Vendepatrias

Tuve la oportunidad de saludarlo brevemente al respetable sacerdote Víctor Ruano, una noche que me tocó dar el discurso oficial de URNG un 29 de diciembre en el parque Rosendo Santacruz de la ciudad de Jutiapa, hace como tres años. No lo conocía personalmente pero ya había oído hablar de él. En el edificio de la Gobernación Departamental nos sentamos en sillas distantes y no pudo intercambiar palabras, sin embargo, valoraba desde ese tiempo su apoyo a las causas populares, principalmente la lucha en contra de la minería dirigida en ese tiempo por fray Armando. Acompañé algunas marchas convocadas por el religioso en Asunción Mita y respecto al padre Víctor, le busco siempre los domingos en el diario para leer y apreciar sus justas y cristianas opiniones. Tuve la misma impresión con él cuando tuve el honor de conocer a monseñor Cabrera, obispo de Jalapa,  en el lago de Güija, en un encuentro trinacional (Guatemala, El Salvador y Honduras) donde se dieron a conocer las gravísimas consecuencias ambientales y contra la vida humana de la práctica de la minería a cielo abierto. Quedé, sinceramente, conmovido por el olor de santidad, por su alta educación, por sus dotes de auténtico de pastor de monseñor. Lo comenté con amigos y familia y hasta la fecha creo que este venerable anciano de ojos claros es ejemplo de santidad: “Hay santos vivientes en nuestra patria”, pensé. Hoy que leo sobre los vendepatrias del párroco de Jutiapa, me siento igualmente conmovido e indignado. Este pueblo no es tonto. Que no vengan a decirnos que lo hecho por el Ministro de Energía y Minas es un logro porque “generosamente” la minera nos dará un 5% de regalías. Ya empezó el nuevo gobierno a hacer las cosas mal y de algún modo se empieza tempranamente a marchitar la esperanza y columbrar nuevos tiempos y espacios de lucha contra ese poderoso poder fáctico transnacional y los desaciertos gubernativos. Pero afortunadamente hay hombres honestos, valientes y dignos pastores como el padre Víctor, cuyas acciones y palabras se deben seguir y respaldar. A continuación ofrecemos el artículo del padre Víctor Ruano, cura párroco de Jutiapa. Luciano Castro Barillas.

VENDEPATRIAS

Por Víctor Ruano
La Cuna del Sol

El clamor por el rechazo a la explotación minera,

si no se atiende, puede causar ingobernabilidad.

No tengo reparo alguno en calificar de vendepatrias a los políticos, autoridades, empresarios y ciudadanos que apoyan y defienden la explotación minera de metales en el país, así como se está llevando a cabo y con la ley que la regula. Lo hago en nombre de los participantes en las 58 consultas populares realizadas a la fecha, de las múltiples manifestaciones en todos los rincones de la Nación, y de los más de cinco mil que el domingo pasado en Jutiapa se manifestaron en contra de la minería. Todos expresan un NO rotundo a esa actividad extractiva de metales. El clamor por el rechazo a la explotación minera van in crescendo y puede ser causa de conflictividad social, si no se escucha y atienden las demandas del pueblo.

Es una vergüenza que el general Otto Pérez Molina y su equipo, autodenominado el gobierno del cambio, se arrastren como esclavos sin dignidad ante los poderosos amos de las empresas mineras para que les den “voluntariamente” unas cuantas regalías más, que no son sino unas pocas migajas con las que les tapan la boca, mientras el pueblo y su entorno ambiental quedan otra vez sometidos a la lógica del capitalismo salvaje de corte transnacional y voraz.

Señores y señoras, ustedes que se llaman “patriotas”, ¿es que no se dan cuenta que en cualquier lugar de Guatemala donde se ha instalado una mina de metales se incrementan los conflictos sociales, proliferan grupos armados, los vecinos entran en una dinámica de división y confrontación y los campesinos se sienten provocados para vender sus tierras, agudizándose así su extrema pobreza?

Esas regalías, que ustedes del gobierno actual están mendigando, ni cosquillas le provocan a las empresas mineras, pues tanta es la voracidad de los dueños del capital transnacional por explotar nuestros recursos naturales que no les importa nada la creciente opinión de rechazo de amplios sectores de la comunidad internacional, ni tampoco les importa lo que pueda suceder con las personas, las familias y las comunidades vecinas al área de explotación, que quedan en alto riesgo al estar en contacto con metales pesados y expuestas a muchas enfermedades cancerígenas, de la piel y respiratorias, especialmente de la gente más pobre. Al capitalismo le interesa el lucro, no la persona.

Además, señores “patriotas”, está comprobado que la minería de metales, en naciones pobres como las nuestras, que no cuentan con una legislación adecuada que proteja y defienda a la persona humana y los recursos naturales, siempre ha dejado una estela de desnutrición y miseria espantosas. Pues las empresas mineras se instalan con prepotencia y engaños, extraen inmisericordemente los minerales, destruyen todo signo de vida, consumen escandalosas cantidades de agua y contaminan sus fuentes, van dejando un panorama triste de pobreza, desolación y muerte en las tierras que nunca más verán florecer su manto natural y su entorno humano.

Ustedes “patriotas”, al igual que sus predecesores, no sean vendepatrias. Si en verdad son el gobierno del cambio, promuevan la vocación forestal y agrícola del país y no aparezcan como edecanes o mandaderos de las empresas canadienses y estadounidenses.

               

Víctor Ruano, párroco de la ciudad de Jutiapa, Guatemala

Publicado por: Marvin Najarro

USA

Brutalidad policial en los U.S.A

La brutalidad policial se define como el uso indiscriminado de fuerza excesiva, ya sea física, verbal o de intimidación psicológica llevada a cabo por un oficial de policía. Es una entre varias formas de conducta indebida por parte de la policía, que incluye: falsos arrestos, intimidación, perfil racial, represión política, vigilancia excesiva, abuso sexual y corrupción policial. La brutalidad policial esta largamente extendida aun en aquellos países que la tipifican como un delito y en donde es castigada, como en los Estados Unidos. Un  caso reciente que ha atraído la atención nacional es el de un grupo de policías de la ciudad de East Haven, Connecticut, que según noticia publicada por el New York Times (25/01/12) ha tiranizado a los latinos vecinos de esa comunidad. De acuerdo a dicho medio de prensa, ese grupo de policías a quienes designa como una pandilla conocida como los Miller’s boys (los muchachos de Miller) han sido arrestados por la autoridades del FBI después de que una investigación del Departamento de Justicia determino en su reporte, que el sargento Jonh Miller y tres de sus subordinados (los Miller’s boys) habían cometido los delitos de conspiración, falsos arrestos, uso de fuerza excesiva y obstrucción de la justicia. En lo que el Departamento de Justicia describió como años de maltrato a individuos, especialmente hispanos, así como los intentos de los agentes policiales por encubrir tales actos criminales. Los oficiales eran más que bien conocidos en la comunidad, quienes de acuerdo a las versiones de los residentes y de las autoridades federales, eran muy temidos. Ellos paraban y detenían a la gente, particularmente inmigrantes, sin razón alguna. Les daban bofetadas, los golpeaban o los pateaban cuando ya estaban esposados y en una ocasión estrellaron la cabeza de un hombre contra una pared. Perseguían y arrestaban a los residentes, incluyendo al cura párroco de la localidad que trataba de documentar el comportamiento de la policía. Seguidamente en una conferencia de prensa el Fiscal General de Connecticut, David B. Fein dijo lo siguiente: “no hay lugar para el uso excesivo de fuerza en una estación de policía o en las calles, no hay lugar para falsedades en los reportes de la policía.” “Ninguna persona está sobre la ley, y ninguna persona aun cuando haya sido arrestada por un crimen, le debe ser negada la protección de la ley.”

