La corrupción en Guatemala
tiene una larga historia. La más antigua, y que todos los guatemaltecos
conocemos por el descaro y prepotencia con que se practica, es la que nace en
la colonia y todavía ejercen los grupos económicos más poderosos que continúan
enriqueciéndose a expensas del Estado. “Llegamos aquí para traer la fe
católica, para servir a su Majestad, y para hacernos ricos”, declaró un día el
soldado y encomendero español Bernal Díaz del Castillo.
GUATEMALA: ¿QUÉ CAMBIOS
PROFUNDOS AL SISTEMA
PARA LUCHAR CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD?
Por Jorge Murga Armas*
I I E S (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad de
San Carlos de Guatemala)
Introducción
Los acontecimientos recientes derivados de la revelación el 16 de abril de
2015 de una estructura delincuencial de contrabando aduanero y evasión
tributaria por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) y el Ministerio Público (MP), han desatado una inusitada conmoción en
la sociedad guatemalteca. Protestas, expresiones de rechazo a través de
diversos medios de comunicación (prensa escrita, redes sociales, radio,
televisión), marchas cívicas de repudio a la corrupción, dan cuenta del grado
de indignación generado entre los guatemaltecos por el caso “La Línea” —en el
cual aparecen implicados no pocos funcionarios públicos de distintas
jerarquías: Vicepresidente de la República, Secretario Privado de la
Vicepresidencia, Director y ex Director de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), magistrados y jueces, entre otros.
Convencidas de que “la corrupción” es la causa del fracaso de la
democracia, diversas organizaciones reagrupadas en torno al Comité Coordinador
de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),1 manifiestan
su “indignación y rechazo por el nivel de corrupción” y plantean además la
constitución del “Movimiento ciudadano contra la corrupción” que, entre sus
“líneas de trabajo”, propone “promover un cambio de cultura a través de la
educación y concientización en la ciudadanía que rescate los valores de la
decencia y honestidad” y “facilitar una agenda de propuestas específicas
relacionadas con el combate a la corrupción y la promoción de la
transparencia…”.
Posiciones más integrales como la de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC) abogan por la necesidad de fortalecer “la institucionalidad
democrática y el sistema político”, y anuncian la creación de la “Plataforma nacional
para la reforma del Estado”, que tendría como propósito “promover cambios
profundos del sistema social, político y económico del país”.2
Si recordamos que el sector privado se ha beneficiado anteriormente del
sistema político (justicia electoral, partidos políticos, Congreso de la
República), y si también recordamos que la Corte de Constitucionalidad se ha
pronunciado en muchos casos “a favor de intereses sectarios y espurios”,3
no podemos sino ser suspicaces cuando el CACIF, junto a las organizaciones de
la sociedad civil que le acompañan, declara que “es fundamental asegurar al
país condiciones adecuadas para preservar el Estado de Derecho y el
funcionamiento de sus instituciones, la celebración de elecciones generales libres
y transparentes”.4 El problema, pues, es saber si la propuesta ética
y técnica del CACIF responde realmente a una vocación democrática.
I. La propuesta del CACIF
Los planteamientos del “Movimiento ciudadano contra la corrupción”, al
menos en su pronunciamiento, no cuestionan la ley ni los procedimientos de
elección de autoridades que permiten el control de las instituciones del Estado
(Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Junta
Monetaria, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración
Tributaria) por grupos de poder que accionan muchas veces en función de los
intereses económicos de grandes empresarios a través de la corrupción.
En el Congreso de la República muchos diputados se reeligen por varios
períodos para salvaguardar los intereses de empresarios adinerados a cambio de
financiamiento, espacios de incidencia y promoción en los medios de
comunicación y otras prebendas.
La elección de magistrados a las cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema
de Justicia ha sido puesta en entredicho por la forma que han tomado las
Comisiones de Postulación.
El año pasado la elección por el Congreso de la República de la terna para
escoger a la fiscal general del Ministerio Público y la decisión final del
Presidente de la República puso en evidencia las tramas del poder
antidemocrático cuando se trata de elegir y/o nombrar a profesionales idóneos
en los cargos.
