La impunidad en
Guatemala es un sistema sostenido por cuerpos paralelos en las instituciones de
justicia, integrados por militares, especialistas en inteligencia nacionales y
extranjeros, narcotraficantes y crimen organizado. Estos estamentos de poder
real mantienen el control no sólo de las instituciones sino también de la
población y activan dispositivos que inmediatamente remiten a las experiencias
de terror vividas durante la guerra.
Guatemala
MEMORIAS DESDE EL FUEGO
Por Maya Varinia
Alvarado Chávez
La palabra de las
mujeres en el centro de la búsqueda de justicia
Al iniciar este artículo para la revista Pueblos
hago memoria de varios años de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de
violencia sexual durante el conflicto armado interno en Guatemala. El trabajo
que resumo en estas páginas se ha realizado en alianza con personas y
organizaciones nacionales y con el apoyo solidario de algunas organizaciones
que, como ACSUR - Las Segovias, han sido consecuentes en asumir la causa de la
justicia para las mujeres.
Arrancar este acompañamiento fue complejo e implicó el ejercicio de una
ética que sin la fuente nutricia del paradigma feminista hubiese sido
imposible. Asimismo, implicó la comprensión de significados y significantes
provenientes de la cosmovisión de las mujeres indígenas mayas, que comenzaron a
romper siglos de silencio.
En 2004, Feministas en lo Individual, el Equipo de Estudios Comunitarios y
Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
iniciamos la labor de identificar sobrevivientes de violencia sexual con el
objetivo de abordar la violencia específica contra las mujeres en la guerra.
Fue así como se conformaron grupos de mujeres provenientes de municipios de
tres departamentos de Guatemala: Chimaltenango, Huehuetenango e Izabal.
Alrededor de 73 mujeres cakchiqueles, mames, chujes y queqchíes
permanecieron en los grupos y hoy mantienen vivos sus procesos de
resignificación de lo vivido. Como parte de la metodología, los equipos de
acompañamiento hemos debido realizar junto a ellas nuestros propios procesos de
comprensión de nuestras experiencias individuales y colectivas. Como explicó
Andrea Díez, no podíamos pedirles a las mujeres que hablasen de su
sexualidad y guardar la nuestra en el bolsillo. Esta premisa, base para desarrollar
un abordaje integral del trabajo, implicó el acompañamiento psicosocial, la
sanación-organización, la sensibilización social, la construcción de memoria
histórica y la búsqueda de justicia.
A pesar de las dificultades, la convicción de que el compromiso con las
mujeres requería esa mirada integral nos permitió profundizar en este trabajo
tan necesario como ausente de las agendas de los distintos movimientos sociales
y de las instituciones del Estado.
En búsqueda de justicia
La impunidad en Guatemala es un sistema sostenido por cuerpos paralelos en
las instituciones de justicia, integrados por militares, especialistas en
inteligencia nacionales y extranjeros, narcotraficantes y crimen organizado.
Estos estamentos de poder real mantienen el control no sólo de las
instituciones sino también de la población y activan dispositivos que
inmediatamente remiten a las experiencias de terror vividas durante la guerra.
Todo ello va unido al colonialismo, el militarismo, la imposición de un
sistema económico que genera injusticias de todo tipo. La estrategia de las
clases dominantes y los sectores de poder es invisibilizarlas, naturalizarlas,
justificarlas y normalizarlas. En la actualidad, incluso se produce la negación
o relativización de hechos tan graves como el genocidio maya.
Tribunal de Conciencia
Hacia el año 2009 y ante las dificultades para acceder a la justicia,
UNAMG, ECAP, y una organización de abogadas feministas que se acababa de crear,
Mujeres Transformando el Mundo (MTM), iniciamos la organización de un Tribunal
de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto
Armado en Guatemala. A este esfuerzo se sumaron luego la Coordinadora de Viudas
de Guatemala (CONAVIGUA) y la asociación feminista La Cuerda.
Las experiencias previas de tribunales internacionales y nacionales
alimentaron la expectativa de realizar un acto de justicia simbólica para las
mujeres y de pedagogía jurídica para el Estado. La preparación implicó un año
de consulta continua a las mujeres sobre sus decisiones, así como de peritajes
elaborados por especialistas de distintas disciplinas. La mirada plural sobre
este crimen coadyuvó a ilustrar a la sociedad y las autoridades encargadas de
impartir justicia sobre las posibilidades de conocer, juzgar y condenar la
violencia sexual.
En marzo 2010 se realizó esta acción política con la presencia del
movimiento de mujeres, social y de derechos humanos de Guatemala y otras partes
del mundo. El tribunal estuvo integrado por mujeres victimas de violencia en
Perú, Uganda y Guatemala, así como por una de las organizadoras del Tribunal de
Tokio. Actuaron como fiscales la abogada vasca Juana Balmaceda y la abogada
guatemalteca María Eugenia Solís. La secretaria del tribunal fue Lucía Morán,
directora de MTM. El primer día se conocieron ocho testimonios de mujeres
indígenas y mestizas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto
armado.
El segundo día se escuchó la exposición de los peritajes. El Tribunal finalizó
con la exposición y firma, por parte de testigos de honor, de una resolución
que responsabilizó al Estado por su acción planificada durante la guerra y su
posterior omisión en la persecución de este crimen. La realización de este
tribunal simbólico abrió el camino para la posibilidad de la justicia.
Con su verdad de frente
A raíz del trabajo realizado para el Tribunal de Conciencia fue abriéndose
paso la posibilidad de presentar un caso colectivo ante el sistema de justicia.
La investigación Tejidos que lleva el alma, realizada por
ECAP, UNAMG y feministas independientes en el marco del Consorcio Actoras de
Cambio, señala que la violencia sexual no fue un efecto colateral de la guerra
sino una acción planificada para dañar a las mujeres en tanto actoras sociales
y políticas, así como para romper el tejido social comunitario.
La violencia sexual en la guerra, aunque cumplió el objetivo de aterrorizar
en todas las comunidades donde fue ejecutada por el ejército, tuvo diferentes
modalidades y formas. En el área quekchí fue la esclavitud sexual. Las mujeres de la aldea Sepur Zarco, Puerto Barrios,
sufrieron la detención y desaparición de sus esposos y la muerte de sus hijas e
hijos por hambre. Luego fueron obligadas a acudir planificadamente al
destacamento militar construido en su comunidad para el “descanso” de la tropa,
y ahí lavar, dar de comer a los soldados y ser violadas por estos de manera
continua a lo largo de entre dos y seis años.
Recientemente, del 24 al 28 de septiembre 2012, por primera vez en el mundo
un tribunal nacional, en este caso el Juzgado B de mayor riesgo, ha conocido,
en anticipo de prueba, los testimonios de quince mujeres quekchís de la aldea
Segur Zarco.
Las sobrevivientes demandan una justicia que ha demorado siglos. Debido al estigma,
su palabra no había sido escuchada más que por el fuego que a diario encienden
en sus humildes viviendas para preparar los alimentos de ellas y sus familias.
La palabra de las mujeres está en el centro de este proceso que abre camino
para la justicia no sólo de casos del pasado sino también del presente. A pesar
del riesgo que estas luchas implican, una de las sobrevivientes señaló: “No me
importa morir. Tenía que decir esto para que no se repita”. He aquí su sentir y
el sentido transformador de la justicia.
Maya Varinia Alvarado Chávez es directora ejecutiva de la Unión
Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate –
Primer trimestre de 2013.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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