Las palabras expresadas por el Fiscal General simple y sencillamente no se ajustan a la realidad de los hechos, ya que el caso de abuso de autoridad por parte de la policía en la localidad de East Haven es tan solo uno entre miles que se reportan cada año a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, y en los que la policía actuando y abusando de todo el poder que le otorga la ley, la arremeten contra todo aquel o aquellos, que según su concepción del orden; son un peligro para el orden establecido, es decir el orden establecido por quienes detentan el poder real. Según datos estadísticos del The National Police Misconduct Stactistics and Reporting Project (NPMSRP), entre abril del 2009 y junio del 2010 se cometieron en todo el país 5,986 actos de brutalidad policial, resultando en 382 fatalidades como consecuencias de las acciones criminales de los agentes del orden. La brutalidad policial como herramienta represiva y de control poblacional en manos del estado, es un fenómeno que a diario se manifiesta en aquellas ciudades en donde habitan grandes sectores de personas de color (termino eufemístico que se utiliza para designar a negros, latinos y asiáticos). Esas personas de color, jóvenes en su mayoría, diariamente son sometidas al acoso, asalto, arrestos ilegales y en no pocos casos la muerte a manos de los agentes del orden; como lo ejemplifica el caso del joven de 24 años de edad Everardo Torres, residente en la localidad de Madera, California, quien el 22 de octubre del 2002 resulto muerto de un disparo cuando ya estaba esposado en la parte trasera de un vehículo de la policía de Madera. El joven Everardo Torres era un excelente boxeador quien había sido designado para integrar el equipo olímpico de los Estados Unidos. El 1 de enero del 2009, en otra muestra de brutalidad policial, el joven afroamericano de 22 años de edad Oscar Grant, fue muerto a sangre fría de un disparo en la espalda por un policía en la ciudad de Oakland, California. La escena capturada en las videocámaras de teléfonos celulares horrorizo a mucha gente. Inmediatamente después y como siempre sucede en este tipo de fatales incidentes en los que se ve involucrada la fuerza policial, el sistema (la policía, sus abogados, el fiscal de distrito, la ciudad, y los medios de prensa) propaga toda clase de explicaciones (desinformación): que el policía matón era un novato pobremente entrenado, que quiso utilizar el taser (electroshocks), que estaba asustado, que es un racista solitario, que fue un terrible e inexplicable error. Pero lo que estos eventos muestran en realidad, es que, esas “explicaciones” son mentiras designadas para encubrir la verdad de que, el abuso policial y las muertes resultantes del mismo, no son simples errores o accidentes aislados provocados por oficiales indisciplinados, es la culminación de una orgía de violencia perpetrada por pandillas de policías en contra de personas de color (latinos y negros) que incluye el perfil racial, insultos, amenazas con tasers, asaltos y detenciones ilegales.

Inmigrantes, vendedores callejeros y jóvenes (negros y latinos) son un blanco fácil debido a la escasa protección que tienen para protegerse de los abusivos policías quienes sienten que pueden aterrorizar e intimidar a estas personas con total impunidad. Bajo el pretexto de la guerra contra el crimen, la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo, existe una guerra en contra de las minorías. En contra de los pobres, los inmigrantes, los jóvenes, los trabajadores y de aquellos que protestan en contra de las injusticias del sistema capitalista - los manifestantes en Wall Street y en otras localidades como en Oakalnd - . La fuerza policial y la brutalidad  que esta despliega como herramienta represiva, ha sido diseñada por el sistema, no para proteger al pueblo, sino para mantenerlo oprimido y bajo control. En muchos casos, como en el de East Haven, Connecticut, la policía cuyos miembros mayormente blancos viven en la zonas suburbanas, actúa como fuerza de ocupación en aéreas minoritarias. Esto, conjuntamente con la crisis social en los Estados Unidos, ha creado las condiciones para la epidemia de brutalidad policial.

La última muestra de brutalidad policial ha tenido lugar en la ciudad de Oakland, California, en donde una manifestación de Indignados ha sido violentamente reprimida por la policía con más de 300 personas arrestadas.

Marvin Najarro

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA.

El general continúa blindado de impunidad

La noticia del enjuiciamiento del general  Efraín Ríos Montt, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la sangrienta guerra civil que asoló Guatemala, especialmente en el período 1982-1983, en el cual el militar se constituyó en Jefe de Estado absoluto, ha causado gran revuelo tanto nacional e internacional; al punto de que hasta el New York Times, el periódico de mayor relevancia y vocero no oficial del gobierno de los Estados Unidos hizo eco de tal acontecimiento en una de sus ediciones diarias. Ante la magnitud y relevancia del juicio contra el general acusado de genocidio, resulta sumamente desalentador que la jueza a cargo de las primeras audiencias haya dictado un auto de prisión domiciliar a favor del acusado, el general Ríos Montt. En todo caso y dada la gravedad de las acusaciones criminales que pesan sobre el general, la jueza debió de haber decretado, sin vacilaciones, que el general fuera detenido y recluido inmediatamente en una celda y sin derecho a fianza. Debió de haber sido de esa manera, si se quiere desde un principio dejar en claro que nadie está sobre la ley, que la justicia marcha un poco mejor en esta Guatemala sin ley, pero desbordada de impunidad.   No se sabe de qué razones o atenuantes legales se habrá valido la jueza Flores al emitir su fallo a favor del general y su equipo de abogados, lo cierto aquí es que las especulaciones de todo tipo han empezado a aflorar, y desde ya un fétido olor a pescado  podrido empieza a impregnar el ambiente. Hay que dejar en claro que el general Efraín Ríos Montt, no fue un simple burócrata al servicio de la maquinaria de terror del Estado, como especula Hannah Arendt en su libro Eichmann  en Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, basado en el juicio del criminal de guerra Nazi, Adolph Eichmann. La tesis de Arendt era que la gente como Eichmann (…) puede que no sean locos fanáticos del todo, sino más bien individuos ordinarios quienes simplemente aceptan las premisas del Estado y participan en cualquier empresa o actividad  con la energía de unos buenos burócratas. El general Ríos Montt era el jefe absoluto de la maquinaria de terror del Estado, no era un individuo ordinario. Cristian Tomuschat, el jurista alemán dijo: “Creyendo que los fines justificaban todo, los militares y las fuerzas de seguridad del Estado, actuaron ciegamente en su lucha anticomunista, sin respetar ningún principio legal o los más elementales valores éticos y religiosos, perdiendo de esta manera, cualquier semblanza de la moral humana.” A estas alturas no se sabe si el general, a quien Ronald Reagan en un  ataque de demencia, elogió como un hombre de “gran integridad” personal, terminará enjaulado de por vida en Matamoros o recluido en alguna habitación de su casa sumido en actos de coprofagia; o postrado en estado de coma, como el Carnicero de Sabra y Shatila o el general Romeo Lucas Caballeros que cómodamente con el mal de alzhaimer se desconectó del mundo y acaso algunas mortificaciones de su pasado criminal. Alguien quizás se aproximará a él y le recitará, del excelso poeta Manuel Jose Arce, estas líneas del poema Sermón Presidencial: “Los ancianos del pueblo/ venerables/ estaban decapitados en la plaza frente a la iglesia/ No quedaba ni quien para contarlo/ Ni los perros/ y la prensa/ la radio y la televisión repetían/ hoy lunes/ el sermón del domingo del señor presidente/ general y pastor evangelista/ que comenzó diciendo: “Dios es Amor Hermanos.” Marvin Najarro

A continuación estimados lectores de La Cuna del Sol, el profesor Luciano Castro Barillas, nos brinda su opinión a cerca de los pormenores del juicio contra el general Efraín Ríos Montt.

