Los motivos principales que movilizaron a las mayorías chilenas a rechazar el texto que sustituiría a la Carta Magna de 1980 tienen que ver todos entre sí, se entrelazan, y dan cuenta de una situación difícil para el gobierno de Gabriel Boric y para la clase política en general.
RAZONES DEL "RECHAZO"
EN EL PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL DE CHILE
Misión Verdad
Gran parte de la población votante de Chile rechazó el nuevo texto de la
Constitución Nacional presentado en julio pasado por la Convención
Constitucional. Los números son contundentes: de acuerdo con las autoridades
electorales, con 99.99% de las mesas escrutadas, la opción "Rechazo"
obtuvo 7 millones 882 mil 958 sufragios (61.86%) y el "Apruebo" logró
4 millones 860 mil 93 (38.14%).
Este resultado era previsible, cuando muchas encuestas daban una
ventaja de hasta nueve puntos para el rechazo de la propuesta constitucional en recientes semanas.
Esta tendencia creció y se confirmó el domingo 4 de septiembre con una
participación superior a los 13 millones de votantes convocados.
Los motivos principales que movilizaron a las mayorías chilenas a rechazar
el texto que sustituiría a la Carta Magna de 1980 tienen que ver todos entre
sí, se entrelazan, y dan cuenta de una situación difícil para el gobierno de
Gabriel Boric y para la clase política en general.
PROPAGANDA, SIEMPRE
Entre las razones más importantes para el rechazo constitucional, la
propaganda es quizás la más evidente. En Chile, seis de los siete diarios de
circulación nacional pertenecen a dos grupos económicos: Grupo Edwards (El
Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias) y
Grupo Saieh o COPESA (La Tercera, La Cuarta y Diario
Siete), salvo La Nación, que es de propiedad pública. Se trata
de un fenómeno
de concentración de medios, denominado duopolio.
En este marco se libró una batalla por el relato en el que los partidos y
organizaciones que apoyaron y redactaron el texto de la Convención
Constitucional estuvieron siempre a la defensiva, o siendo directamente
opacados por la cartelización de la información en torno a la gestión de la
Convención.
De ahí en adelante, el debate pasó a ser fuego cruzado. La omisión de los
acumulados políticos y sociales que dieron lugar a ese escenario constituyente (protestas
de 2019, consulta constituyente de 2020, elección de los constituyentes de
2021, victoria electoral de Boric de 2021) provocó que se centrara el discurso
de la mayoría de los medios y políticos a favor del "Rechazo" en
torno a los miedos económicos, políticos y legales que generaban a sectores
poblacionales afines a la situación de cambio constitucional pero no guiado
bajo un excesivo reformismo.
Eso sería la comidilla diaria del duopolio, que le interesaba instalar el
malestar, las confusiones y las tergiversaciones en la opinión pública en torno
a los debates del texto constitucional.
La derecha desplegó una campaña que agitaba el miedo al declive social y
económico apelando a la ya desgastada imagen de "Chilezuela", lo
mismo que hace su par en Colombia con el fantasma del
"castrochavismo" recorriendo América Latina y el Caribe.
- A finales
de agosto, un spot emitido en televisión nacional se transmitió llamando a no aprobar la
propuesta de la Convención, proyectando el testimonio de un trabajador
sexual masculino en gesto de "una utilización inmoral de un eslogan
político". Creó una polémica con el mensaje de que la nueva
constitución está "hecha con rabia", instalándolo en la opinión
pública.
En ese sentido, no hubo una respuesta a favor del "Apruebo" lo
suficientemente certera como para darle sentido a su propuesta en la
subjetividad de las mayorías. No hubo un convencimiento de que el nuevo texto
constitucional podría beneficiar a los fines de un contrato social
satisfactorio para todos los sectores nacionales.
Con las noticias falsas que circularon en diversos medios sobre los
convencionales constituyentes se adhirieron las
formas de la violencia política, en el que hubo amedrentamiento, amenazas y vandalismo en las calles de
las principales ciudades chilenas contra personas e instituciones que abogaban
abiertamente por la aceptación de la nueva Constitución. Los delitos que se
cometieron en ese marco han quedado impunes, a pesar de que el mismo Boric
encabezaba las pretensiones del "Apruebo".
GESTIÓN NEGATIVA DE LA CONVENCIÓN
Desde el principio, el proceso y los mismos convencionales constituyentes
habían generado desconfianza. Algunos de ellos llegaron a levantar
reivindicaciones muy radicales o maximalistas, como la abolición
de las instituciones estatales vigentes, una propuesta que, como otras, no alcanzó la
mayoría en las votaciones del pleno y, por tanto, no se incluyeron en el texto
de la propuesta constitucional.
