Podemos, y debemos, abrazar
múltiples verdades al mismo tiempo: que el gobierno de Ortega ha dado grandes
pasos en beneficio de los trabajadores en Nicaragua, que muchos nicaragüenses
han manifestado, y siguen manifestando sus inconformidades con el gobierno de
Ortega, que ha habido un verdadero costo humano que ha costado la vida a
cientos de nicaragüenses como resultado del conflicto, y que Estados Unidos
está tratando de aprovechar este descontento e inestabilidad para su propio
beneficio.
OPINANDO SOBRE EL CONFLICTO
EN NICARAGUA:
LA LARGA BATALLA CONTRA EL
IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE
Por Celina Stien-Della Croce
Hasta el 28 de junio, el número de muertos en Nicaragua había llegado a
285, con más de 1,500 heridos. El país está dividido, tratando de dar sentido a
la violencia y el clima político que lo rodea. En los Estados Unidos, es casi
imposible dar sentido a la historia actual. Parece que hay una sola historia
que es transmitida por el ciclo noticioso tradicional y que se repite
constantemente. Según esta historia, el presidente Daniel Ortega es
autoritario. Él redujo las pensiones. La gente protestó. Ortega respondió
violentamente, matando a un sinnúmero de manifestantes. Ortega debe irse, y
Estados Unidos debe apoyarlo, en nombre de la democracia. Pero la realidad rara
vez es así de simple. Este artículo no es una defensa de la administración de
Ortega. No busca condonar o pasar por alto las muertes recientes. Es un intento
de un ser humano hacia otro para empujar contra las paredes de esta caja de
resonancia y dar contexto histórico al conflicto actual.
La desinformación (o, en el mejor de los casos, la cuidadosa selección de
los hechos) en torno a las recientes protestas comienza con los recortes a las
pensiones que desencadenaron el conflicto. Contrario a la historia actual, las
propuestas de las pensiones no se originaron con la administración de Ortega.
En respuesta al déficit presupuestario del Fondo de Seguridad Social de
Nicaragua (INSS), el FMI propuso recortar los beneficios en un 20% y elevar la
edad de jubilación de 60 a 63 (o incluso 65), entre otros cambios. La
administración de Ortega rechazó las severas medidas de austeridad del FMI y en
su lugar propuso recortar las pensiones en un 5% y aumentar las contribuciones de
los empleadores al INSS en un 3.5% y de los empleados en un 0,7%. La propuesta
de Ortega recortó las pensiones a tasas mucho más bajas que el plan sugerido
por la política del FMI, pero de alguna manera el FMI parece haber escapado a
la culpa en el relato en torno a las protestas. No nos dejemos engañar: el FMI
y la agenda neoliberal en general tienen una larga historia de elaboración de
políticas que empobrecen a la gente común y amplían las brechas de desigualdad
en todo el Sur Global. Nicaragua no es una excepción
Daniel Ortega ha sido durante mucho tiempo un enemigo de los Estados Unidos
y su agenda imperialista. Ortega fue parte de la Revolución Sandinista que derrocó
a la dictadura de 40 años de Somoza, respaldada por Estados Unidos, en 1979.
Los sandinistas permanecieron en el poder durante 19 años bajo el liderazgo de
Ortega, tiempo durante el cual las tasas de analfabetismo cayeron casi un 40%. Los
sandinistas perdieron las elecciones en 1990, allanando el camino para 17 años
de administraciones neoliberales. En 2006, Ortega una vez más ganó las
elecciones presidenciales. Desde que asumió el cargo en 2007, la pobreza cayó
del 48.3% en 2005 al 24.9% en 2016 después de permanecer prácticamente
inalterable durante la serie de administraciones neoliberales que siguieron a
la derrota de 1990 del gobierno sandinista. De 2006 a 2017, el PIB aumentó en
un 38 por ciento. Ortega ha disfrutado de altos índices de popularidad, pero
decir que la gente de Nicaragua lo ama de manera incondicional sería una
mentira. Su record es complicado: lo era antes de las protestas, e incluso más
ahora. Pero el hecho de que las conquistas logradas por su administración hayan
sido ignoradas por gran parte de la cobertura de las protestas más recientes en
Nicaragua da lugar a una pregunta más amplia, que nada tiene que ver con los
deseos y demandas del pueblo nicaragüense. El conflicto en Nicaragua no es
blanco y negro: es posible que el pueblo de Nicaragua este inconforme con
Ortega, y también que hay otros factores en juego que hacen eco de las
tendencias más amplias de una intervención imperialista y una agenda neoliberal
en toda América Latina propagada por los EE. UU, más recientemente en Brasil y
Venezuela.
