Según información publicada recientemente por InSight Crime que cita a medios de prensa
guatemaltecos, se está investigando a uno de los principales actores en el
nombramiento del nuevo fiscal general del país por delitos financieros, después
de que un informe acerca del proceso publicado por InSight Crime revelara su
importante papel y sus oscuras conexiones. De acuerdo a la citada publicación
Gustavo Herrera es un agente de poder crítico en la comisión que nombrará al
próximo fiscal general, después de que un fallo de la corte llevó el periodo de
Claudia Paz y Paz a un final prematuro. Aunque es poco probable, Paz y Paz
todavía puede ser reelegida para el cargo, destaca la publicación. Sin embargo,
y como se esperaba, la fiscal Paz y Paz ha sido excluida de la lista de final de candidatos que
competirán por el cargo de próximo Fiscal General de Guatemala. Claudia Paz y
Paz quien se había hecho merecedora de numerosos elegíos por su valiente
actitud de querer revolucionar el sistema de justicia guatemalteco, signado por
la corrupción y la impunidad, ha caído víctima de todo el entramado político-mafioso-criminal
que medra en todas las estructuras de poder en Guatemala. Era imposible que se
le permitiera seguirse desempeñando en el cargo ya que era vista, por sus
correctas actuaciones en pro de la justicia, como una amenaza a los oscuros
intereses de las elites mafiosas que gobiernan Guatemala como su propio paraíso
criminal, inmune a la aplicación de la ley.
LA GUERRA DE PAZ Y PAZ:
RETRATO DE
UN AGENTE POLÍTICO
GUATEMALTECO
Por Steven Dudley
Este artículo hace parte de una serie sobre el sistema judicial de
Guatemala. Vea la serie completa aquí. Descargue el
pdf aquí
Gustavo Herrera –empresario y agente político en el proceso de selección
del próximo fiscal general de Guatemala- puede tener muchas manchas en su
historial, pero se las ha ingeniado para mantenerse fuera de la cárcel y ha
conservado sus conexiones políticas y su influencia.
En 2002, la Fiscalía General, conocida como el Ministerio Público (MP) en
Guatemala, dijo que Herrera había planeado una compra fraudulenta de tierras y
un acuerdo de construcción, de US$50 millones, que involucraba al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El IGSS es una de las entidades
públicas más grandes de la región y, como parte del acuerdo, gastó US$30
millones en terrenos valuados en US$1 millón.
Un notario recibió US$2 millones por falsificar los documentos; una empresa
constructora recibió US$4 millones por diseñar planes de vivienda que nunca
construiría. El dinero se trasladó a cuentas en el extranjero. El exjefe del
IGSS fue encarcelado, junto con tres miembros de la junta directiva del IGSS.
Herrera se dio a la fuga y por medio de su abogado negó cualquier participación
en el plan. Posteriormente, un juez denegó los cargos pese
a las protestas vociferantes por parte del MP.
Herrera luego fue vinculado con el tráfico de drogas. En marzo de 2004, un
helicóptero se estrelló al aterrizar en Huehuetenango con 173 kilos de cocaína
a bordo. Una investigación posterior publicada por Siglo 21 reveló que el
helicóptero pertenecía a Herrera, y la cocaína fue rastreada hasta Otto Herrera
(sin parentesco), quien para entonces era uno de los blancos prioritarios de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos en la región.
Otto Herrera, dijeron funcionarios guatemaltecos y estadounidenses, ayudó a
mover la cocaína para el Cartel de Sinaloa a través del Istmo Centroamericano.
Lavó las ganancias con la ayuda de personas como Gustavo Herrera, dijo el
informe de el periódico, citando a funcionarios del MP y del gobierno.
Entre las personas que inculparon a Gustavo y a Otto Herrera se encontraba
el entonces comisionado presidencial para la seguridad y el ahora presidente,
Otto Pérez Molina.
"Otto y Gustavo sí tienen relación con el narcotráfico", fue
citado Pérez Molina en el periódico Siglo 21, sobre lo que dijo en ese momento.
"Se dedican al transporte, almacenamiento, distribución, y colaboraron con
carteles de Colombia, Guatemala y México".
