La noche del 26 de
septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde
igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros
43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e
incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística,
basada en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia: El
ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o
franca colaboración del Ejército.
IGUALA: LA HISTORIA NO
OFICIAL
Por Anabel Hernández y Steve Fisher
Revista Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014
Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero,
durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una
sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.
Un trabajo realizado con el apoyo del
Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en
Berkeley con base en testimonios, audiovideos, informes inéditos y
declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y
directamente en el atentado.
Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de
Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido
específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba
parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela,
y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación
Política e Ideológica (COPI).
Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los
estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los
Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino
ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras
Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes
federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y
testimonios obtenidos revelan una historia diferente.
Audiovideos
captados por testigos del ataque a normalistas de Ayotzinapa:
Un informe inédito del
gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de
Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los
hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las
instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por
agentes de las administraciones estatal y federal.
El documento reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas
partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía
Estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los
estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base
de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue
informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el
C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.
El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General
de Guerrero ordenó a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos
del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida del personal de su
base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento
usado del 24 al 28 de septiembre.
De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó
esa documentación. El 4 de octubre, ante la presión política el gobierno de
Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique
Peña Nieto tiene el control de la investigación.
Los videos
Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus
teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican
claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los policías… se quedan
los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la advertencia de un
estudiante que se escucha en una de las grabaciones.
En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido
atacados por la PF.
El 11 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista
México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y mataron a los
estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El
expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron detenidos y
golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero y por la PF.
Hasta ahora el gobierno de
Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de
la PF y el Ejército en los acontecimientos.
La tarjeta informativa número 02370, firmada por el coordinador operativo
de la región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de
Guerrero, José Adame Bautista, fechada
el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas “reportaron vía telefónica
desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella
de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural
Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”.
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una
hora por carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres
niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto indica
que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.
La tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las
20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí
y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera federal
Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y Federal.
“Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más,
se trasladó a la caseta en mención, lugar donde se coordinó con personal de la
Policía Federal sector Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos
con cinco elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las
actividades de dichos estudiantes”, señala el documento.
El informe de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal
concluyó a las ocho de la noche –dos horas antes de que los estudiantes entraran
a la ciudad–, según declaraciones judiciales de la averiguación previa
HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense –de la cual se tiene
copia– y testimonios obtenidos por este semanario.
Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado
por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que este año a su
escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales
fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a
Iguala ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra la versión de
la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían intención
de protestar contra el alcalde o su esposa.
Sostiene que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas
tomaron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les
daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación,
encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus compañeros para
pedir ayuda.
Los refuerzos llegaron y rompieron la puerta del camión para sacar a sus
compañeros. “Se armó el jaleo y llamaron a la policía”, apunta Omar. De la
central tomaron otros camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres
debían tomar hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta.
Testigos afirman que cerca
de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle
Juan N. Álvarez y a la
altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que
manejaba el primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración
judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a
Chilpancingo.
Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía
municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible asalto
acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos estudiantes que
supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro
Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo heridos.
Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos
siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.
Federales
El ahora exsecretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe
Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las
21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los estudiantes estaban
tomando camiones. Aseguró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes,
jefe de la base de la PF, quien le dijo que estaría alerta.
“A las 21:30 horas los
radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me
hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han
recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses
Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta
informativa.
Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo
recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a
las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de
vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun
cuando la Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron
entregadas.
En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala
recibió el reporte de “detonaciones de arma de fuego”. Según Adame Bautista su
policía no atendió la contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención
y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.
Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien
trabajaba en el Palacio Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en
entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema Nacional de
Seguridad Pública, controlado por la Segob. Afirma categórico que todos los
reportes que llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y a las
instancias federales de seguridad.
El pasado 7 de noviembre el
procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de la
central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca
quien ordenó el ataque a los estudiantes. De acuerdo con la copia obtenida por este
semanario de la “orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de
los Servicios Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese
nombre.
Los documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el
senador priista Omar Fayad –cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo
ocurrido en Iguala– recibieron el informe pormenorizado del gobierno de
Guerrero.
El segundo ataque
El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de
Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon las llantas
y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En
una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos
fuegos, sin posibilidad de escapar.
Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les
dispararon. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el
cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza.
Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se
escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla
agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los estudiantes
reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos.
El tercer autobús fue el más dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados
de sangre, como se ve en las fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de
ahí de donde se llevaron a algunos de los 43 desaparecidos.
El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo
ataque “policías municipales” bajaron a sus compañeros y en el costado
izquierdo del camión los tenían sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías eran
alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un
rato en el suelo”.
Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de “patrullas
municipales” y “más patrullas”, y afirman que algunos atacantes estaban
equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una
patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los
encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se
investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma
parte de los objetos asegurados por la fiscalía.
“Pregunté quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome
los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente
fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les
obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla
a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de que intentaron mover
la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que
dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó
muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo que los demás
compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las
balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros
se tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una
esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los federales
empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos”,
declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez.
