domingo, 27 de mayo de 2012

EL NARCO – ESTADO INTOCABLE (I)...





INTRODUCCIÓN



Este documento histórico, que tiene referencias desde 1986, primer año del gobierno de la Democracia Cristiana; nos revela los intersticios más profundos de las conspiraciones entre el poder militar y el narcotráfico. Un proceso de incubación y descomposición social  de 26 años, lo cual explica la profundidad de la crisis que vive un pequeño país como Guatemala, con una débil institucionalidad inerme, impotente, ante el crimen transnacional que encuentra por todos lados apoyos oficiales. Pone al descubierto las circunstancias del asesinato del letrado Epaminondas González Dubón, probo hombre asesinado por presidir un fallo técnico, ajustado a derecho y el repliegue obligado de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ante la amenaza a la vida por la mafia de los narcomilitares de esos años. También saltan al tinglado político el nefasto gobierno del FRG caracterizado por los máescandalosos actos de corrupción y el último desastroso legado de Efraín Ríos Montt, su pupilo Alfonso Portillo, que en la actualidad se diluye en el olvido carcelario y el entorpecimiento de la labor judicial por parte de sus abogados, cuya interposición de recursos para obstaculizar la extradición tiene un registro único y récord de argucias legales de estos leguleyos del diablo. Carlos Pimentel Rodríguez.








EL NARCO-ESTADO INTOCABLE

Los militares de Guatemala desafían a la DEA



Por Frank Smyth, The Texas Observer, 18 de noviembre 2005


Jungle exercises for the Guatemalan Kaibiles. (photo by Jeremy Bigwood)



Este julio pasado la alarma sonó a lo largo del Estado. Un analista del FBI con base en McAllen escribió un reporte clasificado que el Departamento de Seguridad Nacional envió a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Border Patrol) por todo Texas. Cerca de 30 sospechosos que alguna vez fueron parte de una unidad élite de las fuerzas especiales guatemaltecas estaban entrenando a traficantes de drogas en tácticas paramilitares a unos pasos de la frontera de McAcallen. La unidad, llamada los Kaibiles, que deben su nombre al príncipe maya, Kaibil Balam, es una de las fuerzas militares más temidas en Latino América, culpada de muchas de las masacres ocurridas durante los 36 años de guerra civil en Guatemala. En septiembre las autoridades mexicanas anunciaron haber arrestado a 7 kaibiles guatemaltecos, incluidos 4 “desertores” que continuaban aun enlistados como miembros activos en el ejército de Guatemala. Las autoridades mexicanas dicen que los kaibiles estaban destinados a engrosar las filas de los Zetas, una pandilla de narcotraficantes compuesta de soldados convertidos en asesinos a sueldo, reclutada de las propias fuerzas especiales de México. Resulta lógico que los Zetas recurran a sus homólogos guatemaltecos. Además de ser un vecino, “Guatemala  es el punto preferido en Centro América para el tránsito de los cargamentos de cocaína con rumbo a los Estados Unidos", según ha reportado consistentemente el Departamento de Estado al Congreso, desde 1999. A principios de noviembre, autoridades antinarcóticos de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala le comunicaron a Prensa Asociada que el 75 por ciento de la droga que llega a suelo estadunidense pasa por esa nación centroamericana. Más importante, quizás, es que la institución dominante en la nación guatemalteca (el ejército) está ligada al negocio ilícito. De acuerdo a documentos obtenidos  por el The Texas Observer, en las pasadas dos décadas, la DEA (U.S Drug Enforcement Adminstration) calladamente ha acusado a oficiales militares de todos los rangos y de todas la ramas del servicio de traficar drogas hacia los Estados Unidos. Más recientemente, la administración Bush ha afirmado que dos generales guatemaltecos retirados, en la cúpula de la jerarquía militar del país, están envueltos en el tráfico de drogas y por lo tanto basado en esas aseveraciones les ha revocado sus visas de ingreso a los EUA.

