Tres países, hechos diversos, características particulares, pero todos agrupados bajo la crisis del modelo. Para Estados Unidos, la tarea es producir los cambios necesarios que eviten la pudrición, manteniendo peones controlables que logren aminorar la crisis y restablecer el control deseado por Washington. En eso anda el Departamento de Estado, la CIA, el Comando Sur y todo el entramado intervencionista creado para mantener bajo control al patio trasero.
QUE EL ÚLTIMO APAGUE LA LUZ
Sergio Rodríguez Gelfenstein
Misión Verdad
Mi apreciado amigo Luis Casado me ha dicho varias veces que los títulos de
mis artículos no se corresponden con su contenido. Razón no le ha faltado,
reconozco que es una habilidad que no tengo. Al contrario, los escritos de Luis
dicen mucho desde su propio enunciado. Uno de sus textos recientes fue
denominado "Salvar el negocio" y tal vez no haya mejor forma de
expresar los avatares que atraviesa el sistema neoliberal de democracia
representativa para sostener el poder a cualquier precio, inclusive haciendo
maquillajes para que "todo cambie sin que nada cambie" con el
objetivo de mantener privilegios a costa de la exclusión y represión de las
mayorías con uno de los pocos recursos que les va quedando: el de la fuerza.
Al hacer un recorrido por algunos países de América Latina se puede
percibir tal situación. Al escribir estas líneas, Colombia entra en su octavo
día de manifestaciones populares de rechazo a la reforma tributaria que trató
de imponer el gobierno de Iván Duque. Después de 31 ciudadanos asesinados por
las fuerzas militares y policiales, 124 heridos, 13 personas con daños
oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45
defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus
funciones y 1089 casos de violencia policial, las manifestaciones han
continuado y las demandas han crecido mientras se hacen desesperados llamados a
que cese la masacre. Como respuesta, el jefe del ejército hablando como si
estuviera en guerra informó que "480 hombres orgánicos, que son 16
pelotones tengo en este momento desplegados" (sic). A continuación explicó
que eso es solo para cumplir la primera orden del presidente de la república. Y
para la segunda, tiene helicópteros tanto de la policía como del ejército
"que ya están dispuestos allá", refiriéndose a la ciudad de Cali.
La contundencia de la protesta obligó al gobierno a paralizar la ley para
la reforma tributaria, pero intentando ganar tiempo por un lado y enmascarar su
derrota por el otro, lo hizo en dos tiempos. Inicialmente ordenó "redactar
un nuevo texto y nutrirse de otras opiniones con propuestas que han presentado
otros sectores" reculando en cuanto a la aplicación del IVA para
alimentos, productos y servicios, aunque asegurando altanero que "la orden
es no cambiar las reglas de juego". La respuesta popular fue incrementar
las medidas de presión a través de una manifestación pacífica que ha intentado
ensombrecer el gobierno infiltrando militares y policías vestidos de civil en
las manifestaciones, con la misión de instigar la violencia que justifique una
represión sin control. En este contexto, se ha llegado incluso a que el ex
presidente Uribe y su partido, hayan hecho un llamado público a elevar la
represión y decretar el estado de "conmoción interior" pomposo nombre
que sustituyó al de "estado de sitio" que le proporciona poderes absolutos
al presidente.
Ante esta situación, Duque, anunció su decisión de retirar el texto de la
reforma tributaria del Congreso. De paso, el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, principal redactor de la ley se vio obligado a dimitir,
propinándole al gobierno una estocada de la que difícilmente podrá reponerse.
Lamentablemente, una oposición pusilánime y calculadora (con pocas excepciones)
no ha tenido capacidad de conducir el descontento, siendo desbordada por la
situación de ingobernabilidad solo posible de manejar por la extrema represión
que recuerda los peores años de las dictaduras latinoamericanas. En este marco,
han sido las organizaciones populares y sociales las que han asumido la
conducción del proceso, tratando de ordenar el espontaneísmo popular, la
pérdida del miedo y los deseos de paz y democracia.