Recientemente, la reelección de contralor general de la Contraloría General
de Cuentas puso en evidencia lo que estamos cuestionando.
El caso La Línea es sin duda la mejor ilustración cuando se habla de la
Superintendencia de Administración Tributaria.
Hoy, después de que el Gobierno de Estados Unidos a través de la CICIG
decide destapar el caso de la estructura delincuencial imbricada en el Estado,
la cual por otra parte no podría existir sin la participación de empresarios
corruptos, CACIF pega el grito al cielo, busca asumir un importante
protagonismo y propone a la ciudadanía luchar contra la corrupción.
“MANIFESTAMOS: 4. Nuestra convicción de comprometernos como Movimiento,
respetando la naturaleza propia y los espacios de trabajo de cada uno de sus
integrantes, a trabajar en forma conjunta en base a las siguientes líneas de
trabajo”:
a) Promover un Cambio de Cultura a través de la educación y concientización
en la ciudadanía que rescate los valores de la decencia y honestidad
b) Lograr una Movilización social efectiva que exija los cambios y
comportamientos requeridos
c) Establecer un Sistema de Monitoreo de los Recursos Públicos, que brinde
a la ciudadanía información actualizada y un análisis técnico
d) Facilitar un canal de Denuncia pública, legal y moral de exigencia al
Estado
e) Promover y facilitar una agenda de propuestas específicas relacionadas
con el combate de la corrupción y promoción de la transparencia, cuyo alcance
mínimo a corto plazo será consensuado y presentado en los próximos días”.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, que por sus mismas funciones no
puede alegar ignorancia ni superficialidad en sus análisis, se pronuncia sobre
el tema y hace el llamado a “promover cambios profundos del sistema social,
político y económico del país”.
II. Los planteamientos de la
USAC
Aunque la USAC no explicita el alcance de los “cambios profundos” que
plantea, algunos elementos de su comunicado permiten entrever lo que estos
podrían significar: el “fortalecimiento de la institucionalidad democrática y
del sistema político”, la “lucha contra la corrupción, la impunidad, la fiscalización
de la gestión pública y el fomento de una cultura de transparencia”.
Para la USAC, en otras palabras, la solución al problema de la corrupción y
la impunidad requiere de una reforma del Estado dentro del actual orden
constitucional, es decir, de un conjunto de transformaciones legales y
políticas orientadas a la realización de acciones concretas que permitan
mejorar la eficiencia de las instituciones sin reformar la Constitución de la
República.
Pero, ¿a qué cambios profundos se refiere la USAC? Hasta el momento,
debemos decirlo, la Plataforma nacional para la reforma del Estado, reunida por
primera vez el viernes 22 de mayo de 2015 en el Paraninfo Universitario e
integrada por diversos sectores de la sociedad, 5 sólo abordó el
tema de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el de las
compras y contrataciones del Estado, la reforma a la Ley de Comisiones de
Postulación y el fortalecimiento del sistema de justicia. Pero esto, en nuestra
opinión, no llena las expectativas creadas por el llamado a hacer “cambios
profundos” en el sistema político, económico y social.
¿Se trata realmente de un resurgir del compromiso social y político de la
Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿O se trata más bien de un llamado
demagógico en un contexto de crisis política e institucional y además
electoral?
