No es nada que tenga que ver
con los cuentos e historias de ficción macabra de Edgar Allan Poe. Son
historias de horror y tragedia que en el plano de lo real, de lo que se puede
ver, sentir y palpar, involucran la vida de seres humanos de carne y hueso, guatemaltecos
desdichados, desechados y criminalizados por una sociedad, o mejor dicho, por
el pequeño segmento de esta que rige los destinos de un país al que la mala
fortuna de ser el laboratorio donde se ha clonado el perfecto engendro de lo inhumano, lo tiene
sumido en el más profundo agujero de las desgracias humanas. Son personas que
el actual sistema económico a diario empuja y obliga a abandonar su tierra y
sus familias como autentico desterrados en busca de un mejor porvenir, de un sueño
en lejanas tierras, que muchas veces es trágicamente demolido en el trayecto.
Son seres humanos a quienes el actual gobierno de Guatemala en su furia
privatizadora de todos los recursos naturales violenta sus derechos y justos
reclamos, declarándolos como terroristas que se oponen al desarrollo e imponiéndoles
Estados de Sitio.
LA
BESTIA Y LOS ECOS DE
LAS PESADILLAS DEL PASADO
.jpg)
La infeliz mujer había sido otra de las tanta victimas que a su paso ha dejado por su ruta demoledora de sueños
migrantes, “La Bestia”, el así
llamado fatídico tren carguero, transporte de último recurso de los desplazados
económicos guatemaltecos y del resto de Centro América que buscan refugio en el
Norte distante.
(…) Con su pierna rota y con
un dolor atroz, Elvira López Hernández quedó tendida sobre la vía férrea,
cuando el tren carguero se desplazaba sobre ella, no pudo más que asirse
fuertemente a dos cosas: los durmientes de la vía férrea y el recuerdo de su
hija de 4 años de edad que ella había dejado en Guatemala.
“Yo dije: ‘¡Dios mío, no
quiero morir! ¡Mi hija!’”
Ella se había resbalado del tren en enero, una de las decenas de
migrantes que viajan como polizones
rumbo a los Estados Unidos. Ahora como una amputada yace sentada en un refugio
aquí en Ciudad Hidalgo, México. Pero ella no tenía la intención de regresar a
la ciudad de Guatemala en donde el crimen y la desesperación son parte del
diario vivir; ella no pierde la
esperanza de llegar al norte.
¿Qué puedo hacer?”, dijo ella.
La desesperación es tanta que, a pesar del enorme peligro, nadie habla de
querer dejarlo pasar.
“Le tengo miedo al tren,
pero es algo que usted tiene que hacer”, dice un migrante que como otros esperan con ansias
el paso del animal metálico.
La señora López lo sabe muy bien. Su esposo murió hace cuatro años,
quedándose viuda a la edad de 18 años y con una niña de 9 meses de edad.
Sin posibilidades de encontrar un trabajo, ella decidió salir rumbo a
Florida para reunirse con su hermano quien había logrado establecerse ahí unos años antes. Él le aseguró que
habían muchos trabajos, como mucamas, niñeras, cocineras, y ella esperaba ganar
el suficiente dinero para sostener a su hija y a su familia que cuidaba de ella
en su país.
Ella logró llegar a México en donde abordó el
tren. Pero después de partir se escucharon gritos, la “İMigra!” y luego el
tumulto que la envió rodando bajo el tren.
“Cerré
mis ojos y soporté el dolor!”, dijo ella.
Eddie Ventura, un guatemalteco de 31 años de edad quien vende afeitadoras
desechables, observaba de pie sobre el puente del rio Suchiate en lado
guatemalteco de la frontera. Su pierna prostética, una donación de hace mucho
tiempo, descansaba sobre un barandal; él al igual que la señora López Hernández
había perdido su pierna después de caer del tren, y ahora el observa a sus
compatriotas jugarse su suerte.
“Ellos no saben lo que les
espera”, dijo el señor
Ventura, moviendo su cabeza.
Sin embargo, él no se ha dado por vencido.
“Todavía pienso en llegar a
ese país”, dijo él
refiriéndose a los Estados Unidos.
Ecos de las pesadillas del
pasado
Estos eventos guardan una sorprendente semejanza con
el pasado.
A finales del mes de febrero, Tomás Quej, un líder indígena kekchí, fue
secuestrado y baleado en la cabeza. En marzo 8, Carlos Antonio Hernández
Mendoza un franco proponente de los derechos de los pueblos indígenas fue
baleado el 8 de marzo. Tres días más tarde, Jerónimo Sol Ajcot, miembro de la Coordinadora
Nacional Indígena y Campesina, fue detenido por seis hombres enmascarados
fuertemente armados quienes luego le dispararon, dejando muerto al líder
comunitario de 68 años de edad.