RÍOS MONTT CONTINÚA BLINDADO DE IMPUNIDAD

Por Luciano Castro Barillas

En el ocaso de su vida, un anciano que baja gradas apoyándose en la pared, mueve a la consideración. Ríos Montt es eso en este momento. El arrogante, vociferante, prepotente y energúmeno jefe militar de la década de los 80 es sólo un recuerdo, no así sus hechos. Definitivamente tiene responsabilidad en los crímenes de genocidio que se le imputan, no porque lo haya ejecutado con mano propia, aunque sí con su consentimiento. Algunos sectores conservadores y proclives a los militares tratan de excusarlo afirmando que las Fuerzas de Tareade esos años eran unidades militares que se iban por la libre y sus oficiales no necesariamente daban cuenta a sus comandantes de las respectivas zonas militares de sus barrabasadas, lo cual en gran medida es cierto. Sin embargo, los planes operativos contrainsurgentes generales, lo planificado en el gabinete de los estados mayores (los planes Victoria, Firmeza, etc.) eran una estrategia militar contrainsurgente del Estado, lo cual lo sabía Ríos Montt. No puede aducir falta de conocimiento, porque si no ¿qué clase de comandante en jefe del ejército era?  Que haya sido utilizado  -por ser un militar famoso, ampliamente conocido-  por la mafia militarista de esos años no cabe la menor duda ocurrió, aprovechándose de una de las grandes debilidades de este general bigotón y no mal mozo en su juventud: su irrefrenable culto a la personalidad. De allí las razones de llamarlo a integrar la Junta Militar, sin obviar el prestigio que todavía en esos años gozaba de militar progresista, pues había realmente ganado las elecciones generales en la década de los 70 postulado por Frente Nacional de Oposición, que aglutinó a amplios sectores populares y personalidades democráticas de esos años, entre otros, Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. Pero Ríos Montt ya en el poder empezó a desbarrar  -a cantearla, como dicen en Asunción Mita-  y apartó del mando a los coroneles de línea moderada Horacio Maldonado Schaad y a Francisco Luis Gordillo. Se engolosinó con el poder y lo sacralizó, al punto de sustituir el discurso político, propio de un gobernante; por la oratoria sagrada apoyada en los textos bíblicos, indudable combinación letal en su mente, que le hizo derivar también a muchos de sus seguidores a falsas conclusiones, en otras, que el general era una insólita especie de profeta nacional, destinado a redimir a la nación guatemalteca a través de la prédica y el castigo (Tribunales de Fuero Especial, política de tierra arrasada, tortura y represión indiscriminada) para redimir sus culpas. El demonio, el pecado, su purifica con el fuego; de la tierra arrasada, para el caso. De esa galopante y alucinante locura no pudo desmontarse jamás y como genio y figura hasta la sepultura, el general el día de ayer volvió a apelar al conocido expediente de siempre   -su arrogancia-  con el fallo de la jueza Carol Patricia Flores que, personalmente, lo considero ajustado a derecho, en la medida que Ríos Montt se presentó hace cosa de un mes voluntariamente al Ministerio Público para estar a disposición de la justicia y su actitud colaboradora no constituye peligro de obstaculización a la justicia o peligro de fuga. La resolución tampoco está exenta de superficialidad, pues otra de las razones del porqué Ríos Montt se presentó ante los órganos jurisdiccionales a rendir su primera declaración por los delitos que se le sindican es porque, ciertamente, no haya para dónde agarrar y no por un acto de gallardía militar. O sería mucho imaginar que Ríos Montt se pasó de hombrecito, porque de ser así, ¿porque no hizo lo mismo estos últimos 15 años que vivió blindado de impunidad parlamentaria? Dijo estas palabras al momento de llegar al edificio del Ministerio Público: “Si existiese alguna persecución penal en mi contra, se debe cumplir del debido proceso y que se me cite a cualquier tribunal, que yo tengo buena salud y estoy libre a partir del 14 de enero, que se termina el antejuicio del que gozo como diputado”. La activista por los derechos humanos, la jutiapaneca Aura Elena Farfán, dijo al ser consultada: “El ex jefe de Estado deberá explicar qué pasó durante la guerra interna y sobre los planes contrainsurgentes que se pusieron en práctica durante su administración de facto. Esperamos que en su primera declaración no empiece con amnesia o que diga que está enfermo. Él debe decir todo lo que le consta; aunque no tiene responsabilidad en el campo de batalla, sí la tiene de manera intelectual en el conflicto armado”.  Sobre Ríos Montt pesa una orden de captura internacional promovida por la Audiencia Nacional española y el hecho de comparecer le funcionó como un eficaz atenuante que condicionó en una buena medida la resolución de la jueza, lo que no exime de suspicacia a la juzgadora porque siendo un caso judicial atípico y de gran revuelo nacional e internacional, así como de gran gran carga moral para la Nación, pudo también haber asumido la resolución ese camino, con ese respaldo reflexivo más profundo, de espíritu y de sana crítica judicial o pensamiento lógico, para no caer en legalismos, en formalismos extremos, como parece ser la decisión de la juzgadora. Este atenuante le dio pauta legal a la jueza, que de algún modo, resultó lavándose las manos.

Ahora que Guatemala ratificó en esta semana el Estatuto de Roma (1998) o  Estatuto de la Corte Penal Internacional, el círculo judicial se le cierra aún más al general. La vuelta de tuerca avanza, pese a que a su favor funciona la retroactividad de la ley. La Corte Penal Internacional tiene, entre su competencia, juzgar los delitos siguientes: a) El crimen de genocidio, b) Los crímenes de lesa humanidad, c) Los crímenes de guerra, ch) El crimen de agresión. Pese a que el arresto domiciliar es poca cosa para quienes deseaban verlo ya confinado en la cárcel militar de Matamoros, la estrechas ventanas de esa ergástula le siguen haciendo ojitos pues el Ministerio Público no está satisfecho con la resolución de la jueza Flores y apelará para que el general duerma en la fría losa del cuartel y que no le estén rascando el piojito en su confortable casa de habitación. 

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA.              

El salario del procurador y los derechos humanos en Guatemala

Comentando con un amigo a cerca del exorbitante salario del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, así como de los también exorbitantes gastos adicionales en los que el mencionado funcionario incurre en razón del alto cargo que ocupa, el amigo me decía que lo peor de todo era que esos gastos eran legales o sea que eran autorizados por el Estado y por lo tanto no cabía  cargo de corrupción alguna. Sin embargo, lo inconcebible de todo ese despilfarro, que no se le puede llamar de otra manera, se dé en un país tan pobre y necesitado como Guatemala. Pero de eso y más nos hablará el periodista Valentín Zamora Altamirano, en nota que ustedes estimados lectores leerán más adelante. Mientras tanto y a continuación resumiré  algunos de los aspectos más relevantes  y las conclusiones a las que Human Rights Watch (HRW), en su reporte correspondiente al 2011, llegó a cerca de la situación de los derechos humanos en Guatemala. El 22o. World Report detalla las condiciones de los derechos humanos en más de 90 países alrededor del mundo. Refleja el extenso trabajo investigativo llevado a cabo en el 2011 por el personal de Human Right Wacht, en cercana colaboración con activistas locales de los derechos humanos.

Guatemala

Las débiles y corruptas instituciones encargada de hacer efectiva la ley en Guatemala, han demostrado su incapacidad en contener  a los poderosos grupos del crimen organizado y a las pandillas de criminales que contribuyen a que el país posea una de las más altas tasas de criminalidad en las Américas. Los grupos ilegales armados que aparentemente evolucionaron a partir de las fuerzas contrainsurgentes que operaban durante la guerra civil que termino en 1996, se cree son los responsables de ataques selectivos sobre miembros de la sociedad civil y de oficiales de justicia.  Aunque la impunidad continua siendo la norma en la violación a los derechos humanos, en el 2011 se dieron significativos avances en cuanto a la rendición de cuentas, incluyendo la condena a cuatro ex oficiales por su participación en una notoria masacre en 1982, así como el primer arresto de un oficial de alto rango por violaciones a los derechos humanos.

Seguridad pública, conducta policial y el sistema de justicia criminal

Los grupos ilegales armados y las pandillas criminales contribuyen significativamente en la violencia e intimidación, que ellos usan para avanzar sus objetivos políticos e intereses económicos ilícitos, incluyendo el tráfico de drogas. La policía ha utilizado medidas represivas para reducir la actividad criminal de las pandillas incluyendo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Poderosas y bien organizadas pandillas de jóvenes como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 han contribuido al incremento de la violencia. Los carteles mexicanos de la droga, en particular los Zetas han incidido en los altos niveles de violencia y en la ingobernabilidad en Guatemala. En diciembre del 2010 el Presidente Álvaro Colom declaro el estado de sitio y la ley marcial en Alta Verapaz debido a que la actividad criminal de los Zetas había convertido esa región en ingobernable.  Investigaciones realizadas por la Oficina del Ombudsman y ONGs han determinado la participación de la policía en actos de “limpieza social,” matanzas destinadas  a eliminar a miembros de pandillas y criminales. Abusos cometidos por los oficiales de policía, rutinariamente no son investigados. El sistema judicial de Guatemala ha demostrado ser incapaz en reducir la violencia y de contener las mafias criminales y pandillas, De acuerdo a datos oficiales  hubo un 95%  de casos de impunidad en crímenes violentos en el 2010. Una policía ineficiente y corrupta, al igual que la fiscalia y el sistema judicial, como también la ausencia de un adecuado programa de protección de testigos, contribuyen a que Guatemala tenga una alarmante baja tasa en la aplicación de justicia. Adicionalmente, miembros del sistema judicial constantemente son sujeto de intimidación y ataques. A pesar de estos enormes obstáculos, en el 2011 hubo un número de exitosas acciones judiciales mayormente debido al trabajo de la Fiscal General Claudia Paz Y Paz y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Responsabilidad por los abusos del pasado

Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se extendió durante 36 años. Sólo unos cuantos de los responsables por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil han sido juzgados. Sin embargo  en el 2011 se dio el primer arresto de un oficial de alto rango por violaciones a los derechos humanos. En junio el general Héctor Mario López Fuentes fue detenido por su participación en masacres cometidas en 1982 y 1983.

