sábado, 3 de diciembre de 2011

LA NUEVA LISTA NEGRA (PARTE II)



Los datos contenidos en el informe investigativo emitido por la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica son devastadores: el 97% de los actos de violación de los derechos humanos fueron cometidos por el ejército, mientras que el 3% correspondió a la guerrilla. Si se toma en cuenta, que el trabajo de investigación de los actos criminales cometidos por ambos bandos durante los 36 años de guerra civil, fue conducido de manera imparcial y sin sesgos premeditados, intentos o acciones destinados  a subvertir los resultados y la legitimidad de los mismos,  solo pueden tener lugar en un mundo alterno en donde la realidad es constantemente distorsionada. Como en el mito histórico de las Villas Potemkin. El que se halla elaborado una lista negra con los nombres de personas ( presuntos terroristas) o que se quiera remover a la valerosa Fiscal General, por sus acciones destinadas a enjuiciar a los culpables de crímenes de lesa humanidad, demuestra ante todo, que los sectores más reaccionarios de la oligarquía guatemalteca aglutinados en la extrema derecha, no olvidan ni perdonan. Contrario a lo que sucede entre grandes sectores de la población. Piden borrón y cuenta nueva, demandan el olvido, pero nunca dejan de ver a sus oponentes, como sus enemigos. Ofrecen como cacahuates (a los crédulos) el discurso conciliatorio y de tono moderado, con la salvedad de que ellos no comen de eso. Independientemente de que el presidente electo, Otto Pérez Molina, directa o indirectamente tenga que ver con este ominoso capitulo que recién se empieza a escribir, es sumamente importante que se pronuncie lo más pronto posible y deje en claro de una vez cual es su posición ante tales sucesos. Se sabe que ya se ha pronunciado a favor de mantener en su cargo a la Fiscal General, pues según él, está realizando un excelente trabajo. De ser cierto, implicaría una sonora bofetada al rostro de los intolerantes con sed de venganza. Pero no hay que pecar de muy ingenuos, estas cosas hay que apreciarlas dentro del contexto de la realidad  guatemalteca, en donde es siempre necesaria una buena dosis de de precaución y escepticismo. Marvin Najarro










LA NUEVA LISTA NEGRA
DE LA ULTRADERECHA GUATEMALTECA

Segunda Parte


Por Luciano Castro Barillas


Pues, bien, estimados lectores, el coronel Ricardo Méndez Ruiz divulgó la noticia sobre el secuestro de su hijo ocurrida en 1982 en la edición de Prensa Libre del 10 de noviembre de 2011, en un campo pagado a una página, a raíz de las capturas de altos jefes militares vinculados con actos de genocidio unos meses atrás (Mario López Fuentes, Bol de la Cruz y Mejía Víctores). La nota periodística, entre otras cosas, consignaba lo siguiente: Acusa a 26 ex guerrilleros. Ricardo Méndez Ruiz pide protección. Méndez fue secuestrado en 1982 en la Universidad de San Carlos. Ricardo Méndez Ruiz, hijo del ex Ministro de Gobernación con el mismo nombre, solicitó ayer a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) medidas cautelares, pues teme una acción en su contra por parte de la Fiscal General Claudia Paz y Paz y de 26 guerrilleros a quienes acusó. Méndez señaló que la funcionaria es prima de Margarita Hurtado Paz y Paz, a quienes sindica haber integrado las facciones insurgentes Ejército Guerrillero de los Pobres y Partido Guatemalteco del Trabajo, organizaciones que formaron parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG”.
            
Por su parte la columnista Margarita Carrera, en la edición del 1 de diciembre de 2011, puntualiza: “Sin embargo, en su demanda, señala a una serie de personas que ya no están militando en partido alguno, pues, a pesar de rencores mutuos, ya se firmó la paz y no hay indicios de que se inicie otra infame guerra civil, a pesar de la pobreza y miseria que aún impera. Si bien Méndez no confesó los terribles crímenes cometidos por él, se atrevió a recordar crímenes de los guerrilleros, a quienes llama terroristas, pues mataron a altas personalidades”.
            
