La ley contra la Ciberdelincuencia de Guatemala

La Ley contra el Delito Cibernético o contra la Ciberdelincuencia es una de varias leyes nefastas para la vida democrática que avanzan, en su turno, destinadas a limitar si no cerrar, los espacios democráticos.

 

LA LEY CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA DE GUATEMALA
ES UNA NUEVA MORDAZA CONTRA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Luciano Castro Barillas
Escritor y Analista Político
La Cuna del Sol

Queridos lectores, éste quizá sea uno de los últimos artículos periodísticos que usted lea en este medio alternativo porque, hace 72 horas, fue aprobado por el monstruoso Congreso de la República de Guatemala una ley contra la libertad de pensamiento y expresión. La Ley contra el Delito Cibernético o contra la Ciberdelincuencia es una de varias leyes nefastas para la vida democrática que avanzan, en su turno, destinadas a limitar si no cerrar, los espacios democráticos, tal el caso de la Ley de Reconciliación Nacional, orientada a eximir de responsabilidad penal a delincuentes de crímenes de lesa humanidad.

La ley, todavía está en proyecto porque faltan algunas formalidades, ya fue aprobada por el Congreso por la emisión del Decreto 39-2022 como “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, está pendiente de la aprobación del presidente Alejandro Giammattei, quien se da por descontado que vaya a hacer lo contrario. Es una política de estado represiva que está orientada, en este caso, en contra del trabajo de difusión periodística y el buen sentido del humor con eso de que entran en esa calificación de delito o falta hasta los memes, donde se ridiculiza a un personaje público. La misma suerte está corriendo los “monos” o caricaturas, cuyo dibujante puede ser llevado preso por arrancar una sonrisa al lector de un diario.

El gobierno no quiere que se le señale NADA, como si fuera el actual régimen un dechado, un ejemplo, de gobernanza. Y comentarios vertidos en las redes digitales igualmente serán sancionados con un año o cinco de prisión, dependiendo de la percepción del juez que lleve el caso que calificará la sutileza o lo lapidario del agravio. Todo, por supuesto, sujeto a un alto componente de subjetividad, lo cual sería un frágil e inconsistente medio de prueba diseñado para hacer daño al imputado. Pero más allá de lo puramente legal, visto estos hechos como filosofía de Estado, no cabe la menor duda que el propósito de fondo es limitar la libertad de expresión, la libertad de pensar, que es un asunto de suma gravedad.

La Constitución Política de la República es bastante clara en cuanto a esta garantía individual. Dice al respecto en Artículo 35. “Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la mora, será responsable conforme a ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.  (…) La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por falta o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.

Personalmente creo que este engendro jurídico nació muerto por ser nulo ipso jure, de pleno derecho. No deja sin lugar a dudas ese decreto de ser un gravísima violación constitucional, pero, reincidentes como son estas personas en violar la ley, no es de extrañarlo, eso sí, significa, el no va más en los abusos de un régimen altamente descalificado y desacreditado.

Publicado por La Cuna del Sol