LA BESTIA Y LOS ECOS DEL PASADO

No es nada que tenga que ver con los cuentos e historias de ficción macabra de Edgar Allan Poe. Son historias de horror y tragedia que en el plano de lo real, de lo que se puede ver, sentir y palpar, involucran la vida de seres humanos de carne y hueso, guatemaltecos desdichados, desechados y criminalizados por una sociedad, o mejor dicho, por el pequeño segmento de esta que rige los destinos de un país al que la mala fortuna de ser el laboratorio donde se ha clonado  el perfecto engendro de lo inhumano, lo tiene sumido en el más profundo agujero de las desgracias humanas. Son personas que el actual sistema económico a diario empuja y obliga a abandonar su tierra y sus familias como autentico desterrados en busca de un mejor porvenir, de un sueño en lejanas tierras, que muchas veces es trágicamente demolido en el trayecto. Son seres humanos a quienes el actual gobierno de Guatemala en su furia privatizadora de todos los recursos naturales violenta sus derechos y justos reclamos, declarándolos como terroristas que se oponen al desarrollo e imponiéndoles Estados de Sitio.

LA BESTIA Y LOS ECOS DE

LAS PESADILLAS DEL PASADO

La infeliz mujer había sido otra de las tanta victimas que a su paso  ha dejado por su ruta demoledora de sueños migrantes, “La Bestia”, el así llamado fatídico tren carguero, transporte de último recurso de los desplazados económicos guatemaltecos y del resto de Centro América que buscan refugio en el Norte distante.

(…) Con su pierna rota y con un dolor atroz, Elvira López Hernández quedó tendida sobre la vía férrea, cuando el tren carguero se desplazaba sobre ella, no pudo más que asirse fuertemente a dos cosas: los durmientes de la vía férrea y el recuerdo de su hija de 4 años de edad que ella había dejado en Guatemala.

“Yo dije: ‘¡Dios mío, no quiero morir! ¡Mi hija!’”

Ella se había resbalado del tren en enero, una de las decenas de migrantes  que viajan como polizones rumbo a los Estados Unidos. Ahora como una amputada yace sentada en un refugio aquí en Ciudad Hidalgo, México. Pero ella no tenía la intención de regresar a la ciudad de Guatemala en donde el crimen y la desesperación son parte del diario vivir;  ella no pierde la esperanza de llegar al norte.

¿Qué puedo hacer?”, dijo ella.

La desesperación es tanta que, a pesar del enorme peligro, nadie habla de querer dejarlo pasar.

“Le tengo miedo al tren, pero es algo que usted tiene que hacer”, dice un migrante que como otros esperan con ansias el paso del animal metálico.

La señora López lo sabe muy bien. Su esposo murió hace cuatro años, quedándose viuda a la edad de 18 años y con una niña de 9 meses de edad.

Sin posibilidades de encontrar un trabajo, ella decidió salir rumbo a Florida para reunirse con su hermano quien había logrado establecerse ahí  unos años antes. Él le aseguró que habían muchos trabajos, como mucamas, niñeras, cocineras, y ella esperaba ganar el suficiente dinero para sostener a su hija y a su familia que cuidaba de ella en su país.

Ella logró llegar a México en donde abordó el tren. Pero después de partir se escucharon gritos, la “İMigra!” y luego el tumulto que la envió rodando bajo el tren.

“Cerré mis ojos y soporté el dolor!”, dijo ella.

Eddie Ventura, un guatemalteco de 31 años de edad quien vende afeitadoras desechables, observaba de pie sobre el puente del rio Suchiate en lado guatemalteco de la frontera. Su pierna prostética, una donación de hace mucho tiempo, descansaba sobre un barandal; él al igual que la señora López Hernández había perdido su pierna después de caer del tren, y ahora el observa a sus compatriotas jugarse su suerte.

“Ellos no saben lo que les espera”, dijo el señor Ventura, moviendo su cabeza.

Sin embargo, él no se ha dado por vencido.

“Todavía pienso en llegar a ese país”, dijo él refiriéndose a los Estados Unidos.

Ecos de las pesadillas del pasado

Estos eventos guardan una sorprendente semejanza con el pasado.