En marzo 17, Exaltación Marcos Ucelo, miembro del Parlamento Xinca, y otros
tres miembros de la comunidad indígena
Xinca que había votado abrumadoramente contra un proyecto de minería, fueron
secuestrados por doce hombres fuertemente armados. Dos escaparon con heridas y
otro fue liberado. Marcos Ucelo fue encontrado muerto. La compañía minera,
Tahoe Resources, había amenazado previamente a los líderes. Las autoridades
locales y nacionales pese a que habían sido informadas de las amenazas de la
compañía, no tomaron ninguna acción.
El 16 de abril, en Santa Eulalia Huehuetenango fue encontrado el cuerpo sin
vida del activista Qanjob’al, Daniel Pedro Mateo. Eh había sido secuestrado hacía doce
días mientras se dirigía a santa Cruz Barillas donde sería el anfitrión de un
taller sobre derechos indígenas. Él había sido un prominente organizador contra el embalse hidroeléctrico
en esa comunidad. Las heridas en su cuerpo indicaban que había sido torturado.
En los primeros tres meses del 2013, 169 personas (30 más que en los
primeros tres meses del 2012 y 15 en 2011) que luchan por la defensa de sus
derechos han sufrido ataques de diversa índole. La cifra de los primeros tres
meses del año fue, de hecho, la segunda más alta desde que UNDEFEGUA, una ONG
guatemalteca, comenzó a compilar información en el año 2000.
La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Guatemala ha urgido al
gobierno a tomar medidas de emergencia para garantizar la seguridad de los
activistas. “Es inaceptable volver a tales prácticas criminales del pasado para
frustrar e impedir el libre ejercicio de los derechos humanos, incluyendo los
derechos laborales y la libertad de expresión”, advirtió el Alto Comisionado
sobre Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori. El gobierno guatemalteco no
ha adoptado ninguna medida.
Guatemala, de acuerdo al columnista guatemalteco Kajkok Maximo Ba Tiul, se
está “encaminando de nuevo a vivir bajo el terrorismo de Estado”. El
terrorismo, en su opinión, está dirigido a “allanar el camino para el ingreso
de las compañías multinacionales en los territorios indígenas”, en donde están
estableciendo minas para la extracción del oro, embalses hidroeléctricos, caña
de azúcar y plantaciones de palma africana, y otros proyectos de gran escala.
Lolita Chávez, una líder indígena quiché en una reciente asamblea indígena
lo dijo de esta manera: “Las masacres que hubieron en la guerra que duró más de
36 años, las estamos viviendo de nuevo”.
Los ataques a los defensores de los derechos humanos violan un acuerdo
específico de los acuerdos de paz. El gobierno se comprometió a combatir a los
grupos armados ilegales y a proteger el trabajo de los defensores de los
derechos humanos, un término que incorpora a los ambientalistas, sindicalistas,
activistas de los derechos de las mujeres, activistas indígenas, y todos los
que trabajan defendiendo los derechos básicos.
Rob Mercatante, miembro del equipo de la Comisión de Derechos Humanos de
Guatemala/EEUU quien ha trabajado en el país desde la década de los 80, señala
que el gobierno en lugar de enjuiciar a los atacantes, está usando el sistema
legal contra los defensores de los derechos humanos.
“Ahora tenemos a líderes campesinos, maestros de escuela, activistas anti
minería, y otros siendo encarcelados por defender sus derechos, y órdenes de
arresto que obstaculizan el trabajo de los activistas”, comentó Mercatante en un correo electrónico. Con respecto a
los escuadrones de la muerte, el hace la siguiente observación, “No existe la
necesidad real de asignar el trabajo sucio a agentes de policía, o a los
soldados cuando el trabajo puede ser ejecutado por miembros de pandillas o
pistoleros a sueldo. Lo novedoso es que estos agentes de la violencia pueden
ser contratos ya sea por el Estado o por los propios negocios”.
“Para mí”, prosiguió él, “este escenario es todavía más problemático que
el de los escuadrones de la muerte del pasado. Ahora el Estado puede
distanciarse el mismo de los más atroces hechos de violencia, mientras que al
mismo tiempo trata de esquebrajar a los movimientos de resistencia bajo el
pretexto del imperio de la ley –acusando a los líderes de ‘actos de
terrorismo’, por ejemplo”.
