INTRODUCCIÓN
Esto lo dijo el delegado de la Oficina de Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, en
momentos en que sectores políticos conservadores urgen al presidente Pérez
Molina la aplicación de la “mano dura”, que para ellos tiene una explicación
unívoca: represión contra los delincuentes y contra los luchadores sociales,
como si ambos fueran de la misma naturaleza. De allí que para el empresariado
guatemalteco, sobre todo el más trasnochado y que empuja la rueda de la
historia en reversa, entiende que la debilidad del gobierno no es
su aquiescencia a cuanto ellos dicen, sino porque no reprime a los sectores
populares como ellos quisieran. Ante estos razonamientos perversos y
consistentemente paleolíticos, se oponen opiniones de expresa constancia
científica y moral, como la del Delegado de la Oficina de la ONU, cuya
entrevista realizada por Carolina Gamazo, es muy ilustrativa y orientadora. Luciano Castro Barillas.
LA CONFLICTIVIDAD
SOCIAL NO SE PUEDE RESOLVER
CON REPRESIÓN Y ESTADO
DE SITIO
¿Era procedente
establecer un Estado de sitio en Barillas?
Una de las causas fundamentales de todo lo
sucedido es que no hay información clara sobre la hidroeléctrica. Las
autoridades municipales, incluso, nos manifestaron que tenían duda de que
pudiera tener un componente minero. Si tenían ese desconocimiento, imagínese en
los rincones más alejados. Por otro lado, en Huehuetenango ha habido mucha
conflictividad. Sorprende saber que en Barillas solo estaban 7 policías. Había
más guardias de seguridad privada de la empresa que policías. En todo caso, el
Estado de Sitio tenía varios elementos por los cuales consideramos que no era
adecuado, que no respondía a los estándares internacionales.
¿Cómo cuáles?
Para declarar Estado de Sitio, de acuerdo con
estándares internacionales, hay que identificar concretamente cuál es la
situación excepcional que se ha creado y decir cómo se piensa tratar. La
supresión de garantías siempre requiere una especificidad y un detalle. Pero
era un declaratoria muy general.
Guatemala aprobó el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que avala las
consultas comunitarias pero no hace vinculantes sus resultados. ¿Esto podría
ser un motivo de conflicto?
El debate sobre las consultas está muy polarizado.
Hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que no reconoce las
consultas de buena fe como legales. De acuerdo con el convenio 169, es el
Estado quien debe hacer las consultas, no los privados ni otras personas. El
problema es que han pasado años desde la ratificación y ninguna de las
licencias que se han dado ha pasado por un proceso de consulta. El Estado ha
incumplido con este deber. James Anaya, Relator de Pueblos Indígenas, dijo que
las de buena fe deberían ser consideradas, al menos, como el punto de partida
de un diálogo para abrir un proceso de consulta. Hay un último elemento
importante: cuando el proyecto implica el desplazamiento de personas o afecta a
la identidad, entonces sí es vinculante.
¿Cree que podría
repetirse?
Si uno mira el informe del Procurador de
Derechos Humanos sobre los polos de conflictividad, y según la información que
tenemos nosotros, este tipo de situaciones se va a dar en otros lados. El
problema es histórico y no lo tenemos solo allí: está en San Juan Sacatepéquez,
en Alta Verapaz y Quiché.
¿Cree que habría que
incrementar la seguridad en Santa Cruz Barillas?
Es obvio que es una zona de alto peligro,
porque es fronteriza. Me parece bien que se refuerce la seguridad, es
necesario.
¿Con el Ejército o la
Policía Nacional Civil?
Con la PNC. El hecho de que el Mayor del
destacamento militar no haya disparado es un acto de coraje que la Oficina
reconoce. Pero mientras celebramos eso, la lógica dice que la policía tiene una
formación para poder disuadir. El Ejército no está entrenado para eso.
¿Considera que el
Estado está respondiendo a los conflictos con militarización?
Resuelve la conflictividad social en una forma
que tiene que ver más con la represión. Ahora se termina el Estado de Sitio ¿y
alguien va a dialogar? Esto tiene una raíz común, y es la defensa del
territorio. No se puede poner un Estado de Sitio en cuanto conflicto exista, es
insostenible.
¿El territorio dejaría
de estar defendido si hubiera negociación justa con los pueblos?
Sí. El otro problema es la polarización, hay
que bajarla porque si no salen los muertos. Si el Estado cumple con estos
mecanismos, no sé si quitarán todos los focos de conflictividad, porque habrá
lugares donde no se llegará al consenso. Sería importante no retrasar más una
consulta sobre la consulta: comenzar a recoger ideas y llegar a una propuesta
sobre cómo se puede hacer. Y me atrevo a decir que el Presidente lo puede
hacer. De lo contrario, cuando más pasa el tiempo, peor van las cosas. Estamos
hablando del mapeo de la conflictividad, y los polos se van multiplicando.
Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.
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