El temor entre quienes se
oponen a la declaración de la Corte de Constitucionalidad es que si Ríos Montt
es amnistiado, esto allanaría el camino para que otras personas que cometieron
crímenes durante la guerra civil reciban la amnistía, incluso si han sido
previamente condenados.
NUEVO FALLO JUDICIAL OTRO OBSTÁCULO
EN EL PROCESAMIENTO POR
GENOCIDIO DE RÍOS MONTT
Por Benjamin Reeves
CIUDAD DE GUATEMALA - El procesamiento del ex dictador guatemalteco José
Efraín Ríos Montt, cuyo régimen brutal, a principios de 1980, vio la muerte de
decenas de miles de personas indígenas en el país, se ha topado con un
obstáculo más, con uno de los dos altos tribunales del país argumentando que el
general retirado puede tener derecho a la amnistía.
La declaración de la corte, que se filtró esta semana a un medio de comunicación
de Guatemala, ordena a un tribunal menor
que está enjuiciando a Ríos Montt, reconsiderar si una ley de amnistía de 1986
se aplica en su caso. El tribunal había dictaminado previamente que no era así.
La declaración de la corte y los documentos justificativos no han sido
proporcionados a la defensa, como tampoco a la parte acusadora en el caso y,
los argumentos exactos de la corte aún no han sido revisados por el tribunal de
primera instancia. Pero si el tribunal de primera instancia los aceptara, sería
un enorme revés para los defensores de los derechos humanos, quienes por mucho
tiempo han visto el procesamiento de Ríos Montt como un hito en la asignación
de responsabilidad en Guatemala, por uno de los períodos más sangriento en la historia
de América Latina.
Ríos Montt, quien en ese momento gozó del apoyo del gobierno de Reagan, está
acusado de genocidio por una sangrienta campaña de tres años de pacificación
rural, que desplazó a casi 1 millón de personas de sus hogares y
muchos otros fueron asesinados. Masacres, desapariciones y torturas eran
comunes durante su gobierno, el cual las justificó como necesarias para
aplastar una rebelión de inspiración comunista entre los pueblos indígenas de
Guatemala.
El 10 de mayo, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes de
guerra, la primera vez que un ex jefe de Estado era declarado culpable de
crímenes contra la humanidad en su propio país. Fue condenado a 80 años de
prisión. Sin embargo, tan solo diez días después la Corte de Constitucionalidad
anuló la condena de Ríos Montt, citando conflictos de competencia.
La orden de la Corte de Constitucionalidad, primero divulgada por el diario
Prensa Libre, dejó perplejos a muchos analistas aquí, a quienes les preocupa que se intente eludir
el proceso judicial. La Corte de Constitucionalidad citó un decreto de 1986 que
concedió amnistía a los combatientes de ambos bandos de la guerra. Ese decreto,
sin embargo, había sido reemplazado por la Ley de Reconciliación Nacional de
1996, que prohíbe la amnistía para los condenados por genocidio, tortura,
desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad.
"Me parecen
casi kafkianos los juicios y los procedimientos legales del caso de Ríos
Montt", dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Derecho
Internacional de Derechos Humanos de la escuela de leyes de la Universidad de
California, Berkeley. "Hay todo tipo de factores que son confusos. . . .
No es sólo que el sistema es arcano, es que está configurado para admitir la impunidad”.
No estaba claro si el tribunal de primera instancia podría ignorar la orden
del tribunal superior. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, que
ha tomado la delantera en el enjuiciamiento de Ríos Montt, dijo que la
declaración del Tribunal Constitucional "no concede amnistía a Ríos Montt,
pero ordena a los tribunales inferiores para aclarar las resoluciones
anteriores que le negaron la amnistía."
Los que defienden el enjuiciamiento
a Ríos Montt argumentan, que no sólo la legislación guatemalteca dice que la
amnistía no es aplicable, sino que también, el derecho internacional le resta
autoridad a las reclamaciones de amnistía. El sistema de justicia de Guatemala
está sujeto a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que ha derogado previamente decretos similares de amnistía en Perú y Argentina.
"No hay amnistía para delitos como el genocidio", dijo Altholz. Es
casi seguro que la concesión de la amnistía por el tribunal de primera instancia
será apelada, llegando eventualmente a la Corte Interamericana.
Sin embargo, los poderes de la Corte Interamericana son limitados. "El
tribunal, al igual que todos los tribunales internacionales, no tiene un
ejército, así que no hay ningún método coercitivo", dijo Altholz. Las
consecuencias para el sistema de justicia de Guatemala se limitarán a "la
condena de la corte y de la comunidad internacional", dijo.
Ni la Embajada de
EEUU en Guatemala, ni la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de la ONU en Guatemala han comentado sobre el reporte del fallo de la Corte de Constitucionalidad.
Francisco Palomo, abogado de la defensa de Ríos Montt, dijo a Prensa Libre
el jueves, que los jueces en el juicio inicial habían "actuado
ideológicamente" y que "sabían perfectamente lo que querían aplicar y
lo qué no aplicar." Aplaudió la decisión de la Corte de Constitucionalidad,
diciendo que los jueces durante el juicio ", insistieron en que invocáramos
la Ley de Reconciliación Nacional, cuando en realidad desde el principio
queríamos invocar" el decreto de 1986.
Amílcar Pop, un
diputado del partido Winaq de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, que defiende
los derechos indígenas en Guatemala, calificó el fallo del Tribunal Constitucional, "uno de los pasos en la ruta a la
impunidad", según Prensa Libre. "Con esto Guatemala retrocede 60 años
en la lucha por los derechos humanos".
Ríos Montt sigue
siendo una figura polémica en Guatemala. Muchos siguen pensando en él como un
líder que creo el orden necesario, aunque con medios que han sido condenados.
Valentín Gramajo, diputado del derechista Partido Patriota de Guatemala,
que ha sido acusado de presionar a los tribunales para anular el juicio Ríos
Montt, dijo a Prensa Libre que es partidario de la concesión de la amnistía al
ex presidente.
El temor entre quienes se oponen a la declaración de la corte es que si
Ríos Montt es amnistiado, esto allanaría el camino para que otras personas que
cometieron crímenes durante la guerra civil reciban la amnistía, incluso si han
sido previamente condenados.
"La amnistía demuestra que después de 15 años, la justicia no está
funcionando", dijo Alejandra Castillo, directora adjunta del Centro para
la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala.
Benjamin Reeves es un corresponsal especial de McClatchy
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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