El siguiente artículo
es una trascripción en español del original en inglés publicado por la revista electrónica Counterpunch el 27 de enero del
2012, escrito por Paul Imison, desde la Ciudad de México.
Violencia asuela Centro América
Por Paul Imison, Ciudad de México
Mientras que México acapara los
titulares por el elevado número de muertes y el violento accionar de los
carteles de la droga, el verdadero baño de sangre está teniendo lugar más al
sur. Las pequeñas naciones de Guatemala y El Salvador están experimentando
peores niveles de violencia desde las guerras civiles en la década de
los 80, en tanto Honduras, con 86 homicidios por cada 100,000 habitantes es
actualmente la capital mundial de ese tipo de crímenes. Una tasa cinco veces superior a la de México. La
violencia se ha extendido, inclusive, hasta en la relativamente calmada Costa
Rica, que ha visto como desde el 2004, la tasa de asesinatos relacionados con
el narcotráfico se ha duplicado. Como resultado, Washington está alentando a
sus aliados en la región, mayormente del ala derechista, a implementar las
mismas políticas de militarización que ha devastado a Colombia y México.
Originalmente, Centro América estaba incluida en el paquete de seguridad de la
Iniciativa de Mérida, firmado por la administración de Bush en el 2008, que
prometió $1.6 billones de ayuda para la región en los próximos 2 años; la mayor
parte de esa ayuda se fue para México. A partir del 2010 la ayuda para la
región se ha manejado bajo la Iniciativa de Seguridad Regional para Centro América
(CARSI), una ramificación del Sistema de Integración para Centro América
(SICA). Como ha sucedido con México, la mayor parte de esa ayuda retorna directamente a los Estados
Unidos, para la compra de equipo y para proveer entrenamiento a los militares y
policías de la región. El año pasado, la Secretaria de Estado Hillary Clinton
anunció un presupuesto de $1 billón para CARSI, incluyendo $300 millones como
contribución de los Estados Unidos. El Banco Inter Americano de Desarrollo
(BID) hará efectivo el resto por medio de préstamos. Por su puesto, es un
negocio en donde hay muy buena ganancias de por medio. El ultra derechista ex
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anda actualmente de gira por Centro
América promoviendo los servicios de la firma Continental Security &
Interactive Solutions (CIS) basada en Virginia. Uribe muy agradecido por el
irrestricto apoyo que Washington le otorgó a su autoritario régimen, está
promoviendo el uso de seguridad al estilo de la compañía Blackwater para
combatir el crimen en la región. Los Estados Unidos conjuntamente con
Colombia se encargarán de entrenar las unidades de policía en una nueva base
en Panamá, en donde la infame Escuela de las Américas estuvo localizada.
La meta de la aún por nombrar academia, es la de entrenar a las fuerzas
de policía de la región en el control de la frontera, operaciones antinarcóticos
y el “combate de las personas indocumentadas".
CARSI, naturalmente, viene empaquetada
en la grandiosa retórica de la “seguridad ciudadana” y de gobiernos
“fuertes,” “capaces y responsables”. Pero Centro América es una región asolada
por la pobreza, empeorada por la reciente liberalización de sus economías de
acuerdo a los lineamientos de tratado de “libre comercio”, NAFTA. Veinte años
después de los sangrientos conflictos de la era de la Guerra Fría, la
resistencia civil es todavía enfrentada con violencia por los mismos militares,
la policía y las firmas privadas de seguridad que la administración de Obama
planea fortalecer.
Actualizando la guerra contra las drogas
El reciente resurgimiento de la violencia en
Centro América, sin duda está ligada al negocio ilegal de las drogas. Según
Washington, 84% del tráfico de cocaína proveniente de Sur América hacia
los Estados Unidos pasa por el corredor centroamericano. En el 2006 la cantidad
que se traficaba equivalía al 23% del total. En mayo del 2011, en una finca del
Peten, 27 personas fueron masacradas y decapitadas por la pandilla de
narcotraficantes mexicanos los Zetas, quienes han cometido atrocidades
similares en casa. Está bien documentado que, las “guerras contra las drogas”
en México y Colombia han resultado en fracasos colosales, tanto en eliminar el
negocio de la droga, como en términos de seguridad. Desde el 2006, cundo el
Presidente Felipe Calderón militarizó el combate a las drogas, México ha visto
al menos 50,000 asesinatos relacionados con las actividades de los carteles de
la droga. Ayudados por la cultura de la corrupción e impunidad, los carteles se
han militarizado mientras que el flujo de drogas continúa sin interrupción. La
supresión del crimen organizado tiene raíces muy profundas en la política de
los Estados Unidas sobre América Latina. Mientras que en la última década
Washington ha perdido mucha de su influencia en Sur América, gracias a la
emergencia de gobiernos progresistas e independientes, México, Centro América y
las naciones del Caribe (menos Cuba) están atrapadas en un lucrativo Tratado de
Libre Comercio que le significan a los inversores estadounidenses jugosas
ganancias en billones de dólares. El Tratado de Libre
Comercio para Centro América (CAFTA) fue implementado a lo largo de la región
en el 2006 (el año pasado Panamá firmó por separado un tratado de libre
comercio con los Estados Unidos). CAFTA, como una variante del NAFTA, que ha
dejado en ruinas la agricultura mexicana como consecuencia del subsidio de las
importaciones, fue en muchas maneras, un premio de consolación para Washington
después de que la propuesta de un Tratado de Libre Comercio para toda el área
de las Américas fuera bloqueado por los gobiernos izquierdistas de la región en
el 2003. Como sucede con el NAFTA, la oposición política y las protestas
contra el CAFTA apenas son reportadas en los medios de prensa norteamericanos.