Los generales retirados, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, son dos de los ex jefes que ocuparon los cargos más altos en los servicios de inteligencia de Guatemala. También son los fundadores, de acuerdo a los reportes de inteligencia de los EUA, de un oscuro club de elite dentro del comando de los servicios de inteligencia de Guatemala que se hace llamar La Cofradía o La Hermandad. Los reportes de los EUA recientemente desclasificados acreditan a La Cofradía de haber diseñado las tácticas que derrotaron de manera categórica a las guerrillas marxistas de Guatemala. Más tarde, una Comisión de la Verdad de la ONU, encontraría que las mismas tácticas habían sido empleadas, incluyendo “actos de genocidio” para expulsar y masacrar a las poblaciones de no menos de 440 comunidades mayas. Durante esas sangrientas operaciones los mandos de la inteligencia militar de Guatemala desarrollaron un código del silencio que les ha permitido el nunca ser enjuiciados por abusos a los derechos humanos cometidos en la era de la Guerra Fría. Dese entonces, según reportes de la DEA y otras agencias de inteligencia, los mismos mandos de inteligencia han enfocado sus estructuras clandestinas hacia el crimen organizado; importación de carros robados en los Estados Unidos y tráfico de drogas hacia el país del norte. Sin embargo, ni un solo oficial ha sido alguna vez enjuiciado por crímenes internacionales ya sea en Guatemala o en los Estados Unidos. Existe suficiente evidencia que implica a los militares guatemaltecos en actividades ilegales, por lo que, la administración Bush ha suspendido la ayuda militar y el entrenamiento de oficiales. Las ofensas citadas incluyen “el resurgimiento reciente de abusos que se creen han sido orquestados por ex militares, así como, por militares en servicio activo, también se imputan actos de corrupción y tráfico de narcóticos perpetrados por ex militares”. Lo anterior de acuerdo al reporte sobre Entrenamiento Militar Extranjero del Departamento de Estado 2004. Mientras que algunos en la administración Bush y en el Congreso quieren reiniciar el entrenamiento militar extranjero, otros están preocupados con la inhabilidad del gobierno de Guatemala de poder ejercer control sobre los militares. Según el congresista republicano por Texas, Michael McCaul, “la razón por la cual elementos del ejército están profundamente envueltos en esta operación ilícita se debe a que el gobierno no tiene el poder para pararlos.” Michael MacCaul, ocupa un asiento en el Subcomité de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Comité de Relaciones Internacionales y es el Jefe del Subcomité de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. El ejército de Guatemala difícilmente sea el primero en estar manchado con el negocio de las drogas; oficiales de inteligencia de alto rango así como oficiales encargados de hacer cumplir con la ley  en muchos países de Latino América han sido encontrados coludidos con el crimen organizado. Pero lo que distingue a Guatemala de la mayoría de naciones es que algunos de los militares sospechosos, son acusados no solo de proteger a los grandes sindicatos del crimen, sino de ser al mismo tiempo, los cabecillas detrás de esas organizaciones criminales. Recientemente el gobierno norteamericano ha reconocido los avances sin precedentes de Colombia y  México al enjuiciar y extraditar a sospechosos de tráfico de drogas y a otros criminales a los Estados Unidos. En los últimos 10 años únicamente Guatemala, en todo el hemisferio ha fallado en enjuiciar o extraditar a los presuntos barones de la droga. Por décadas, sucesivas administraciones de los Estados Unidos han tratado pero han fallado en entrenar una fuerza policial efectiva en Guatemala, mientras que al mismo tiempo dicen poco o nada  acerca de las actividades criminales de los militares guatemaltecos. Finalmente eso llegó a su final en los últimos tres años bajo la jefatura del representante republicano Cass Ballenger, un empedernido conservador por el estado de Carolina del Norte, quien sirvió como jefe del Subcomité para el Hemisferio Occidental. “Claramente, el gobierno guatemalteco no ha dado los pasos necesarios para investigar, arrestar y traer ante la justicia a los barones de la droga,” dijo el entonces jefe de subcomité; Ballenger, en el 2003 antes de retirarse. Comentando a través de un portavoz el nuevo jefe del subcomité, Dan Burton, representante republicano por el estado de Indiana, haciendo eco de su predecesor, dijo que él quiere ver que los  mismos presuntos cabecillas; finalmente, sean “traídos ante la justicia.” Mientras eso no suceda, las drogas que llegan de Guatemala y la violencia asociada con ellas continuará desparramándose sobre la frontera de Texas.

