En América latina, los datos
entregados por el ex agente estadounidense demuestran que se cometieron
violaciones flagrantes al derecho internacional por parte de los Estados Unidos
al espiar a la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a miembros de su
gabinete y por haber robado “información sensible” de origen comercial, como
denunciara la presidenta de Brasil el martes pasado ante la Asamblea General.
Si bien los presidentes
agrupados en el bloque progresista de la región condenaron estos hechos, además
de defender la soberanía de cada uno de los países latinoamericanos, una
situación muy distinta se vivió en torno del “otro bloque de integración”, la
Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile, Colombia y México.
EL BLOQUE PROGRESISTA Y
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Por Nicolás Rojas Scherer.
Luego de la 68ª asamblea de la ONU. La reciente reunión dejó en claro
varios asuntos importantes a nivel mundial, con Latinoamérica como uno de los
tantos escenarios del conflicto internacional. Y si bien en la región dicho
conflicto aparece solapado y encubierto, es bien sabido ya que tiene una
prioridad de primera magnitud estratégica para los Estados Unidos y otras
potencias en su esquema de dominación global.
Los dos aspectos más notorios de la pasada Asamblea fueron la guerra en
Siria y el caso de espionaje masivo dado a conocer por el ex contratista de la
CIA Edward Snowden. En América latina, los datos entregados por el ex agente
estadounidense demuestran que se cometieron violaciones flagrantes al derecho
internacional por parte de los Estados Unidos al espiar a la propia presidenta
brasileña, Dilma Rousseff, a miembros de su gabinete y por haber robado
“información sensible” de origen comercial, como denunciara la presidenta de
Brasil el martes pasado ante la Asamblea General.
Si bien los presidentes agrupados en el bloque progresista de la región
condenaron estos hechos, además de defender la soberanía de cada uno de los
países latinoamericanos, una situación muy distinta se vivió en torno del “otro
bloque de integración”, la Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile,
Colombia y México.
Esta otra situación tiene el particular sello del neoliberalismo en su
expresión regional. Pues si en las décadas pasadas la escuela de Chicago y
otros tecnócratas de la región formados y asesorados en los Estados Unidos se
dedicaron a crear programas económicos de privatización de empresas públicas,
desgravaciones arancelarias, apertura de mercados, flexibilización laboral y
privatizaciones de derechos básicos como la educación y la salud, desde la
formalización de la Alianza del Pacífico en 2011 los mandatarios conservadores
de estos cuatro Estados dieron un paso más: regionalizar de forma
complementaria el esquema de liberalización productiva de las sociedades a las
que gobiernan.
Representados por Ollanta Humala, de Perú; Sebastián Piñera, de Chile; Juan
Manuel Santos, de Colombia, y el Secretario de Economía de México, Idelfonso
Guajardo, la Alianza del Pacífico se reunió con 200 empresarios estadounidenses
para “atraer inversiones”, generar confianzas y demostrar al gran capital
transnacional reunido en la ciudad de Nueva York que estos cuatro países se
encuentran en óptimas condiciones para la inversión. Esta reunión de carácter
empresarial da cuenta de los objetivos, manejos y formas de despolitizar una
instancia donde se debaten los problemas de la guerra y la paz y la relación
entre los pueblos como es la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Clarificador de este carácter de lobbystas para asegurar la rentabilidad del
capital en la región es el hecho de que haya sido el Secretario de Economía
como cargo ad hoc el que enviara Peña Nieto para representar a su nación ante
los demás pueblos del mundo, mientras él se quedaba en México haciéndose cargo
de las devastaciones de dos ciclones tropicales. Pues si bien cada mandatario
habla al mundo de lo que el país al que representa puede proponer (o criticar),
lo cierto es que en el caso de la Alianza del Pacífico le hablan
prioritariamente a los públicos locales.
Así, Santos se explayó largo y tendido sobre el proceso de negociaciones
con las FARC que su gobierno se encuentra llevando a cabo. Expresó que “hacer
la guerra, como yo la sé hacer, es mucho más fácil, pero no sería justo seguir
conviviendo con el conflicto. Sería condenar a los colombianos a seguir siendo
víctimas, y eso no sería responsable con América latina y con mi propia
conciencia, porque estamos ante la oportunidad, tal vez la última, de poner fin
al conflicto”. Y agregó que “queremos acabar con nuestro conflicto sin
renunciar a la justicia ni mucho menos a la reparación de las víctimas”.