Derechos laborales y trabajo infantil

La libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas, hostigamiento y asesinatos. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 16 sindicalistas fueron asesinados durante 2009, y 10 en el 2010. Guatemala presenta uno de los índices más altos de trabajo infantil de toda América. La Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16.1% de los niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en condiciones inseguras. Algunos de estos niños trabajan en sectores como construcción y minería o son objeto de explotación sexual.

Violencia sexual y de género

La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres, incluidas las mujeres transgénero, suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por la policía de investigación, cuya conducta se caracteriza por la discriminación de género.

Defensores de derechos humanos.

Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. Existe una deficiencia rutinaria en investigar a los responsables. En una rara excepción, en julio del 2011 un tribunal sentencio a tres años de prisión a un individuo encontrado culpable de amenazar repetidamente a Norma Cruz Córdoba directora de la Fundación Sobrevivientes, un grupo que le brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia, y a su compañera de trabajo Gloria Ayala Pinto. La sentencia fue conmutada al pago de una multa.

EL SALARIO DEL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS

ES UN INSULTO A LA POBREZA DE LOS GUATEMALTECOS

Por Valentín Zamora Altamirano

Los miserables salarios de los trabajadores del agro guatemalteco, de los miles de obreros en las maquiladoras coreanas y de la gran mayoría de trabajadores del Estado que integran la baja burocracia reflejan una realidad contrastante y al mismo tiempo insultante de un país que, por donde se vaya, sencillamente, ya no se le ve futuro. Las diferencias sociales, culturales, educativas y económicas son abismales y en tanto no se tomen medidas reales, sinceras, efectivas y razonables en contra de la inequidad, la desigualdad y la exclusión; este país no podrá ni hoy ni mañana salir adelante. La reforma fiscal o sea el esfuerzo por mejorar los ingresos de un Estado raquítico y famélico, no tendrán los efectos deseados si no se corrige algo muy importante e inmoral: los salarios exorbitantes de los altos funcionarios públicos. Los sueldos de los diputados, ministros, instituciones descentralizadas y autónomas son realmente fuera de la realidad, paranoicos, en un país que vive de la caridad internacional donde se despilfarra todo: el dinero propio, el prestado y el regalado. Guatemala es un país totalmente insolvente en tanto no se corrija situaciones tan espeluznantes como enterarnos que el Procurador de Derechos Humanos, un gordito hasta ahora simpático, pero elusivo para rendir cuentas claras al pueblo de Guatemala, quizá porque en su fuero interno sabe, lo reconoce, que la sola mención de su salario resultaba ofensivo para la extrema pobreza de la gran mayoría de ciudadanos guatemaltecos que haciendo auténticos milagros, grandes malabarismos financieros –ingeniería le dicen elegantemente hoy muchos mafiosos que manejan dineros- logran llegar al fin de mes comiendo, aunque sean frijoles y tortillas. No tiene la culpa, responsabilidad legal alguna el Procurador de Derechos Humanos el que le hayan asignado ese salario, pero sí moral siendo un magistrado de conciencia. Ya se debió escuchar su voz, porque eso espera el pueblo pobre de Guatemala, que los altos funcionarios no deben tener ya esos salarios de países desarrollados y  de superpotencias, en un pequeño país donde la virgen María ya hace varias décadas no está para tafetanes. El gordito no ha dicho nada en ese sentido, porque, como dice el viejo refrán: “Si querés conocer a alguien cómo es realmente, tocale el bolsillo”.

Escribo esto porque el día de ayer se divulgó en todos los medios de comunicación que el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, hacía trampa: no devengaba el salario que decía ganar, sino al doble. En su página electrónica el procurador mostraba que ganaba Q.50,000.00 quetzales, pero omitía consignar sus gastos de representación, para lo cual  el pueblo de Guatemala le asignaban muy generosamente otros Q.50,000.00, aunque no representara nada. Aparentaba ganar un sueldo líquido de Q. 22,684.00 quetzales. Por ejemplo, sus modestos viáticos del año pasado rondan los Q.438,000.00 por cinco ciudades que visitó en función de su trabajo, como lo fue estar en Santo Domingo, Madrid, Bogotá, Ginebra y Miami. Por cierto, según dice el director de comunicación de esa institución del Estado guatemalteco  -Ángel Ignacio Godoy-, el procurador por asuntos de su complexión o sobrepeso, tiene que viajar en primera clase, cómodamente sentado, pues.

Debiera crearse un mecanismo  -si cabe-  de evaluación del trabajo real y efectivo de este tipo de funcionario que no goza de la simpatía en amplios sectores de la población guatemalteca que tienen la percepción que la falta de la debida aplicación de justicia es resultado de la vigencia de los derechos humanos que privilegian la protección de los delincuentes y no de las víctimas, lo cual no es exactamente así, sin embargo, es irremediablemente lo que se piensa.

Creo que el señor procurador de los derechos humanos debiera emitir una resolución, una recomendación, haciendo ver que los salarios de los altos funcionarios deben ser rebajados, pues el que la población desempleada y subempleada  y mal pagada contraste sus ingresos con los del procurador, es fuente también de odio, rencor, frustración y violencia.

Publicado por La Cuna del Sol

USA. 

El retorno de los “Gramajistas”

Escrito del periodista Asier Andrés 

publicado en elPeriódico, ciudad de Guatemala

Al hablar de ellos, los libros de historia relatarán que en su mayoría orbitaron alrededor del general y ministro de la defensa, Alejandro Gramajo, durante el primer gobierno democrático, y que 25 años después volvieron a ser convocados por su principal discípulo, el también general Otto Pérez Molina. Gramajo y sus tesis de la Estabilidad Nacional les dotó un sustento ideológico que los llevó a lograr que el ejército se supeditara al poder civil y a firmar los Acuerdos de Paz. Otto Pérez y su “mano dura” les devolvió a la cúpula del Estado con una nueva misión: institucionalizar políticas de seguridad efectivas.

Durante la última década, Otto Pérez construyó un partido político y se rodeó de compañeros de viaje que han obtenido su espacio correspondiente en el gobierno. Pero para ejercer el poder, Otto Pérez ha convocado a un grupo de hombres que coincidieron con él en los momentos cruciales de su carrera militar. Oficiales de fuerzas especiales y civiles que se congregaron a la sombra de Gramajo, se agruparon en el Centro de Estudios para la Estabilidad Nacional (ESTNA) a finales de la década de los 80 y adquirieron gran relevancia como promotores de la paz durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Serán ellos una parte crucial de su Estado Mayor y la médula de su equipo de combate a la criminalidad.

Mauricio López Bonilla, el soldado que amaba la política

El presidente y ministro de gobernación se encontraron en bandos opuestos durante los golpes de 1982 y 1983. Sería el ministro de la defensa, Gramajo, quien los pondría a trabajar juntos por primera vez. Ambos integraron el Estado Mayor personal del Ministro con una misión: ganarle la guerra diplomática a la guerrilla y recuperar la respetabilidad de Guatemala en la comunidad internacional. Como parte de esa estrategia el actual ministro de gobernación fue enviado por Gramajo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Para entonces, López Bonilla, ya era uno de los principales cuadros políticos del ejército, el prototipo del soldado académico y reformista. Entre 1993 y 1996, López Bonilla formó parte de los estados mayores personales de los ministros Mario Enríquez y Julio Balconi. Mientras Pérez coordinaba la negociación de la paz desde el Estado Mayor Presidencial (EMP), López Bonilla trabajaba en los detalles técnicos, como el retorno de los refugiados o la desmovilización de la guerrilla. Quienes lo conocen aseguran que López Bonilla lleva la política en las venas y no hay nada que desee más que llegar a la Presidencia. Pero es también un experto en seguridad empresarial. Es consultor de la Bussines Alliance for Secure Comerse (BASC), una compañía internacional destinada a certificar qué empresas o instituciones que participan en el proceso de exportar productos cumplen con estándares de seguridad. Como consultor de BASC  -cuya filial en Guatemala preside Francisco Toruño, directivo de la Gremial de Transporte de Carga de la Cámara de Industria (CIG)-  López Bonilla certificó a las portuarias Quetzal y Santo Tomás de Castilla, al aeropuerto internacional La Aurora y a Combex-Im, la empresa de la CIG que maneja las exportaciones en el aeropuerto, de la que fue representante el diputado patriota Pedro Mundi. También acreditó a PROSERSA, una contratista del Estado que provee cámaras, detectores de metales, aparatos de rayos X, y que, por ejemplo; diseñó los sistemas de ingreso al Preventivo de la zona 18 y a El Infiernito. Como administrador único de PROSERSA figura en el Registro Mercantil Carlos Humberto Fabián, socio de López Bonilla en otros negocios.

