Lo que empezó con algunas
manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió un
esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y la
violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color en busca de
lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo coloquen en
una situación defensiva.
LOS ASPECTOS CLAVE DE LA
REVOLUCIÓN
DE COLORES EN CURSO EN
NICARAGUA
Por William Serafino
Ya son varios días de manifestaciones violentas en la nación
centroamericana. Tanto el perfil del mensaje político como el comportamiento de
los medios, además del empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la
propia historia de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en
distintas oportunidades, indican que estamos en la presencia de un nuevo
intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores. Con
respecto a los objetivos y su pragmática global, nada nuevo. Socavar la paz de
Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de acoso
geopolítico, se dibujan como los propósitos inmediatos de la operación.
Insurgencia 2.0
Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social,
anunció el lunes 16 de abril una serie de reformas con el fin de aumentar los
aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social; también informó
sobre la creación de un tributo especial a las pensiones del 5%.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera
organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba
“incertidumbre” y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.
Que específicamente este sector haya sido el primer doliente debería
decirnos bastante sobre el cuerpo de “demandas” e intereses que inicialmente
promovieron las manifestaciones. Un evidente ejercicio de solidaridad de clase.
El país todavía hasta ese día estaba en calma total.
Al día siguiente de la información de las reformas surgió una cuenta en
Twitter llamada #SOSINSS, el nombre en sí genera dudas sobre la razón
particular de vincular la señal internacional de socorro (recurso operativo
típico de las revoluciones de colores en redes sociales) con el Instituto de
Seguridad Social. Su propio curso de acciones disiparía todas las sospechas 24
horas después.
En principio moldearon el sentido político que promovería la agitación. Las
publicaciones iniciales construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a
las reformas, que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se
colocaba en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un
sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.
Este relato configuró un esquema de apoyo público inicial en los sectores
medios y bajos a los intereses de la clase empresarial que luego se ampliaría
hacia los medios locales (El Confidencial, La Prensa, entre otros) y los
internacionales (Reuters, BBC, El País, etc.).
Después saltaron a instrumento de movilización y convocatoria. Apartando
cualquier responsabilidad, se volcaron como medios de difusión y convocatorias
de “plantones” en edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del
INSS, los cuales se transformarían en los puntos de partida de un violencia
callejera en ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del #SOS. Los
conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida pero focalmente.
El uso de esta cuenta parece haberle permitido a agitadores profesionales y
sus nexos con capas de la criminalidad operar con flexibilidad en el terreno,
suprimir la identificación con algún frente político ligado con la oposición
nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje de una
acción ciudadana acciones de violencia extrema contra centros de salud, sedes
de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios gubernamentales. Ya el
jueves y el viernes, el país estaba en tensión y trifulcas callejeras.
Los “plantones” no sólo fueron expandiéndose hacia varios puntos de la
geografía nacional (en 8 departamentos aproximadamente), sino que fueron
mutando progresivamente a cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de
armas de fuego no convencionales para intensificar el choque con las fuerzas de
seguridad, la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque
armado contra distintos espacios públicos y la ejecución de saqueos a
comercios.
La cuenta #SOSINSS, que ya había cumplido su papel como articulador de las
protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de
prioridad hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor
de los choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como
víctimas a los actores que protagonizaban los choques con la fuerza pública y
servir de fuente primaria para la prensa internacional, un aspecto fundamental
en la posterior cartelización de cifras manipuladas en torno a los hechos.
Protestas marca USAID,
criminalidad y el discurso del cambio de régimen
Como parte de la cartilla globalizada que describe una revolución de
colores, las protestas en apariencia han sido ciudadanas, protagonizadas por
los jóvenes, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y en
principio con fines reivindicativos.
Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las
reformas del INSS, adquirió un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación
al choque callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las
revoluciones de color en busca de lograr mayores grados de confrontación que
debiliten al Estado y lo coloquen en una situación defensiva.
En lo narrativo parece estar la intención de configurar un frente político
(posmoderno) donde puedan articularse un conjunto de “demandas” gremiales
prefabricadas por la USAID, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de
la oposición ampliando su base de apoyo político hacia “la juventud” y los
“descontentos”. Es por esa razón que las protestas tienen un corte juvenil y
universitario, son los extras que necesitan para desviar la atención de los
grupos armados que inflingen los ataques más graves.
