¿Un loco en Washington?

Las acciones de Trump, que muchos califican como las acciones de un hombre desequilibrado que ignora las complejidades de una región tan explosiva como el Medio oriente, de ninguna manera deben ser atribuidas a su conflictiva personalidad, al contrario, son más bien las acciones deliberadas de un personaje habituado al escándalo, la bravuconería y la arrogancia, pero que en lo sustancial se comporta como la mayoría de sus antecesores en cuanto a buscar mantener a cualquier precio la hegemonía global de Estados Unidos.

¿UN LOCO EN WASHINGTON?

La Cuna del Sol

Ya bastante, o demasiado, se ha dicho a cerca de lo demencial que viene siendo el accionar de Donald Trump, el actual ocupante de la Casa Blanca que ejerce como presidente de Estados Unidos. Y es que en los últimos días esa percepción se ha acentuado, primero, al romper el acuerdo nuclear con Irán, que se ha considerado uno de los pocos éxitos de la diplomacia estadounidense en la últimas décadas, y luego el traslado de la embajada estadounidense en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén; un tema escabroso que habían eludido todos los anteriores presidentes. Sin embargo, las acciones de Trump, que muchos califican como las acciones de un hombre desequilibrado que ignora las complejidades de los temas en cuestión y en una región que ya de por si es un caldero del diablo, de ninguna manera deben ser atribuidas a su conflictiva personalidad, al contrario, son más bien las acciones deliberadas de un personaje habituado al escándalo, la bravuconería y la arrogancia, pero que en lo sustancial se comporta como la mayoría de sus antecesores en cuanto a buscar mantener a cualquier precio la hegemonía global de Estados Unidos.

Romper el acuerdo nuclear o Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) con Irán (anticipado por Trump durante la campaña presidencial en 2016) no es producto de la ignorancia o de la volatilidad del carácter de Trump, aunque es un hecho que el extremismo anti-iraní de personajes como Netanyahu y del Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, haya terminado por influenciar su decisión, sino la continuidad de la estrategia imperialista de someter a Irán y que se ha venido poniendo en práctica desde los tiempos de Jimmy Carter, tras el triunfo de la revolución iraní que terminó por expulsar a la estadounidenses de su territorio. El argumento utilizado por Trump y los furibundos enemigos de Irán en el sentido que el acuerdo está plagado de deficiencias (un pésimo acuerdo) y que de ninguna manera limita la capacidad de Irán de obtener la bomba nuclear, es nada más el pretexto para acabar con el mismo. Es un argumento barato, refutado por las constantes inspecciones de AIEA que una y otra vez ha certificado el cumplimiento de Irán con lo estipulado en el acuerdo. En realidad, como señalan algunos analistas, nunca se trató del acuerdo nuclear en sí mismo, el único fin para Estados Unidos e Israel cuando se trata de Irán siempre ha sido no otra cosa que la dominación total, seguida de la destrucción total, en otras palabras, cambio de régimen, como en Libia.

La reimposición de las sanciones económicas crearan grandes dificultades a  la economía de Irán que atraviesa seria dificultades por el mal manejo que de la misma ha hecho el régimen neoliberal de Rouhani quien además carga con la culpa de haber caído en la trampa de desmantelar su programa nuclear a cambio de casi nada ($10 de $150 mil millones congelados en los EE.UU), porque ahora con la certeza del duro bloqueo económico que se aproxima y si no cuenta con el respaldo de los demás países firmantes del acuerdo, Francia, Inglaterra, China, Rusia y Alemania, quedará a merced de la furia de Trump que lo ahogará económicamente hasta que acepte sus imposiciones, es decir, el desarme total y a la entera disposición de Estados Unidos. Lo anterior lo ha demostrado el beligerante discurso pronunciado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien al hablar sobre la nueva estrategia (guerra económica) que el régimen de Trump le aplicaría a Irán, prometió, una presión financiera sin precedentes, que resultará en  las sanciones más duras de la historia a menos que la republica Islámica renuncie a todas sus actividades nucleares, a su programa de misiles balísticos, y su apoyo a grupos regionales (proxies) como el Hezbolá libanés o el Hamas palestino.  