Si recordamos que en los años setenta-ochenta la USAC asumió posiciones
radicales al lado del pueblo (que luchaba por el cambio de estructuras sociales),
y si pensamos en que después de algunos años de letargo institucional la USAC
pudo haber evolucionado hacia posiciones de mayor compromiso social y político
como las que demandan cambios fundamentales al Estado, si esto fuera así, la
Universidad de San Carlos de Guatemala debiera orientar su trabajo hacia la
construcción de una nueva República democrática soberana que sustituya a la
vieja República oligárquica existente.6 Esto implicaría lo siguiente:
-
Refundar
la República mediante la aprobación de una nueva Constitución que responda a la
soberanía del pueblo y a las especificidades históricas y culturales de la
nación;
-
Fortalecer
el Estado asignándole un papel fundamental en la economía;
-
Reafirmar
la función social del Estado y de sus políticas redistributivas;
-
Nacionalizar
los recursos naturales estratégicos (aguas, petróleo, minerales) para que los
beneficios de su explotación sean para el pueblo;
-
Adoptar
una nueva estrategia geopolítica mundial (buscando nuevos socios comerciales y
nuevos aliados políticos) para romper la dependencia del imperio y consolidar
la soberanía de la nación.
Pero también debemos pensar que el llamado de la USAC a realizar cambios
profundos en el sistema podría ir más bien en la dirección de las posiciones
conservadoras que ha asumido en las últimas décadas. En este caso, como mínimo,
su programa podría contener:
-
Reformas
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (funcionamiento y financiamiento de
los partidos políticos, número y forma de elección de diputados, voto en el
extranjero);
-
Reformas
a la Ley de Comisiones de Postulación (ampliación de convocatorias, integración
de las comisiones, mejoras en el funcionamiento de las comisiones);
-
Reformas
a la Ley de Servicio Civil (crear certeza jurídica en las relaciones laborales
en el Estado);
-
Investigación
de las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito (que incluyan a la
Contraloría General de Cuentas cuya credibilidad ha sido puesta en tela de juicio
en los últimos años por serios problemas de corrupción);
-
Depuración
y reeducación del Ejército de Guatemala;
-
Depuración
y reeducación de la Policía Nacional Civil;
-
Revisión
de contratos fraudulentos (minería, petróleo, hidroeléctricas, carreteras y
otros) lesivos para el interés nacional;
-
Fortalecimiento
de la función profesional e independiente de la Superintendencia de
Administración Tributaria;
-
Transparencia
del Presupuesto General de Gastos de la Nación;
-
Fiscalización
del uso de los recursos públicos;
-
Fiscalización
de las compras y contrataciones del Estado;
-
Mejoras
en la aplicación de la justicia y la independencia de los tres poderes del
Estado;
-
Fortalecimiento
y desarrollo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
-
Calidad
de los programas de asistencia social y mejoras en los hospitales
(abastecimiento, contratación de personal, infraestructura, equipo);
-
Fortalecimiento
y desarrollo de la educación pública (ampliación de cobertura educativa,
mejoramiento de contenidos tomando en cuenta el carácter multilingüe y
multicultural de la nación).
Cualquiera que sea la posición de la USAC, lo cierto es que ninguna
iniciativa de lucha contra la corrupción será suficiente si no se plantea
liberar al Estado de los grupos de poder que lo tienen capturado. Son estos,
hay que decirlo, los promotores de la corrupción.
III. Necesidad de trabajar
por la liberación del Estado
La corrupción en Guatemala tiene una larga historia. La más antigua, y que
todos los guatemaltecos conocemos por el descaro y prepotencia con que se
practica, es la que nace en la colonia y todavía ejercen los grupos económicos
más poderosos que continúan enriqueciéndose a expensas del Estado. “Llegamos
aquí para traer la fe católica, para servir a su Majestad, y para hacernos
ricos”, declaró un día el soldado y encomendero español Bernal Díaz del
Castillo.
Desde entonces, élites económicas continúan enriqueciéndose a costas del
Estado y gracias a la cultura de corrupción que heredaron de sus antepasados.
Los sobornos a diputados para que voten a favor de una ley, la compra de
voluntades en la administración pública, los mecanismos usados para no pagar
impuestos, la colocación de funcionarios públicos en puestos estratégicos para
dictarles sus políticas, son, entre muchos otros, ejemplos de la forma como
operan en la actualidad no pocos elementos de la clase empresarial.