Porque el signo USAID en este nuevo intento de cambio de régimen en
Nicaragua no sólo está en el profuso financiamiento que entrega a
organizaciones políticas opositoras y ONG locales, fondos que pudieron tener
como destino probable el adiestramiento en tácticas de subversión y guerra
urbana. Un total de 31 millones de dólares entregados nada más en 2016 han
recibido bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de
la sociedad civil”.
Eslogan que puede ser útil para promocionar foros y actividades académicas,
pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de
seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el
país.
Este aspecto representa la porción más grande del financiamiento a estas
organizaciones gestionado por la USAID en Nicaragua. Esta institución resalta
públicamente que el dinero entregado tiene como finalidad desarrollar la
gobernanza civil utilizando los medios de comunicación en el país
centroamericano.
En nota del 16 de abril el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y
apellido a los organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las
calles: “Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh,
CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros,
así como grupos políticos (FAD, MRS, etc,.) y medios de comunicación como la
misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en
espera que la USAID siga destinando dinero para eternizar el estatus de vida
que llevan”.
En esa exposición de motivos se ubica la sustancia política marca USAID en
el curso de las protestas violentas. Muestra de ello es el Departamento de
Estado de EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente en las
relaciones de EEUU con Nicaragua, emplea una narrativa de promoción de la
libertad de expresión, la democracia y de mayor participación de la sociedad
civil como condiciones “naturales” que deben imperar, animando claramente a la
oposición a socavar el gobierno de Ortega mediante el uso de los medios de
comunicación y con manifestaciones violentas. La utilidad práctica de la
“gobernanza” a la que se refiere la USAID.
Como si se tratara de una imagen pasando por una fotocopiadora, los
primeros “plantones” que rechazaban las reformas del INSS mutaron hacia un
movimiento insurreccional que justifica su existencia en las mismas demandas
del Departamento de Estado, agregando por supuesto la agenda “anticorrupción” y
la ausencia de libertad de expresión, que también provienen de la oferta de
productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia reivindicativo, la
razón política de la movilización se trasladó hacia exigencias de cambio
político.
Y es que detrás de esa neolengua presentada como escala de valores
indispensable para cualquier sociedad (la democracia liberal, la libertad de
expresión, etc.), que pasa por encima del contexto cultural y político de cada
país, se camuflan los nuevos atributos del poder global: la ampliación de la
zona de control y sometimiento sobre el cuerpo social, político, económico e
institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas (ONG,
medios de comunicación, programas de cooperación económica privada, etc.) que
pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la sociedad a las preferencias
del capital financiero transnacional.
Lo que llaman el poder “blando”.
Geopolítica: Canal
Interoceánico, la Nica Act acelera los motores y el poder del “poder blando”
A diferencia de las protestas también violentas del año 2015, dirigidas a
simular un escenario de rechazo generalizado al Canal Interoceánico, éstas de
2018 reflejan un cambio de naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles
de los últimos años de financiamiento de la USAID: el adiestramiento y
proliferación de los medios y las redes sociales en Nicaragua fueron armas
utilizadas para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera
vez con ese nivel de eficacia, capacidad y resonancia.
En aquel momento fue el Movimiento de Renovación Sandinista, que buscaba
perfilarse como una opción electoral seria para la oposición, la cara visible
que organizó parte de las movilizaciones y asumió una pronunciada direccionalidad
política.
Una realidad totalmente contraria a la luz de un movimiento de laboratorio
que emergió de las redes sociales, que se organizó en la calle con agitadores
con conexiones no visibles, adquirió un barniz juvenil y encontró su propia
forma de oxigenarse empleando rumores y operaciones de propaganda para ablandar
a las fuerzas de seguridad e inducir mayor inestabilidad.
Es así como se han agregado expresiones musicales juveniles y frentes de
estudiantes universitarios como vanguardia ideológica y moral, y sobre todo
como coberturas gremiales, de la operación de cambio de régimen. Sensibilizar a
la opinión pública y utilizar las redes sociales para glorificar la violencia,
toda vez que en el terreno los agentes criminales hacen el trabajo sucio, forma
parte del manual global de las revoluciones de color. Nada nuevo, salvo la
adaptación de sus fines en lo local.
