Por desgracia, esta ola de
la violencia política que no se detiene tiene mucho que ver no sólo con el
gobierno corrupto, represivo que gobierna Honduras, sino también con el
gobierno de los Estados Unidos. Washington jugó un papel importante en la
consolidación del golpe militar de 2009 y continúa suministrando decenas de
millones de dólares en ayuda militar y seguridad anualmente al gobierno.
EL LUGAR MÁS PELIGROSO EN EL
MUNDO: MIENTRAS LA SANGRE CORRE EN HONDURAS, LOS ESTADOS UNIDOS HACEN LLEGAR EL DINERO A RAUDALES
Por Mark Weisbrot
Desde el golpe militar de 2009 contra el gobierno democrático del
Presidente Mel Zelaya, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del
mundo para los defensores de los derechos humanos y ambientales. El 17 de
octubre, otros dos prominentes organizadores rurales, José Ángel Flores y
Silmer Dionisio George, fueron asesinados en Colón. Flores era el presidente
del Movimiento Unificado de Campesinos del Valle del Aguán (MUCA), y George era
un conocido dirigente de la misma organización.
Esto sigue a los intentos de asesinato el 9 de octubre contra Tomás Gómez
Membreño, coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH), y el líder de la comunidad COPINH Alexander
García Sorto. Por desgracia, esta ola de la violencia política que no se
detiene tiene mucho que ver no sólo con el gobierno corrupto, represivo que
gobierna Honduras, sino también con el gobierno de los Estados Unidos.
Washington jugó un papel importante en la consolidación del golpe militar de
2009 y continúa suministrando decenas de millones de dólares en ayuda militar y
seguridad anualmente al gobierno.
El 2 de marzo, Berta Cáceres, ex coordinadora general de COPINH y ganadora
del Premio Ambiental Goldman 2015, fue asesinada. Ella había estado trabajando,
con cierto éxito, contra una serie de proyectos ambientalmente destructivos que
proliferaron después del golpe de 2009. Uno de ellos era la presa de Agua Zarca,
que pone en peligro el medio ambiente y los derechos de la comunidad indígena Lenca.
El movimiento que ella ayudó a organizar obligó al mayor productor de presas en
el mundo a retirarse del proyecto, y se ha interrumpido la construcción desde
el año pasado.
Un soldado hondureño posteriormente dijo a los medios que Berta había sido designada
como objetivo de los militares para ser asesinada. El asesinato de Berta Cáceres
provocó tanta indignación internacional que 42 miembros del Congreso de Estados
Unidos han copatrocinado la Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en
Honduras (HR 5474). La ley demanda, entre otras condiciones, la suspensión de
toda ayuda militar y de seguridad de los EE.UU en Honduras mientras el gobierno
hondureño no proteja a los luchadores sociales y mientras las fuerzas de
seguridad del país sigan perpetrando violaciones de los derechos humanos con impunidad.
Para consternación de los defensores de los derechos humanos en Honduras y
los EE.UU, el 30 de septiembre, el Departamento de Estado certificó que
Honduras había cumplido las condiciones de los derechos humanos vinculadas con
su ayuda militar y de seguridad 2016, contra toda la violenta evidencia que
indica lo contrario. Sin esta certificación, Honduras habría perdido la mitad de
esta ayuda.
La Ley Berta Cáceres, probablemente no pueda ser aprobada en este momento en
el Congreso controlado por los republicanos. Varios líderes republicanos en el
Congreso apoyaron abiertamente el golpe militar de 2009; la administración
Obama se opuso nominalmente, pero tomó otras medidas para ayudar al éxito del
golpe. Por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, escribió en su
libro de 2014, "Hard Choices", que ella trabajó para prevenir que Zelaya,
el depuesto presidente elegido democráticamente, regresara a la presidencia.
Zelaya había tenido éxito en prevenir de la expansión de megaproyectos
destructivos del medio ambiente; él también había presidido una economía que
redujo la desigualdad, la pobreza y el desempleo, y un sustancial aumento del
salario mínimo, antes de ser derrocado. Cabe destacar, que también estaba
trabajando para solucionar los reclamos de los campesinos cuyas tierras en zonas
como el Valle del Aguán habían sido incautadas ilegalmente por los poderosos
barones de la tierra y los propietarios de plantaciones.
El presidente Juan Orlando Hernández se ha negado a reunirse con Salil
Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que condenó el asesinato
de Flores y George. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad de Honduras por
medio del uso excesivo de la fuerza disolvieron una manifestación en protesta
por el mal manejo de la investigación del asesinato de Berta Cáceres por las
autoridades hondureñas. Los movimientos sociales quieren que el gobierno
identifique a los mandamases que son responsables por el asesinato, no sólo a
quienes presionaron el gatillo.
En otra señal de que el imperio de la ley no se aplica a la muerte de
líderes indígenas, el 29 de septiembre se reportó el robo del expediente del
caso Cáceres de la oficina del fiscal. La horrible situación de los derechos
humanos en Honduras, incluyendo la destrucción ambiental de las tierras
indígenas y el continuo flujo de refugiados que huyen de la violencia es el
resultado natural de la caída de un gobierno elegido democráticamente, un
gobierno reformador, y su sustitución por la represión y la militarización.
Por desgracia, en los más altos niveles del "estado de seguridad
nacional" de los EE.UU, Honduras es visto como un peón en el juego del
ajedrez geopolítico de la Segunda Guerra Fría. Posee una de las tantas bases
militares de los Estados Unidos en América Latina. Por lo tanto los numerosos
llamados de casi 100 miembros del Congreso a la vez, para la suspensión de la
ayuda militar y de seguridad hasta que el gobierno ponga fin a la impunidad,
han caído en saco roto.
Esto no cambiará necesariamente si los demócratas ganan el Senado el 8 de
noviembre, pero en cualquier caso hay mucho que el Congreso puede hacer,
incluso ahora. Senadores individuales, por ejemplo, en los comités tales como el
de asignaciones y de relaciones exteriores, pueden hacer que sea enormemente
difícil, y quizás imposible, para que las ayudas de seguridad de los EE.UU sean
desembolsadas a Honduras. Este tipo de obstruccionismo justificado podría poner
una enorme presión sobre el gobierno de Honduras para respetar la vida humana y
los derechos.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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