No es una coincidencia que los representantes de México, Colombia y Centro
América se hayan reunido para discutir asuntos de integración regional, a
escasos días de que tuviera lugar en Venezuela la reunión inaugural de los
países que forman la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe
(CELAC), un nuevo bloque regional que busca servir de contrapeso al dominio
estadounidense en el hemisferio.
Numerosos estudios
han establecido la relación existente entre las política neoliberales del
NAFTA y CAFTA con el crecimiento del tráfico ilegal de drogas. Los
agricultores mexicanos ante la competencia desigual de los productores
norteamericanos están optando por el cultivo de la mariguana, al igual que los
pescadores costarricenses, que ante la inutilidad de su labor no tienen otra
opción que dedicarse al contrabando de cocaína. Las mismas políticas
neoliberales que han favorecido la explotación minera, al sector de la energía
y a las corporaciones agroindustriales han causado enormes
desplazamientos de personas en las aéreas rurales. En México, Colombia y
Centro América, las organizaciones sociales y laborales que se oponen a las políticas
neoliberales han sido víctimas de violentos ataques por parte de las fuerzas de
seguridad, paramilitares y de las bandas del crimen organizado.
“Nuestros
bastardos”
Honduras es el más
claro ejemplo de un “sólido y responsable” gobierno centroamericano reprimiendo
violentamente a sus propios ciudadanos. El país ha vivido una brutal ola
represiva desde el golpe de estado que, apoyado por la Administración de Obama,
depuso al legítimo gobierno de Manuel Zelaya en junio del 2009. Después
de asumir la presidencia en el 2010, Porfirio Lobo, con el apoyo de los Estados
Unidos y de la extrema derecha hondureña, el abuso a los derechos humanos, la
persecución y eliminación de los grupos de disidentes ha aumentado
significativamente. Conjuntamente con su estratosférica tasa de homicidios,
Honduras ha sido declarada por la organización Reporters Without Borders,
como el país más peligroso en el mundo para los periodistas. En los últimos dos
años alrededor de 120 activistas políticos, sociales y laborales han sido asesinados.
Para sorpresa de los defensores de los derechos humanos, Washington repetida y
descaradamente ha elogiado al gobierno de Lobo por sus “prácticas
democráticas” y “compromiso con la reconciliación". Como
en la era de la Guerra Fría, la remoción de Manuel Zelaya por las elites
hondureñas fue el resultado de las políticas implementadas por Zelaya, que
chocaban con los intereses de los grandes latifundistas hondureños y de los
inversionistas estadounidenses.
En Guatemala, el
nuevo presidente Otto Pérez Molina, inmediatamente hizo un llamado para que las
fuerzas militares asuman poderes policiales, declarando que las fuerzas
policiales en todo el país han sido infiltradas por los carteles mexicanos de
la droga, los Zetas. Pérez Molina, un ex general y graduado de la Escuela de
las Américas, jugó un papel prominente en la violenta represión y tortura
de miles de ciudadanos guatemaltecos en los momentos más álgidos de la
sangrienta guerra civil, en la década de los 80. El presidente saliente Álvaro
Colom afirmo que los Zetas controlan entre siete y ocho departamentos o
sea 35 ó 40% de nuestro territorio. Después de la masacre en Peten, la
Secretaría de Seguridad Pública de México hizo mención a la relación existente
entre los Zetas y ex miembros, así como miembros actuales, de los
Kaibiles; Fuerzas Especiales entrenadas por los Estados Unidos. Esto no debería
ser una sorpresa dado que los Zetas fue fundada por unidades de mercenarios de
las Fuerzas Especiales de México. Pérez Molina y otras figuras de su gabinete
han sido también instrumentos en impedir el normal funcionamiento de la
Comision Internacional Contra la Impunidad (CICIG) apadrinada por la ONU con el
objetivo de combatir la corrupción y poder llevar a juicio a los violadores de
los derechos humanos, acaecidos durante el período de la Guerra Civil.
Increíblemente, el nuevo presidente ha declarado que ninguna masacre,
violaciones a los derechos humanos o genocidio tuvo lugar en Guatemala durante
el conflicto armado que dejo más 200,000 guatemaltecos muertos o desaparecidos.
Respecto a El
Salvador, Washington se ha rehusado liberar los fondos del CARSI para el país
hasta que el Presidente Mauricio Funes nombre a u nuevo ministro de seguridad.
Manuel Melgar. El ministro saliente es un ex comandante del FMLN. Washington
prefiere en el cargo al ex general David Munguía Payes, quien sería el
primer militar en ocupar un alto cargo civil, desde la firma de los acuerdos de
paz de 1992.
Todo indica que la
intención de los Estados Unidos, es restaurar en el poder a los mismos
militares causantes de amplias y bien documentadas atrocidades en Centro
América durante la Guerra Fría. Esta vez, la excusa no es la expansión
Soviética, sino el trafico de drogas. Sin embargo, el enemigo real sigue siendo
el mismo, gobiernos independientes, socialdemócratas que buscan poner las
necesidades de sus pueblos por encima de los intereses de los grande
inversionistas foráneos.
La política de la
“Guerra contra las Drogas,” no tiene sentido cuando se mira el desastre que las
tropas han causado en México, desde el momento que se les puso en las calles
para combatir el narcotráfico en el 2006. Pero si ha sido muy redituable
para la industria de la defensa de los Estados Unidos, al tiempo que
sirve para consolidar la influencia de Washington, en lo que siempre ha
considerado como su “patio trasero”.
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