En tanto método de laboratorio, sus objetivos son múltiples y no caminan
siempre en una dirección lineal, sino adaptados a las condiciones y límites del
Estado-víctima. Es por eso que las manifestaciones violentas no parecen tener
un objetivo final en sí mismo, más bien podrían apuntar a generar condiciones
de inestabilidad y “rechazo” interno con la suficiente resonancia para impulsar
una operación de acoso geopolítico.
Por esa razón han concurrido a respaldar el choque violento en las calles y
a tildar como “violenta” la contención de las manifestaciones, ONG de la talla
(por su presupuesto en dólares proveniente de EEUU, nada más) de Amnistía
Internacional, de Human Rights Watch, ambas escoltadas por la Secretaría
General de la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de EUU y Costa Rica.
Por medio de esa persuasión se intenta estandarizar el tratamiento en torno
a los choques callejeros, negando las propias coordenadas de la personalidad
nicaragüense que asume la política con varios decibeles de intensidad, a su vez
que glorifica como víctimas a los instigadores que dirigieron las
manifestaciones a la violencia profesional.
Es probable que esta maniobra interna pueda servirle al Senado de los EEUU
para acelerar la aprobación de la Nica Act, una ley dirigida a cerrar los
canales de financiamiento del país en el sistema financiero internacional
dominado por Washington. Según sus promotores, los senadores Marco Rubio, Bob
Menendez, entre otros, la razón de su aplicación es la falta de elecciones
libres, violaciones a la Ley, los derechos humanos y la corrupción del gobierno
nicaragüense.
Ahora la oficialización del bloqueo financiero contra el país
centroamericano podría venir bajo la excusa de defender a los manifestantes o
para evitar una “mayor represión” por parte del sandinismo, haciendo uso de la
ventaja comparativa que le da tener a la USAID como acto reflejo de la
“sociedad civil” en “defensa de la democracia”.
“No voy a dejar de defender la democracia, eso es parte de nuestra política
y seguirá siendo parte de nuestra política”: apoyándose esa misma premisa el
embajador gringo Paul Trivelli se justificaba ante la prensa cuando, en 2006,
ofrecía públicamente millones de dólares a todas las organizaciones que
buscaran hacerle oposición, electoral o no, al gobierno de Daniel Ortega.
La capa fundamental de este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua
parece estar atravesado por una condición inalterable y sumamente conflictiva:
su ubicación geográfica y el interés binacional entre Nicaragua y China por
construir un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá
como única arteria comercial entre los dos océanos.
La culminación y entrada en funcionamiento de este mega proyecto en el
mediano plazo significaría una pérdida tangible en el control financiero y
comercial de EEUU, lo que tendría implicaciones tanto en su posición de dominio
sobre la región, como también en su estatus de rector comercial a nivel
mundial, justo cuando emprende una guerra financiera de larga duración contra China.
Lo que se está jugando EEUU en Nicaragua es fundamentalmente la ventaja
geoestratégica que desde principios de siglo XX le ha dado el Canal de Panamá.
Y la urgencia geopolítica por impedir que el proyecto avance tiene su medida en
el financiamiento entregado a la oposición durante años y la sobredosis de
violencia armada en los últimos días. Es indispensable para ellos un cambio de
gobierno en Nicaragua para colocar una nueva administración que desista del
Canal Interoceánico.
No en balde uno de los ganchos narrativos de las manifestaciones es la
oposición férrea al proyecto, un aval político prefabricado pero no por eso
menos útil para que la Nica Act cierre los grifos de financiamiento hacia el
Canal.
Lo atestiguamos en la Primavera Árabe, durante el Maidán ucraniano, en el
marco de la protestas en Brasil, y en 2014 y 2017 específicamente en Venezuela:
las operaciones de cambio de régimen no culminan cuando lo hacen las protestas,
sino que mutan y asimilan un conjunto de frentes que le dan una continuidad más
agresiva desde el poder formal.