Casos sonados de corrupción han quedado en la impunidad debido a la
colaboración de autoridades de gobierno con el sector privado. La privatización
fraudulenta de las empresas del Estado (GUATEL, INDE, EEGSA, FEGUA), la aprobación
dolosa de concesiones mineras (mina Marlin, mina San Rafael), la ampliación
capciosa de contratos petroleros (contrato No. 2-82 a favor de Perenco), los
contratos fabulosos de las “alianzas público-privadas”,7 son sólo
algunas muestras de la corrupción de las últimas décadas.
Si a esto agregamos los descubrimientos recientes de contrabando aduanero y
defraudación fiscal que involucran al menos a 1,200 empresarios, o el caso del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que se ventila actualmente en los
tribunales (en el que aparece enredado un empresario cafetalero representante
del CACIF en la Junta Directiva del IGSS), no podemos sino afirmar que un
número no despreciable de empresarios han sido y siguen siendo importantes
generadores de corrupción.
Con la conformación en los años setenta-ochenta de grupos del crimen
organizado dirigidos por militares, el problema de la corrupción y de la
captura del Estado por redes criminales adquiere otro nivel de complejidad. Ya
no se trata solamente de empresarios pudientes que ejercen sus influencias
dentro de la administración pública para obtener beneficios, sino se trata
además de redes amplias del crimen organizado que operan en el Estado con total
impunidad.
El caso La Línea, en verdad, no hizo sino abrir nuevamente el debate sobre
la existencia de estructuras mafiosas incrustadas en el Estado e integradas por
altos funcionarios públicos, empleados de gobierno y particulares. Esto fue lo
que se puso en evidencia con el descubrimiento de la “Red Moreno” en septiembre
de 1996, y eso es lo que se evidencia hoy con la develación del caso La Línea.
Si existe conexión entre una y otra, y si ambas estuvieron ligadas a la
estructura contrainsurgente devenida en crimen organizado durante el régimen
del general Romeo Lucas García (1978-1982), sólo los resultados de las
investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público nos lo podrán decir. Lo que
sí podemos afirmar en este momento, es que en la Red Moreno de defraudación
aduanera coincidían reconocidos oficiales del ejército, y que dentro del grupo
de personas encarceladas por el caso La Línea aparecen implicados antiguos
miembros de la Red Moreno (Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “teniente
Jerez”, Juan Carlos Monzón).
El caso del IGSS confirma la presencia de militares dentro de las
estructuras criminales que por décadas se han dedicado a defraudar al Estado.
Además de Juan de Dios Rodríguez que hasta hace pocos días se desempeñaba como
presidente de la Junta Directiva del IGSS, se sabe que muchos otros oficiales
del ejército fueron colocados en puestos clave del IGSS y de otras
instituciones del Estado.
Pero el problema de la corrupción no se reduce al caso La Línea ni tampoco
al del IGSS. Para que el crimen organizado funcione en la impunidad, sus
cabecillas también se propusieron capturar el sistema de justicia. Hoy se
conoce perfectamente el desafortunado papel que cumplen las Comisiones de
Postulación en este aspecto,8 y es pública la responsabilidad del
gremio de los abogados y las universidades en el control del sistema:
Mover los hilos de las redes en las que descansan los favores entre
colegas, aprovechando el poder que les otorgan las leyes, es lo que mueve al
gremio de abogados a organizarse para buscar el control del sistema de
justicia. Hacer negocios y gestar impunidad, es el objetivo; la corrupción y el
clientelismo, la estrategia.
Con ese propósito, precisamente, nacieron varios grupos de abogados que se
disputan el control del sistema de justicia: el grupo de Roberto López
Villatoro, conocido como “El rey del tenis”, que se ha convertido en “operador
de operadores”, el grupo del Ejecutivo, que operaba Juan de Dios Rodríguez, y
el grupo de los Decanos, operado por Estuardo Gálvez (ex rector de la USAC) y
Héctor Hugo Pérez Aguilera (magistrado de la Corte de Constitucionalidad).9
Estos grupos, debemos decirlo, son los que deciden quienes llegan a los
cargos más importantes del sistema de justicia y son los que condicionan en
gran medida el funcionamiento del sistema: “Cuando un abogado o un bufete de la
red necesitan del favor de un juez o un magistrado, éste actúa, facilita,
resuelve”. Este proceso, por supuesto, involucra a los diputados, porque son
éstos los que al final “eligen a los que les dirigen las instituciones del sistema
de justicia”.