Ricardo Bustamante, el oficial de inteligencia

Cuando a finales de 1991 Otto Pérez fue nombrado Director de Inteligencia (D2), una de sus primeras decisiones fue reclutar a un grupo de oficiales con experiencia en inteligencia que le sirvieran de guías en el mundo del espionaje. Desde entonces y hasta finales de 1996, Pérez y Ricardo Bustamante nunca se separarían, primero en la D2 y después en el EMP de Ramiro de León Carpio.

Los dos oficiales se conocieron hacia 1978, mientras servían en la Guardia Presidencial de Lucas García. Ambos eran kaibiles y paracaidistas, pero a partir del golpe de 1982 sus carreras discurrieron por caminos separados. Mientras Pérez seguía en las fuerzas especiales, Bustamante se especializaba en análisis e interrogatorios en Taiwán, lo que lo llevó a la D2 en 1987. Desde la Dirección de Inteligencia, Bustamante trabajó con López Bonilla preparando la estrategia del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.

En el Estado Mayor Presidencial, a partir de 1993, Pérez y Bustamante lideraron el proceso de desmilitarizar la Policía Nacional y el entorno de la Presidencia. Sentaron las bases de la SAAS y la SAE, aunque no culminaron el proceso. El primer titular de la SAE, Edgar Gutiérrez, asegura que el Estado Mayor Presidencial actualizó sus bases de datos de control poblacional hasta 1999, algo ilegal. Bustamante fue también el oficial que entregó a Joaquín El Chapo Guzmán a México en 1993.

Como le ocurrió a la mayoría de oficiales titos  -llamados así por su fidelidad a Otto Pérez-  Bustamante fue apartado de la línea de mando durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2004, cuando Pérez estuvo de nuevo cerca del poder, Bustamante fue ascendido a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). Poco después se fue a retiro como General de División, el rango más alto nunca alcanzado por un tito. Bustamante creó el Instituto en Estudios de Seguridad (IES) de la Universidad Galileo y proveyó de análisis e información al partido Patriota. Su experiencia académica y la confianza de Pérez le han colocado en un cargo, que según explican en el entorno del presidente, estará en el mismo nivel que el Ministerio de Gobernación. La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que creó el Consejo Nacional de Seguridad, cuenta desde junio de 2011 con un reglamento que desarrolla todas las funciones del secretario técnico de la institución.

Ulises Noé Anzueto, el kaibil

Cuando se especulaba con quién ocupara el Ministerio de la Defensa en su gobierno, Otto Pérez insistió en que respetaría los tiempos y la institucionalidad del ejército. Pero a la hora de la verdad, mandó a situación de disponibilidad a 13 generales y rescató de la marginalidad a un coronel que debió ser ascendido a general hacía dos años y que nunca había ejercido como primer comandante en ninguna unidad. Pérez premió a un tito: Ulises Noé Anzueto, un oficial que ha pasado la mayor parte de su carrera o en la Escuela Kaibil o en la Brigada de Paracaidistas o en la de Fuerzas Especiales.

La relación entre ambos se remonta a 1984 cuando Anzueto era comandante de pelotón de la Brigada de Paracaidistas y Pérez oficial de operaciones. Volverían a coincidir en el Estado Mayor personal de Gramajo  -Anzueto era oficial edecán del Ministro-  y finalmente entre 1994 y 1996 en EMP. Anzueto sirvió a las órdenes de Pérez como oficial de plana mayor de la Guardia Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Pero algo más les une: la presunta implicación de ambos en la muerte del guerrillero Efraín Bámaca. Anzueto era en 1992 oficial de operaciones en la Zona Militar 18 (San Marcos), un destacamento en el que, según los testimonios y los documentos relacionados con el caso; estuvo preso y fue torturado el comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA. En el relato que le ofreció al Procurador de Derechos Humanos, Julio Arango, el guerrillero Santiago Cabrera identificó a Anzueto como uno de los oficiales que custodiaban al prisionero. Pero él no figura entre los denunciados por Jennifer Harbury.

Otros titos rodean a Anzueto en el alto mando actual: el viceministro José Antonio Lemus Guzmán, y el subjefe del EMDN, Manuel López Ambrosio. Ambos formaron parte del EMP de Ramiro de León Carpio y se perfilan como los candidatos con más posibilidades de alcanzar el cargo de Ministro, tras el retiro de Anzueto el próximo año.

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA.

La reina del narco

MARLLORY CHACÓN, LA REINA GUATEMALTECA

DEL NARCO, SEGÚN ESTADOS UNIDOS

Este trabajo de investigación fue realizado por el Grupo de Investigación elPeriódico y publicado en el mismo diario el 20 de enero del 2012, en ciudad de Guatemala.

Marllory Dadiana Chacón Rossell, de 39 años, reside en un exclusivo condominio en la carretera que conduce a El Salvador, usa ropa de moda, se mueve entre los altos círculos de la sociedad y maneja fuertes sumas de dinero en sus cuentas bancarias: una señora de sociedad. Sin embargo, la OFAC, una entidad adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate el narcotráfico, la señaló ayer de liderar una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero basada en Guatemala, con operaciones en Honduras y Panamá, y conexiones con los poderosos carteles mexicanos.

Adam Szubin, director de la OFAC, explicó que “las actividades de narcotráfico de Marllory Dadiana y sus vínculos con los carteles de las drogas de México la convierten en una figura clave en el tráfico de drogas de la región”.

(…) se cree que Chacón Rossell lava cada mes cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndola en la más activa lavadora de dinero en Guatemala, aseveró el Departamento del Tesoro en un comunicado publicado en su sitio de Internet.

Junto a Chacón Rossell también fueron incluidos en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados su pareja, Jorge Andrés Fernández Carvajal (hondureño), sus supuestos socios guatemaltecos Mirza Silvana Hernández Reyes de Borrayo y su esposo, Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat. También identificó a dos empresas guatemaltecas: RPM Aceleración, S.A. y Bingotón Millonario (Digital Systems Advisors, S.A.) y a dos panameñas: Andreayari, S.A. y Fer´Seg S.A. Según la OFAC, Fernández Carvajal proveía de “apoyo logístico a la organización de su esposa” a través de dos empresas. Según consta en el Registro Público de Panamá, es presidente de Andreayari, S.A. y secretario de Fer´Seg S.A., radicadas en el país canalero y con oficinas en San Pedro Sula, Honduras.

Vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con la OFAC, Chacón Rossell es responsable del trasiego de miles de kilogramos de cocaína por mes a través de Guatemala con destino a Estados Unidos.

Los órganos de inteligencia oficial identifican a Marllory como persona allegada al narcotraficante Mario Ponce, detenido en Honduras y extraditado a Estados Unidos en el 2011. Señalan que Chacón lavaba dinero producto del tráfico de drogas que coordinaba Ponce desde Honduras a Guatemala. Entre los contactos de la blanqueadora de dinero se encuentra un floreciente empresario guatemalteco, dueño de una cadena de tiendas con presencia en todo el país, a quien Marllory le había proveído una vivienda en un condominio exclusivo de carretera a El Salvador.

El 1 de mayo de 2011, el día que detuvieron a Ponce en un aeropuerto de Honduras, se registró que en la casa del empresario aterrizó varias veces un helicóptero Robinson, pero él ya se había ido al enterarse de que lo estaban investigando.

La inteligencia oficial también tiene documentado a Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, uno de los hermanos de Marllory, como traficante de cocaína procedente de Colombia y colaborador del narcotraficante de oriente, Aroldo Lorenzana.

Según fuentes cercanas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Marllory fue denunciada ante el Ministerio Público hace un par de años por lavado de dinero, luego de que un banco reportara una transacción sospechosa por una fuerte suma de dinero.

Según los antecedentes judiciales, la ex esposa de Fernández Carvajal fue demandada en 2003 por Ottoniel Turcios Marroquín, narcotraficante capturado en Belice y extraditado a Estados Unidos en 2011. En diciembre de 2000, Marllory demandó a Ingrid Lizeth Paredes Ayala, sobrina de Jorge Mario Paredes Córdova, otro narco condenado en Estados Unidos a 31 años de prisión por tráfico de drogas en abril de 2010. Una persona de nombre Jorge Mario Paredes (sin otro apellido) aparece como socio de Fernández Carvajal en la sociedad Andreayari, S.A., según los Archivos del Registro Público de Panamá.