A finales del mes de febrero, Tomás Quej, un líder indígena kekchí, fue secuestrado y baleado en la cabeza. En marzo 8, Carlos Antonio Hernández Mendoza un franco proponente de los derechos de los pueblos indígenas fue baleado el 8 de marzo. Tres días más tarde, Jerónimo Sol Ajcot, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, fue detenido por seis hombres enmascarados fuertemente armados quienes luego le dispararon, dejando muerto al líder comunitario de 68 años de edad.

En marzo 17, Exaltación Marcos Ucelo, miembro del Parlamento Xinca, y otros tres miembros  de la comunidad indígena Xinca que había votado abrumadoramente contra un proyecto de minería, fueron secuestrados por doce hombres fuertemente armados. Dos escaparon con heridas y otro fue liberado. Marcos Ucelo fue encontrado muerto. La compañía minera, Tahoe Resources, había amenazado previamente a los líderes. Las autoridades locales y nacionales pese a que habían sido informadas de las amenazas de la compañía, no tomaron ninguna acción.

El 16 de abril, en Santa Eulalia Huehuetenango fue encontrado el cuerpo sin vida del activista Qanjob’al, Daniel Pedro Mateo. Eh había sido secuestrado hacía doce días mientras se dirigía a santa Cruz Barillas donde sería el anfitrión de un taller sobre derechos indígenas. Él había sido un prominente  organizador contra el embalse hidroeléctrico en esa comunidad. Las heridas en su cuerpo indicaban que había sido torturado.

En los primeros tres meses del 2013, 169 personas (30 más que en los primeros tres meses del 2012 y 15 en 2011) que luchan por la defensa de sus derechos han sufrido ataques de diversa índole. La cifra de los primeros tres meses del año fue, de hecho, la segunda más alta desde que UNDEFEGUA, una ONG guatemalteca, comenzó a compilar información en el año 2000.

La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Guatemala ha urgido al gobierno a tomar medidas de emergencia para garantizar la seguridad de los activistas. “Es inaceptable volver a tales prácticas criminales del pasado para frustrar e impedir el libre ejercicio de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y la libertad de expresión”, advirtió el Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori. El gobierno guatemalteco no ha adoptado ninguna medida.

Guatemala, de acuerdo al columnista guatemalteco Kajkok Maximo Ba Tiul, se está “encaminando de nuevo a vivir bajo el terrorismo de Estado”. El terrorismo, en su opinión, está dirigido a “allanar el camino para el ingreso de las compañías multinacionales en los territorios indígenas”, en donde están estableciendo minas para la extracción del oro, embalses hidroeléctricos, caña de azúcar y plantaciones de palma africana, y otros proyectos de gran escala.

Lolita Chávez, una líder indígena quiché en una reciente asamblea indígena lo dijo de esta manera: “Las masacres que hubieron en la guerra que duró más de 36 años, las estamos viviendo de nuevo”.

Los ataques a los defensores de los derechos humanos violan un acuerdo específico de los acuerdos de paz. El gobierno se comprometió a combatir a los grupos armados ilegales y a proteger el trabajo de los defensores de los derechos humanos, un término que incorpora a los ambientalistas, sindicalistas, activistas de los derechos de las mujeres, activistas indígenas, y todos los que trabajan defendiendo los derechos básicos.

Rob Mercatante, miembro del equipo de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EEUU quien ha trabajado en el país desde la década de los 80, señala que el gobierno en lugar de enjuiciar a los atacantes, está usando el sistema legal contra los defensores de los derechos humanos.

“Ahora tenemos a líderes campesinos, maestros de escuela, activistas anti minería, y otros siendo encarcelados por defender sus derechos, y órdenes de arresto que obstaculizan el trabajo de los activistas”, comentó  Mercatante en un correo electrónico. Con respecto a los escuadrones de la muerte, el hace la siguiente observación, “No existe la necesidad real de asignar el trabajo sucio a agentes de policía, o a los soldados cuando el trabajo puede ser ejecutado por miembros de pandillas o pistoleros a sueldo. Lo novedoso es que estos agentes de la violencia pueden ser contratos ya sea por el Estado o por los propios negocios”.

“Para mí”, prosiguió él, “este escenario es todavía más problemático que el de los escuadrones de la muerte del pasado. Ahora el Estado puede distanciarse el mismo de los más atroces hechos de violencia, mientras que al mismo tiempo trata de esquebrajar a los movimientos de resistencia bajo el pretexto del imperio de la ley –acusando a los líderes de ‘actos de terrorismo’, por ejemplo”.