El plan de Trump comprende 12 puntos (diktats) que Irán deberá aceptar incondicionalmente para hacerse merecedor a la “benevolencia imperial”, pero que en realidad equivaldría a la total capitulación de la Republica Islámica ante Estados Unidos e Israel, que anhelan su total eliminación como potencia regional, incapaz de interponerse en sus planes hegemónicos en el Medio Oriente, como sucede actualmente en Siria, Irak, Líbano, Yemen y Palestina, donde ha actuado con mucha efectividad para truncar los planes neoconservadores de Trump de rediseñar el Medio Oriente. Todo esto ha causado la furia de Trump y su cábala neoconservadora pro-israelí quienes han decidido apretarle las tuercas financiera y militarmente hasta que el régimen teocrático tire la toalla y acepte todas las condiciones impuestas por Washington -donde hay muchos neoconservadores que perciben que ha llegado el momento de caminar triunfantes por las calles de Teherán; aquel sueño largamente acariciado de los años de G.W. Bush. 

¿Podra Irán resistir la enorme presion y no doblegarse ante la furiosa embestida de Trump?

Aquí hay que tomar en cuenta que la estrategia de Trump, aparte de enfocarse primordialmente en Irán tiene otros objetivos geopolíticos inmediatos -e Irán es la vía para alcanzar esos objetivos. La UE, Rusia y China son las tres potencias que Trump tiene en la mira. Esto es el reflejo de la enorme batalla que se viene librando entre estas potencias capitalistas cuyas contradicciones, o las propias contradicciones del capitalismo, las está poniendo en un plano de confrontación directa que cada vez asume matices más descarados y violentos. La UE se encuentra atrapada en un serio dilema: escoger  entre su apoyo a Irán o ceder, como ha sido siempre el caso, a las presiones de los EE.UU. Si se decide por lo primero y desafía el ultimátum de la Casa Blanca de suspender inmediatamente sus inversiones en Irán, sus empresas sufrirán las consecuencias de las sanciones anunciadas por Trump que sabe que la UE no tiene mucho margen de elección entre el mercado iraní de $400 mil millones y el estadounidense de $18 billones. Trump quiere debilitar a la UE (especialmente Alemania, la mayor potencia económica de Europa que mantiene un superávit de $70 mil millones en su intercambio comercial con Estados Unidos) a la que ve como un competidor desleal que se ha aprovechado de los Estados Unidos; Irán, donde Alemania y Francia desarrollan grandes planes económicos, es solo el pretexto, en realidad se  trata de obligar a Europa a abandonar la idea de proteger sus propios intereses.

Rusia y China, a pesar de las presiones económicas y militares  a las que Washington tiene sometido a ambos, tienen mucho más margen de maniobra para respaldar a Irán ya que sus grandes avances económicos y militares los colocan en una posición de paridad en relación con los EE.UU, lo cual les permite hacer frente a las imposiciones del régimen de Trump. Sin embargo, tanto China como Rusia, ambos garantes del acuerdo con Irán, en términos generales han adoptado una posición muy defensiva o de apaciguamiento, y aunque han manifestado su apoyo a Irán, sus ambigüedades a la hora de enfrentar las constantes agresiones imperialistas, llevan a pensar que puedan asumir una actitud pasiva a la hora de tener que enfrentar el bloqueo económico contra Irán, o peor aún, cuando esto degenere en una total agresión militar por parte de los EE.UU e Israel. Es muy alarmante, sobre todo, la actitud de Rusia en Siria, donde al querer asumir el rol de mediador (amigo de todos) en el conflicto permite, a pesar de sus capacidades militares, que Estados Unidos e Israel ataquen a placer las posiciones del ejército sirio y de las fuerzas iraníes que has sido sus aliados más importantes en la guerra que por 3 años han venido peleando contra los ejércitos de mercenarios terroristas, apoyados precisamente por estados Unidos e Israel.  