Paradójicamente, nadie, ni siquiera la izquierda se quiere hacer cargo de
la crisis ni se han propuesto derrocar a lo que el pueblo con autoridad llama
la dictadura de Uribe y Duque. A pesar de la situación tan terrible que ha
motivado las demandas populares, las elecciones están en la mirada de los
políticos. El analista colombiano Felipe Tascón Recio en su análisis de la
situación, opina que en el horizonte se otea "…la posibilidad de la próxima
elección de una figura progresista, ajena al poder tradicional en
Colombia" y agrega que "una serie de factores incluyendo la larga
campaña presidencial -desde el 2017 hasta la actualidad- porque por el fraude
del 2018 y la ingobernabilidad de Duque esta nunca se detuvo, consolidan la
emergencia de Gustavo Petro como personificación del cambio posible. Es decir
que, en la coyuntura del paro, influyen las encuestas que dan a Petro ganador
en 1ª vuelta del 2022".
Otro tanto ocurre en Chile después que el Tribunal Constitucional, uno de
los últimos bastiones del pinochetismo, creado por la ilegal constitución como
mecanismo para dirimir las dudas respecto de la "constitucionalidad"
de las leyes en ese país declaró el pasado 27 de abril inadmisible la impugnación
presentada por el gobierno de Sebastián Piñera contra la ley que permite un
tercer retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones, asestándole un duro
golpe al mandatario. Esta decisión obligó a Piñera -al igual que a su homólogo
colombiano, durante la misma semana- a descartar el veto presidencial y
promulgar la ley, aprobada por ambas cámaras del Parlamento incluso con
numerosos votos de su propia coalición.
La decisión del Tribunal, el voto contrario al presidente de varios
parlamentarios de la alianza de gobierno, la manifiesta desesperación de los
empresarios por la situación existente en el país y hasta las vedadas opiniones
de militares retirados que suelen hablar por los activos, dan cuenta de una
orfandad casi total de Piñera cuyo gobierno no llega ni siquiera a dos dígitos
de aprobación.
Sin embargo, sería erróneo suponer que se ha llegado a esta situación solo
por una crisis en las alturas o por benevolencia de la clase dirigente. Al
contrario, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de derecha y
centro derecha se pusieron de acuerdo para elaborar en conjunto un plan de
engaño al pueblo a fin de paralizar las manifestaciones y…al igual que en
Colombia "cambiar todo para que nada cambie".
Desde octubre de ese año, y a pesar de la pandemia y su uso como mecanismo
de control de la avalancha popular que amenazaba con dar al traste con la
institucionalidad pinochetista que regula la vida de los chilenos, el pueblo no
ha cesado de manifestar su repudio al régimen. Esto ha permitido que la disputa
existente en la sociedad se haya trasladado al Estado enmarcada en una cada vez
más profunda crisis.
En este contexto el largo proceso de movilización iniciado en octubre de
2019 que ha manifestado claros indicios de rebelión popular contra el sistema,
aunque en momentos haya bajado en intensidad como consecuencia de la pandemia y
de la fuerte represión que se ha visto obligada a enfrentar, no se ha
paralizado y ha tenido continuidad, profundizando la crisis del modelo y de la
institucionalidad pinochetista vigente.
Así, el paro nacional del 30 de abril se produjo a pesar que Piñera se vio
impelido a detener el veto que pretendía imponer. En este sentido, fue
determinante la gran paralización previa de los trabajadores portuarios que con
su acción le dieron un contundente golpe al corazón del modelo que se sustenta
en las exportaciones. De esta manera, se crearon las condiciones para el
exitoso paro nacional del 30 de abril que significó un peldaño más en la lucha
popular, de cara a las elecciones en la trampa constitucional prevista para el
15 de mayo.
Por su parte, en otra latitud, una manifestación distinta de la crisis del
modelo neoliberal y de democracia representativa se produjo en El Salvador, a
partir del 1° de mayo donde se están desarrollando acontecimientos todavía en
curso, cuyas consecuencias aún son difíciles de determinar. Aprovechando la
aplastante mayoría parlamentaria obtenida en las últimas elecciones, el
presidente Nayib Bukele, ordenó a su partido en la Asamblea Nacional destituir
a todos los miembros de la Sala Constitucional (una de las cuatro instancias
que forman la Corte Suprema de Justicia) y al fiscal general de la República
eliminando cualquier contrapeso político al ejecutivo, destruyendo uno de los
pilares de la democracia representativa de corte occidental: la separación e
independencia de los poderes públicos.
De inmediato sobrevinieron denuncias de "golpe o autogolpe de
Estado" que se esparcieron de inmediato en las redes sociales y
pronunciamientos de opositores salvadoreños, así como de políticos de países
vecinos y organizaciones internacionales bajo dominio imperial como la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la "ONG" Human Rights Watch, que
advirtieron sobre la supuesta violación a la independencia de poderes y el
riesgo de que Bukele consolide un régimen autoritario. Esta hipocresía es la
manera a través de la cual intentan justificar sus tropelías en otros países.
