PELIGROSAS ACUSACIONES
POR MIGUEL ÁNGEL ALBIZÚREZ
INTRODUCCIÓN
Hay una agenda oculta en el gobierno de Otto Pérez Molina, con el mismo diseño de la década de los años 80, cuando el ejército de Guatemala cumplía el triste papel de custodio de los intereses de la oligarquía agraria guatemalteca, desencadenando acciones represivas en contra de los campesinos pobres de Panzós, Alta Verapaz o la aldea Choatalum, de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, en 1982. Las grandes haciendas terratenientes han funcionado siempre como auténticos feudos medievales donde un señor (el finquero) tiene con poder sobre la vida y los bienes de los humildes campesinos que trabajan en su propiedad y en lo que no les pertenece, tal como lo demuestra el hecho de destruir los cultivos de supervivencia de estas humildes hermanos quekchís que se han opuesto a la venta de sus tierras y que los familiares de la mujer de Oscar Berger (los Widman) las codician para expandir sus cultivos de palma africana para la producción de biocombustibles. Aquí se está viviendo desde el gobierno “socialdemócrata” de Alvaro Colom (una tragedia con saldo de muertos) que el débil y asustadizo ex mandatario no quiso o no pudo enfrentar. Hay optimismo en la población con las actuales medidas de Otto Pérez Molina, pero si esas acciones pasan por su aval, bueno, estamos hablando de dobles caras que le harán, a futuro -si no corrige- un gobierno despreciable más. Luciano Castro Barillas.
PELIGROSAS ACUSACIONES
En
la comunidad agrícola El Regadío quedó claro al servicio de quien están las autoridades
de Gobernación y lo que están dispuestas a hacer para impedir la lucha y
resistencia de las comunidades contra los abusos de los finqueros y la
utilización de los recursos naturales en beneficio de unos pocos, pues contra
una comunidad y sus líderes, sí es posible que el Viceministro de Gobernación
Julio Rivera Clavería, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, con cientos de
efectivos militares, carros y helicópteros, se hagan presentes y lancen acusaciones
y amenazas contra los pobladores.
Hoy,
ante la incapacidad de resolver los problemas en el agro, se continúa con la
práctica de criminalizar los conflictos sociales y de ponerse a las órdenes de
los finqueros. Ese tipo de acciones no las hemos visto ante las amenazas y
hechos sangrientos en las Verapaces, ni ante el grupo armado de la empresa Chabil Utzaj, de la familia Widman (de
la mujer de Oscar Berger), responsables de la destrucción y quema de casas y
sembradíos, así como de la muerte de varios campesinos en la región del río
Polochic.
Qué
fácil es para el Viceministro decir que “hay
líderes negativos que están relacionados con el narcotráfico, el contrabando y
el crimen organizado” y hacer esas mismas acusaciones contra el periodista
español Ricardo Busquets, así como de estar manipulando, quienes
actuaron por la captura de uno de sus dirigentes. Tal como lo señala el Comité
de Unidad Campesina, CUC, que en este caso se está ocultando la verdad y
tergiversando los hechos en beneficio de los terratenientes y particulares, ya
que no se dice nada que Felipe Gutiérrez y miembros de la comunidad El Regadío
fueron atacados en noviembre de 2011, por miembros de la seguridad del
terrateniente Pedro Brol que pretende apoderarse de un nacimiento de agua para
usarlo en la hidroeléctrica Palo Viejo II, operado por la transnacional Enel y
que el 13 de febrero pasado, guardias de seguridad de Pedro Brol destruyeron
más de 50 manzanas de frijol y maíz.
Lo
que hoy sucede nos hace recordar que a finales de los años 80, los miembros de
las Brigadas de Paz Internacionales fueron acusados de comunistas y tuvieron
que abandonar el país ante el peligro de perder la vida. Hoy no se acusa de
guerrilleros ni de comunistas, sino de narcos para justificar la represión y es
por ello que el movimiento social debe unir fuerzas y condenar ese tipo de
actitudes y declaraciones sin fundamento que hacen las autoridades y que no
contribuyen a resolver la problemática agraria.
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