Sólo la movilización unitaria del pueblo
trabajador obligará a los funcionarios judiciales corruptos a retroceder; y en
las urnas el 20 de agosto, votando críticamente por Semilla, iniciaremos una
nueva etapa en la lucha por los derechos sociales y democráticos del pueblo
guatemalteco.
GUATEMALA. ¡DEFENDAMOS EL VOTO,
QUE RENUNCIEN PORRAS,
CURRUCHICHE Y ORELLANA!
La crisis política originada por las
maniobras de la extrema derecha para impedir que el centroizquierdista
Movimiento Semilla participe en la segunda vuelta electoral, ha derivado en un
conflicto entre instituciones del Estado.
La derecha acciona contra el voto popular a
favor de Semilla
En un primer momento, los partidos de derecha
derrotados en la primera vuelta, realizada el 25 de junio, intentaron anular
los comicios exigiendo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) la revisión de cierto número de actas que tenían
irregularidades. El Tribunal Supremo Electoral accedió, y el recuento no arrojó
cambios significativos en los resultados, reafirmando que la Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE) y Semilla pasarán a segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
Ante el fracaso de esta primera maniobra, la
derecha se sacó el as bajo la manga, y el 12 de julio la Fiscalía Especial
Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ordenó la suspensión de
la personería jurídica del Movimiento Semilla, por un caso de supuesta
falsificación de firmas y adhesiones ilegales en el proceso de inscripción del
partido, además de una posible comisión del delito de lavado de dinero. El jefe
de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó al Juzgado Séptimo de Instancia Penal,
a cargo del juez Fredy Orellana, que ejecutara la suspensión. Desde hacía ya
varias semanas el MP y la FECI habían solicitado al Tribunal Electoral la
documentación completa en torno a Semilla, incluyendo detalles sobre su
creación, asambleas y aspectos financieros, en preparación del ataque contra la
organización política. Por su parte, unos minutos después de que la FECI
emitiera la orden contra Semilla, el TSE oficializó los resultados de la
primera vuelta, confirmando que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de
Semilla competirán por la presidencia de la nación el 20 de agosto.
Esta acción del MP es doblemente ilegal, pues
de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ningún partido puede ser
suspendido media vez inicie el proceso electoral; además, el juzgado dirigido
por Orellana no tiene competencia para suspender un partido político, pues este
es un asunto que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. En
este sentido, la orden de Curruchiche y Orellana violó el ordenamiento
prescrito en la Constitución de la República.
Bernardo Arévalo, candidato presidencial y
secretario general del Movimiento Semilla, interpuso un amparo ante la Corte de
Constitucionalidad para frenar la acción de la FECI. El día 13, la CC suspendió
la orden del juez Orellana, en aras de que se realice sin impedimentos la
segunda vuelta electoral de agosto. Sin embargo, la CC ignoró la falta de
competencia del Juzgado Séptimo de Instancia Penal para inhabilitar un partido
político, y dio vía libre para que el MP continúe con las pesquisas contra
Semilla; esto ha dado pie a un grave conflicto interinstitucional.
El MP y la FECI contra el TSE
Contando con el aval de la Corte de
Constitucionalidad, Curruchiche y Orellana han realizado continuos
allanamientos contra dependencias del Tribunal Electoral y contra la sede del
Movimiento Semilla.
Los días 13 y 20 de julio, por medio de un
aparatoso despliegue policial, el MP y la FECI, utilizando sendas órdenes del
juez Orellana, intervinieron las sedes del Registro de Ciudadanos y del
Departamento de Recursos Humanos del TSE, respectivamente.
El día 13 durante el intimidatorio
despliegue, los agentes del MP secuestraron numerosa documentación sobre
Semilla. El 17 de julio, el juez Orellana pidió al MP iniciar una investigación
contra el director general del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por haber
desobedecido la orden de suspender provisionalmente la personalidad jurídica
del Movimiento Semilla. El cargo de Muñoz le otorga el derecho de antejuicio,
por lo cual la CSJ deberá realizar el trámite de retiro de inmunidad. Sin
embargo, Muñoz solicitó permiso por vacaciones, dejando en el cargo a la subdirectora
Eleonora Castillo. El 20 de julio el MP realizó un nuevo allanamiento, esta vez
en el Departamento de Recursos Humanos, en busca del expediente laboral de
Castillo; luego se supo que Orellana emitió una orden de captura contra
Castillo, bajo el cargo de obstrucción de la justicia, por negarse a cancelar a
Semilla. Esta orden es ilegal pues la subdirectora, al reemplazar temporalmente
al director, automáticamente goza de inmunidad, pues es un derecho que va
adscrito al cargo.
