A la mayoría de la gente que
se legalice bajo el proyecto de ley de reforma migratoria se les otorgará el
estatus de inmigrantes provisionalmente registrados (RPIs por sus siglas en
inglés). Este estatus se renovará cada seis años, pero aquellos inmigrantes que
obtengan ingresos por debajo de la línea de pobreza federal, y que además hayan
estado desempleados por más de 60 días consecutivos perderán su estatus legal.
Sobre esta base, los jornaleros, los trabajadores de temporada y muchos otros, seran
con toda seguridad excluidos. (La Oficina del Presupuesto del Congreso, presume
que únicamente una “pequeña fracción” perdería su estatus RPI, llevándolos a
sobreestimar el número de inmigrantes que seran legalizados).
UN PROYECTO ANTI INMIGRANTE
DISFRAZADO DE REFORMA
Por Justin Feldman
El lunes 24 de junio, 67 senadores votaron para terminar el debate sobre la
enmienda Hoeven-Corker que trata sobre la seguridad en la frontera en el
proyecto de reforma migratoria. El voto virtualmente garantiza que el proyecto
de reforma migratoria será aprobado en el senado. Al mismo tiempo garantiza que
el precio a pagar por las comunidades de inmigrantes será mayor que los
beneficios que se obtendrán del proyecto de reforma.
La letanía que constantemente han estado repitiendo los Demócratas y sus
aliados de que el proyecto de reforma ofrece una vía hacia la ciudadanía para
los 11 millones de indocumentados -es sencillamente una mentira. La Oficina del
Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office) estima que si el
proyecto de ley es aprobado, aproximadamente 4 millones de los 11.5 millones de
indocumentados que actualmente existen quedarían excluidos. Su estimado es
bastante optimista, y es posible que cerca de la mitad de los inmigrantes
indocumentados nunca seran beneficiados con la legalización. Y aun aquellos que
logren beneficiarse tendrán que enfrentar un largo proceso en una difícil y
precaria situación.
Cincuenta Arizonas
El proyecto de ley de reforma creará un futuro sombrío para millones de inmigrantes
indocumentados. Para dar inicio a la era post-reforma, el ICE será requerido
organizar una campaña de deportaciones masivas, llevando a cabo
redadas que abarcaran al 90 por ciento de todos aquellos inmigrantes a quienes
sus visas se les hayan vencido el año anterior. Conforme vaya avanzando, la
vida diaria de los millones de indocumentados se volverá mucho más difícil de
lo que es hoy en día.
Una vez todos los negocios que operan legalmente hayan adoptado el sistema
de verificación de empleo, E-Verify, requerido bajo el proyecto de ley, un
mayor número de inmigrantes terminaran en empleos peligrosos y sin protección
legal en donde seran malintencionadamente clasificados como contratistas
independientes por las compañías más oscuras. Si un trabajador consigue trabajo
con un número falso del Seguro Social, el empleador podría ir a prisión por 5
años.
Actualmente nueve estados han emitido licencias de conducir a inmigrantes
indocumentados, pero probablemente perderán ese privilegio bajo la ley de
reforma migratoria. El proyecto de ley requiere que las licencias estales
cumplan con el REAL ID Act (Ley de Identificación Real) y otras regulaciones
federales que restringen la emisión de tarjetas de identificación. Si un estado
no cumple, la mayoría de sus residentes se verán forzados a obtener un
pasaporte de los EUA con el único propósito de que sirva como autorización para
trabajar. Esto es más que suficiente para garantizar que los estados
restringirán la emisión de licencias de conducir.
También está la cuestión de la seguridad en la frontera. Antes de que se
aprobara la enmienda Hoeven-Corker, el proyecto de ley estaba programado para
infusionar la suma adicional de $6.5 billones para la militarización de la
frontera EEUU-México. Pero bajo la enmienda, la cual es muy mala que hasta la
gobernadora de Arizona Jan Brewer le brindó inicialmente su apoyo,
esa cantidad sobrepasa los $40 billones. El plan contempla aumentar al doble el
tamaño de la patrulla fronteriza, completar 700 millas de vallado y el aumento
de vuelos con aviones auto piloteados para la vigilancia de la zona. La
patrulla fronteriza establecerá más puntos de reten en la comunidades
fronterizas y cometerá diariamente docenas más de abusos a los derechos
humanos. Los migrantes continuaran cruzando, aunque lo harán mayormente por
áreas remotas, muriendo más gente como resultado. Los migrantes aprehendidos al
cruzar la frontera podrían enfrentar, dependiendo de sus historiales criminales
y de inmigración, hasta 30 años de prisión.
Un trato injusto, aun para
los inmigrantes que se legalicen
A la mayoría de la gente que se legalice bajo el proyecto de ley de reforma
se les otorgará el estatus de inmigrantes provisionalmente registrados (RPIs por sus siglas en inglés). Este estatus se
renovará cada seis años, pero
aquellos inmigrantes que obtengan ingresos por debajo de la línea de pobreza
federal, y que además hayan estado desempleados por más de 60 días consecutivos
perderán su estatus legal. Sobre esta base, los jornaleros, los trabajadores de temporada y muchos otros,
seran con toda seguridad excluidos. (La Oficina del Presupuesto del Congreso,
presume que únicamente una “pequeña fracción” perdería su estatus RPI,
llevándolos a sobreestimar el número de inmigrantes que seran legalizados).