Como informó recientemente Tricontinental (Institute for Social Research),
Estados Unidos está librando una "guerra no convencional" contra
Venezuela y en toda la región, utilizando sanciones económicas, la manipulación
de la opinión pública y otros maquinaciones para insertar una agenda neoliberal
bajo el pretexto del humanitarismo, "librando una guerra que tiene la
particularidad de que a veces parecen ser movilizaciones por los derechos de
los ciudadanos". Estas "guerras no convencionales" proporcionan
un contexto importante para entender las protestas y su relación con la
violencia en Nicaragua. Estados Unidos, a través de sanciones económicas y
otros medios, ha creado en gran parte la crisis en Venezuela, y posteriormente
utilizó las consecuencias como pretexto para la intervención. La autodeterminación
es una amenaza para los intereses corporativos y estadounidenses que podrían
beneficiarse de los recursos naturales, los acuerdos comerciales y la mano de
obra barata en la región. En el caso de Nicaragua, la administración de Daniel
Ortega se ha alineado con el gobierno izquierdista venezolano, alzando el puño
a la bestia del imperialismo estadounidense. Es de valientes mirar al
imperialismo estadounidense a los ojos (según Tricontinental: Institute for Social Researches In the Ruins of the Present, Estados
Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo con $611,200 millones por año),
pero no deja de tener sus consecuencias.
Occidente ha demostrado que las afirmaciones de Venezuela y Nicaragua de
que tienen derecho a actuar independientemente de los intereses estadounidenses
y occidentales no será tolerado, principalmente en la medida en que se atrevan
a utilizar los recursos de esos países para invertir en el bienestar de su
propia gente a expensas de las ganancias de las corporaciones multinacionales.
Estados Unidos ha dejado en claro que habrá consecuencias para cualquier
gobierno que se atreva a desafiar su autoridad. Con este fin, Estados Unidos impulsa
la Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017 o Ley de Condicionamiento
de Inversión Nicaragüense de 2017 (también conocida como la Ley NICA), que
busca bloquear el acceso del país a préstamos internacionales, todo bajo el
pretexto de la democracia y el humanitarismo (a pesar de que estos préstamos se
utilizan en gran medida para la salud, la educación y el gasto social). La Ley
NICA ha sido interpretada por muchos como una forma de castigar a Nicaragua por
su alianza con Venezuela y su desviación de los deseos del imperialismo y la
hegemonía estadounidenses. Para los Estados Unidos, esto no tiene nada que ver
con la democracia. No tiene nada que ver con los recortes a las pensiones. No
tiene nada que ver con apoyar los reclamos reales que el pueblo nicaragüense tiene
en contra de su gobierno.
El argumento estadounidense sobre Nicaragua es un reflejo cercano de las
"guerras no convencionales" en Venezuela y Brasil, ocultándose detrás
de un relato manufacturado de necesidad humanitaria y utilizado un shock
sistemático como una oportunidad para insertar una agenda neoliberal. Como han
indicado el periodista Max Blumenthal y otros, el gobierno de los Estados
Unidos ha inyectado una gran cantidad de dinero en el movimiento de protesta
anti-Ortega (incluidos algunos grupos de manifestantes, medios de comunicación
y otros grupos anti-Ortega), en gran parte a través del National Endowment for
Democracy (NED) y USAID. Recientemente, un grupo de líderes estudiantiles de
las protestas realizó un viaje a los Estados Unidos financiado por Freedom
House, un socio de la NED financiado por el gobierno de EE.UU, y se reunió con
los senadores conservadores Marco Rubio, Ted Cruz e Ileana Ros-Lehtinen para
solicitar apoyo (los mismos tres que recientemente volvieron a presentar la Ley
NICA en abril). Si bien las intenciones de los estudiantes y la realidad sobre
el terreno son confusas en el mejor de los casos, las intenciones del
imperialismo estadounidense no podrían ser más claras.
No debemos olvidar que Estados Unidos tiene una larga historia de
intromisión en América Latina y de apoyo al cambio de régimen para promover sus
propios intereses económicos. En Nicaragua, Estados Unidos apoyó la brutal
dictadura de Somoza y financió a los Contras de derecha en un intento por
derrotar a los sandinistas durante el icónico escándalo Irán-Contras. Con esta
historia en mente, ¿debemos de creer que en realidad el gobierno de los EE.UU
alberga las mejores intenciones para con el
pueblo nicaragüense? ¿Están preocupados sobre las quejas de la gente con
Ortega, o hay algo más en juego?
Podemos, y debemos, abrazar múltiples verdades al mismo tiempo: que el
gobierno de Ortega ha dado grandes pasos en beneficio de los trabajadores en
Nicaragua, que muchos nicaragüenses han manifestado, y siguen manifestando sus
inconformidades con el gobierno de Ortega, que ha habido un verdadero costo
humano que ha costado la vida a cientos de nicaragüenses como resultado del
conflicto, y que Estados Unidos está tratando de aprovechar este descontento e
inestabilidad para su propio beneficio. El impulso a la Ley NICA y la
financiación de grupos de oposición le dan fuerza a cualquier sospecha que los
historiadores puedan haber tenido. Sabemos lo que quiere EE.UU. Pero debemos
permitirle a la gente de Nicaragua trazar su propio destino, ser los hacedores
de su propia historia y tener la esperanza de una paz y un futuro que esté
libre de la presión sofocante del imperialismo estadounidense.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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