viernes, 15 de junio de 2012

CUENTAS CABALES HACEN LAS BUENAS AMISTADES…






INTRODUCCIÓN



En la PDH, realmente, no se dieron situaciones escandalosas. Hubo desaciertos administrativos, pérdida de objetivos esenciales y en los últimos años promoción de la imagen personal del procurador con fines de reelección, en la creencia de que estaba haciendo bien su trabajo. Se fue rodeando de una cohorte de aduladores que le obnubilaron la visión de la realidad, dando como resultado lo que siempre ocurre con presidentes o altos funcionarios: resultados precarios. El costo a sus errores ya los pagó, pues no fue reelecto, lamentablemente su sustituto tiene muy poco que ofrecer y parece que será una variación del mismo tema. El tiempo lo dirá, pero la experiencia nos dice que cuando algo empieza mal, invariablemente, termina mal. Ojalá no fuera así, porque el pueblo de Guatemala está necesitado de respaldo y protección por la exponencial violación de sus derechos, aunque las estadísticas gubernamentales afirman lo contrario. Luciano Castro Barillas.









LOS NÚMEROS DE LA GESTIÓN MORALES,

EXPROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS


          
               Sergio Morales, ex Procurador de los Derechos Humanos


Por Rodrigo Baires Quezada


Aumento de dinero

Durante los últimos 10 años, el presupuesto que le asigna el Congreso al Procurador  de los Derechos Humanos (PDH) pasó de los 30 a los 100 millones de quetzales anuales. Sin un balance técnico de la labor de la PDH más allá de la memoria de labores que se presentan cada enero al Congreso, el aumento de su presupuesto se explica, según el Procurador, a que estuvo amarrado al incremento de personal en las auxiliaturas o al aumento de funciones, como verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, las mismas memorias dan cuenta de las gestiones de Morales para obtener estos aumentos y ampliaciones presupuestarias. Llama la atención que después de su reelección, en 2007, su presupuesto tuvo el incremento más importante de toda su gestión: 35% respecto del 2006. Pasó de 65 millones a 100.8 millones de quetzales para el 2008.

A finales de ese año, los diputados aprobaron una ampliación de 8.6 millones de quetzales, y la institución obtuvo el plan de gastos anual más alto de toda la gestión de Morales: 113 millones de quetzales. Según los registros del Sistema Integrado de Contabilidad (Sicoin), era la tercera ampliación presupuestaria en 3 años consecutivos. Además de los desembolsos obtenidos de la administración central, el PDH también obtuvo acceso a fondos provenientes de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, por 10.6 millones de quetzales, para su segundo período, a pesar de los rumores de que la institución cayó en descrédito por la manera en que manejaba este dinero.

Por ejemplo, el manejo del Archivo Histórico de la Policía Nacional fue motivo de reparos al PDH por los países donantes en enero de 1010. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio cuenta del pago de 5 consultores que tuvieron permiso especial de la dirección del Procurador para ausentarse por 3 meses en 2008 con goce de salario; además de cambio de funciones y sustitución de consultores sin permiso y contratación de personal que ya estaba en planilla.

El trabajo realizado

Según Morales, el aumento de su planilla es producto del “crecimiento natural de la institución”. Cita el aumento de personal por la creación de nuevas auxiliaturas, que pasaron de 27 a 31 durante estos 10 años, y de nuevos servicios, como el centro de atención de denuncias telefónicas al 1555 y las oficinas móviles en Huehuetenango, en 2004, y las de ciudad de Guatemala, Sololá y San Marcos, en 2005.

De 2003 a 2011 los expedientes de investigación abiertos no superaron los 4,200 por año, según la memoria de labores. En estos están incluidas 162,464 llamadas que atendió el Centro de Atención del 1555, que entró en operaciones en el 2006. Otra constante: durante los últimos cinco años, el 80% de estas investigaciones es producto de denuncias directas y no de acciones de oficio. Del otro lado de la moneda, el número de acciones del PDH  -que va desde hacer observaciones, seguimientos, prevenciones; hasta el resguardo de víctimas- decayó en casi la mitad: de 34,799 en el 2003; a 18,582 en el 2011. Además, se cerraron auxiliaturas, en cuenta la de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

A partir de los informes no hay posibilidad de saber cuántas denuncias terminaron en resoluciones, cuáles siguen en investigación o cuántas fueron desestimadas. Esta información las maneja la Dirección de Estudio y Análisis de la oficina del PDH. Se le solicitó estos datos a la Unidad de Acceso a la Información del Procurador y al cierre de esta nota pidieron una prórroga de diez días hábiles para entregarlos.