Por mucho tiempo Guatemala ha actuado con lentitud en sus esfuerzos por tomar acciones legales contra oficiales del ejército por violaciones a los derechos humanos. Esa impunidad se ha extendido igualmente a los actos criminales del crimen organizado. El momento crucial llegó en 1994, cuando la extradición de sospechosos del contrabando de drogas quedó en punto muerto en un caso que involucraba a un oficial militar en servicio activo. El caso realza, por un lado, el terrible precio que tienen que pagar aquellos que buscan justicia en Guatemala, y por el otro; la timidez de los Estados Unidos en exigir que se haga justicia. El teniente coronel, Carlos Ochoa, quien a principios de los 80 se desempeñó como oficial de la inteligencia militar se entrenó por un breve periodo (en 1988) en el U.S Army Command and General Staff College. Dos años más tarde la DEA lo acusó de contrabandear drogas a varias localidades, entre ellas la Florida, en donde agentes especiales de la DEA capturaron un avión pequeño cargado con media tonelada métrica de cocaína presuntamente enviado por el coronel. Los fiscales del Departamento de Estado trabajaron durante tres años para evitar que los tribunales militares de Guatemala anularan el caso. Finalmente lograron que el caso de la extradición de Ochoa llegara a la corte civil más alta de Guatemala. Epaminondas González, el magistrado con el más alto cargo en la nación era muy respetado por su integridad. El 23 de marzo de 1994, la Corte de Constitucionalidad liderada por Gózales Dubón, deliberando en secreto (que es común en Guatemala) fallaron cuatro a-tres en favor de la extradición de Ochoa. Nueve días más tarde, el 1 de abril, Gózales Dubón era asesinado por pistoleros mientras conducía su vehículo en las cercanías de su residencia enfrente de su esposa y del más joven de sus hijos. El 12 de abril, la misma Corte de Constitucionalidad, ahora con un nuevo magistrado como presidente secretamente falló siete a uno por la no extradición de Ochoa. Los jueces sobrevivientes usaron la misma línea en los registros de la Corte de Constitucionalidad cambiando el veredicto y la fecha pero no el número original del caso, copiando literalmente el fallo original, como fue únicamente reportado años más tarde por el diario la Nación de Costa Rica. La administración Clinton nunca dijo una palabra en protesta. La embajadora  de los Estados Unidos en Guatemala en ese entonces, Marilyn McAfee, según ella lo admitió, tenía otras preocupaciones que incluían las pláticas en curso sobre la paz con los militares de Guatemala. “Estoy preocupada a cerca del potencial declinamiento en nuestras relaciones con los militares,” escribió la embajadora a sus superiores apenas unos meses antes del asesinato. “En pocas palabras, debemos de ser muy cuidadosos al considerar cada una de nuestras acciones hacia los militares guatemaltecos, no solo por cómo impacta en Washington, sino también por cómo impacta aquí”. Cuatro años después del asesinato, la administración Clinton finalmente admitió en unas cuantas líneas sepultadas en un voluminoso reporte dirigido al Congreso: “El máximo magistrado de la Corte de Constitucionalidad había aprobado la extradición por los cargos del caso del año 1991 tan solo unos días antes de ser asesinado. La nueva corte inmediatamente después voto negando la extradición.”  Ochoa probablemente no estaba actuando solo. “En adición a sus actividades relacionada con el narcotráfico, Ochoa estaba envuelto en el transporte de carros robados desde los Estados unidos hacia Guatemala,” se lee en un reporte “SECRETO” de la inteligencia norteamericana obtenido por la abogada estadounidense Jennifer Harbury. Otro de los oficiales envuelto con Ochoa en actividades del narcotráfico es el coronel Julio Roberto Alpírez de Leon. De acuerdo a un reporte de la U.S Defense Intelligence Agency (DIA), Alpírez  quien brevemente se entrenó en la Escuela de las Américas en 1970, participo “en operaciones especiales de inteligencia". Una investigación de la Junta de Supervision de la Casa Blanca lo implicó en la tortura y asesinato de un líder de la guerrilla marxista quien estaba casado a la abogada titulada en Harvard, Jennifer Harbury, así como también en la tortura y misteriosa decapitación del hotelero estadounidense Michael Devine. El coronel Alpírez, retirado desde entonces, ha negado toda participación en actos indebidos y nunca ha sido acusado de crimen alguno. Pero Ochoa, su antiguo subordinado, está hoy en día recluido en la cárcel. Ochoa fue arrestado nuevamente por negociar con cocaína en ciudad Guatemala, en donde el consumo de crack y los crímenes violentos, especialmente las violaciones, se han vuelto muy comunes. Ochoa, fue sentenciado más tarde a 14 años en prisión y es considerado hasta la fecha como el más importante criminal ligado al narcotráfico  en ser encontrado culpable en Guatemala. Hasta ahora, la DEA nunca ha reconocido el coraje del juez Gónzales Dubón, quien murió defendiendo la evidencia de la DEA. “El juez merece ser recordado y venerado por tratar de ayudar en el establecimiento de la democracia en Guatemala",dijo en entrevista exclusiva, William Glaspy, agente especial de la DEA. Desde el asesinato la DEA ha sido casi que impotente en Guatemala.