La realización por parte de la elite imperial estadounidense de que ya no comanda la economía internacional como antes lo hizo, y que su posición hegemónica global cada día se deteriora más ante el empuje y la presión que vienen ejerciendo las nueva potencias como China y Rusia, ha hecho que Estados Unidos este embarcado en una fase de mucha agresividad en casi todas la regiones del planeta donde sus grandes intereses están siendo amenazados por esas potencias. Es improbable que rusos y chinos ignoren esto, sobre todo, la dimensión de lo que se juega en Irán, es decir, las  motivaciones reales de Trump al abandonar unilateralmente el acuerdo alcanzado con la Republica Islámica. O quizás en sus cálculos, sea preferible calmar con ciertas concesiones a la bestia, antes que tener que lidiar con su estrepitosa caída que sería fatal para sus grandes interese económicos íntimamente ligados a los de su rival. Ultimadamente la preservación de la estructura global del capitalismo es lo deseable y en eso las principales potencias capitalistas están en total acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos no solo desea eso sino también mantenerse como la potencia absoluta, sin importar que para ello tenga que aplastar sin piedad a sus principales rivales, China, Rusia y la UE. Irán es apenas el inicio… 

Publicado por La Cuna del Sol

USA.

Vega Cantor: "Una Colombia sin populismo es nuestra mayor desgracia"

Entrevista con Renán Vega Cantor, intelectual marxista colombiano. En un país tan reaccionario Petro es presentado como si fuera un ultraizquierdista

VEGA CANTOR: "UNA COLOMBIA SIN POPULISMO

ES NUESTRA MAYOR DESGRACIA"

Por Jorge Montero / Renán Vega Cantor

La Haine

   

El historiador colombiano Renán Vega Cantor, profesor titular de la Universidad Pedagógica de Bogotá, se refirió a la situación política de su país que tendrá hoy elecciones presidenciales; al proceso de paz y a la relación con Venezuela. Asegura que el candidato opositor Gustavo Petro es "un socialdemócrata tibio" y agrega: "Lo que sucede es que Colombia es un país tan conservador y reaccionario que Petro es presentado como si fuera un ultraizquierdista y revolucionario".

- El incremento de los asesinatos de “dirigentes sociales”, incluyendo en esta denominación genérica a no pocos militantes desmovilizados de las FARC-EP, ¿están focalizados en las regiones donde los insurgentes estuvieron asentados?

- En realidad, en sentido estricto no se ha incrementado el asesinato de dirigentes sociales (un nombre genérico en que deben incluirse a líderes populares, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas y campesinos, ecologistas, jóvenes pobres, dirigentes sindicales, etcétera) sino que se ha mantenido la tendencia que se presenta desde hace treinta años en el país, y que no ha cesado pese a que tanto se hable de “paz”. El hecho es noticia no porque sea novedoso para nuestro país, con el terrorismo de Estado que acá predomina, sino porque se presenta al mismo tiempo que se presumía que se había alcanzado la paz. Y se suponía que eso iba a significar ponerle término a este tipo de crímenes que están ligados a la acción activa o permisiva del estado colombiano.

El hecho es tan evidentemente criminal que hasta la delegada de la ONU ha dicho que es una vergüenza que asesinen a esas personas, justamente en un país cuyo presidente ha recibido el Premio Nobel de la Muerte (perdón de la “Paz”). Esto no nos debe extrañar si recordamos que la entrega de ese premio abre el camino para perpetrar más crímenes, como nos lo recuerdan los personajes de EEUU (Roosevelt, Kissinger, Obama) y del estado de Israel (Simón Pérez) que han recibido ese premio.

Los asesinatos se presentan a lo largo y ancho del país, todos los días. Hay en promedio de uno o dos asesinatos diarios en Antioquia, Catatumbo, Putumayo, Nariño, Caquetá, Cauca y un largo etcétera. Se han incrementado en las últimas semanas en las zonas fronterizas con Ecuador, al sur, y con Venezuela, en el nororiente de nuestro país.