En los escritos oficiales se presenta como dato consolidado las investigaciones y las acciones cuyo propósito es mostrar el trabajo de la institución. Precisamente, esta es una de las tachas que enfrentaba Morales de sus detractores, por ejemplo, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y el Movimiento pro Justicia: opacidad en sus resultados. Otra de las contras era al falta de trabajo en el área de promoción y educación en derechos humanos. El presupuesto de esta área, según el Sicoin, tuvo recortes sistemáticos de 2009 a 2011. Con un plan de gastos promedio de 15.6 millones de quetzales en este período, este se redujo, a 12.9 millones. Así, los programas de esta área recibieron 16.8 por ciento menos de presupuesto.

Planilla al doble

El Sicoin permite ver que el pago de salario aumentó en 40.3 millones de quetzales de 2005 al 2011. En la actualidad el PDH tiene 799 empleados. En una entrevista que concedió Morales dijo que: “En 10 años se creció cien por ciento (la planilla), pero se han creado nuevas unidades y oficinas en el interior, ordenadas por la ley”. Detrás de su respuesta estaban los rumores de que el aumento de contrataciones se debía a deudas políticas. Él lo ha negado vehementemente. Lo cierto es que solo el 29 por ciento de personal contratado pertenece a las auxiliaturas en el interior del país. Es más, el número de personas descendió de 291 a 233, de 2008 a 2012.  En números fríos, el 76% del presupuesto que gastó la PDH en el 2011 sirvió para remuneraciones de personal: 84.8 millones de quetzales. El aumento en planilla durante los últimos 6 años es notorio en el personal bajo contrato.

Hace 3 semanas, el diario digital “Plaza Pública” constató la contratación de por lo menos 5 personas con lazos consanguíneos con los diputados Mario Taracena Díaz Sol, Baudilio Hichos y Arístides Crespo Villegas. Una sexta persona, Juan Pablo Rodríguez Segura, trabaja en la Unidad de Acceso a la Información Pública y es hijo de Edgar Rodríguez, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en 2007, año en que Morales fue reelecto al cargo.

¿Cómo se gasta el dinero?

En los últimos 4 años, el PDH hizo 6,351 compras sin concurso y solo 10 por licitación o cotización. Las auditorías de la Contraloría General de Cuentas de 2007 a 2010, solo dan cuenta de pequeños reparos administrativos. Los gastos fraccionados se repiten. Solo en impresión y colocación de vallas publicitarias, el PDH pagó el año pasado 495,000 quetzales a tres empresas. Se trató de 50 vallas de la campaña “Derechos para Todos”, que se colocaron en transitadas carreteras, acompañadas del rostro de Morales, más otras 82 vallas de “Empadrónate y Vota”, colocadas antes de las elecciones generales. Las empresas contratadas fueron Publi-Estructura, Pintugua Publicidad y Hepime de Guatemala, S.A.

Aunque el PDH cuenta con un oficial de eventos y otro de recepciones y protocolos (que juntos ganan 100 mil quetzales anuales) también erogó 521 mil quetzales en los últimos dos años por asesorías de imagen y protocolo, facturado por Impulsadora Empresarial S.A. La empresa, de la cual es representante Brenda Sanchinelli Izeppi, solo es proveedora del Estado con la PDH.  Esa “exclusividad” como proveedores también la tiene Asesoría y Proyectos Organizacionales, S.A. (APO S.A.), que cobró 47 talleres de capacitación sobre VIH por 1 millón de quetzales, de 2011 a 2012. Hay que tomar en cuenta que la propietaria de APO S.A., es madre de la asesora del procurador en materia de VIH, Johann Rivera Castillo, quien gana 21 quetzales mensuales.

Otro proveedor exclusivo es Comando de Seguridad J.D., que arrendó de 2009 a 2011 aparatos de GPS y mensajería por 991,900 quetzales. Funciona en la misma dirección que Sistema de Seguridad S.A., una empresa versátil que le ha dado a Morales servicios de alquiler de vehículos y de vigilancia, ha hecho investigaciones especiales sobre asesinato de pilotos y de mujeres, desapariciones forzadas, tratas de personas, abuso de inmigrantes, atención a pacientes con VIH/SIDA y adopciones ilegales. En total, ha facturado 7.8 millones en 3 años, todo fraccionado por mes. Su propietaria es Nohemí Portillo Pazos de Escobar, quien en enero aparecía como directora de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el Ministerio de Finanzas.











Publicado por Marvin Najarro
CT., USA.

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