La impunidad que escuda a los oficiales del ejército guatemaltecos, que les ha servido para no tener que enfrentar a la justicia por las ofensas criminales cometidas, comenzó durante la Guerra Fría. “Existe una larga historia de impunidad en Guatemala,” dijo el congresista William Delahunt, demócrata por Massachusetts, quien es también un miembro del Subcomité para el Hemisferio Occidental. “Los Estados Unidos ha contribuido a ello de una manera muy desagradable desde 1954, y también en la década de los 80,” agregó, refiriéndose al golpe de estado apoyado por la CIA en 1954, que derrocó al presidente quien había sido democráticamente electo y llevó al poder al ejército de Guatemala, sin descartar el apoyo encubierto de la administración Reagan al ejército guatemalteco, en un momento cuando las acciones sangrientas en contra de la población civil guatemalteca se estaban incrementando. Fue también durante la carnicería de la era de la Guerra Fría que La Cofradía del ejército se materializo exitosamente. "La mera mención de la palabra ‘cofradía’ dentro de la institución expresaba la idea de un ‘club de inteligencia,’ siendo el término ‘cofradía’ el nombre dado a las poderosas organizaciones de ancianos miembros de las iglesias católicas, que existen hoy en día en las comunidades indígenas del altiplano de Guatemala", así se lee en un cable (anteriormente clasificado) de 1991 de la U.S. Defense Intelligence Agency. El cable continúa: (...) Muchos de los mejores y más brillantes entre los oficiales del ejército de Guatemala fueron traídos para el trabajo de inteligencia y el planeamiento de operaciones tácticas. Como todos los documentos no atribuidos en este reporte, el cable fue obtenido por la organización sin fines de lucro, National Security Archives en Washington, D.C. De acuerdo al cable de 1991, “entre los miembros (muy conocidos) de esta cofradía (no oficial) se incluían a los entonces coroneles del ejército Manuel Antonio Callejas y Callejas y a Ortega Menaldo (ambos oficiales se habían entrenado brevemente en la Escuela de las Américas de los EUA, entre 1970 y 1976, respectivamente). El reporte de inteligencia continúa: “Al principio de los años 80  bajo los directores de inteligencia tales como el entonces coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas, el directorio de inteligencia logró enormes avances en cuanto a sus capacidades, tanto es así que en hoy en día debe dársele crédito por haber causado el declinamiento de la guerrilla desde 1982 hasta el presente. Pero  mientras eso sucedía, el directorio de inteligencia se convirtió en un ‘club’ elite dentro del cuerpo de oficiales". Otros oficiales guatemaltecos de ese entonces denominaron su propuesta, la práctica de “secar el mar para matar al pez,” o de atacar a los civiles sospechosos de apoyar a las guerrillas izquierdistas en vez de a los mismos combatientes armados. Un ex sargento, quien sirvió en la ensangrentada provincia del Quiché, le dijo a este autor, que él había aprendido otra expresión: “Hacer que los inocentes paguen por los pecados de los culpables". CONTINUARÁ


En la próxima y última entrega continuaremos con más detalles a cerca de la relación entre el ejército de Guatemala y el narcotráfico tal y como lo reportó Frank Smyth del semanario independiente The Texas Observer en su versión original "The Untouchable Narco-State: Guatemala's Military Defies the DEA."  el 18 de noviembre del 2005 y que también fue publicado en esa misma fecha por el National Security Archives.


"These materials are reproduced from www.nsarchive.org with the permission of the National Security Archive." 


Estos materiales son reproducidos del www.nsarchive.org  con el permiso del Archivo de Seguridad Nacional

Traducción por La Cuna del Sol


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Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.

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