Hay que decir que esos no son asesinatos indiscriminados, sino perfectamente selectivos. Se mata a aquellas personas que tienen algún vínculo comunitario, liderazgo, presencia en protagonismo social de algún tipo. El objetivo es destruir el tejido social que pueda existir en las comunidades locales y regionales.

A este tipo de asesinatos debe agregársele, como nuevo ingrediente, el de los militantes del recién creado partido de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), ex combatientes guerrilleros desmovilizados, cuya cifra ya se acerca al centenar, si se incluyen sus familiares y allegados que también están siendo asesinados.

Asistimos a una política de exterminio de todo aquel que pueda ser vista para el bloque de poder contrainsurgente como un real o potencial “enemigo”, y se procede de esa forma con la finalidad de que no se pueda construir ningún proyecto alternativo, con una base social, sobre todo en las regiones.

¿Quién es el responsable de esos asesinatos? Pues en primer lugar el Estado, bien en forma directa o indirecta, por su falta de protección de las personas que son asesinadas, por su política permisiva y cómplice con grupos de paramilitares, o bien porque actúa de manera abierta justificando los crímenes, por la vía de negarlos, de decir que no es algo sistemático o que no son resultado de asuntos sociales y políticos, sino líos pasionales o de faldas, como ha dicho el Ministro de Defensa al comenzar este año.

- A esto parece sumarse la violencia preelectoral, que incluye el reciente atentado múltiple frustrado, hacia Gustavo Petro, el candidato de la coalición Colombia Humana, la embajada cubana y el líder del Partido Farc, Timochenko, según la versión que llegó a Buenos Aires.

- En Colombia, y eso requeriría una explicación histórica detallada que no podemos hacer acá por una cuestión de espacio, la violencia política es algo cotidiano, tanto que se ha naturalizado y parece algo normal. Esa violencia política tiene múltiples manifestaciones, que adquieren un protagonismo en épocas electorales, y sobre todo cuando se dibuja la posibilidad de que se imponga algún proyecto que cuestione a las formas de dominación imperantes. Algo de eso es lo que sucede en estos momentos, cuando se ha difundido entre la población el miedo, con una serie de mentiras e infundios, contra el candidato Gustavo Petro, que es un socialdemócrata tibio y nada más.

Pero como en Colombia nunca ha habido populismo (en su sentido original, como el término se empleó en América Latina desde la década de 1940, y uno de cuyos modelos fue el peronismo), esa es una de nuestras grandes desgracias, jamás se han tocado las fibras del poder económico, político, mediático, territorial… en dos siglos. La estructura social, económica y política de este país es la misma de 1820, en razón de lo cual ahora cunde el pánico ante un eventual triunfo de un candidato de centroizquierda, como Petro. Y eso hace que la violencia se incremente y se acuda al atentado personal (lo que sucedió en Cúcuta es una muestra clara de eso), a diversas formas de intimidación, a la represión y persecución -aparte de los asesinatos mencionados en la primera pregunta- de aquellas personas, de origen popular, que puedan ser el sustento de algo distinto a lo que representan los dueños de este país.

En esta perspectiva, lo más peligroso y sangriento es lo que puede venir en el futuro inmediato, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, cuando se sepa el resultado. Si en esa primera vuelta Gustavo Petro obtiene una alta votación, las semanas que van a transcurrir entre ese momento y la segunda vuelta, pueden estar untadas de sangre, puesto que la extrema derecha no se va a quedar con las manos cruzadas y va a incrementar sus acciones de saboteo, asesinatos, mentiras… para generar un ambiente de pánico que se convierta en un chantaje que lleve a la gente a votar en contra de Petro en la segunda vuelta-

- El montaje contra Jesús Santrich ¿es una provocación a las desmovilizadas Farc-Ep?