La corrupción, pues, es “la regla del sistema”. El caso del “Bufete de la
impunidad” descubierto tras la liberación de varios de los implicados en el
caso La Línea, sólo es un ejemplo de lo que sucede en el sistema de justicia.
Conclusión
Vemos que si CACIF sólo propone soluciones éticas y técnicas para la crisis
política y social que vive la nación, es porque sus cabezas desean conservar
los privilegios que el Estado les confiere.
El problema en Guatemala no es sólo la corrupción. Si bien hoy ésta sirve
de catarsis para que algunos sectores de la sociedad cuestionen el sistema
político, también es verdad que antes de éstos una parte mucho más importante
del pueblo ha contestado además de éste el sistema social y económico.
Es el momento, pues, de hacer las transformaciones estructurales que el
Estado necesita para que los guatemaltecos vivan en armonía. Cada vez son más
los ciudadanos dispuestos a erigir la República democrática que reclaman los
sectores más excluidos de la sociedad.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
1 Véase: Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, campo pagado publicado
en elPeriódico el 15 de mayo de 2015.
2 Véase: USAC, campo pagado publicado en elPeriódico el 15 de mayo de 2015.
3 Véase: Fundación Mirna Mack, La Corte de Constitucionalidad y el
debilitamiento del Estado de derecho, Guatemala, 6 de febrero de 2014. He aquí
algunos ejemplos del carácter arbitrario de ciertas interpretaciones jurídicas
de la Corte de Constitucionalidad (que bien podrían estar ligadas a casos de
tráfico de influencias o corrupción): 1) negación del carácter vinculante de
las consultas comunitarias contra la minería y la construcción de megaproyectos
(con lo cual favorece a las empresas transnacionales y locales que explotan los
recursos naturales de las comunidades); 2) dictamen a favor de la finalización
del mandato de la Fiscal General del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz (con
lo cual favorece a grupos militares ligados a la represión, al narcotráfico y
al crimen organizado); 3) anulación de la sentencia por genocidio en el caso
Ríos Montt (con lo cual favorece a militares, empresarios y políticos de la
contrainsurgencia); 4) Fallos favorables a los grandes empresarios cuando se
pretende aprobar impuestos que afectan sus intereses (la Constitución de la
República prohíbe de manera muy vaga la doble tributación. Esto ha dado lugar a
que la Corte de Constitucionalidad interprete esa cláusula en función de los
intereses de ciudadanos o empresas que se resisten a pagar impuestos).
4 Véase: CACIF, campo pagado publicado en elPeriódico el 6 de mayo de 2015.
5 Véase: elPeriódico del sábado 23 de mayo de 2015.
6 Jorge Murga Armas, Necesidad de una revolución en Guatemala, Editorial
Iximulew, Guatemala, 2009.
7 Actualmente se discute la concesión otorgada por el Gobierno de la
República a una entidad privada que se propone construir un museo privado con
piezas arqueológicas de inmenso valor histórico y cultural para Guatemala que
sin duda fueron robadas de las principales ciudades mayas.
8 Plaza Pública, 15 de septiembre de 2014, Estas son las Comisiones de
Postulación más deslegitimadas, Entrevista a Helen Mack,
http://www.plazapública.com.gt/print/8775, Guatemala. Las citas sin llamada de
nota en las páginas que siguen fueron tomadas de este documento.
9 “De más está decir que hay una seria contradicción en la participación de
un magistrado de la Corte de Constitucionalidad en este proceso, porque es
alguien a quien le corresponde velar por el respeto de la Constitución, y no
puede ser juez y parte. Hay conflicto de interés”. Ibid.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
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