recomiendan a esta población que planifique las cosas para la eventualidad de
que sean deportados, dejando incluso poderes para que alguien se haga cargo de
la custodia de sus hijos.
El ICE, mientras tanto, insiste en que hace lo posible por mantener la
"unidad familiar".
"El ICE se esfuerza por evaluar los casos que puedan justificar el que
una persona sea autorizada a permanecer en el país por razones
humanitarias", afirmó la portavoz Dani Bennett. "En cuanto a los
padres que son deportados, les corresponde a ellos decidir si se llevan a sus
hijos o no".
Abogados de inmigración, no obstante, dicen que las cosas no son tan sencillas.
Una queja frecuente es que sus clientes "desaparecen" y son enviados
a centros de detención lejos de los sitios donde viven. Se les niega acceso a
las audiencias en los tribunales de familia, a teléfonos y a abogados. Muchos
inmigrantes sin papeles no conocen sus derechos ni saben que peligra la
custodia de sus hijos.
Las leyes estipulan que los estados le quiten los derechos de padre a
quienes están ausentes 15 de 22 meses consecutivos, y en algunos casos el plazo
es más corto todavía. Ha habido ocasiones en las que los consulados de otros
países interceden para que una persona deportada no pierda la custodia de sus
hijos.
En el 2007, Encarnación Bail Romero perdió la custodia de su hijo de seis
meses Carlos luego de ser detenida durante una redada del ICE en una planta
procesadora de pollos en Misuri. Mientras estuvo detenida, el bebé permaneció
bajo la custodia de familiares y posteriormente fue adoptado, en contra de la
voluntad de la madre, por una pareja luego de que un juez dictaminó que el pequeño
estaría mejor allí.
"Ingresar ilegalmente a un país y cometer delitos en este país no son
un estilo de vida que pueda ofrecer estabilidad a un menor", escribió el
juez David Dally.
La Corte Suprema de Misuri determinó el año pasado que esa decisión fue
"una farsa" y que no se habían seguido los procedimientos correctos
para quitarle a la madre la custodia de su hijo. Se dispuso un nuevo proceso.
Si bien Bail Romero tiene una orden de deportación, el gobierno
guatemalteco le consiguió un permiso temporal para que permaneciese en Estados
Unidos y luchase por la custodia de Carlos, quien tiene hoy 5 años y ha sido
rebautizado Jamison por sus padres adoptivos. La mujer esperaba llevarse al
pequeño a Guatemala y criarlo allí con sus otros dos hijos.
"Soy la madre de Carlitos", le dijo a un juez de Green County.
En julio, sin embargo, se rechazó su solicitud. El juez dijo que la mujer
había abandonado a su hijo.
En Sparta, pueblo de montaña de Carolina del Norte, la familia de Felipe
Montes encara una batalla similar. Cuando el servicio de inmigración deportó a
este jornalero mexicano de 32 años, sus tres hijos --todos estadounidenses--
quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer nacida en Estados Unidos que
tiene trastornos mentales. Dos semanas después, los chicos fueron ubicados en
hogares temporales.
Montes y su esposa quieren que los niños vivan con el padre en México,
donde Montes trabaja en una granja que produce nueces y comparte una vivienda
con un tío, una tía y tres sobrinas.
Pero los servicios sociales le pidieron a un juez que le retire la custodia
de sus hijos aduciendo que los menores harán una vida mejor en Estados Unidos.
"No tomo, no fumo, no me drogo", dijo Montes. "Siempre cuidé
a mis hijos, siempre les di cariño".
El cariño de un padre es apenas uno de los elementos que entran en juego.
Incluso cuando los niños permanecen con sus padres, las cosas no son fáciles. A
menudo no hablan la lengua de su nuevo país y se retrasan en la escuela. Por
otro lado, deben acostumbrarse a un nivel de vida inferior al que estaban
habituados.
"No tienen el mismo acceso a cuidados médicos y a una educación",
expresó Aryah Somers, abogada de inmigración de Washington que se encuentra en
Guatemala con una beca Fulbright, estudiando el efecto de las políticas de
inmigración de Estados Unidos en los menores. "Sus padres no están en
condiciones de comprar los alimentos a que estaban acostumbrados y vemos muchos
niños estadounidenses malnutridos, viviendo en condiciones que serían
inaceptables en Estados Unidos".