- Lo de Jesús Santrich es un vulgar montaje y una trampa tendida por la DEA, con la participación activa del Estado colombiano (con el presidente Santos a la cabeza y el protagonismo de la Fiscalía General de la Nación, uno de los principales brazos del terrorismo de Estado). Distintos escritos, entre ellos algunos de mi autoría, han develado los mecanismos de ese montaje, que tiene varios objetivos claros, que vamos a enumerar en forma esquemática:

* Entregar a Donald Trump un premio en el día de su programada visita a Colombia, que estaba propuesta para el 11-12 de abril -pero que finalmente no se realizó-, y por eso el 9 de abril se capturó a Jesús Santrich, para entregárselo como una ofrenda de sus vasallos colombianos. Con eso se quería apaciguar la retórica del gobierno de Trump que en reiteradas ocasiones ha dicho que Colombia ha sido un fiasco en la lucha contra las drogas, y que debe presentar mejores resultados.

* Ocultar varios escándalos de corrupción y desviar la atención sobre los mismos, en los que se han visto involucrados sectores de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y los malos manejos de parte de los dineros donadas por países europeos al Fondo Colombia en Paz. Con la captura de Jesús Santrich de esos escándalos no se habló todo lo que ameritaban.

* Favorecer a la extrema derecha en la campaña electoral, especialmente al candidato oficial del santismo, Germán Vargas Lleras, que marchaba, y marcha aún, en un lugar secundario en las encuestas electorales. Santrich se convirtió en un trofeo electoral que se le entregó en bandeja de plata a esa extrema derecha, guerrerista y criminal, que no quiere que la guerra se termine, porque se lucra y vive de ella.

* Matar políticamente a las Farc como partido político, quitándoles ante la opinión pública cualquier legalidad y legitimidad como rebeldes o revolucionarios, para presentarlos como un grupo de delincuentes y narcotraficantes. Este creo que ha sido el objetivo supremo, y lo han conseguido plenamente.

* No cumplir absolutamente nada de lo pactado en La Habana, para que se materialice a cabalidad el proyecto de desarmar a las Farc (una “paz barata” la llama Juan Manuel Santos), sin que se modifiquen las condiciones sociales, económicas y políticas que dieron origen a la insurgencia. Es decir, mantener las condiciones de desigualdad, opresión e injustica propias del capitalismo salvaje a la colombiana, pero sin guerrillas.

* Llevar a la alta dirigencia de las Farc a los EEUU, mediante la extradición, y juzgarlos y condenarlos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), si es que esta instancia funciona, para que queden en la impunidad los crímenes del Estado y de las clases dominantes (empresarios, terratenientes, ganaderos, empresas multinacionales, medios de comunicación), y se imponga el relato que los responsables del desangre que se ha realizado en este país son aquellos que se han atrevido a levantarse en armas contra la oligarquía colombiana.

Como podemos ver, son muchas los móviles que explican la captura de Jesús Santrich e indican que, con este hecho, el bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado y las clases dominantes) le ha dado un entierro de quinta categoría al pretendido proceso de paz. Después de ese hecho ya no puede decirse que el proceso está en crisis, eso es un eufemismo. No, ese proceso está muerto y enterrado. Lo cual es una gran tragedia para este país, porque quiere decir que hacia el futuro inmediato y mediato se va a mantener la guerra, aunque puede ser que en peores condiciones de las que hemos vivido en el último medio siglo.

- ¿Cuál es su valorización sobre los llamados “acuerdos de paz” con las FARC-EP, mal visto por la derecha y por sectores de la izquierda que cuestionan la impunidad de los crímenes de Estado? ¿Hay alguna diferencia sustancial con las conversaciones reiniciadas en La Habana con el ELN y su concepto de “derecho a la rebelión”?

- Creo que en alguna forma ya he respondido a esta pregunta en la última parte de mi respuesta anterior. Como están las cosas hoy, podemos decir que el intento de poner fin a la guerra era una buena idea, pero hoy está completamente desdibujado, porque no existe ninguna paz, salvo la paz de los sepulcros. Lo que ha sucedido es el desarme de la insurgencia de las Farc, sin que el Estado haya abandonado su carácter terrorista, su dependencia servil ante los EEUU, ni haya adelantado la más mínima reforma de tipo económico, social o político. Pero ni siquiera esa desmovilización tiene contenta a la derecha, porque quieren un poco como la vía peruana, la derrota absoluta para el movimiento insurgente, la muerte o la prisión para sus combatientes y que se olvide que este movimiento alguna vez existió.