Por su parte, la sede de Semilla ha sido
allanada dos veces por el MP, ocurriendo la última el 21 de julio, cuando los
fiscales se llevaron los listados de afiliaciones del partido.
Ante las acciones intimidatorias del MP, la
FECI y el juzgado dirigido por Orellana, el Tribunal Supremo Electoral presentó
un amparo en la CC en contra de ocho funcionarios públicos por “la amenaza
cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el
Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones
del Tribunal Supremo Electoral … para el desarrollo de un proceso electoral
hasta su conclusión en un ambiente de libertad…” (Prensa Libre 21/07/2023). Un
día después, el máximo tribunal constitucional respondió denegando el amparo,
aduciendo que el 13 de julio ya se había pronunciado con respecto a que el TSE
debe proceder a realizar la segunda vuelta electoral. A pesar de que la CC
remarcó que la decisión del TSE de realizar la segunda vuelta no puede ser
afectada por “lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria”
(en alusión al juzgado séptimo dirigido por Orellana), no ordenó
específicamente al MP, a la FECI, ni a este juzgado suspender las acciones
contra el TSE y Semilla, dando nuevamente, al igual que en la resolución del 13
de julio, vía libre para que continúen los ataques, cuya finalidad es evitar
que Semilla participe en la segunda vuelta electoral.
De hecho, el 23 de julio el MP emitió un
comunicado en el que reafirma su autonomía, y que no está sujeto a ningún ente
nacional o internacional, rechazando “todo intento de presión y coacción para
detener cualquier investigación en curso autorizada por juez competente…”
(Prensa Libre 23/07/2023).
¿Desacuerdos en la cúpula?
Todos los funcionarios de las instituciones
involucradas en la actual crisis política fueron electos por el pacto de
partidos políticos que representa a las estructuras de empresarios, militares y
grupos del crimen organizado que controlan el Estado. Los magistrados del TSE
fueron electos por el Congreso de la República en 2020, los de la CC en 2021
por el Congreso, y la jefa del MP fue reelecta en el cargo en 2022 por el
presidente Giammattei. Hasta ahora, estos funcionarios habían actuado más o
menos en acuerdo; los magistrados del TSE, por ejemplo, fueron los que negaron
la inscripción de candidatos que no eran del agrado del oficialismo, como el
binomio del MLP, Carlos Pineda, Roberto Arzú o Juan Francisco Solórzano Foppa.
Pero la situación varió cuando el Movimiento
Semilla, un partido anticorrupción y progresista, ganó el segundo lugar el 25
de junio, pasando a competir por la presidencia en la segunda vuelta. Los
magistrados del TSE podían tolerar solo hasta cierto punto las burdas maniobras
para dejar a Semilla fuera del proceso electoral, no solo por el irrespeto que
implica a su investidura como máxima autoridad electoral, sino por la enorme
presión internacional por la transparencia del proceso electoral y el respeto
de los resultados, y la falta de apoyo de las organizaciones de la burguesía
hacia dichas maniobras.
Los magistrados de la CC y del TSE han
asumido una posición ambigua, y el presidente Giammattei mantiene una prudente
distancia. Ante los continuos pronunciamientos de la administración Biden,
funcionarios de la Unión Europea, la Organización de Estados Americano, de la
ONU y otras organizaciones internacionales, el oficialismo parece haber dejado
el trabajo sucio al MP y la FECI, cuyos responsables están incluidos en la
Lista Engel del Departamento de Estado, y quienes trabajan en estrecha
colaboración con la Fundación Contra el Terrorismo y otros grupos de extrema
derecha.
La presión del imperialismo
Desde el inicio del proceso electoral la
administración Biden, la Unión Europea y los organismos internacionales han
estado pendientes de la situación en Guatemala, y han condenado las últimas
maniobras de la derecha. El 21 de julio el gobierno de Estados Unidos acusó al
MP de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco, y calificó el
allanamiento de la sede de Semilla como un gesto propio de dictaduras como la
de Nicaragua (Prensa Libre 21/07/2023); el 20 de julio la Misión de Observación
Electoral de la Unión Europea condenó “…enérgicamente el acoso y hostigamiento
que vienen sufriendo el TSE y el Movimiento Semilla por parte de la FECI…”
(Prensa Libre 20/07/2023).