Dieciséis de esos niños estadounidenses viven en el poblado de San José
Calderas, en Guatemala, en una extrema pobreza, recibiendo muy poca educación y
cuidados médicos. Sus padres figuran entre los casi 400 inmigrantes sin papeles
detenidos en una redada del ICE en una planta procesadora de carne en Iowa en
el 2008. Los niños están malnutridos y apenas si pueden leer y escribir en
español o inglés, de acuerdo con Somers.
Pero tienen algo con lo que sueñan sus primos: un pasaporte estadounidense
que les puede abrir las puertas a un futuro mejor. En cuanto tengan la edad
apropiada --10 o 12 años--, muchos de ellos serán enviados de regreso a Estados
Unidos por sus padres. Y el gobierno estadounidense, dijo Somers, tendrá que
hacerse cargo de las repercusiones sociales, médicas y psicológicas derivadas
del hecho de que se tuvieron que ir del país.
Somers, quien lleva ocho meses en Guatemala, dice que se ha topado con
cantidades de deportados que se tuvieron que separar de sus familias, incluidos
muchos que no tienen antecedentes delictivos y que fueron deportados luego de
que se anunció que el ICE adoptaría una política discrecional.
Describió el caso de una mujer de Los Ángeles, víctima de violencia
doméstica, que fue deportada este año cuando la policía intervino para poner
fin a una riña en su casa. Desesperada por reunirse con su hijo de 3 años,
quien es ciudadano estadounidense, la mujer se fue a México, desde donde se
propone intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos otra vez.
Somers dice que le recomendó no hacerlo, pero que la entiende. "¿Quién
puede culparla?", preguntó. "Está frustrada, destruida".
Hay algunos indicios de que las cosas pueden estar cambiando. Somers dice
que ha oído de casos en los que agentes del ICE suben a aviones que van a trasladar
a deportados y sacan a personas que vinieron al país de niños y estudiaron.
Acatan así la orden ejecutiva de Obama de junio, según la cual las personas que
vinieron al país ilegalmente de niños y no tienen antecedentes penales pueden
permanecer en el país y trabajar.
La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano dijo que esa política
es parte de un cambio mayor y que en el futuro el gobierno se enfocará en
deportar a las personas violentas o que cometieron delitos.
En Chicago, Marilú González, coordinadora de la ofician de asuntos del
inmigrante de la arquidiócesis católica romana, dice que ya vio un primer
ejemplo de ese giro. Una mujer que vivía ilegalmente en el país fue detenida
por manejar borracha y enviada a un centro de detención. Pero no fue deportada,
sino que se la liberó, con un monitor en un tobillo. Y sus hijos no fueron
ubicados en hogares temporales, sino que los está cuidando una hermana que
también se encuentra en el país ilegalmente.
"Esto no hubiese sucedido en el pasado. Hubiera sido deportada",
comentó González, quien ha visto cientos de casos similares.
Por su parte Felipe Montes, el jornalero que quiere llevarse a sus hijos a
México, recibió un permiso para permanecer en el país y pelear la custodia de
los menores, aunque también debe portar un monitor en un tobillo.
De todos modos, apunta González, no hay consistencia en la nueva política
ya que todo queda librado al criterio individual del agente del ICE. Y a mucha
gente la parece particularmente cruel el que se considere prioritaria la
deportación de una persona que regresó ilegalmente al país para estar con sus
hijos.
La representante demócrata Lucille Roybal-Allard propuso una legislación
que dificultaría el que se le quite a los padres la custodia de sus hijos. Dijo
que le parecía "desgarrador el que en Estados Unidos, el status migratorio
sea usado para separar permanentemente a las familias". Acotó que es
"inhumano e inaceptable, sobre todo en un país que valora tanto la familia
y la justicia".
Lucas da Silva, de 24 años, sabe bien el dolor que se experimenta cuando un
padre es deportado. Recuerda vívidamente el día del 2009 en que su padre no
regresó a casa luego de ir a su trabajo limpiando piscinas en Orlando, Florida.
"Hasta entonces, éramos una familia estadounidense normal",
expresó. "Ahora, no sé si somos una familia".
Después de que su padre fue enviado de vuelta a Brasil, Lucas intentó ser
el jefe de la familia, pero se sintió impotente ante el llanto de su hermana de
14 años, los sacrificios que hace su madre para sacar la familia adelante y el
deterioro del matrimonio de sus padres.
"Todos están de acuerdo en que el sistema no funciona", dijo
Lucas. "Pero nadie comprende que las familias también dejan de
funcionar".
