Nuevo documento de la misión de determinación de hechos reproduce fallas e inconsistencias de método
UN "INFORME" PARA
REACTIVAR LA AGENDA DE
LA INTERVENCIÓN
"HUMANITARIA"
Misión Verdad
Este 20 de septiembre fue publicada una presentación inicial de lo que será
un nuevo informe de la llamada Misión Independiente de Determinación de los
Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Misión presentará las conclusiones y recomendaciones del informe de 2022
al Consejo en la sesión de diálogo interactivo fechada el 26 de septiembre de
2022. Esto refiere que el informe como tal no ha sido publicado. Sin embargo,
los señalamientos ya publicados (sin detalles) en la página del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya se ha vuelto tendencia,
pero jugando posición adelantada.
Al igual que en septiembre de 2020, cuando fue publicado un primer informe, la llamada misión desplegó un arsenal de
importantes y graves señalamientos contra el país caribeño, esta
vez señalando a las “líneas de mando” de los componentes de seguridad
venezolanos.
Sin embargo, tal como ha ocurrido desde que se formó esta misión, los
problemas de fondo que afectan seriamente la credibilidad de sus reportes
persisten, y de igual manera la instrumentalización de sus publicaciones para
promover estampidas políticas, comunicacionales y mediáticas de manera adversa
a Venezuela.
UNA PUBLICITADA ANTESALA AL INFORME 2022
La publicación, que a modo de antesala refiere al informe aún no publicado
de 2022, señala que "los organismos de inteligencia del Estado de
Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien
coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los
niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la
comisión de crímenes de lesa humanidad".
Agregan que "el Estado venezolano utiliza los servicios de
inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce
a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos,
incluidos actos de tortura y violencia sexual".
Nuevamente aluden la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como autores
materiales de crímenes aberrantes, léase bien, mediante una
"maquinaria" puesta en marcha "por el presidente Maduro y
otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno
para reprimir la crítica y la oposición".
Para los redactores de la publicación, que seguramente está en línea con el
informe que será lanzado al aire, no hay mayores distinciones entre las
actuaciones de los cuerpos de seguridad y el presidente Nicolás Maduro. Nótese
el énfasis del documento en responsabilizar al presidente Nicolás Maduro en
persona como autor intelectual y principal funcionario en la línea de
mando en la ejecución de los supuestos crímenes.
La publicación retoma hitos claves de la narrativa de esta misión que
fueron empleados durante su lanzamiento en 2019 y su informe en 2020. De hecho,
acuden a la reutilización de puntos del informe de 2020, los cuales son
aludidos como si se tratara de resultados de la investigación de 2020 y a modo
de establecer un "prontuario" del país en materia de derechos
humanos.
NUEVAMENTE, LAS FALENCIAS DE FONDO DE LA MISIÓN
La publicación del adelanto del informe por venir establece de manera
textual:
“La Misión basó las conclusiones de ambos informes
en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios
de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas
tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo
seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos
relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las
fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa
sin poder acceder al territorio venezolano.”
Nuevamente, la llamada misión de "determinación de
hechos" no logró "determinar hechos" directamente en el
país, es decir, nuevamente realizaron su informe desde el extranjero, sin
constatar nada directamente el terreno, sin contar con información oficial, sin
ningún tipo de colaboración institucional y por ende, sin contar con mecanismos
de verificación y contrastación.
Es evidente que en este informe también se implementará el uso de fuentes
difusas, llamadas "anónimas", de las cuales no se puede establecer
fiabilidad y credibilidad. Refieren a unas supuestas 246
"víctimas" y "familiares" que hoy están en el
extranjero, que gozan de libertad, que estando en Venezuela gozan de libertad
de comunicación y que habrían ofrecido información a la misión.
Esos elementos son más que obvios para debilitar la narrativa sobre
crímenes atroces por parte del gobierno venezolano, pero semejante
incongruencia no parece ser relevante.
Tratándose de las fuentes, el informe a ser publicado será sin dudas
endeble, por tratarse de listas de supuestas "víctimas" que se
mantendrán anónimas y cuyos testimonios no están sujetos a contraste.
Las razones de las debilidades de la Misión Independiente de Determinación
de los Hechos en Venezuela obedecen a que dicha instancia no cuenta
con validación y convenio con el gobierno de Venezuela. Por lo tanto,
funcionan plenamente al margen, fuera del país y de manera sumamente
discrecional.
Esta misión fue formada en 2019 en el marco del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, que en aquel momento estaba dominado por un grupo de países que
tenían una posición abiertamente destituyente de los poderes venezolanos y que
declararon su apoyo abierto a la formación del "gobierno
interino" de Juan Guaidó.
La formación de esa misión contó con el apoyo de Argentina, Australia,
Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chile, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, España, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Japón, Perú,
Reino Unido y Ucrania.
