Comentando con un amigo a
cerca del exorbitante salario del Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, así como de los también exorbitantes gastos adicionales en los que
el mencionado funcionario incurre en razón del alto cargo que ocupa, el amigo me
decía que lo peor de todo era que esos gastos eran legales o sea que eran
autorizados por el Estado y por lo tanto no cabía cargo de corrupción alguna. Sin embargo, lo
inconcebible de todo ese despilfarro, que no se le puede llamar de otra manera,
se dé en un país tan pobre y necesitado como Guatemala. Pero de eso y más nos
hablará el periodista Valentín Zamora Altamirano, en nota que ustedes estimados
lectores leerán más adelante. Mientras tanto y a continuación resumiré algunos de los aspectos más relevantes y las conclusiones a las que Human Rights
Watch (HRW), en su reporte correspondiente al 2011, llegó a cerca de la
situación de los derechos humanos en Guatemala. El 22o. World Report detalla
las condiciones de los derechos humanos en más de 90 países alrededor del
mundo. Refleja el extenso trabajo investigativo llevado a cabo en el 2011 por
el personal de Human Right Wacht, en cercana colaboración con activistas
locales de los derechos humanos.
Guatemala
Las débiles y corruptas instituciones encargada de hacer efectiva la ley en
Guatemala, han demostrado su incapacidad en contener a los poderosos
grupos del crimen organizado y a las pandillas de criminales que contribuyen a
que el país posea una de las más altas tasas de criminalidad en las Américas.
Los grupos ilegales armados que aparentemente evolucionaron a partir de las
fuerzas contrainsurgentes que operaban durante la guerra civil que termino en
1996, se cree son los responsables de ataques selectivos sobre miembros de la
sociedad civil y de oficiales de justicia.
Aunque la impunidad continua siendo la norma en la violación a los
derechos humanos, en el 2011 se dieron significativos avances en cuanto a la
rendición de cuentas, incluyendo la condena a cuatro ex oficiales por su
participación en una notoria masacre en 1982, así como el primer arresto de un
oficial de alto rango por violaciones a los derechos humanos.
Seguridad pública, conducta policial y el
sistema de justicia criminal
Los grupos ilegales armados y las pandillas
criminales contribuyen significativamente en la violencia e intimidación, que
ellos usan para avanzar sus objetivos políticos e intereses económicos
ilícitos, incluyendo el tráfico de drogas. La policía ha utilizado medidas
represivas para reducir la actividad criminal de las pandillas incluyendo
detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Poderosas y bien
organizadas pandillas de jóvenes como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 han
contribuido al incremento de la violencia. Los carteles mexicanos de la droga,
en particular los Zetas han incidido en los altos niveles de violencia y en la
ingobernabilidad en Guatemala. En diciembre del 2010 el Presidente Álvaro Colom
declaro el estado de sitio y la ley marcial en Alta Verapaz debido a que la
actividad criminal de los Zetas había convertido esa región en
ingobernable. Investigaciones realizadas
por la Oficina del Ombudsman y ONGs han determinado la participación de la policía
en actos de “limpieza social,” matanzas destinadas a eliminar a miembros
de pandillas y criminales. Abusos cometidos por los oficiales de policía,
rutinariamente no son investigados. El sistema judicial de Guatemala ha
demostrado ser incapaz en reducir la violencia y de contener las mafias
criminales y pandillas, De acuerdo a datos oficiales hubo un 95% de
casos de impunidad en crímenes violentos en el 2010. Una policía ineficiente y corrupta, al igual que la fiscalia y el sistema judicial, como también la ausencia de un adecuado programa de
protección de testigos, contribuyen a que Guatemala tenga una alarmante baja tasa en la aplicación de justicia. Adicionalmente, miembros del sistema judicial
constantemente son sujeto de intimidación y ataques. A pesar de estos enormes
obstáculos, en el 2011 hubo un número de exitosas acciones judiciales
mayormente debido al trabajo de la Fiscal General Claudia Paz Y Paz y de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Responsabilidad por los abusos del pasado
Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se
extendió durante 36 años. Sólo unos cuantos de los responsables por las graves
violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil han sido
juzgados. Sin embargo en el 2011 se dio
el primer arresto de un oficial de alto rango por violaciones a los derechos
humanos. En junio el general Héctor Mario López Fuentes fue detenido por su
participación en masacres cometidas en 1982 y 1983.
Derechos laborales y trabajo
infantil
La libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la
negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra
sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas,
hostigamiento y asesinatos. Según datos de la Confederación Sindical Internacional,
16 sindicalistas fueron asesinados durante 2009, y 10 en el 2010. Guatemala
presenta uno de los índices más altos de trabajo infantil de toda América. La
Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16.1% de los
niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en
condiciones inseguras. Algunos de estos niños trabajan en sectores como
construcción y minería o son objeto de explotación sexual.
