Los datos contenidos en el informe
investigativo emitido por la Comisión para la Recuperación de la Memoria
Histórica son devastadores: el 97% de los actos de violación de los derechos
humanos fueron cometidos por el ejército, mientras que el 3% correspondió a la
guerrilla. Si se toma en cuenta, que el trabajo de investigación de los actos
criminales cometidos por ambos bandos durante los 36 años de guerra civil, fue
conducido de manera imparcial y sin sesgos premeditados, intentos o acciones
destinados a subvertir los resultados y
la legitimidad de los mismos, solo
pueden tener lugar en un mundo alterno en donde la realidad es constantemente distorsionada.
Como en el mito histórico de las Villas Potemkin. El que se halla elaborado una
lista negra con los nombres de personas ( presuntos terroristas) o que se
quiera remover a la valerosa Fiscal General, por sus acciones destinadas a
enjuiciar a los culpables de crímenes de lesa
humanidad, demuestra ante todo, que los sectores más reaccionarios de la
oligarquía guatemalteca aglutinados en la extrema derecha, no olvidan ni perdonan. Contrario a lo que sucede entre grandes
sectores de la población. Piden borrón y cuenta nueva, demandan el olvido, pero
nunca dejan de ver a sus oponentes, como sus enemigos. Ofrecen como cacahuates
(a los crédulos) el discurso conciliatorio y de tono moderado, con la salvedad
de que ellos no comen de eso. Independientemente de que el presidente electo,
Otto Pérez Molina, directa o indirectamente tenga que ver con este ominoso
capitulo que recién se empieza a escribir, es sumamente importante que se
pronuncie lo más pronto posible y deje en claro de una vez cual es su posición
ante tales sucesos. Se sabe que ya se ha pronunciado a favor de mantener en su
cargo a la Fiscal General, pues según él, está realizando un excelente trabajo.
De ser cierto, implicaría una sonora bofetada al rostro de los intolerantes con
sed de venganza. Pero no hay que pecar de muy ingenuos, estas cosas hay que
apreciarlas dentro del contexto de la realidad
guatemalteca, en donde es siempre necesaria una buena dosis de de
precaución y escepticismo. Marvin
Najarro
LA NUEVA LISTA NEGRA
DE LA ULTRADERECHA
GUATEMALTECA
Segunda Parte
Por Luciano
Castro Barillas
Pues, bien, estimados lectores, el
coronel Ricardo Méndez Ruiz divulgó la noticia sobre el secuestro de su hijo ocurrida
en 1982 en la edición de Prensa Libre del 10 de noviembre de 2011, en un campo
pagado a una página, a raíz de las capturas de altos jefes militares vinculados
con actos de genocidio unos meses atrás (Mario López Fuentes, Bol de la Cruz y Mejía Víctores). La
nota periodística, entre otras cosas, consignaba lo siguiente: Acusa
a 26 ex guerrilleros. Ricardo Méndez Ruiz pide protección. Méndez fue
secuestrado en 1982 en la
Universidad de San Carlos. Ricardo Méndez Ruiz, hijo del
ex Ministro de Gobernación con el mismo nombre, solicitó ayer a la Procuraduría de
Derechos Humanos (PDH) medidas cautelares, pues teme una acción en su contra
por parte de la Fiscal General
Claudia Paz y Paz y de 26 guerrilleros a quienes acusó. Méndez señaló que la
funcionaria es prima de Margarita Hurtado Paz y Paz, a quienes sindica haber
integrado las facciones insurgentes Ejército Guerrillero de los Pobres y
Partido Guatemalteco del Trabajo, organizaciones que formaron parte de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, URNG”.
Por su parte la columnista Margarita
Carrera, en la edición del 1 de diciembre de 2011, puntualiza: “Sin
embargo, en su demanda, señala a una serie de personas que ya no están
militando en partido alguno, pues, a pesar de rencores mutuos, ya se firmó la
paz y no hay indicios de que se inicie otra infame guerra civil, a pesar de la
pobreza y miseria que aún impera. Si bien Méndez no confesó los terribles
crímenes cometidos por él, se atrevió a recordar crímenes de los guerrilleros,
a quienes llama terroristas, pues mataron a altas personalidades”.
