jueves, 27 de junio de 2013

UN TRATO INJUSTO


A la mayoría de la gente que se legalice bajo el proyecto de ley de reforma migratoria se les otorgará el estatus de inmigrantes provisionalmente registrados (RPIs por sus siglas en inglés). Este estatus se renovará cada seis años, pero aquellos inmigrantes que obtengan ingresos por debajo de la línea de pobreza federal, y que además hayan estado desempleados por más de 60 días consecutivos perderán su estatus legal. Sobre esta base, los jornaleros, los trabajadores de temporada y muchos otros, seran con toda seguridad excluidos. (La Oficina del Presupuesto del Congreso, presume que únicamente una “pequeña fracción” perdería su estatus RPI, llevándolos a sobreestimar el número de inmigrantes que seran legalizados).


UN PROYECTO ANTI INMIGRANTE
DISFRAZADO DE REFORMA


Por Justin Feldman

El lunes 24 de junio, 67 senadores votaron para terminar el debate sobre la enmienda Hoeven-Corker que trata sobre la seguridad en la frontera en el proyecto de reforma migratoria. El voto virtualmente garantiza que el proyecto de reforma migratoria será aprobado en el senado. Al mismo tiempo garantiza que el precio a pagar por las comunidades de inmigrantes será mayor que los beneficios que se obtendrán del proyecto de reforma.

La letanía que constantemente han estado repitiendo los Demócratas y sus aliados de que el proyecto de reforma ofrece una vía hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados -es sencillamente una mentira. La Oficina del Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office) estima que si el proyecto de ley es aprobado, aproximadamente 4 millones de los 11.5 millones de indocumentados que actualmente existen quedarían excluidos. Su estimado es bastante optimista, y es posible que cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados nunca seran beneficiados con la legalización. Y aun aquellos que logren beneficiarse tendrán que enfrentar un largo proceso en una difícil y precaria situación.

Cincuenta Arizonas

El proyecto de ley de reforma creará un futuro sombrío para millones de inmigrantes indocumentados. Para dar inicio a la era post-reforma, el ICE será requerido organizar una campaña de deportaciones masivas, llevando a cabo redadas que abarcaran al 90 por ciento de todos aquellos inmigrantes a quienes sus visas se les hayan vencido el año anterior. Conforme vaya avanzando, la vida diaria de los millones de indocumentados se volverá mucho más difícil de lo que es hoy en día.

Una vez todos los negocios que operan legalmente hayan adoptado el sistema de verificación de empleo, E-Verify, requerido bajo el proyecto de ley, un mayor número de inmigrantes terminaran en empleos peligrosos y sin protección legal en donde seran malintencionadamente clasificados como contratistas independientes por las compañías más oscuras. Si un trabajador consigue trabajo con un número falso del Seguro Social, el empleador podría ir a prisión por 5 años.

Actualmente nueve estados han emitido licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, pero probablemente perderán ese privilegio bajo la ley de reforma migratoria. El proyecto de ley requiere que las licencias estales cumplan con el REAL ID Act (Ley de Identificación Real) y otras regulaciones federales que restringen la emisión de tarjetas de identificación. Si un estado no cumple, la mayoría de sus residentes se verán forzados a obtener un pasaporte de los EUA con el único propósito de que sirva como autorización para trabajar. Esto es más que suficiente para garantizar que los estados restringirán la emisión de licencias de conducir.

También está la cuestión de la seguridad en la frontera. Antes de que se aprobara la enmienda Hoeven-Corker, el proyecto de ley estaba programado para infusionar la suma adicional de $6.5 billones para la militarización de la frontera EEUU-México. Pero bajo la enmienda, la cual es muy mala que hasta la gobernadora de Arizona Jan Brewer le brindó inicialmente su apoyo, esa cantidad sobrepasa los $40 billones. El plan contempla aumentar al doble el tamaño de la patrulla fronteriza, completar 700 millas de vallado y el aumento de vuelos con aviones auto piloteados para la vigilancia de la zona. La patrulla fronteriza establecerá más puntos de reten en la comunidades fronterizas y cometerá diariamente docenas más de abusos a los derechos humanos. Los migrantes continuaran cruzando, aunque lo harán mayormente por áreas remotas, muriendo más gente como resultado. Los migrantes aprehendidos al cruzar la frontera podrían enfrentar, dependiendo de sus historiales criminales y de inmigración, hasta 30 años de prisión.

Un trato injusto, aun para los inmigrantes que se legalicen

A la mayoría de la gente que se legalice bajo el proyecto de ley de reforma se les otorgará el estatus de inmigrantes provisionalmente registrados (RPIs por sus siglas en inglés). Este estatus se renovará cada seis años, pero aquellos inmigrantes que obtengan ingresos por debajo de la línea de pobreza federal, y que además hayan estado desempleados por más de 60 días consecutivos perderán su estatus legal. Sobre esta base, los jornaleros, los trabajadores de temporada y muchos otros, seran con toda seguridad excluidos. (La Oficina del Presupuesto del Congreso, presume que únicamente una “pequeña fracción” perdería su estatus RPI, llevándolos a sobreestimar el número de inmigrantes que seran legalizados).