Impactos de la designación

El listado de la OFAC incluye organizaciones, países y personas vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero o actividades terroristas que están vedadas para hacer negocios con Estados Unidos, empresas y personas estadounidenses. Hasta ayer el listado contenía tres empresas radicadas en el país y nueve ciudadanos guatemaltecos, encabezados por Jorge Mario El Gordo Paredes Córdova y Otto Roberto Herrera García. Con esta designación quedan sujetas todas las personas y empresas al bloqueo de todos los bienes que controlan total o parcialmente y que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Prohíbe también a instituciones financieras estadounidenses establecer operaciones con Chacón y sus asociados. La medida afecta a los bancos nacionales que tengan operaciones con estas personas y corresponsalías en Estados Unidos.

Publicado por La Cuna del Sol

USA.

La muerte de un tránsfuga

Sea cual sean los móviles del asesinato del diputado por el departamento de Alta Verapaz, Valentín Caal Leal, la noticia de tal hecho no pudo ocurrir  en el peor de los momentos, la toma de posesión del nuevo Presidente de Guatemala. La noticia que trascendió por los diferentes medios de prensa y la manera como era interpretada no hizo más que poner de manifiesto el estado de inseguridad pública que se vive en el país y todo esto en las propias narices de alguien que basó su campaña electoral en la aplicación de la mano dura como la política más apropiada para combatir el crimen. El crimen o los móviles del mismo han quedado en un limbo, pues la prensa (sus razones tiene) no ha contribuido a clarificar los orígenes, a difundir las diversas versiones que circulan o las causas reales del mismo, aunque claro, esta es tarea del Ministerio Público y la policía. Si fue un crimen perpetrado por razones puramente políticas o de otra índole eso probablemente no se sabrá por mucho tiempo, pues no hay que olvidar que Guatemala es el país donde el encubrimiento y la impunidad reinan supremas. El transfuguismo político ha sido quizá la característica principal que ha definido el quehacer político nacional.  No existen instituciones políticas o partidos cuyo fundamento este sustentado en principios de fuerte filiación ideológica, mucho menos que cuenten con programas de trabajo diseñados en función de las necesidades del pueblo. Su ideología es el oportunismo. Los negocios turbios. La complacencia y la colusión política y criminal con los grandes intereses económicos, de allí deriva el hecho de que hayan desaparecido tantos partidos políticos y que cada rato surjan nuevas agrupaciones políticas con los mismos actores de antes y de siempre. El transfuguismo político en Guatemala es una normal anomalía de un Estado, que como lo manifiesta un  prestigioso columnista de Siglo XXI  (...) es un Estado fuerte para privilegiar intereses particulares, pero débil para atender las cada vez más impresionantes demandas sociales. Un Estado exitoso para quienes han promovido la corrupción, pero fallido para los millones de guatemaltecos pobres y comunes. Este  Estado de herencia colonial, santificado por los criollos políticos (mediocres en lo académico, recios en su irracional terquedad) que no declinan en el recurso a ese reiterado delito/ritual -electoral para asaltar el poder que por mandato nos pertenece a todos. He allí su obra, la Guatemala horrenda en donde ni sus hijos y nietos pudieron vivir, eso sí privilegiados todos con propiedades en el exterior y acaudaladas cuentas bancarias, derrochando lo ilegítimamente apropiado. ¿90 diputados “nuevos”, muchos de caras viejas serán la solución? ¿Modificara eso el Estado “nacional”? Marvin Najarro

A continuación procedemos a publicar la siguiente nota periodística enviada desde Guatemala por el estudiante de periodismo, Valentín Zamora Altamirano.

LA MUERTE DE UN TRÁNSFUGA

Por Valentín Zamora Altamirano

En Guatemala se ha llegado a tomar como absolutamente normal que los políticos  -politicastros sería la palabra justa- pueden ir de un partido político a otro, sin que esa acción que pone de relieve la carencia de principios y de convicciones  tenga sanción moral ni política alguna. Semejantes personas debieran ser objeto de repudio, marginación, exclusión y aislamiento en un país con políticos normales; en primer lugar de sus electores y en segundo lugar de los partidos políticos que medran o languidecen en el congreso nacional, institución epónima de la corrupción, desde siempre, pero ahora más nunca. El salario de los diputados es altísimo, desproporcionado,  si consideramos el ingreso medio de los guatemaltecos, el cual no logra cubrir el mínimo vital, de allí que los indicadores de bienestar material nos sitúan en la infamia de la extrema pobreza en una tierra fértil, extremadamente feraz, cuyo modelo económico y político deformado, perverso; es incapaz de producir los alimentos necesarios para alimentar a sus 14 millones de habitantes puesto que las mejores  y mayores extensiones de tierra cultivable se dedican a los cultivos de la agroexportación (caña de azúcar, palma africana, café, etc.). Es un sistema político que se gesta a partir de su obsoleta estructura productiva, arrancando de allí todas las deformaciones superestructurales subsiguientes que se legitiman y legalizan a través del Congreso Nacional y de las acciones personales y grupales de una horda politiquera que llega al congreso a través de los expedientes  y recursos más indignos a depredar, no a construir una mejor nación. El rechazo ciudadano hacia esa institución es generalizado y se le identifica como la peor expresión del Estado guatemalteco, sin embargo, es uno de los lugares más apetecibles para los desaprensivos porque allí se trabaja poco, se paga bien, se tiene poder, prerrogativas; pero sobre todo, no se pagan su comida. Es el pueblo de Guatemala con sus tributos el que paga a estos atorrantes su buen comer. ¿Cómo es posible esto? En un país que ocupa el cuarto lugar en desnutrición infantil en el mundo y escasean los alimentos en los sectores menos favorecidos de la población que viven ahora comiendo tortillas de maíz y frijoles (en el mejor de los casos) esta clase de sujetos llegan en situación de engorde pues arrellanados en sus cómodas poltronas (sillas para holgazanear) comen y maquinan como aumentar sus ingresos personales. Los problemas del país y las necesidades de sus habitantes pasan a un segundo plano.

                

Pues bien, los resultados de esa rapiña (pues todos los congresistas son empresarios a cuyas empresas se asignan mutuamente contratos de bienes y servicios, de mala calidad, por supuesto) hace que el pleito y la disputa entre ellos se torne intestina, al punto que terminan matándose. En el seno de ese antro luciferino los improperios personales, la palabra grosera, el insulto; son cosa de todos los días. Así como también es el reino de la indiferencia, pues los diputados forman corrillos de conversadores mientras otro en uso de la palabra habla sin ser escuchado. Es lo normal. Lo toman como normal. Es una institución realmente despreciable podrida hasta la médula. Nada bueno puede salir de allí y a no ser por la presión internacional, ninguna ley de importancia para la nación hubiera tenido lugar.

Se han emitido muchos comentarios sobre la muerte de un diputado asesinado de Alta Verapaz, Valentín Leal Caal, muerto un día antes de tomar posesión de su cargo. Esta persona había sido electo para el cargo por el partido LIDER, de Manuel Baldizón, sin embargo, en un acto de inverosímil y extremo cinismo político, se había integrado a la bancada oficial (el partido Patriota) para formar parte de su bancada. Semejante deslealtad (a sus electores y al partido político que lo llevara al cargo iba a tener como resultado lo que le sucedió: un ajusticiamiento en plena calle, tal vendetta entre mafiosos. No creo, pues, que se haya matado realmente a un político. Creo que se mató a un sujeto demasiado sucio e inescrupuloso, salido del estercolero de la política nacional. Si preocupa que un partido  -el oficial-  sea tan desaprensivo como para aceptar por el voto a ese tipo de personas. Es una mala señal y falta de agudeza política pues quien traiciona una vez, lo seguirá haciendo. Todo traidor se hace a sí mismo, se falla a sí mismo y no cree en él. Cosa rara también es que los columnistas y los analistas políticos de los medios de comunicación masivos de Guatemala no comentaron este hecho. ¿Temor o complicidad?

Uno no puede menos que quedarse con muchas dudas…

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA. 