La operación de tráfico de drogas de los "Herreras" se vino abajo
cuando Otto Herrera fue capturado en Colombia en 2007, y fue posteriormente
extraditado a Estados Unidos. Luego, el caso de Otto Herrera fue cerrado, y no
hay más información públicamente disponible sobre si fue condenado y cuándo;
una buena señal de que está colaborando con las autoridades estadounidenses.
Gustavo Herrera siguió prófugo y en el momento negó todos los cargos por
tráfico de drogas a través de su abogado. Los investigadores del gobierno de
Estados Unidos, consultados por InSight Crime, dijeron que no había cargos por
tráfico de drogas contra Herrera en Estados Unidos.
Investigadores guatemaltecos, sin embargo, dijeron que todavía había tres
investigaciones abiertas en contra de Herrera, aunque no especificaron cuáles. Cuando se le preguntó
al Presidente Pérez Molina acerca de las acusaciones por tráfico de drogas que
había hecho en contra de Herrera en 2004, el presidente repitió la acusación.
"Sostengo lo afirmado en abril del Año 2004", escribió en
respuesta a la pregunta específica del InSight Crime.
Sin lugar a dudas, Herrera –con quien InSight Crime intentó, sin éxito,
ponerse en contacto en varias ocasiones- sigue siendo una parte fundamental del
hampa de Guatemala, según los investigadores. Específicamente, los investigadores
conectan a Herrera con otra poderosa red, encabezada por Hayron Eduardo Borrayo
y su esposa, Mirza Silvana Hernández de Borrayo.
Borrayo es desde hace mucho tiempo una figura del hampa, quien ha vendido
cocaína a varias organizaciones criminales mexicanas. Durante un tiempo, en
2009 y 2010, él fue el principal proveedor de los Zetas. Uno de sus apodos, "Oso", aparece en
varias ocasiones en un libro de contabilidad que fue confiscado por el equipo
de Paz y Paz durante su ofensiva contra los Zetas en 2011. (InSight Crime
obtuvo de forma independiente una copia del libro de contabilidad.)
En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos dijo que Borrayo y su esposa Myrza formaban parte de
una red más grande de lavado de dinero y tráfico de drogas, dirigida por
Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como la "Reina del Sur". La
red de Chacón tenía por lo menos 26 empresas en Guatemala y 2 más en Panamá,
según el Departamento del Tesoro.
Para complicar más las cosas, Chacón ha sido vinculada con la
vicepresidenta Roxana Baldetti a través de informes de prensa. Concretamente,
los periodistas José Rubén Zamora y Ana Arena -en un artículo publicado por
elPeriódico y la Fundación MEPI en 2013 (pdf)- dijeron que Chacón había ido a la fiesta de 50
años de Baldetti. La acusación no fue corroborada y el gobierno de Estados
Unidos se ha abstenido de hacer esta conexión en sus declaraciones acerca de
Chacón.
El gobierno de Guatemala estaba tan furioso que lanzó una campaña para desacreditar a
Zamora, y a los numerosos señalamientos de elPeriódico que hacen ver a Baldetti
como perversa, corrupta y conectada con el
crimen organizado.
El presidente Pérez Molina rechazó con vehemencia la afirmación cuando
InSight Crime le preguntó a través de un cuestionario escrito.
“Su pregunta parte de rumores sin fundamento,” dijo en su declaración
escrita a InSight Crime sobre las presuntas conexiones entre Baldetti y Chacón.
"La vicepresidenta no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Ninguna
agencia de Estados Unidos encargada del control y combate al tráfico de drogas
ha establecido ningún vínculo de la vicepresidenta con el narcotráfico”.
Sin lugar a dudas, Baldetti se ha convertido en el “pararrayos” de esta
administración. Una ex reina de belleza, que se convirtió en política y en una
mujer de negocios, ahora dirige el gobernante Partido Patriota del país. En los
últimos años, el aumento en las fortunas de sus legítimos negocios han llamado
la atención, a pesar de que no ha sido acusada de ningún delito.
Después de su más reciente declaración a la Contraloría, los periodistas la
bombardearon con preguntas acerca de sus empresas y negocios, que admitió, ahora incluyen centros comerciales, condominios y proyectos
agroindustriales. Esta información no es pública y, una vez más, el presidente
Pérez Molina defendió a la vicepresidenta.
"El patrimonio de la vicepresidenta existe en el marco de actividades
legales", dijo a InSight Crime.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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