Ahora bien, los enfoques, los niveles de apreciación de la realidad corresponden a la filiación ideológica y política particular de cada cual, condición que no necesariamente debiera de descalificar la verdad y la realidad. Las atrocidades  -según el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica- documenta que el 97% de los actos de violación de los derechos humanos correspondió al ejército y el 3% a la guerrilla. Este informe, dicho sea de paso, fue una investigación imparcial, por lo tanto no puede imputársele que sus resultados favorezcan a tal o cual bando. El problema de fondo está en que se afectó al poder oligárquico en su imagen de moralidad y orden, pues tras 36 años de afirmar que los revolucionarios eran los causantes de las desgracias nacionales, terroristas y desalmados asesinos, los porcentajes del 97% contra el 3% dicen toda una verdad.
            
Ahora bien, estas iniciativas dirigidas específicamente contra la Fiscal General y contra la democracia guatemalteca en general, tienen el objetivo de inhibir el desempeño profesional y ético de Claudia Paz y Paz Bailey, sin embargo ella declaró que es su obligación de atender la denuncia presentada ante su despacho. Lo que se busca, pues, es favorecer con la impunidad a este tipo de personajes y nada mejor que esto ocurra en la coyuntura  -según estas mentalidades reaccionarias-  cuando un militar llega el poder a partir del 14 de enero de 2012, sin embargo, esa lógica, ese tipo de racionalidad, está desfasada de la realidad política, de la tendencia objetiva de la realidad. Es decir, ni la coyuntura nacional ni la internacional permiten un retorno al pasado en los términos, digamos, “tradicionales”, tal como ellos lo quisieran. No obstante, la postura no puede ingenuamente considerarse inocua. Hay suficiente poder económico y política como para intentar poner en marcha una locura de este cuño. Guatemala sigue siendo el país de los aparatos clandestinos de seguridad y grupos ilegales armados, tal la razón de ser y estar en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las Naciones Unidas. No es Méndez Ruiz el que debiera de temer por la acusación contra los ex militantes de la insurgencia nacional, sino los ex guerrilleros, los cuales están por un lado desarmados y por el otro desmovilizados. Ya no hay un brazo armado revolucionario para hacerle frente al terror reaccionario, con lo cual se cumple el viejo refrán popular que ahora “los patos le están disparando a las escopetas”.
            
Otto Pérez Molina fue el representante del ejército en los negociaciones políticas que dieron como resultado los Acuerdos de Paz y representó al bando progresista del ejército (los militares partidarios de la política de estabilidad nacional auspiciada por los Estados Unidos), haciéndole frente, no sin dificultades y con una visión política más amplia, al grupo de militares desalmados, miopes y torpes que eran partícipes de la doctrina de la seguridad nacional, los cuales propugnaban por la guerra total de aniquilamiento, principalmente de la población civil desarmada. Ese tipo de militares son los que están actualmente siendo procesados. Pérez Molina, pienso, no respondió en su momento a esos intereses y no lo hará ahora cuando en su calidad de presidente está en la cima del poder. Posiblemente esos sectores cavernarios dentro del ejército y afiliados a la doctrina de la seguridad nacional tienen la esperanza de la solidaridad castrense con la presencia del general en la primera magistratura, lo cual es poco probable, pues algunos pasos dados por él en el período de transición  da lugar a inferir que quiere hacer de su gestión algo mejor que las anteriores, por lo cual los luchadores sociales no deberían alimentar temores por lo que eventualmente podría hacer Pérez Molina, sino por los grupos que están fuera de su control. Personalmente creo en el pundonor militar, pues hay dentro del ejército buenos oficiales, con honradez e integridad, de lo cual doy fe por la amistad con dos de ellos.
            
Al Ejército de Guatemala le queda un largo camino por recorrer para recuperar la credibilidad perdida ante las grandes mayorías del pueblo, pues la instrumentalización de que fue objeto por muchos años por los políticos marrulleros y ricos trapaceros, echó por los suelos la imagen del militar que iba y salvaguardaba la prez y la gloria personal y de la Patria. El único camino, irremediablemente para los buenos militares, es hacer que se cumpla la justicia y se fortalezca la democracia con las acciones de ésta. De lo contrario, seguirá siendo una de las instituciones  -junto al Congreso-  más desprestigiadas del Estado Guatemalteco.





Publicado por: Marvin Najarro
CT, USA.
            

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