La frase de “sin renunciar a la justicia” debe ser interpretada en medio
del contexto en el que se desenvuelve la Colombia actual. Contexto en el cual
el proceso de negociaciones con las FARC abrió una ventana de oportunidad a la
paz. Claro que ese proceso está lleno de vericuetos. Por un lado, los
ultraconservadores, de la mano del ex presidente Álvaro Uribe, condenaron
dichas negociaciones por entenderlas como un modo de “tranzar con terroristas”,
hasta el difícil dilema de hasta qué punto se puede conseguir justicia para las
víctimas del conflicto. Pues es necesario recordar que Santos busca la
reelección en medio de un poderoso paro agrario, en donde el campesinado
colombiano (mayoritariamente de origen indígena) se alzó en todas partes del
país debido a las pérdidas que estaba provocando (entre otras causas) la firma
del TLC con los Estados Unidos, tratado que le permite a los norteamericanos
exportar commodities agrícolas a tierras colombianas a mucho menor costo,
debido a los subsidios con que cuenta el negocio del agro estadounidense por
parte del Estado. De esta forma, las palabras de Santos fueron íntegramente
dirigidas al público colombiano local.
En tanto, mientras Humala consideró a Perú como “un país emergente capaz de
atraer inversiones a largo plazo”, en la patria de Mariátegui la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal entidad multigremial del
país incaico, llevó a cabo una multitudinaria marcha reivindicando mejoras
salariales y el cumplimiento de promesas de campaña, dejadas de lado por el
líder del movimiento nacionalista etno cacerista una vez fungido con el poder.
Bastante alejado de los ideales del movimiento que levantó la plataforma
presidencial de Humala, el presidente del Consejo de Ministros calificó el
hecho de la marcha como “manifestaciones que no expresan la posibilidad de que
el país siga creciendo”, siendo los trabajadores duramente reprimidos por la
policía. Aun así, el presidente de Perú se dio la oportunidad de tocar los
temas de la guerra y la paz en Medio Oriente, abogando por una salida pacífica
del conflicto en Siria por medio de la negociación política. “Es la única
solución que garantiza el desarrollo de los pueblos”, puntualizó en su
discurso. A modo de ejemplo, citó el actual diferendo en La Haya entre Perú y
Chile por territorios anexados por este último país en la Guerra del Pacífico,
conflicto armado en el que Bolivia perdió cualquier posibilidad de salida al
Océano Pacífico y Perú se vio invadido por tropas chilenas, llegando a ocupar
Lima por varios años a fines del siglo XIX. Como se sabe, estas tibias
declaraciones y el cambio de rumbo que aplicó el discurso de Humala ante dicho
diferendo tienen relación con la estrategia internacional impuesta por el ex
presidente Alan García en su último período 2006-2011, en donde la prioridad la
tienen las relaciones comerciales entre ambos países como forma de asegurar las
inversiones extranjeras en ambos lados del desierto de Atacama.
De esta forma, el esquema de integración promovido por la Alianza del
Pacífico, que busca priorizar la paz de los mercados en la región, fortalece
los marcos jurídicos internacionales siempre que la dinámica de los
acontecimientos robustezca al mismo tiempo las inversiones en la región. En
mercados altamente desregulados y, aunque parezca paradójico, poco integrados,
la seguridad jurídica se convierte en el imperativo categórico necesario para
conquistar los mercados de oriente para la nueva clase empresarial del
Pacífico. Como declarara el empresario chileno Hermann von Muhlenbrock en Nueva
York, “el foco de la Alianza del Pacífico, además del libre movimiento de
mercancías, personas y profesionales en los cuatro países, es ir juntos a
oriente, donde están los grandes poderes consumidores”. Adicionalmente, se
firmó un acuerdo para terminar de liberalizar el comercio de productos y
mercancías entre los cuatro países. Como celebrara Díaz-Granados, ministro de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, “el 92% de las partidas arancelarias
estarán desgravadas en forma inmediata una vez que entre en vigencia el
acuerdo, el 8% restante lo estarán en plazos cortos y medianos”. Pero, además,
el representante del empresariado peruano habría manifestado que “nuestra meta
es lograr dar el paso siguiente, que sería la acumulación de origen para
exportar a los países con los que todos tenemos acuerdos, como los Estados
Unidos. Sin ello, estaríamos hablando de un tratado que no traerá todos los
beneficios que podría lograr”, dejando en claro los objetivos de la Alianza
hacia los próximos años. Los cuales plantean inquietantes dudas para los
pueblos de México, Colombia, Perú y Chile, en tanto una “nueva acumulación de
origen” podría significar otra fase de profundización del neoliberalismo, en
una modalidad imprevisible. Lo que no faltará, seguramente, será la violencia,
ya que, como la historia lo demostró en reiteradas ocasiones, nuevas
acumulaciones van de la mano de nuevas destrucciones.