Poniéndole el cascabel al gato (III)

Emprender alguna acción desacostumbrada, innovadora, difícil y hasta peligrosa, podría ser el actual dilema que la recién inaugurada administración del presidente Otto Pérez Molina enfrenta, en este caso con el sector empresarial guatemalteco que habituados a la evasión fiscal y a tributar menos de lo aceptable, aunque fuera algo cercano al 35%, que es lo que nominalmente pagan las corporaciones norteamericanas; será el primer gran escollo a los planes de gobierno de la actual administración. Todo mundo sabe y, como el mismo presidente lo hizo ver en su discurso de toma de posesión, que Guatemala está al borde de la quiebra moral y económica. Ante semejante realidad no le queda al gobierno más que amarrarse bien los pantaloncillos, calzarse los guantes y dirigir los puños con decisión y firmeza hacia donde corresponde, principalmente contra las transnacionales de la minería y el petrloleo cuyas regalías son las más bajas del mundo y totalmente contrarias a los intereses de los guatemaltecos (dan las mineras, por ejemplo, el 1% de beneficio al Estado, contra el 49% de la misma empresa en China o el 37% en México). El consenso como herramienta política puede servir a los fines del gobierno siempre y cuando esto no signifique ceder o claudicar ante las exigencias y posturas egoístas y antipatrióticas del sector empresarial guatemalteco y sus aliados estratégicos internacionales. Según proyecciones, se estima que el déficit fiscal para el corriente año rondara el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que el gobierno no contara con los suficientes recursos económicos para hacerle frente a la enorme crisis en los sectores de salud, educación, trabajo, vivienda, construcción y reparación de las deterioradas redes viales y sobre todo el problema de la seguridad que se espera consuma gran parte del tiempo y recursos del Estado. Ante tal disyuntiva,  el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados como ha sido la costumbre en Guatemala. El gobierno no puede constituirse en mendigo de los empresarios, esperando que la buena consciencia de estos les haga reflexionar y decidan contribuir un poco más de ese mísero como ridículo 12% de sus ingresos como lo han venido haciendo hasta los actuales momentos. O ¿a caso esperan los empresarios y el propio gobierno recurrir al endeudamiento externo, o a las generosas remesas (5 mil millones de dólares) de los guatemaltecos que residen en el extranjero? El gobierno de Otto Pérez Molina, si en verdad está comprometido con llevar a cabo las reformas profundas y estructurales de las que habló en su discurso, no tiene más opción que hacer efectivo el poder que le ha otorgado el pueblo de Guatemala, gobernar para el pueblo que tanto necesita del cambio y no para el sector económico que no quiere ni desea cambio alguno. La prueba de fuego ha llegado, Guatemala no da para más, la palabra o las palabras sino se materializan en acciones, sino se materializan en la práctica, de nada sirven. Marvin Najarro

A continuación, en la última de tres entregas, el profesor Luciano Castro Barillas  comenta sobre la primera como crucial prueba de fuego que habrá de definir de una vez por todas el rumbo de la presidencia de Otto Pérez Molina.

PONIÉNDOLE EL CASCABEL AL GATO: LOS RICOS DE

GUATEMALA DEBEN PAGAR IMPUESTOS

Por Luciano Castro Barillas

La prioridad  del gobierno de Otto Pérez Molina en este momento de crisis financiera del Estado  y para evitar el crecimiento de las deudas debe ser el impulso inmediato de la Reforma Fiscal, de lo contrario nada de lo ofrecido se podrá llegar a cabo pues todo proyecto espiritual y material del hombre necesita de bases concretas; en este caso, el dinero. Para nadie es un secreto que el sector empresarial guatemalteco es uno de los más mezquinos del mundo, donde rentabilidades de un 8% (es la media en los Estados Unidos, por ejemplo, y se valora como un buen negocio) resulta despreciable y poco apetecible. Para un empresario guatemalteco, buen negocio ha sido y ojalá ya no lo sea es aquel donde la ganancia anda por la cota del 300%, habida cuenta que un alto porcentaje de los impuestos del sistema tributario de Guatemala se sustenta en la tributación indirecta, es decir, el IVA, el cual es pagado diariamente, sin posibilidades de evasión, por la gran mayoría de la población. De allí una de las explicaciones de la alta aplicación del Sistema de Administración Tributaria. El Impuesto sobre la Renta, ISR, ha sido el que siempre ha perdido el paso en la marcha nacional de la tributación. Los grandes capitales han estado exentos de la real tributación y con miles de subterfugio (doble contabilidad, por ejemplo) han podido eludir sus compromisos. Por ello una rebaja del Impuesto Sobre la Renta para las personas de altos ingresos es semejante a lo hecho por todos los sectores del mundo a escala mundial: los banqueros sencillamente no pagan y ansiosos acuden al papá Estado (luego que lo han maltratado de mil maneras) cuando están con problemas de liquidez, aunque afirman despreciar tal paternidad, según sean sus cariñitos neoliberales.

Mañana (20-01-2012) el Ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno,  presentará al gabinete de gobierno su propuesta de Actualización Tributaria (así le ha nombrado este gobierno y ya no Modernización Tributaria) para ver la manera de mejorar los ingresos del Estado y para romper el círculo de vicioso del endeudamiento creciente. Ese nuevo paquete o acuerdo de tributación es probable que sea aceptado o rechazado. Si ocurre esto último  -conociendo la naturaleza egoísta de este sector de la sociedad guatemalteca-  a Otto Pérez Molina todo se le hará cuesta arriba y si en algún momento pensó en la solidaridad de este sector, el puño cerrado, duro, dejará de ser contundente y la mano se abrirá para pedirles limosna. Es lo que esperamos los guatemaltecos que no ocurra porque se necesita negociar o imponer la justicia tributaria en el país donde los pobres (ponderando los precarios ingresos) pagan más allá de lo debido y los que tiene más de lo necesario viven desde siglos en el frenesí de la acumulación monetaria. El Ministro de Finanzas declaró lo siguiente con respecto a la reunión de mañana: (…) hay una expresión que siempre uso: los impuestos son impuestos, porque efectivamente son impuestos, y por supuesto la idea del presidente fue consensuarla con todos los sectores, principalmente con los sectores que se han opuesto a estas medidas. Lo que hicimos fue recoger las ideas que todos plantearon; analizarlas, estudiarlas, hacer contrapropuestas y, finalmente, llegamos a un documento que vamos a presentar al gabinete.

Se espera con esta medida recaudar en los cuatro años de gobierno unos  cuatro mil quinientos millones de quetzales, además se contempla también con la promulgación de la Ley Antievasión II la recaudación de mil doscientos millones de quetzales. Todo esto aliviaría en buena medida la crisis financiera del Estado guatemalteco, aunque con la profundidad y ramificación de tanto problema social, económico y político no deja de ser insuficiente. No olvidemos que Guatemala es el país en América Latina que tiene la más baja tributación   -el 12%-  en relación con su Producto Interno Bruto, PIB y que un gran porcentaje de los impuestos recaudados están fundados en la tributación indirecta que se paga diariamente, puntualmente por los sectores populares cuando compran huevos, azúcar o frijoles.

Ahora bien, desde el punto de vista político  (Marx decía que la política es la expresión concentrada de la economía), una renuencia a pagar significará de manera inmediata para el gobierno de Otto Pérez Molina un balde de agua fría y se activará de manera automática la primera gran crisis política de este gobierno pues sus supuestos aliados se saldrían por la tangente y no estarían pensando en el compromiso con la Nación  -que es lo que espera el presidente-  si no, como siempre, en sus intereses de grupo. Pero quien tiene el poder tiene que ejercerlo y como en el actualmente momento cuenta con el respaldo de la población y la coyuntura debería aprovecharla, los impuestos, como dice el Ministro de Finanzas, deben imponerse, pues este país ya no da para más. De lo contrario, si el fracaso  del gobierno de Alvaro Colom fue sobradamente obvio en los dos últimos años; el de Pérez Molina lo sería al mes de empezado. Todo será asunto del carácter y de mano dura esgrimida por el presidente en su campaña pues estamos por acceder a un nuevo futuro si hay personalidad política o nos abocamos a la más terrible decepción y  fuerte confrontación social. Ya no hay salidas. El tiempo nos cogió y cual barco a la deriva por el rompimiento del timón, encallaremos justo en la catástrofe tantas veces anunciada: la explosión social.

Publicado por: Marvin Najarro

Ct, USA.