Pérez Molina se ha fijado como prioridad el restablecimiento de la ayuda militar de los EEUU, cortada hace varias décadas en respuesta a las violaciones de los derechos humanos. Esta meta se vio comprometida cuando el ejército abrió fuego contra manifestantes desarmados y mato a siete en Totonicapán el pasado mes de octubre. Mientras que uno de los requisitos para la renovación de la ayuda militar estadounidense, es el enjuiciamiento de los perpetradores de los crímenes del pasado, el juicio a Ríos Mont ha presentado riesgos inesperados para el presidente. El 4 de abril, un ex soldado testificó que las atrocidades en su área fueron ordenadas por el actual presidente Pérez Molina, en ese entonces un mayor del ejército.

Pese a la necesidad de una victoria en el campo de las relaciones publicas después de ese momento en el juicio, Pérez Molina no mostró ninguna intención en proteger a los activistas. En su lugar su gobierno, al otorgarle la licencia de minería a la compañía sospechosa de estar involucrada en el secuestro de los lideres Xincas y la muerte de Ucelo, ha indicado que los asesinatos seran premiados. Poco después de anunciarse el otorgamiento de la licencia, tres balas penetraron la oficina del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. Yuri Melini, el director, se encontraba adentro.

Melini le ha entregado fotos al vice ministro del Interior en las cuales, según él lo declaró en una conferencia de prensa, “Las fuerzas de seguridad privadas de la mina… conjuntamente con la Policía Nacional Civil están  llevando a cabo acciones ilegales en contra de la población civil”.

El 11 de abril, la Policía Nacional Civil desalojó violentamente a manifestantes que habían acampado en una propiedad privada en las proximidades de la mina. Al menos 26 manifestantes fueron arrestados sin órdenes de captura o causa justa. La policía supuestamente golpeo e hirió a varios de los arrestados.

Pérez Molina  intentó arreglar el daño. Después de que en la corte se le señalara de haber ordenado la ejecución de atrocidades, él viajó al pueblo de Nebaj, en la región Ixil, donde se llevaron a cabo masacres de perversa brutalidad. El alcalde del pueblo habló primero y dirigiéndose al presidente le dijo que era necesario que los residentes de Nebaj se beneficiaran de los recursos naturales de las montañas, los que habían sido protegidos por sus abuelos y ahora ellos quieren protegerlos para heredárselos a sus nietos. El alcalde le pidió al presidente que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos en el área. A su turno, Pérez Molina, reconoció el alto nivel de desnutrición crónica en Nebaj. Él había traído “bolsas solidarias” de frijoles e incaparina. Sus seguidores también habían traído grandes pancartas las que fueron colgadas en la iglesia: “En Nebaj no hubo genocidio”, “El pueblo Ixil reconoce a Pérez Molina como a su hijo predilecto”.

Dos de los residentes que portaban carteles demandando justicia por el genocidio –uno de ellos una anciana mujer, sobreviviente de una masacre- fueron atacados por los agentes de seguridad del presidente, quienes rompieron los carteles. En conferencia de prensa los miembros del consejo municipal dijeron, “esto es una ofensa. Ellos ponen rótulos en donde les da la gana pero no quieren que nosotros nos expresemos. … El vino aquí a limpiar su imagen. Nosotros no necesitamos bolsas solidarias. Lo que necesitamos y demandamos es justicia por el genocidio, aplicarles la justicia a todos los involucrados, empezando por Ríos Montt, hasta llegar al actual presidente Otto Pérez Molina y todos sus seguidores”. Ella agregó, “Es una burla que el venga aquí y nos pida que a cambio de frijoles e incaparina olvidemos a nuestros asesinados, a nuestros masacrados”.

No del todo sorprendente, unos pocos días después la sede de las oficinas de UNDEFEGUA fue allanada y saqueada.

A la luz de estos eventos, se está volviendo claro que una mini versión de la guerra de Guatemala está siendo peleada con escasa atención. Involucra la lucha por los derechos a la tierra, completa con la actividad de los escuadrones de la muerte. Mientras tanto, como en el pasado, la impunidad reina. Aquellos que han testificado en contra del ex dictador del país has sido puestos a un lado, conjuntamente con su derecho a la justicia, y otra fosa común ha sido cavada por los poderosos de Guatemala, esta vez para enterrar la verdad.

Nota: El artículo anterior está basado en historias del New York Times y del sitio web de la revista Conterpunch.

Publicado por LaQnadlSol

CT., USA.