Quien sí se habría explayado en términos concretos sobre los problemas de
la guerra y la paz fue Sebastián Piñera. Esta actitud de mayor contenido
político (hecho extraño en un presidente de marcada historia y tendencia
tecnocrática) posee una doble explicación. Piñera se encuentra transitando su
último año de mandato, por lo que las apuestas fueron durante 2013 a dar
relieve al país en el ámbito internacional. Además, su administración formalizó
una candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como
miembro no permanente. Así, en relación con la estructura del principal órgano
de las Naciones Unidas, fuertemente criticada por dejar el poder de toma de
decisiones en las manos de cinco naciones, Piñera habría manifestado la
necesidad de reformas y profundizaciones democráticas. Manifestó que “la reforma
que este Consejo requiere no se agota en el cambio en su composición orgánica,
sino que exige dejar atrás la lógica de los vetos, que responde a un mundo
antiguo que ya no existe, para reemplazarla por una lógica de quórums
especiales”. El mandatario chileno habría abogado por una ampliación de los
miembros permanentes y no permanentes, por fortalecer los “métodos de trabajo”
para dotarlos de más “eficacia y legitimidad” y por asegurar una debida
representación regional. Sin embargo, es necesario disgregar algunas de las
ideas expuestas para entenderlas en su verdadera expresión. Pues si bien es
altamente deseable una apertura del Consejo de Seguridad de la ONU en pos de
una mayor democratización global, el llamado a abstenerse de usar el mecanismo
de veto ante poblaciones vulneradas y ante crímenes de lesa humanidad adquiere
la doble significación del apoyo a la intervención extranjera en el actual
conflicto sirio. Esto puede inferirse del discurso pronunciado por François
Hollande, presidente de Francia y uno de los principales aliados de los Estados
Unidos en pos de la intervención. Hollande declaró que “el Consejo de
Seguridad, en caso de un crimen en masa, debe renunciar de manera colectiva a
su derecho de veto”. Y agregó que “nuestra credibilidad yace en nuestra
capacidad de intervenir de manera rápida y efectiva para asegurar que el
derecho internacional sea respetado y para sancionar a aquellos que lo violan”,
manifestando que el “estancamiento” en el Consejo de Seguridad permite
situaciones como las de Siria. Esto es, el mantenimiento del gobierno de Al
Assad y la no posibilidad de intervención de su país de la mano de potencias
regionales y globales para cambiar el curso del conflicto, debido a la
posibilidad de veto de Rusia y China. Sólo con estas palabras como antecedente
se entiende la propuesta de Piñera, la cual expresa el brazo político
estadounidense en la región.
Finalmente, los pocos trascendidos de la reunión entre empresarios
norteamericanos y representantes de la Alianza del Pacífico, dejaron en claro
que los tres presidentes presentes actuaron como la punta de lanza del lobby
regional en búsqueda de nuevas inversiones extranjeras. Santos afirmó que la
consolidación de una clase media relativamente joven y con mayor poder de
consumo convierten a los países de la Alianza en atractivos destinos de
inversión, agregando que en el futuro será necesaria una mayor “unidad
homogénea” para unificar, además de intercambios comerciales, impuestos y
sistemas de salud entre países. A esto, Piñera agregó que se estaba trabajando
en la creación de las “zonas de libre comercio en un plazo de 40 días”,
lamentando que Barack Obama no hubiera nombrado en ningún momento a América
latina en su discurso ante la ONU. En tanto, Humala, fiel a su nuevo estilo empresarial,
declaró que “debemos avanzar en estándares de calidad en el tema medioambiental
y en la provisión de servicios, para generar que los productos que se elaboren
en la Alianza del Pacífico tengan un reconocimiento internacional por su
calidad”, rematando la ronda de declaraciones Idelfonso Guajardo, ministro de
Economía de México, con la frase “en la Alianza del Pacífico va a haber
convergencia entre muchos acuerdos”. Dadas las declaraciones del gran
empresariado del bloque del Pacífico, esta convergencia de acuerdos iría de la
mano de nuevas acumulaciones de origen, dando forma a una profundización
reformulada del modelo neoliberal imperante en las costas latinoamericanas del
mayor océano del mundo.
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