Violencia sexual y de género
La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la
gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. De acuerdo con
el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres, incluidas
las mujeres transgénero, suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por la
policía de investigación, cuya conducta se caracteriza por la discriminación de
género.
Defensores de derechos humanos.
Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son
habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en
todo el país. Existe una deficiencia rutinaria en investigar a los
responsables. En una rara excepción, en julio del 2011 un tribunal sentencio a
tres años de prisión a un individuo encontrado culpable de amenazar
repetidamente a Norma Cruz Córdoba directora de la Fundación Sobrevivientes, un
grupo que le brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia, y a su compañera de
trabajo Gloria Ayala Pinto. La sentencia fue conmutada al pago de una multa.
EL SALARIO DEL
PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
ES UN INSULTO A LA POBREZA DE
Por Valentín Zamora Altamirano
Los miserables salarios de los trabajadores del
agro guatemalteco, de los miles de obreros en las maquiladoras coreanas y de la
gran mayoría de trabajadores del Estado que integran la baja burocracia
reflejan una realidad contrastante y al mismo tiempo insultante de un país que,
por donde se vaya, sencillamente, ya no se le ve futuro. Las diferencias sociales,
culturales, educativas y económicas son abismales y en tanto no se tomen
medidas reales, sinceras, efectivas y razonables en contra de la inequidad, la
desigualdad y la exclusión; este país no podrá ni hoy ni mañana salir adelante.
La reforma fiscal o sea el esfuerzo por mejorar los ingresos de un Estado
raquítico y famélico, no tendrán los efectos deseados si no se corrige algo muy
importante e inmoral: los salarios exorbitantes de los altos funcionarios
públicos. Los sueldos de los diputados, ministros, instituciones
descentralizadas y autónomas son realmente fuera de la realidad, paranoicos, en
un país que vive de la caridad internacional donde se despilfarra todo: el
dinero propio, el prestado y el regalado. Guatemala es un país totalmente insolvente
en tanto no se corrija situaciones tan espeluznantes como enterarnos que el
Procurador de Derechos Humanos, un gordito hasta ahora simpático, pero elusivo
para rendir cuentas claras al pueblo de Guatemala, quizá porque en su fuero
interno sabe, lo reconoce, que la sola mención de su salario resultaba ofensivo
para la extrema pobreza de la gran mayoría de ciudadanos guatemaltecos que
haciendo auténticos milagros, grandes malabarismos financieros –ingeniería le
dicen elegantemente hoy muchos mafiosos que manejan dineros- logran llegar al
fin de mes comiendo, aunque sean frijoles y tortillas. No tiene la culpa,
responsabilidad legal alguna el Procurador de Derechos Humanos el que le hayan
asignado ese salario, pero sí moral siendo un
magistrado de conciencia. Ya se debió escuchar su voz, porque eso
espera el pueblo pobre de Guatemala, que los altos funcionarios no deben tener
ya esos salarios de países desarrollados y
de superpotencias, en un pequeño país donde la virgen María ya hace
varias décadas no está para tafetanes. El gordito no ha dicho nada en ese
sentido, porque, como dice el viejo refrán: “Si querés conocer a alguien cómo es realmente, tocale el bolsillo”.
Escribo esto porque el día de ayer se divulgó
en todos los medios de comunicación que el Procurador de Derechos Humanos,
Sergio Morales, hacía trampa: no devengaba el salario que decía ganar, sino al
doble. En su página electrónica el procurador mostraba que ganaba Q.50,000.00
quetzales, pero omitía consignar sus gastos de representación, para lo
cual el pueblo de Guatemala le asignaban
muy generosamente otros Q.50,000.00, aunque no representara nada. Aparentaba
ganar un sueldo líquido de Q. 22,684.00 quetzales. Por ejemplo, sus modestos
viáticos del año pasado rondan los Q.438,000.00 por cinco ciudades que visitó
en función de su trabajo, como lo fue estar en Santo Domingo, Madrid, Bogotá,
Ginebra y Miami. Por cierto, según dice el director de comunicación de esa
institución del Estado guatemalteco -Ángel
Ignacio Godoy-, el procurador por asuntos de su complexión o sobrepeso, tiene
que viajar en primera clase, cómodamente sentado, pues.
Debiera
crearse un mecanismo -si cabe- de evaluación del trabajo real y efectivo de
este tipo de funcionario que no goza de la simpatía en amplios sectores de la
población guatemalteca que tienen la percepción que la falta de la debida
aplicación de justicia es resultado de la vigencia de los derechos humanos que
privilegian la protección de los delincuentes y no de las víctimas, lo cual no
es exactamente así, sin embargo, es irremediablemente lo que se piensa.
Creo
que el señor procurador de los derechos humanos debiera emitir una resolución,
una recomendación, haciendo ver que los salarios de los altos funcionarios
deben ser rebajados, pues el que la población desempleada y subempleada y mal pagada contraste sus ingresos con los
del procurador, es fuente también de odio, rencor, frustración y violencia.
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