Ahora bien, los enfoques, los
niveles de apreciación de la realidad corresponden a la filiación ideológica y
política particular de cada cual, condición que no necesariamente debiera de
descalificar la verdad y la realidad. Las atrocidades -según el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica-
documenta que el 97% de los actos de violación de los derechos humanos
correspondió al ejército y el 3% a la guerrilla. Este informe, dicho sea de
paso, fue una investigación imparcial, por lo tanto no puede imputársele que
sus resultados favorezcan a tal o cual bando. El problema de fondo está en que
se afectó al poder oligárquico en su imagen de moralidad y orden, pues tras 36
años de afirmar que los revolucionarios eran los causantes de las desgracias
nacionales, terroristas y desalmados asesinos, los porcentajes del 97% contra
el 3% dicen toda una verdad.
Ahora bien, estas iniciativas
dirigidas específicamente contra la Fiscal
General y contra la democracia guatemalteca en general, tienen
el objetivo de inhibir el desempeño profesional y ético de Claudia Paz y Paz
Bailey, sin embargo ella declaró que es su obligación de atender la denuncia
presentada ante su despacho. Lo que se busca, pues, es favorecer con la
impunidad a este tipo de personajes y nada mejor que esto ocurra en la
coyuntura -según estas mentalidades
reaccionarias- cuando un militar llega
el poder a partir del 14 de enero de 2012, sin embargo, esa lógica, ese tipo de
racionalidad, está desfasada de la realidad política, de la tendencia
objetiva de la realidad. Es decir, ni la coyuntura nacional ni la
internacional permiten un retorno al pasado en los términos, digamos,
“tradicionales”, tal como ellos lo quisieran. No obstante, la postura no puede
ingenuamente considerarse inocua. Hay suficiente poder económico y política
como para intentar poner en marcha una locura de este cuño. Guatemala sigue
siendo el país de los aparatos clandestinos de seguridad y grupos ilegales
armados, tal la razón de ser y estar en el país la Comisión Internacional
contra la Impunidad ,
auspiciada por las Naciones Unidas. No es Méndez Ruiz el que debiera de temer
por la acusación contra los ex militantes de la insurgencia nacional, sino los
ex guerrilleros, los cuales están por un lado desarmados y por el otro desmovilizados.
Ya no hay un brazo armado revolucionario para hacerle frente al terror
reaccionario, con lo cual se cumple el viejo refrán popular que ahora “los
patos le están disparando a las escopetas”.
Otto Pérez Molina fue el
representante del ejército en los negociaciones políticas que dieron como
resultado los Acuerdos de Paz y representó al bando progresista del ejército
(los militares partidarios de la política de estabilidad nacional auspiciada
por los Estados Unidos), haciéndole frente, no sin dificultades y con una
visión política más amplia, al grupo de militares desalmados, miopes y torpes
que eran partícipes de la doctrina de la seguridad nacional, los cuales
propugnaban por la guerra total de aniquilamiento, principalmente de la
población civil desarmada. Ese tipo de militares son los que están actualmente
siendo procesados. Pérez Molina, pienso, no respondió en su momento a esos
intereses y no lo hará ahora cuando en su calidad de presidente está en la cima
del poder. Posiblemente esos sectores cavernarios dentro del ejército y
afiliados a la doctrina de la seguridad nacional tienen la esperanza de la solidaridad
castrense con la presencia del general en la primera magistratura, lo
cual es poco probable, pues algunos pasos dados por él en el período de
transición da lugar a inferir que quiere
hacer de su gestión algo mejor que las anteriores, por lo cual los luchadores
sociales no deberían alimentar temores por lo que eventualmente podría hacer
Pérez Molina, sino por los grupos que están fuera de su control. Personalmente
creo en el pundonor militar, pues hay dentro del ejército buenos oficiales, con
honradez e integridad, de lo cual doy fe por la amistad con dos de ellos.
Al Ejército de Guatemala le queda un
largo camino por recorrer para recuperar la credibilidad perdida ante las
grandes mayorías del pueblo, pues la instrumentalización de que fue objeto por
muchos años por los políticos marrulleros y ricos trapaceros, echó por los
suelos la imagen del militar que iba y salvaguardaba la prez y la gloria
personal y de la Patria. El
único camino, irremediablemente para los buenos militares, es hacer que se
cumpla la justicia y se fortalezca la democracia con las acciones de ésta. De
lo contrario, seguirá siendo una de las instituciones -junto al Congreso- más desprestigiadas del Estado Guatemalteco.
Publicado por: Marvin Najarro
CT, USA.
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