El 22 de julio la ONU informó que su
secretario general António Guterres sigue con gran preocupación la situación en
torno a las elecciones en Guatemala, recordando que “…los votantes deben estar
protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita
o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales
deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente” (La Hora
23/07/2023).
El 19 de julio el Departamento de Estado de
Estados Unidos publicó el nuevo listado de actores corruptos de Centroamérica
(Lista Engel), incluyendo al juez Fredy Orellana y a la fiscal de la FECI
Cinthia Monterroso, que, entre otras cosas, ha acompañado los allanamientos
contra el TSE y Semilla.
El 20 de julio cuatro congresistas
estadounidenses enviaron una carta al secretario de estado Antony Blinken en la
que mostraron preocupación por la situación en Guatemala y piden que se apoye
un “proceso electoral transparente y justo que refleje la voluntad del pueblo
guatemalteco”; además solicitaron acciones más fuertes de presión si las
autoridades continúan interfiriendo con el proceso electoral (Prensa Libre
20/07/2023).
La posición de los empresarios
Mientras a nivel internacional se ejerce una
enorme presión sobre las instituciones responsables del orden legal en
Guatemala, la burguesía, a través de sus organizaciones gremiales ha expresado
su preocupación por la crisis generada en el proceso electoral, rechazando
implícitamente las descaradas maniobras de la derecha, sobre todo porque ponen
en riesgo las inversiones y la estabilidad económica del país, es decir porque
pueden afectar sus negocios.
El presidente de la coordinadora de
organizaciones empresariales (CACIF), Ignacio Lejárraga, preocupado por la
inestabilidad generada por la crisis electoral, declaró “Es importante que la
máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por
medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda
llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes
libremente deciden en las urnas” (Prensa Libre 21/07/2023).
Cada una de las cámaras empresariales se ha
pronunciado a favor del respeto al orden legal. La Cámara de Comercio de
Guatemala señaló que “esta cámara recuerda que no compete a los Tribunales
Ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal
Supremo Electoral”; la Asociación Guatemalteca de Exportadores reconoció la labor
y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral para la oficialización de los
resultados electorales para la segunda vuelta, y llamó a la población a asistir
a las urnas el 20 de agosto; la Cámara de Comercio Guatemalteco – Americana
declaró “Solicitamos el máximo respeto a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos y al TSE como máximo garante del proceso electoral” … “Los recientes
sucesos provocan inestabilidad en el proceso electoral, lo cual puede tener
efectos perjudiciales en la democracia del país y en su entorno económico”; en
el mismo sentido se pronunciaron la Fundación para el Desarrollo de Guatemala,
la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Cámara del Agro de Guatemala, el
Consejo Nacional Empresarial, y Cámara de Industria de Guatemala (Prensa Libre,
13/07/2023).
Defendamos en las calles el voto popular
contra las maniobras de los corruptos
La población no se ha quedado callada ante la
crisis provocada por la derecha corrupta y autoritaria, y tras pequeñas
demostraciones de protesta por el recuento de actas a que fueron obligadas las
Juntas Electorales, y una importante marcha el 8 de julio, los días 13, 14 y 15
fueron de nutridas protestas frente a la sede del Ministerio Público.
El domingo 23 de julio otra numerosa
manifestación partió de la sede de la Corte Suprema de Justicia para culminar
frente al MP, convocada por organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas
y sindicales. Algo significativo de esta jornada de protesta fue que, mientras
las grandes centrales sindicales aún no hacen sentir su presencia, marchó junto
a las otras organizaciones el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora
Central S.A. (sindicato de la Coca Cola), de larga tradición de lucha.
Para el día 24 fue convocado un paro
nacional, durante el cual se dieron varias manifestaciones y plantones en la
ciudad capital, así como en las ciudades de Santa Cruz del Quiché, Totonicapán,
Antigua Guatemala y Huehuetenango.
Las protestas populares aún están creciendo y
no han alcanzado su punto máximo. Las organizaciones indígenas de los 48
Cantones de Totonicapán, de Sololá y de otros pueblos se han pronunciado, pero
todavía no accionan en las carreteras. Hacemos un llamado al Movimiento
Sindical y Popular Autónomo de Guatemala a unirse a las movilizaciones y hacer
sentir la presencia de los trabajadores. Sólo la movilización unitaria del
pueblo trabajador obligará a los funcionarios judiciales corruptos a
retroceder; y en las urnas el 20 de agosto, votando críticamente por Semilla,
iniciaremos una nueva etapa en la lucha por los derechos sociales y
democráticos del pueblo guatemalteco.
Publicado por La Cuna del Sol