El texto en sí no confirma ninguno de los temores invocados por la prensa
duopólica y no tiene la justificación necesaria para calificarse de
revolucionario, pero contiene muchas innovaciones y también algunas características
únicas que podrían permitir avanzar hacia una mayor justicia social.
La Convención Constitucional trató de responder a lo que gran parte de la
ciudadanía había estado demandando durante décadas a través de un sinfín de
movilizaciones sectoriales (estudiantes secundarios y universitarios,
ambientalistas, pensionados, sindicatos, feministas, asociaciones de
consumidores, pueblos indígenas, etc.).
Sin embargo, el apoyo abierto del presidente Boric a los trabajos de la
Convención pudo haberle pasado factura negativa, habiendo bajado
considerablemente la aprobación de su gestión desde que tomó posesión en enero
de este año. Recientemente una
encuesta concluye
que la desaprobación a la figura presidencial actual llega a 51%, mientras que
su gobierno como tal acumula 54% en reprobación.
La imagen del presidente chileno no solo se ha visto diezmada en los
últimos meses por las encuestadoras y por los medios regulares de la derecha
local e internacional, asimismo la conducta de algunos convencionales y los
grandes desacuerdos que se experimentaban dentro
de la Convención no
dieron la talla ante las expectativas de la mayoría de la población.
Algunos escándalos de legisladores constituyentes y la falta de compromiso
para llegar a procesos y acuerdos políticos que garanticen una mayor inclusión
de los tejidos sociales que componen el Chile contemporáneo.
EXCLUSIÓN Y CLASISMO
Si bien el texto logra incluir una gran cantidad de atributos que no están
siquiera asomados en la Constitución de 1980, legado de Pinochet, como el
concepto de democracia paritaria, o el de plurinacionalidad, e incluso el
básico de que "Chile es un Estado social y democrático de derecho",
con un abanico de derechos que llegan a lo ambiental y securitario, la
convocatoria de quienes buscaban el "Apruebo" no logró resonar en las
mayorías.
En tanto la Convención estuvo nutrida sobre todo por partidos,
organizaciones y personalidades con tendencias de izquierda e independientes,
se suponía que la próxima Constitución estaba llamada a representar las
expectativas de las grandes mayorías chilenas. Sin embargo, ocurrió todo lo
contrario.
Cabe preguntarse sobre los niveles de exclusión que el proyecto
constitucional anidaba. Un análisis de los votos recibidos este domingo 4 de
septiembre por quintil de ingresos da cuenta de que el "Rechazo" fue
mayor entre la población más pobre de Chile. Por otro lado, la opción
"Apruebo" recabó más apoyo porcentual en el quintil con mayores
ingresos.
La Tercera, diario del duopolio, comparó
los resultados "entre
las diez comunas con mayor índice de pobreza y las diez comunas con menor
índice de pobreza de acuerdo a la encuesta Casen del año 2020".
"De manera inversa, el apruebo obtuvo un
menor respaldo en las comunas con mayor pobreza, con un 22,78%. Mientras que en
las comunas de menor índice de pobreza el apruebo logró convencer a un 32,11%
de los votantes".
En definitiva, en las diez comunas cuya población posee menos recursos ganó
el "Rechazo". Hubo entidades territoriales de la Región de la
Araucanía donde esta opción obtuvo 75% aproximadamente. Es decir, en las
comunas con alta población mapuche, los sufragios a favor del Rechazo superan
el promedio nacional.
Esta paradoja, en la que una Carta Magna considera el concepto de
plurinacionalidad, reconociendo a los pueblos originarios desde una perspectiva
nacional, refleja el hecho de que, por ejemplo, en la Araucanía se estima mucho
más la praxis en términos de inclusión que el discurso y la ideología
alrededor, sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno de Gabriel Boric
militarizó la zona de reclamo mapuche.
Los problemas económicos, de seguridad y de violencia política en
la Araucanía, así como en
las provincias vecinas de Arauco y Biobío, a la luz de los resultados
electorales recientes, dan cuenta de que no existe un acompañamiento pragmático
por parte de la fuerza que apoyaba los trabajos de la Convención (en
específico, la actual administración chilena) a los sectores poblacionales que
más necesitan asistencia estatal.