Bukele siempre dio signos de ser reacio a los cuestionamientos,
respondiendo con acciones represivas que violaban derechos humanos y ha sido un
abierto enemigo de la prensa. El 9 de febrero de 2020 confirmó su desprecio por
la Constitución al irrumpir en la Asamblea Legislativa. Su intención golpista
fue confirmada por él mismo cuando en una entrevista dijo que "si fuera un
dictador o alguien que no respetara la democracia, hubiera tomado el control de
todo el [país] el 9 de febrero". Posteriormente en una cadena nacional de
radio y televisión el 6 de abril de 2020 afirmó que le había dado instrucciones
al ministro de seguridad para que fuera "más duro con la gente en la calle
(…) Los van a detener y los van a llevar a los centros de contención y ahí van
a pasar 30 días con desconocidos". De manera que los hechos del 1° de mayo
no son sorpresivos, el problema es que esta vez se salió de los cauces del
control imperial.
El domingo 2 la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la
"profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El
Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió
a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden
democrático". Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la
división de poderes. El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken
reveló que le había hecho una llamada telefónica a Bukele en la que le había
manifestado la "gran inquietud" del Gobierno estadounidense. Hasta la
OEA se manifestó rechazando la destitución de los jueces y del fiscal, así como
el papel que desempeñó Bukele para que se tomaran estas decisiones. La
subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental Julie Chung, no
muy atinada en sus declaraciones, con la retórica amenazante que la caracteriza
afirmó que "La existencia de una fuerte relación entre Estados Unidos y El
Salvador dependerá de que el gobierno apoye la separación de poderes y sostenga
las normas democráticas".
Bukele les respondió en su estilo habitual: "Queremos trabajar con
ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras
puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando
nuestra casa… y eso no es de su incumbencia".
Internamente, de inmediato hubo fuertes reacciones de rechazo en sectores
de la clase media, intelectuales, universidades y organizaciones gremiales de
la pequeña y mediana industria y comercio, muchas de las cuales le habían dado
apoyo electoral a Bukele. Incluso aparecieron voces críticas en sectores de Nuevas
Ideas el partido de gobierno. Esto genera una gran incertidumbre porque no se
sabe cuáles serán los próximos pasos que pueda dar el presidente.
Bukele había anunciado que el 1° de mayo desaparecería la corrupción en el
Poder Legislativo y que todo iba a cambiar pero las medidas tomadas han causado
una total estupefacción en el país. Se sabía que iba a haber transformaciones,
pero no de la magnitud y de la forma que se hicieron.
El rechazo de las universidades y de instancias como las Fundación para el
Estudio del Derecho (FESPAD) y la Unión Nacional de Juristas por la Democracia
y de todas las universidades nacionales ha sido contundente e instantáneo.
Existe un gran temor en sectores de la clase media de que la situación de paz
que el país ha vivido por 29 años, sea interrumpida.
Los sectores populares aún no reaccionan, pareciera que no le han tomado el
peso a la magnitud de los hechos, pero se espera que en los próximos días
comiencen a manifestar sus opiniones. Esto es consecuencia del exitoso discurso
populista de Bukele que ha logrado convencer al pueblo que los políticos son
culpables de la difícil situación económica del país y que deben ser
destituidos todos para poder "limpiar el país".
Esta situación va a acelerar procesos que parecían aletargados sobre la
base del control absoluto que tiene Bukele sobre la institucionalidad del país.
Muchos sectores que lo apoyaron y le dieron su voto con la promesa de que iba a
haber "comida y empleo", a partir de ahora empezarán a percibir el engaño
que sufrieron, lo cual podría comenzar a revertir el apoyo mayoritario al
presidente.
Tres países, hechos diversos, características particulares, pero todos
agrupados bajo la crisis del modelo. Para Estados Unidos, la tarea es producir
los cambios necesarios que eviten la pudrición, manteniendo peones controlables
que logren aminorar la crisis y restablecer el control deseado por Washington.
En eso anda el Departamento de Estado, la CIA, el Comando Sur y todo el
entramado intervencionista creado para mantener bajo control al patio trasero.
Publicado por La Cuna del Sol
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