Lo ocurrido en los últimos días puede ser instrumentado para dar forma a
sanciones económicas, complicar el posicionamiento diplomático del país y
desmovilizar los objetivos políticos prioritarios del gobierno de Daniel Ortega
mediante el acoso foráneo. Y ese es el cálculo inicial de fabricar una
primavera a la nicaragüense adaptada a las capas de criminalidad y crimen
organizado que tienen vida en el país y que pueden ser empleados si la agenda
política propuesta se presenta como rentable.
Mientras esta etapa germinal va agarrando una tonalidad más sobresaliente,
los medios locales e internacionales ya cometieron sus respectivos crímenes
elevando la cifra de muertes a 10, cuando en realidad murieron cinco -entre
ellos un efectivo policial y el periodista del Canal 6, Ángel Gahona- para
luego trasladar la responsabilidad de todos los hechos al gobierno de Daniel
Ortega mientras se finge demencia por los daños humanos y materiales generados
por los grupos violentos. Ninguna de las víctimas participaba en las protestas.
La fábrica globalizada de fake news se pone a prueba en Nicaragua y al
servicio de grupos armados profesionales que ejecutan actos de violencia
extrema. Y la siguiente maniobra de los medios está en pleno desarrollo: crear
un mártir que evite una desmovilización de la violencia y otorgue una carga
simbólica para mantener la agenda a flote en caso de un reflujo. Pareciera que
Ángel Gahona cumple con las características necesarias en medio de la urgencia
por una muerte política que le dé cuerpo físico a la confrontación.
La clase empresarial por su parte hace suya la violencia en las calles y
opera en función de lograr una concesión del gobierno que luego sea vendida
como una “victoria del pueblo”. Esto nos deja una fotografía lo bastante nítida
para describir la técnica política del golpe blando y/o revolución de colores.
Parafraseando: no se busca la caída del régimen por métodos directos, sino a
partir del uso de las herramientas culturales, tecnológicas y políticas de la
globalización, así como su propio discurso reivindicativo, para provocar un
cambio político que no tenga las huellas de un poder extranjero.
Lo sabemos en Venezuela, donde una exigencia reivindicativa (“referendo
revocatorio”, “elecciones generales”, etc.) es utilizada como una demanda
inalcanzable, pues todo se trata de encubrir bajo un reclamo vestido de
ciudadano una agenda de violencia interna y cerco internacional y financiero
promovida por Washington. Desde el año 2002.
“Un Estado y una política que no los deja constituirse como ciudadanos y un
mercado que no les permite realizarse como consumidores (…) y si pudieran
emigrar para mejorar sus condiciones de vida, lo harían”: esto dice una nota
publicada en el medio local El Confidencial, quien ha intentado manufacturar un
carácter juvenil de las protestas. Más que una acotación al aire, es quizás una
demostración de que la política marca USAID tiene una capa social dónde calar
culturalmente, pues cobran políticamente las crisis existenciales de la
juventud emergente y globalizada, únicamente preocupada por el desarrollo de su
“talento individual”, y acomodarse en un lugar de “éxito” dentro de la sociedad
de consumo global.
Es la vía del poder blando por donde avanzan los rasgos más distintivos de
la destrucción de la conciencia nacional, de su cuerpo social y ético, el
sandinismo y el chavismo bajo la misma zona de peligro en lo cultural.
Otro desagradable guiño con Venezuela, por cierto, donde la base opositora
(centrada en la clase media) que también fue víctima de la revolución de
colores, hoy se debate entre irse del país, pedir una intervención extranjera a
gritos o frustrarse a sí misma absteniéndose en las próximas elecciones
presidenciales. Todo ese peso mientras siente en carne viva los daños
económicos de la agenda posterior que resultó de las convocatorias de
movilización y “plantones” que ella respaldó.
Traumas sociales que quedan sin resolver, toda vez que también sirve un
activo político para un poder global igual de demente.
El porcentaje de poblaciones de acceso a Internet en el país centroamericano
roza apenas el 19%; quedará esperar a ver si más allá de las redes sociales la
grieta que dibujan los medios es tal, o si su alcance ya es suficiente para que
opere el poder que de verdad financió la violencia.
http://misionverdad.com/COLUMNISTAS/aspectos-clave-de-la-revolucion-de-color-en-nicaragua-analisis-especial
USA.