- De acuerdo
a la encuesta CASEN de 2017, 30,2% de los mapuche vive en situación de pobreza,
"una 'pobreza obligada' en la que el estado tuvo la total
responsabilidad", según un informe de la académica María José
Andrade, "fomentando actividades extractivas que las dañan [las
tierras mapuche], perjudican la pequeña agricultura y no generan ganancias
económicas para la región, pues las empresas que las desarrollan no
tributan en ella sino en la localidad de su casa matriz, que generalmente
es Santiago".
Es cierto que esta realidad es una consecuencia de décadas de
neoliberalismo y de exclusión nacional de una población importante durante
siglos, por parte de un estado instrumentalizado por la oligarquía local, sin
embargo, la gestión del actual gobierno de los conflictos de clase y raza en
Chile dejó su estela de rechazo en la votación constituyente.
Que las mayorías más pobres se hayan visto excluidas por los sectores que
dicen representarlos tanto en la Convención como en el texto constitucional
sufragado, permite entender por qué "el margen de triunfo de la opción
rechazo fue más amplio en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más
bajos que en las de mayores ingresos en el país", menciona La
Tercera.
Pero quizás lo más luminoso en torno a este capítulo de exclusión provenga
de algunos sectores que apoyaban el "Apruebo", cuyas opiniones sobre
las mayorías empobrecidas ilustran la diferencia clasista habida en Chile.
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IDEOLOGÍA WOKE A LA CARTA
La caída en la popularidad de Boric y los resultados del domingo 4 de
septiembre son una señal de alerta a una izquierda que ha preferido el rumbo de
las agendas de identidad, importadas desde Europa y Estados Unidos, para
desechar proyectos nacionales y que abarquen las necesidades socioeconómicas,
políticas, culturales de la mayoría poblacional.
En el campo occidental, las políticas identitarias están agarrando vuelo
entre la izquierda. Algunos de sus adalides han logrado sentarse en la silla
presidencial. Los casos del mandatario chileno y de Gustavo Petro en Colombia
son los más visibles en Sudamérica. Sin embargo, esto no es signo de una
verdadera inclusión en el marco de un proyecto nacional.
Bajo el paraguas de la ideología woke, término impreciso y amorfo
para un amplio conjunto de creencias y prácticas, los derechos de género y
reproductivos son desligados de realidades económicas, sociales y políticas,
ofreciendo una visión fragmentada de los problemas que este sector ideológico
dice defender.
La lucha de identidades, premisa operativa principal de dicha ideología, en
el que una amplia gama de opresiones "se cruzan" y deben ser
anuladas, solapa la lucha de clases y distingue a esa política de otras agendas
populares, como pudimos ver en relación el conflicto en la Araucanía.
El acumulado de experiencias que llevó al país austral a este punto, con un
gobierno que se supone recoge las expectativas de gran parte de las mayorías y
minorías excluidas, no fue canalizado bajo un liderazgo sólido y una idea clara
de proyecto, sino que más bien se difuminó, al menos momentáneamente, con las
vocerías identitarias y la inercia neoliberal que distingue al entramado
sistémico chileno.
Desde la campaña presidencial de 2021, la candidatura de Boric estuvo
signada por la ideología woke, muy a gusto de las izquierdas
liberales estadounidenses y europeas (e incluso adoptado
por la CIA), ubicando al
actual presidente en un carril muy distinto a los progresismos expresados en
las últimas décadas en el continente, nacidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela
(la "troika del mal"), países en donde también existen álgidos
debates sobre los derechos de género y reproductivos, por poner un ejemplo,
pero donde el centro de la discusión se basa en la construcción de un
imaginario y de un constructo nacional y la reparación de las consecuencias del
neoliberalismo sobre la población.
La rigidez ideológica y la inclinación a la intolerancia de las agendas
identitarias dieron a Boric y a la Convención poco margen de maniobra para que
el nuevo texto constitucional tuviera un visto bueno por parte de la población
mayoritaria. Desde esta perspectiva, las fuerzas progresistas en Chile perdieron
una oportunidad valiosa para cambiar el paradigma neoliberal que cimentó el
"contrato social" del pinochetismo.
En junio, casi 60% de los electores chilenos respondía
en los sondeos que
tenía poca o ninguna confianza en la Convención. Era previsible que el 4 de
septiembre arrojara resultados adversos a quienes defienden los intereses de
unos pocos grupos políticos, teniendo en cuenta que el resto de la población
contempla entre sus intereses otros temas más urgentes relacionados
históricamente con lo económico, lo social y lo político.
Publicado por La Cuna del Sol
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