Un testigo entrevistado por Proceso señala que fue a ver qué pasaba. Cuando
llegó, la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas largas,
uniformes oscuros y se fijó en el detalle de que no usaban pantalones como los
de los policías municipales. Uno de los videos revisados por los reporteros
demuestra que entre los atacantes sí había agentes de la PF.
Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron
durante los tres ataques ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, pero no fue
posible localizarlos pues a la mayoría de ellos sus padres los sacaron de la
escuela poco después de que los jóvenes declararon ante las autoridades, la
mañana del 27 de septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres
falsos.
Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los desaparecidos,
dice a Proceso que tras el ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un
inicio los estudiantes declararon que la PF participo en el ataque. En los
últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR
para dar más detalles de la participación en los hechos de la PF y el Ejército.
Municipales y Ejército
La base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un
callejón. La PGR sostuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron trasladados
ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros Unidos.
La base tiene una sola entrada y por su portón no caben las camionetas con
roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verificó pues la PF, que ahora
resguarda esas instalaciones, usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden
pasar. Los detenidos son bajados en la calle y entran caminando.
Por dentro las oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y
todas tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también
tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no haber
visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche.
Ante diputados federales, el
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el
27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los
militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban
en la zona cuando todo pasó.
Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del
que sólo se conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a
la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares.
Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el
pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a inspeccionar las celdas,
oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de
que se supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa.
El 21 de noviembre Bernabé García fue citado a declarar por primera vez por
una autoridad desde que ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el
capitán Crespo y afirmó que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados
a la base de la Policía Municipal.
El 30 de octubre a las afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a
Peña Nieto supuestamente firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta
se responsabilizó de la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa,
entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen
organizado.
A las 23:00 horas Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a
Iguala luego de recibir llamadas de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora
sin disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas llamaron a la prensa
y mientras daban una conferencia en la esquina del Periférico y Juan N.
Álvarez, un comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando echaron a
correr hubo varios heridos y dos estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y
Yosivani Guerrero.
El cuerpo de Julio César Mondragón, el tercer estudiante asesinado,
apareció al día siguiente en las inmediaciones del C4 con el rostro desollado y
con un globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y según la necropsia
murió por fractura de cráneo.
García dice a este semanario que quienes dispararon era gente entrenada:
“Es obvio que era gente muy capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en
muchos lugares”, afirma.
“El Ejército llegó rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de que
iban, no sé, contra delincuentes, nos acusó de que estábamos allanando morada,
que nos iban a llevar a todos, pues que éramos delincuentes”. Señala que los
obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron
fotografías y les pidieron sus nombres reales.
“‘No quiero que me den nombres falsos porque si me dan un nombre falso,
nunca los van a encontrar’. Eso lo dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos
estaban insinuando que nos iban a desaparecer o que nos iban a tener en algún
lugar”.
Simultáneamente al tercer ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los
camiones de normalistas que tomó hacia Periférico Sur. De acuerdo con el
informe de la Fiscalía de Guerrero, el camión Estrella de Oro fue atacado en el
tramo Iguala-Mezcala, tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron
piedras, un suéter, un pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y
residuos de gas lacrimógeno, el cual tampoco usa la policía de Iguala.
Tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en
Iguala, Luis Antonio Dorantes y el oficial Víctor Colmenares fueron removidos
de sus cargos, se informó a Proceso en la base policiaca.
Se solicitó a la PGR y a la Segob un comentario sobre la participación de
la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas. En nombre de
la procuraduría, un funcionario aceptó fijar una postura “institucional” y
exigió su anonimato personal.
Dijo que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las
investigaciones continúan y que van a llegar hasta sus últimas consecuencias”.
La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de esa investigación, agregó la fuente, y “por tanto
nada podemos decir”. L
∞∞
Declaraciones a base de
torturas
En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la
Procuraduría General de la República (PGR) prueban
que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y
que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las
policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y
policías federales.
Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros
Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un
restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba
por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias,
acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.
La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros
del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de
Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente.
Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes
estaban muertos, aunque no ofreció pruebas.
Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a
organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un
centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de
Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de
Iguala y al alcalde.
En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de
declarar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia
interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho
centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las
costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo
detuvieron.
Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La
Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la
Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y
de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez
Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo
en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes
por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por
ellos.
El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca
del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general
Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado
El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente
confesó que había matado y quemado a los estudiantes.
Insectos eléctricos
Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la
Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el
arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche,
donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia
organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de
Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez
Salgado y Abarca también.
Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba
hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar
denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las
muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los
glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación
puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano
declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo
detuvieron.
Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario
de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el
27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando
fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de
13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el
muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo
detuvieron y se reservó su derecho a declarar.
La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a
responder que esa institución “desconoce los hechos”.
Publicado Por LaQnadlSol
USA.
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