Pérez Molina se ha fijado como prioridad el restablecimiento de la ayuda
militar de los EEUU, cortada hace varias décadas en respuesta a las violaciones
de los derechos humanos. Esta meta se vio comprometida cuando el ejército abrió
fuego contra manifestantes desarmados y mato a siete en Totonicapán el pasado
mes de octubre. Mientras que uno de los requisitos para la renovación de la
ayuda militar estadounidense, es el enjuiciamiento de los perpetradores de los
crímenes del pasado, el juicio a Ríos Mont ha presentado riesgos inesperados
para el presidente. El 4 de abril, un ex soldado testificó que las atrocidades en
su área fueron ordenadas por el actual presidente Pérez Molina, en ese entonces
un mayor del ejército.
Pese a la necesidad de una victoria en el campo de las relaciones publicas
después de ese momento en el juicio, Pérez Molina no mostró ninguna intención en
proteger a los activistas. En su lugar su gobierno, al otorgarle la licencia de
minería a la compañía sospechosa de estar involucrada en el secuestro de los
lideres Xincas y la muerte de Ucelo, ha indicado que los asesinatos seran
premiados. Poco después de anunciarse el otorgamiento de la licencia, tres balas
penetraron la oficina del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. Yuri
Melini, el director, se encontraba adentro.
Melini le ha entregado fotos al vice ministro del Interior en las cuales,
según él lo declaró en una conferencia de prensa, “Las fuerzas de
seguridad privadas de la mina… conjuntamente con la Policía Nacional Civil
están llevando a cabo acciones ilegales
en contra de la población civil”.
El 11 de abril, la Policía Nacional Civil desalojó violentamente a
manifestantes que habían acampado en una propiedad privada en las proximidades
de la mina. Al menos 26 manifestantes fueron arrestados sin órdenes de captura
o causa justa. La policía supuestamente golpeo e hirió a varios de los
arrestados.
Pérez Molina intentó
arreglar el daño. Después de que en la corte se le señalara de haber ordenado
la ejecución de atrocidades, él viajó al pueblo de Nebaj, en la región Ixil,
donde se llevaron a cabo masacres de perversa brutalidad. El alcalde del pueblo
habló primero y dirigiéndose al presidente le dijo que era necesario que los
residentes de Nebaj se beneficiaran de los recursos naturales de las montañas,
los que habían sido protegidos por sus abuelos y ahora ellos quieren
protegerlos para heredárselos a sus nietos. El alcalde le pidió al presidente
que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos en el área. A su turno, Pérez
Molina, reconoció el alto nivel de desnutrición crónica en Nebaj. Él había
traído “bolsas solidarias” de frijoles e incaparina. Sus seguidores también
habían traído grandes pancartas las que fueron colgadas en la iglesia: “En
Nebaj no hubo genocidio”, “El pueblo Ixil reconoce a Pérez Molina como a su
hijo predilecto”.
Dos de los residentes que portaban carteles demandando justicia por el
genocidio –uno de ellos una anciana mujer, sobreviviente de una masacre- fueron
atacados por los agentes de seguridad del presidente, quienes rompieron los
carteles. En conferencia de
prensa los miembros del consejo municipal dijeron, “esto es
una ofensa. Ellos ponen rótulos en donde les da la gana pero no quieren que
nosotros nos expresemos. … El vino aquí a limpiar su imagen. Nosotros no
necesitamos bolsas solidarias. Lo que necesitamos y demandamos es justicia por
el genocidio, aplicarles la justicia a todos los involucrados, empezando por
Ríos Montt, hasta llegar al actual presidente Otto Pérez Molina y todos sus
seguidores”. Ella agregó, “Es una burla que el venga aquí y nos pida que a
cambio de frijoles e incaparina olvidemos a nuestros asesinados, a nuestros
masacrados”.
No del todo sorprendente, unos pocos días después la sede de las oficinas
de UNDEFEGUA fue allanada y saqueada.
A la luz de estos eventos, se está volviendo claro que una mini versión de
la guerra de Guatemala está siendo peleada con escasa atención. Involucra la
lucha por los derechos a la tierra, completa con la actividad de los
escuadrones de la muerte. Mientras tanto, como en el pasado, la impunidad
reina. Aquellos que han testificado en contra del ex dictador del país has sido
puestos a un lado, conjuntamente con su derecho a la justicia, y otra fosa
común ha sido cavada por los poderosos de Guatemala, esta vez para enterrar la
verdad.
Nota: El artículo anterior está basado en historias del New York Times
y del sitio web de la revista Conterpunch.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
.jpg)