Para mantener el estatus PRI, los trabajadores se verán forzados a permanecer en empleos bajo condiciones abusivas a fin de no quedarse desempleados. Las mujeres se verán obligadas a permanecer casadas con hombres abusadores con tal de cumplir con el requerimiento de ingreso económico por hogar. Antes de obtener la green card (tarjeta verde de residencia), la mayoría de inmigrantes tendrán que mantener por al menos 10 años el estatus PRI. Tomará al menos 15 años antes de que puedan calificar para la mayoría de beneficios públicos y, por lo menos 10 años antes de que puedan recibir subsidios de seguro médico bajo el Affordable Care Act (Acta de Cuidado de Salud Asequible). Durante ese tiempo, muchos tendrán que batallar para lograr acceder al cuidado médico y otros servicios.

Otro problema con el estatus PRI es que, encerrará  a los inmigrantes en una sola opción para lograr la legalización. La ley de inmigración es complicada, pero muchos inmigrantes indocumentados pueden obtener la tarjeta verde de residencia con bastante rapidez una vez uno de sus hijos nacidos aquí o uno de sus padres (ciudadanos) someta una petición por ellos. Sin embargo, el proyecto de ley de reforma eliminaría esas opciones, y aquellos con estatus PRI quedarían empantanados en la senda de los 10 años (hay excepciones limitadas en los casos de personas casadas con ciudadanos estadounidenses del sexo opuesto). En efecto, bajo el proyecto de reforma migratoria las tarjetas verdes de residencia seran significativamente retardadas para muchos inmigrantes.

Los Demócratas y sus amigos

Durante los dos días previos al voto en el Senado, el senador Chuck Schumer sostuvo una serie de teleconferencias con sus aliados -sindicatos y grupos de apoyo que aseguran hablar por los inmigrantes. Schumer les hizo saber que estaba de acuerdo con incluir la enmienda Hoeven-Corker, la cual incrementaría drásticamente las deportaciones y la militarización de la frontera. Esto fue tan solo lo último en una serie de compromisos, comenzando con la exclusión de parejas del mismo sexo de la versión inicial del proyecto de reforma.

Schumer solicitó el continuo apoyo de sus amigos a pesar de la enmienda y a pesar del castigo colectivo que las comunidades de inmigrantes tendrán que aceptar para que algunos puedan ser legalizados. Sus amigos accedieron voluntariosamente (después de todo, ellos no seran quienes sufrirán el castigo). Organizaciones como SEIU, National Immigration Forum, Church World Service y America’s Voice emitieron un comunicado de prensa siguiendo los mismos argumentos y aceptando la enmienda Hoeven-Corker como un compromiso necesario.

Recientemente el senador Schumer ha comenzado, inclusive, a auto promoverse como un especie de líder de los derechos civiles. En una aparición en CNN, declaró, “Este (proyecto de reforma) tiene el potencial de convertirse en el siguiente más grande movimiento por los derechos civiles… Puedo ver un millón de personas en el Mall”. Todo esto es muy suculento sobre todo viniendo de un hombre quien ha aceptado más de $100.000 de la industria privada de las prisiones.

Es posible que una marcha de un millón de personas en Washington pueda en realidad tener lugar. Las organizaciones envueltas son buenas para movilizar gente, suscitando esperanzas sin en verdad discutir la sustancia del proyecto de ley, muchos menos, escuchar sus preocupaciones. Y el proyecto de ley podría contener el grado suficiente de violencia racista para apaciguar a los republicanos en la cámara de  representantes después de algunas modificaciones, aunque eso queda por verse. Es muy probable que la Cámara de Representantes rechace el proyecto de ley del Senado y los Demócratas traten de sacarle provecho a la desilusión en las elecciones de mitad de mandato  del 2014.

Sin considerar cuanto avance el proceso legislativo, los defensores de los derechos humanos necesitan presionar con fuerza contra este proyecto de ley de reforma migratoria y contra el débil liderazgo de los grupos de apoyo que lo están promoviendo. Afortunadamente, parece que unas cuantas organizaciones han comenzado a reflexionar sobre si vale la pena o no, continuar apoyando el proyecto de ley,  grupos como Presente.org han hecho pública su formal oposición al proyecto de ley. Inclusive organizaciones como PICO y United We Dream, dos organizaciones que han colaborado muy de cerca con la reforma migratoria, montaron una protesta en la oficina de Schumer el martes por la tarde cuando se supo que el senador estaba en el proceso de agregar (todavía más) enmiendas antiinmigrantes para ganar el voto de los republicanos.

Sin embargo, si las cosas continúan por el mismo camino, o el congreso aprueba un proyecto de reforma migratoria que será mucho más peor que el estatus quo actual, o el precedente que los demócratas han sentado levantará su horrible cabeza la próxima vez que el congreso trate de abordar el problema de la inmigración, reapareciendo con todas sus detestables provisiones. Los grupos pro inmigrantes y de derechos civiles que aduladoramente han apoyado a Schumer y a los demócratas, o que ingenuamente han llegado a creer que pueden enmendar el proyecto de ley, o bien escondiéndose detrás de una campaña fútil para hacer que Obama declare una moratoria en las deportaciones, tienen que despertar y darse cuenta que la tarea inmediata es combatir a sus “amigos” en el congreso y acabar este proyecto de ley.



Traducido del inglés por Marvin Najarro.



Justin Feldman vive en Washington D.C y puede ser leída en el blog  http://openborders.us











Publicado por LaQnadlSol
Ct., USA.

1 comentario:

Justin dijo...

Gracias por traducir mi articulo!