Sin embargo, en su momento era evidente que la presión institucional en la
esfera internacional proponía deshacer toda posibilidad de distensión y
reconocimiento al gobierno legítimo del país. Por ello, la vía de la
construcción de expediente se instrumentó sin obstáculos, incluso desde la
propia ONU, donde de paso se superpusieron las funciones de los órganos
del Consejo en una disputa por el uso politizado de ese ente.
Vale la pena recalcar que la creación de esta misión fue formada por los
países parte del Consejo, en resolución de septiembre de 2019. Pero antes de ello, el 21 de junio
de 2019, la Alta Comisionada Michelle Bachelet había visitado Venezuela con el
fin de establecer un convenio de colaboración entre el gobierno venezolano y la
Oficina de la Alta Comisionada.
Por su contexto, es evidente que la creación de la "Misión
Independiente" se desarrolló para interferir en la labor de la Alta
Comisionada y torpedear el saldo que vendría mediante la vía de su intercambio
directo con el gobierno venezolano.
Esto deja claro el móvil político que se constituye como la falla de
fondo de la "Misión".
Desde el 2019 Venezuela ha estado trabajando coordinadamente con la Oficina
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de la Carta de
Entendimiento suscrita en el mes de septiembre de 2019, de conformidad con lo
establecido en la Resolución A/HRC/42/4, adoptada por el Consejo de Derechos
Humanos en su período de sesiones número 42.
La entonces Alta Comisionada, quien salió de su cargo el 31 de agosto
de 2022, estableció una oficina en Caracas y durante los últimos tres años han
intercambiado información con autoridades venezolanas, han visitado espacios penitenciarios,
han revisado directamente expedientes y han realizado consultas a los detenidos
en un proceso amplio de contrastación de denuncias.
En efecto, la Fiscalía General de la República ha procedido a diligenciar
ante el Estado venezolano un conjunto de recomendaciones que han sido emanadas
desde la oficina de la Alta Comisionada, en una relación que ha sido
considerada "constructiva" tanto por Caracas como por el propio
ente internacional.
EL "TIMING" DE UNA
NUEVA EMBOSCADA INTERNACIONAL CONTRA VENEZUELA
La reaparición de la llamada Misión Independiente de Determinación de los
Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos concurre luego de
distensiones no formales entre el gobierno estadounidense y el venezolano.
Conviene recordar que durante este año, la administración Biden ha
establecido vínculos directos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro,
pero esto ha consistido en establecer presiones para el regreso del gobierno
venezolano a la agenda de diálogos con las oposiciones en México en condiciones
de desventaja y sin cumplimiento de los estadounidenses de las exigencias de
Caracas.
A la fecha, la administración Biden mantiene secuestrado al diplomático
Alex Saab y sostiene la presión económica al país de manera casi intacta,
cuestiones que son nudos críticos demandados por Venezuela.
A mediados de agosto la directora de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), Samantha Power, había
manifestado el apoyo
de su país a Juan Guaidó en el marco de las negociaciones con el gobierno
venezolano, las cuales dijo, debían “generar resultados”.
Algo reforzado en el
testimonio ante el
Comité de Relaciones Exteriores Senado de la actual Administradora Asistente
para América Latina y el Caribe de la misma agencia, Marcela Escobari, el
pasado 15 de septiembre.
Dicha instancia de financiamiento y entrenamiento para actores políticos y
"no-estatales" de la oposición venezolana podría, en el
corto plazo, realizar nuevos aportes para las elecciones internas entre los
opositores de Venezuela, en un marco de premura y señalamientos de varios
dirigentes de "adelantar" las presidenciales en Venezuela, temiendo
una recuperación de la economía y la continuidad de la estabilidad relativa que
hoy goza el país.
Recientemente, un funcionario del Departamento de Estado de Estados
Unidos presionó al gobierno de
Venezuela desde una
audiencia en el Congreso de su país, y amenazó con más sanciones si no se
reanudan las conversaciones con la oposición.
"Nicolás Maduro… está cometiendo un error crítico si piensa que
nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le servirán",
dijo Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental.
"Estamos preparados para responder con sanciones y para tomar medidas
integrales", si las conversaciones no avanzan, agregó Nichols en el Comité
de Relaciones Exteriores del Senado.
Seguidamente, el gobierno estadounidense en la pluma de Joe Biden en
persona, contraviniendo todos los informes de Naciones Unidas en materia de
drogas y crimen organizado (UNDOC, por sus siglas en inglés), publicó un
memorándum en el que se incluye a la nación caribeña en la lista de los
principales países de tránsito y producción de drogas, señalamiento que fue rechazado por autoridades venezolanas por
considerarlas "infames".
El lanzamiento de un nuevo informe de la paralela y no reconocida (por
Venezuela) Misión Independiente de Determinación de los Hechos, adquiere
coherencia en el "timing" de nuevas presiones
internacionales en amplia escala y parecen a apuntar a la reedición de la
"máxima presión" demostradamente fallida durante la
administración Trump. Su continuidad.
Publicado por La Cuna del Sol
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