Para mantener el estatus PRI, los trabajadores se verán forzados a
permanecer en empleos bajo condiciones abusivas a fin de no quedarse
desempleados. Las mujeres se verán obligadas a permanecer casadas con hombres
abusadores con tal de cumplir con el requerimiento de ingreso económico por
hogar. Antes de obtener la green card (tarjeta verde de residencia), la mayoría
de inmigrantes tendrán que mantener por al menos 10 años el estatus PRI. Tomará
al menos 15 años antes de que puedan calificar para la mayoría de beneficios
públicos y, por lo menos 10 años antes de que puedan recibir subsidios de
seguro médico bajo el Affordable Care Act (Acta de Cuidado de Salud Asequible).
Durante ese tiempo, muchos tendrán que batallar para lograr acceder al cuidado
médico y otros servicios.
Otro problema con el estatus PRI es que, encerrará a los inmigrantes en una sola opción para
lograr la legalización. La ley de inmigración es complicada, pero muchos
inmigrantes indocumentados pueden obtener la tarjeta verde de residencia con
bastante rapidez una vez uno de sus hijos nacidos aquí o uno de sus padres
(ciudadanos) someta una petición por ellos. Sin embargo, el proyecto de ley de
reforma eliminaría esas opciones, y aquellos con estatus PRI quedarían
empantanados en la senda de los 10 años (hay excepciones limitadas en los casos
de personas casadas con ciudadanos estadounidenses del sexo opuesto). En
efecto, bajo el proyecto de reforma migratoria las tarjetas verdes de
residencia seran significativamente retardadas para muchos inmigrantes.
Los Demócratas y sus amigos
Durante los dos días previos al voto en el Senado, el senador Chuck Schumer
sostuvo una serie de teleconferencias con sus aliados -sindicatos y grupos de
apoyo que aseguran hablar por los inmigrantes. Schumer les hizo saber que
estaba de acuerdo con incluir la enmienda Hoeven-Corker, la cual incrementaría drásticamente
las deportaciones y la militarización de la frontera. Esto fue tan solo lo
último en una serie de compromisos, comenzando con la exclusión de parejas del
mismo sexo de la versión inicial del proyecto de reforma.
Schumer solicitó el continuo apoyo de sus amigos a pesar de la
enmienda y a pesar del castigo colectivo que las comunidades de inmigrantes
tendrán que aceptar para que algunos puedan ser legalizados. Sus amigos
accedieron voluntariosamente (después de todo, ellos no seran quienes sufrirán
el castigo). Organizaciones como SEIU, National Immigration Forum, Church World
Service y America’s Voice emitieron un comunicado de prensa siguiendo los
mismos argumentos y aceptando la enmienda Hoeven-Corker como un compromiso
necesario.
Recientemente el senador Schumer ha comenzado, inclusive, a auto promoverse
como un especie de líder de los derechos civiles. En una aparición en CNN,
declaró, “Este (proyecto de reforma) tiene el potencial de convertirse en el
siguiente más grande movimiento por los derechos civiles… Puedo ver un millón
de personas en el Mall”. Todo esto es muy suculento sobre todo viniendo de un
hombre quien ha aceptado más de $100.000 de la industria privada de las
prisiones.
Es posible que una marcha de un millón de personas en Washington pueda en
realidad tener lugar. Las organizaciones envueltas son buenas para movilizar
gente, suscitando esperanzas sin en verdad discutir la sustancia del proyecto
de ley, muchos menos, escuchar sus preocupaciones. Y el proyecto de ley podría
contener el grado suficiente de violencia racista para apaciguar a los
republicanos en la cámara de
representantes después de algunas modificaciones, aunque eso queda por
verse. Es muy probable que la Cámara de Representantes rechace el proyecto de
ley del Senado y los Demócratas traten de sacarle provecho a la desilusión en
las elecciones de mitad de mandato del
2014.
Sin considerar cuanto avance el proceso legislativo, los defensores de los
derechos humanos necesitan presionar con fuerza contra este proyecto de ley de
reforma migratoria y contra el débil liderazgo de los grupos de apoyo que lo
están promoviendo. Afortunadamente, parece que unas cuantas organizaciones han
comenzado a reflexionar sobre si vale la pena o no, continuar apoyando el
proyecto de ley, grupos como Presente.org han hecho pública su formal oposición al
proyecto de ley. Inclusive organizaciones como PICO y United We Dream, dos
organizaciones que han colaborado muy de cerca con la reforma migratoria,
montaron una protesta en la oficina de Schumer el martes por la tarde cuando se
supo que el senador estaba en el proceso de agregar (todavía más) enmiendas
antiinmigrantes para ganar el voto de los republicanos.
Sin embargo, si las cosas continúan por el mismo camino, o el congreso
aprueba un proyecto de reforma migratoria que será mucho más peor que el
estatus quo actual, o el precedente que los demócratas han sentado levantará su
horrible cabeza la próxima vez que el congreso trate de abordar el problema de
la inmigración, reapareciendo con todas sus detestables provisiones. Los grupos
pro inmigrantes y de derechos civiles que aduladoramente han apoyado a Schumer
y a los demócratas, o que ingenuamente han llegado a creer que pueden enmendar
el proyecto de ley, o bien escondiéndose detrás de una campaña
fútil para hacer que Obama declare una moratoria en las deportaciones, tienen
que despertar y darse cuenta que la tarea inmediata es combatir a sus “amigos”
en el congreso y acabar este proyecto de ley.
Traducido del inglés por Marvin Najarro.
Publicado por LaQnadlSol
Ct., USA.
1 comentario:
Gracias por traducir mi articulo!
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