"Doy mi palabra de honor": Otto Pérez Molina (II)

Es común al leer los despachos noticiosos que tienen que ver con Guatemala y que se publican en la prensa norteamericana (impresa y electrónica). Encontrar como primera referencia los altos niveles de violencia existentes en el país. Es sobre todo la violencia que generan las pandillas juveniles como también la del crimen organizado (narcotráfico) la que acapara toda la atención. Y es precisamente dentro del contexto de la violencia, a la que se ubica o se quiere reducir como prioridad número uno al gobierno de Otto Pérez Molina. Es innegable que los niveles de violencia en Guatemala son intolerables y es deber del gobierno enfrentarla con todos los recursos a su alcance, pues no se puede hablar de desarrollo y progreso cuando ni siquiera existen los más mínimos niveles de seguridad para los ciudadanos o para las inversiones. Ahora bien, tampoco se puede hablar de combatir el crimen organizado como la más urgente misión del actual gobierno, de ser así, en que plano quedarían los otros problemas como: el enorme déficit fiscal, la crisis educativa, el desempleo, el estado calamitoso del sistema de salud pública y de las redes viales. Son también problemas muy urgentes cuya solución no se puede postergar y sacrificar en nombre del combate al crimen organizado. Guatemala, como lo expresara el presidente en su discurso de toma de posesión está al borde de la quiebra moral y económica, él lo sabe, y sabe también que las palabras si no van acompañadas de acciones concretas de nada sirven. Acciones concretas, mano dura, en contra de los poderes fácticos que se oponen a toda iniciativa de cambio, sea este profundo, estructural o no, es y será el gran reto que pondrá a prueba la palabra de honor del presidente Otto Pérez Molina.

Por último es importante señalar algo que el presidente dijo en su discurso (…) la gente quiere participar, la gente quiere que Guatemala cambie, (…) países que han cambiado es cuando la mayoría de la población ha dicho que quiere ser parte del cambio. ¿Queremos en verdad que Guatemala cambie? ¿Queremos ser parte del cambio? o ¿simple y sencillamente nos ubicaremos en posiciones antagónicas de fiera oposición a todo lo que el gobierno haga o intente hacer? Creo que a estas alturas lo que menos necesita el país es ese tipo de oposición destructora, pero como los guatemaltecos somos ese espécimen de seres extraños que preferimos el fracaso del contrincante antes que reconocerle sus méritos, no es de extrañar  que desde ya existan quienes estén cruzando los dedos deseando el fracaso del actual gobierno. Permitamos que el gobierno trabaje, que ponga en práctica su plan de gobierno, que cumpla con su palabra de honor, otorguémosle el beneficio de la duda. Marvin Najarro

A continuación, en la segunda de tres entregas, el profesor Luciano Castro Barillas nos manifiesta su opinión sobre las posibilidades que ofrece para el pueblo de Guatemala el gobierno de Otto Pérez Molina.

“DOY MI PALABRA DE HONOR,  ESTE GOBIERNO SERÁ

DE HONESTIDAD, TRABAJO Y COMPROMISO”:

OTTO PÉREZ MOLINA

Segunda Parte

Por Luciano Castro Barillas

Hay personas que nunca están contentas con nada. Son caprichosas y díscolas. Viven en permanente desconfianza y suspicacia en sus relaciones familiares y con mayor énfasis  en las políticas.  Por el momento, el actual gobierno tiene el beneficio de la duda. Tampoco es asunto de investirnos de candor y no ver las cosas como realmente son. Un presidente nacionalista -con todo lo feo del exclusivismo nacional- es mucho mejor que un vende-patria a intereses nacionales y extranjeros. La actuación gubernativa –sus hechos- de Pérez Molina lo irán ubicando en el justo y preciso lugar como un presidente común y corriente o como un gobernante que, pese a los prejuicios que los militantes revolucionarios hemos tenido con personas egresadas de las filas castrenses, en un franco olvido histórico de los buenos militares que gestaron páginas heroicas y revolucionarias sin ser marxistas y que luego evolucionaron en su pensamiento social y político (Jacobo Arbenz, Alejandro de León, Luis Trejo Esquivel, Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, entre otros). ¿Acaso no está abierta esa posibilidad? Yo no voté por él; pero soy optimista, y este militar si realmente tiene palabra de honor y personalidad política podría ser capaz de introducir grandes cambios ante su plena consciencia de que este país, según sus palabras (…) está infestado de corrupción y que las causas que dieron origen al conflicto armado están a todavía presentes. Pienso, pues, que al decirlo un hombre de derecha, además de militar, es digno de tomarse en cuenta. Al parecer tiene voluntad, pero al confrontarse con los poderes fácticos tradicionales su programa de gobierno se confrontará con la realidad, no obstante para eso existe la palabra renuncia si como gobernante quieren reducirlo a una simple figura administrativa y no un presidente, que es en esencia guía intelectual y moral de una nación. Y no necesariamente manejador de grandes teorías sociales y políticas. André Malraux decía que un intelectual es un hombre a quien una simple idea, ordena y compromete su  vida. ¿Miente? Bueno, eso será su problema pero la actitud de todos los guatemaltecos con un país que se cae en pedazos y está en total bancarrota material y moral es y tendrá que ser tener confianza en el futuro y no ser catódicos –aunque tal vez escépticos- por todo lo que hemos visto estos 25 años de “democracia” electorera guatemalteca. Un político nacionalista no está mal del todo. El ejemplo histórico más trascendente en la región centroamericana fue Augusto César Sandino, que  terminó desencontrándose con los comunistas (con Farabundo Martí, en concreto), sin embargo, impulsó una lucha con profundo sentido nacional que fue guía e inspiración de los marxistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional muchos años después de su muerte. Es asunto de pragmatismo político y de visión directa y no simbólica de la vida política nacional, de salirle al paso a un grupo de “analistas” que no analizan nada y que lo único que hacen es dar “orientaciones” y declaraciones librescas de las teorías aprendidas en la academia, a los cuales les falta algo esencial: haber transitado verdaderamente en la vida política de nuestro país y tener, ante todo, higiene mental. Lenin lo decía: se puede negociar y dialogar con los enemigos, con las personas o sectores afines política e ideológicamente o con personas discrepantes,  alusión que corresponde a su teoría sobre la política de alianzas, pero en este caso, lo aplicativo va en el sentido de la amplitud política y en contra del prejuicio. En ningún momento la avocación a la entrega, el servilismo o la claudicación ante posiciones políticas  negadoras de la justicia, la libertad, la democracia y justicia penal y social. Dicho esto, lo que corresponde en este momento es asumir –repito- una actitud de amplia educación política y si a los meses los resultados son contrarios a las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo, pues, sencillamente, Otto Pérez Molina debe irse al diablo con su equipo de trabajo. Ese es el punto.

Dejemos que los hechos tomen su rumbo natural (los hechos son el criterio de la verdad) y por el momento contengamos los impulsos, esas ganas de joder y de lucirse ante los medios de comunicación que tienen los “analistas” que no analizan nada. Lo bien o mal estructurado de un discurso, sus anacolutos o sus cálamos currentes, son asuntos de forma, no de contenido. Además lo dicho por Pérez Molina no fue una disertación de un examen público de tesis ¿no? Estuvo, claro, con muchas generalizaciones y también puntualizaciones.

Hay otro asunto que destacar: afirmó que los ofrecimientos de campaña son compromisos de Estado. No recuerdo que presidentes anteriores hayan hecho tal declaración en su toma de posesión o si lo dijeron lo han hecho con suficiente franqueza. Mencionó también algo muy importante: El respeto a la autoridad, algo que en Guatemala ya no ocurre. Es necesario detenernos aquí. Los sucesivos gobiernos de la época de la apertura política (desde 1986) no han tenido ni autoridad ni poder, pues el poder lo da la autoridad. Y sin autoridad no hay poder. La autoridad no es la fuerza, aunque si hay fuerza cuando se tiene autoridad. Las fuerzas de seguridad del Estado  -su coerción-  no funciona porque nadie cree a estas alturas de gravísimos índices delincuenciales en los policías y el ejército (hay policías asaltantes y kaibiles con los zetas). Recuperar todo esto no es tarea fácil. Hay una total decepción ciudadana con los últimos hechos y una sensación de absoluta indefensión: nueve soldados y cuatro policías fueron retenidos por pobladores de una comunidad indígena, los cuales fueron tomados como rehenes. ¡Fue necesario intercambiarlos por unos sujetos a quienes ellos habían capturado!

Los militares en el pasado fueron hombres de honor, caballeros, con rasgos propios de los héroes trágicos románticos cuando ofrendaban la vida por la Patria.  Se desdibujaron en Guatemala durante el conflicto armado interno por matar gente desarmada e integrar bandas de narco-militares. Démosle tiempo a las cosas y no escribamos o abramos la boca porque nos consideremos muy inteligentes, lúcidos o brillantes. Ya no hay nada por descubrir en el ámbito de las filosofías políticas. Agarremos la onda, no elucubremos tanto y bajémosle al culto a la personalidad. Lectores de La Cuna del Sol, el sábado publicamos la tercera parte de estos comentarios. Disculpen ustedes por los excesos.

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA.