El
uso cada vez mayor de vectores legales para lograr fines político-estratégicos
en América Latina demuestra las perturbaciones que operan en el sistema
internacional y la negación ante un reacomodo geopolítico en proceso.
LAWFARE EN AMÉRICA
LATINA: PANORAMA DE
ESTE 2022
Las tácticas de cambio de régimen en América Latina han cambiado, desde
aquellas sangrientas invasiones y golpes de Estado el Norte Global ha migrado a
un espectro de métodos de golpes blandos entre los cuales se inscribe el
llamado lawfare. Según citan Camila Vollenweider y Silvina Romano,
se trata de "un método de guerra no convencional en el que la ley es usada
como un medio para conseguir un objetivo militar". De manera similar es
descrito en "Unrestricted
Warfare" (Guerra
irrestricta), un libro de 1999 sobre estrategia militar.
Agregan las investigadoras en "Lawfare.
La judicialización de la política en América Latina" que, en 2001, el concepto comenzó a
ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, tras
la publicación de un artículo
escrito por el
general de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School.
Afirman que Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los
principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos
en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en
los últimos años los vínculos
con los aparatos judiciales de la región en una supuesta lucha anticorrupción.
Siendo la demolición del Estado el objeto de los dogmáticos
neoliberales, este método les ha sido funcional, de tal manera que "la
persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el
Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al
Estado y revalorizando lo público", dice la investigación. Así ha pasado
con los expresidentes Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Cristina Fernández de
Kirchner (CFK), Rafael Correa, Evo Morales y varios de sus seguidores. Además,
fue el instrumento para dar el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y para
inhabilitar a Lula como candidato presidencial en 2018 cuando encabezaba todas
las encuestas y abrir el camino a Jair Bolsonaro en Brasil.
Durante este 2022, el lawfare ha gozado de buena salud,
aun cuando algunos casos se han cerrado o están en pausa.
CASOS AL ROJO VIVO: PEDRO CASTILLO EN
PERÚ Y CFK EN ARGENTINA
El pasado 7 de diciembre se agudizó otro capítulo telúrico en la política
peruana luego de que el, hasta ese día, presidente constitucional intentara
frenar el tercer
intento de
moción de vacancia en su contra, y el quinto para un presidente en ejercicio en
los últimos cinco años. Elegido para el periodo presidencial de 2021-2026 y
posteriormente abandonado por su partido, Pedro Castillo emitió un decreto que
disolvía temporalmente el Congreso pocas horas antes de que el parlamento
votara para aprobar una moción de vacancia en su contra y juramentara a la
vicepresidenta Dina Boluarte.
Además, el maestro rural y sindicalista dijo que convocaría elecciones para
una Asamblea Constituyente y que se gobernaría mediante decretos ley. También
mencionó que se impondría un toque de queda desde las 12 de la noche de ese
día, ante lo que parte de su gabinete y otros altos funcionarios renunciaron y
denunciaron que el mandatario había perpetrado un golpe de Estado. La Policía
de Perú le detuvo a la vez que la Fiscalía de la Nación inició acciones
preliminares para investigarle por "rebelión y conspiración", los
mismos delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
Las amenazas de las élites económicas, y las élites políticas a su
servicio, contra Castillo tuvieron un momento cumbre anterior: el pasado 9 de
agosto se desplegó un "espectacular" operativo de allanamiento
y detención de personas vinculadas al entonces presidente, aludiendo, "sin pruebas mas
con diversas conjeturas" (Sergio Moro dixit), la existencia de
una supuesta organización criminal cuya cabeza sería Castillo. La Fiscalía
intervino en las instalaciones del Palacio de Gobierno, argumentando que ahí se
encontraba escondida su cuñada Yenifer Paredes, acusada, también sin pruebas,
de corrupción y otras imputaciones.
Otra maniobra que era el "Plan B" en el Congreso fue aprobar una
norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66
votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución a partir de una figura
que se refiere a a problemas de salud u otros que le impidan ejercer
temporalmente la presidencia.
Apenas días después del intento de golpe de Estado y destitución de Pedro
Castillo, las protestas en varias zonas de Perú ya dejaron un saldo de cinco
fallecidos (Foto: Ernesto Benavides / AFP)
En este caso se ha construido una narrativa repetida por los principales
medios de comunicación mientras, desde el ámbito judicial, la Fiscal General
Patricia Benavidez ha declarado que cuenta con más de 190 elementos probatorios
para sustentar una acusación contra Castillo. Le acusa de liderar una supuesta
red corrupta que, desde su Ejecutivo, otorgó licitaciones fraudulentas de obras
públicas. Se trata de una construcción de culpabilidad a quienes todavía se les
debe probar el delito.
Más al sur, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner
(CFK), fue condenada el pasado 6 de diciembre por el Tribunal Oral Federal 2 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a seis años de prisión e inhabilitada
de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción y fraude.
La expresidenta durante dos mandatos, entre 2007 y 2015, fue hallada
culpable de "administración fraudulenta" y de desviar casi 1 mil
millones de dólares en fondos del gobierno a través de contratos de obras
públicas durante su presidencia, pero rechazó otro cargo de dirigir una
organización criminal. Mientras, ella ha reiterado que los cargos y los
procesos en su contra tenían motivaciones políticas y ha denunciado la
existencia de "una mafia estatal y judicial paralela" que la
perseguía y condenaba por delitos que no cometió.
"Demostré absolutamente que de acuerdo a la
Constitución, yo no manejé las leyes ni el presupuesto que fue aprobado por los
legisladores. Dicen que cometí un delito por sanción de leyes, pero no legislé
ni sancioné las leyes. Y el Presidente de la República tampoco administra y ejecuta
el presupuesto", dijo CFK en su defensa.
La sentencia utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para
acreditar el delito que supuestamente favorecía al empresario Lázaro Báez, lo
que fue previamente avalado por el Congreso. En septiembre pasado, tras el
intento de asesinato en su contra, dijo que "me quieren muerta o
presa", al tiempo que denunciaba discursos
de odio y aversión
expresados en los medios de comunicación por parte de las fuerzas opositoras.
CASOS CERRADOS O EN PAUSA: LULA EN BRASIL Y
GLAS EN ECUADOR
En el país más extenso, poblado y con la economía más grande de nuestra
región, octava en el mundo por su PIB, se incubó el lawfare de
manera temprana con el impeachment de la expresidenta Dilma
Rousseff en 2016.
El blanco principal ha sido Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue habilitado
el 8 de marzo de 2021 para competir electoralmente cuando el Supremo Tribunal
Federal (SFT) lo absolvió de los falsos cargos que le formularon el juez Sergio
Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. Pero ello no pudo borrar la imagen de un
corrupto desempeño gubernamental del exlíder sindical en el gobierno; esta fue
instalada en amplias capas de la población por la descomunal campaña de
mentiras desencadenada por los medios hegemónicos brasileños e internacionales.
Debido a esta campaña, la coalición política que acompañó a Lula no logró
mayoría en el Congreso y el candidato tuvo que pasar a segunda vuelta contra
Bolsonaro en la que venció con un margen de 50,9% a 49,1%. No importó que se
hubieran retirado los 25 casos en su contra; en aquel marzo el juez de la Corte
Suprema, Ricardo Lewandowski, dictaminó, como en los 24 casos anteriores, que
había un claro prejuicio contra el entonces expresidente.
El enjuiciamiento fue escandaloso porque Lula fue condenado y encarcelado
durante 580 días con "evidencias" poco firmes de haber aceptado un
apartamento de una empresa constructora mientras era presidente. Mucho más
escandaloso fue que el juez que le condenó, Sergio Moro, y que también juzgó la
mayoría de los 25 casos legales en su contra, se convirtió en el ministro de
Justicia del hoy saliente Bolsonaro, una confirmación impactante para muchos
brasileños de que la condena ha sido un montaje político.
Al salir de prisión, Lula acusó a la justicia, la policía y al Estado
brasileño de intentar criminalizar a la izquierda por los 580 días que
permaneció encarcelado en Curitiba (sur de Brasil) (Foto: Rodolfo Buhrer /
Reuters)
Analistas afirman que Moro y Dallagnol forman parte
del programa del Departamento de Estado de Estados Unidos para, con el pretexto
de combatir la corrupción, liquidar políticamente a candidatos o funcionarios
defensores de propuestas contrarias al neoliberalismo y favorables a las causas
populares. Así han servido de correa de transmisión acoplada a la labor de
desinformación y difamación del entramado de medios hegemónicos y estructuras
de redes digitales dirigidas desde élites transnacionales.
La ultraderecha brasileña apuesta permanentemente a la desestabilización y
hasta a la violencia estimulada por el propio Bolsonaro, quien se negó a
reconocer el resultado de la segunda vuelta del pasado 30 de octubre. A raíz de
ello, militantes de la extrema derecha bloquearon rutas en todo el país y se
manifestaron frente a cuarteles para exigir a los uniformados que intervinieran
para frustrar el retorno de Lula. Brasilia, la capital, ha sido escenario de
graves disturbios perpetrados por manifestantes bolsonaristas, que convirtieron
zonas de esa capital en un verdadero "escenario de guerra".
El mandatario saliente ha convencido a sus seguidores de que el proceso
electoral fue fraudulento y de que es intolerable que un hombre condenado por
corrupción acceda al poder. Aun cuando no ha mostrado evidencias de fraude y
que las 25 condenas fueron anuladas por el SFT.
En Ecuador, las acusaciones contra el exvicepresidente Jorge Glas
(2013-2017), de la misma coalición política del expresidente Rafael Correa
(2007-2017), se centran principalmente en los 13,5 millones de dólares que
supuestamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht. Las acusaciones
tienen poca o ninguna evidencia contundente, y los procedimientos legales
están llenos
de irregularidades como la falta
de apelación, se aplicó una sentencia de seis años en lugar de cinco y, por
supuesto, su traslado a un penal de máxima seguridad donde su vida corre mucho
más peligro por el deterioro de su salud.
Glas se entregó a la justicia ecuatoriana en octubre de 2017 (año en que
fue reelecto) para limpiar su nombre porque, en sus propias palabras, "los
que son inocentes no tienen por qué huir". Durante el proceso de juicio
político, que comenzó en ese diciembre, fue declarado culpable de recibir
sobornos de la constructora brasileña y condenado a seis años de prisión. Las
irregularidades develaron las motivaciones políticas y el empeño de Lenín
Moreno, coordinado con la élites, de purgar al gobierno de cualquier oposición
a su agenda neoliberal.
El 28 de noviembre pasado, Glas salió de prisión tras una boleta de
libertad emitida horas antes por el juez de la Unidad Penal de Santo Domingo,
Emerson Curipallo. Las medidas cautelares precisan que el exvicepresidente se
presente una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la
ciudad de Guayaquil de la provincia de Guayas, así como la prohibición de
salida del país.
El 10 de noviembre, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) ecuatoriana había revocado la sentencia de ocho años de prisión
en su contra. El tribunal declaró por unanimidad la vulneración al debido
proceso y a la defensa de los procesados, permitiendo que el exvicepresidente
solicitara la unificación de penas para acceder a la prelibertad, luego de
haber cumplido más de 75% de la condena mayor en su contra. Tiene dos
sentencias firmes de seis y ocho años de prisión, respectivamente, siendo la
primera por un caso de asociación ilícita y la segunda por cohecho agravado.
Ya antes, en abril pasado, el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, firmó
la orden de extradición de Correa, también acusado por el actual gobierno
neoliberal de Guillermo Lasso de recibir sobornos durante su última campaña
presidencial. En respuesta, Bélgica, donde Correa reside desde 2017, le concedió
asilo político. El expresidente ya tenía sus derechos políticos suspendidos por
25 años (pocas horas antes de su inscripción como candidato para las elecciones
de 2021) y fue sentenciado por cohecho en el denominado caso Sobornos
2012-2016. Ese delito, así como los de peculado, la concusión y el
enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador, también fue afectado
junto a Glas en noviembre pasado por el embargo de sus cuentas, bienes muebles
e inmuebles por parte de la Procuraduría General.
Aun cuando los casos son distintos en estatus y grados de conmoción
política, la búsqueda de crisis permanente persiste en países que puedan ser
sujetos o vías de proyectos políticos alternativos. El Norte Global no
necesariamente requiere hacerse con el poder en estos países a los que,
vía lawfare, convierte en satélites. Le basta con generar el caos,
la destrucción y/o niveles de fragmentación que no permitan el suficiente poder
para oponerse al saqueo de sus recursos.
Es evidente que seguirán las embestidas para retener la unipolaridad
global. Afganistán, Irak, Yemen, Siria, Somalia, Etiopía, Libia, Sudán,
Yugoslavia… han constituido dramáticos ejemplos de ello.
Publicado por La Cuna del Sol