Este resultado, por supuesto, que va a pesar sobre las conversaciones con el ELN, que se desarrollan en este momento, y las cuales no tienen muchas perspectivas, no solamente por el incumplimiento evidente del Estado colombiano, sino porque se hacen en un momento en que Juan Manuel Santos ya está de salida. Con el eventual triunfo de la extrema derecha ese proceso va a morir.

- Respecto de las elecciones ¿representa Gustavo Petro Urrego una alternativa para las clases populares, ante el llamado “retorno al uribismo” representado por Iván Duque Márquez? ¿O es lo que aquí en Argentina llamamos el “mal menor”, y que vacían de contenido cualquier intento de salida electoral para las fuerzas de la izquierda?

- Este sí que es un asunto interesante, sobre el que deben evitarse los malos entendidos, las falsas expectativas y el triunfalismo, que hoy se nota en ciertos sectores de la izquierda colombiana y también del exterior. Gustavo Petro es un socialdemócrata tibio, no es ningún radical ni mucho menos revolucionario. Lo que sucede es que Colombia es un país tan conservador y reaccionario en términos políticos que Petro es presentado como si fuera un ultraizquierdista y revolucionario de carta cabal. Nada de eso. Incluso, la trayectoria reciente de Petro, cuando fue alcalde de Bogotá no es que indique nada radical, simplemente la posibilidad de adelantar algunas tímidas reformas, en el mejor de los casos, pero también de pactar con algunos sectores de las clases dominantes, como se demostró al final de su alcaldía, cuando para no ser destituido pacto con Santos, para que este lo mantuviera en el puesto, y eso lo hizo para desmovilizar a la gran cantidad de gente que se había organizado para apoyarlo.

Si se mira el programa político de Gustavo Petro lo que muestra es algunas reformas, que por supuesto para esa Colombia conservadora aparecen como medidas propias de aquellos que quisieran tomarse el Palacio de Invierno. Entre algunas de esas disposiciones están: defender la educación pública, tocar una regresiva legislación que ha mercantilizado la salud, impulsar los combustibles limpios en contra del petróleo, una “reforma tributaria equitativa”.

Más allá de este o aquel punto del programa, lo que debe uno preguntarse es sobre las posibilidades reales que puede tener G. Petro de ser presidente y si eso sucediese, que creo que es la hipótesis más lejana, que podría suceder. Es sorprendente ver que el asunto de Petro es puramente electoral, es resultado de una corriente de opinión coyuntural, que como toda calentura electoral se desinflara en cl momento menos pensado, porque no se sustenta en la construcción de un movimiento desde abajo, algo que Petro se ha negado a impulsar por su carácter caudillista, aunque desde luego algunos de los sectores que lo apoyan si tengan alguna influencia y trabajo político con sectores de base. Incluso, Petro puede desmovilizar lo poco que se pudiera construir cuando le convenga.

Ahora bien, el bloque de poder contrainsurgente y el terrorismo de Estado va a hacer todo lo que sea necesario para evitar que Petro gane las elecciones, incluyendo el atentado personal y el fraude electoral. Si eso no fuera posible, no porque no lo quisieran hacer sino porque no pudieran, y Petro llegara a la Presidencia, sus posibilidades de acción son mínimas, por varias razones: no tiene respaldo parlamentario, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de las fracciones dominantes del capital, ni de los EEUU. En estas condiciones, su gobierno estaría entorpecido desde antes de iniciarse, con la finalidad de ablandarlo. Si se mantuviera consecuente con sus anuncios, asistiremos al escenario de saboteo permanente desde todos los ángulos, hasta domesticarlo o prescindir de él, algo así como reeditar el modelo hondureño o paraguayo.

Para completar, Petro tampoco se ha desmarcado del discurso dominante en temas como el de la contrainsurgencia y Venezuela, donde ha tenido intervenciones desafortunadas, ya que avaló por ejemplo la captura de Jesús Santrich, sin que hubiera planteado nada en términos de soberanía y autodeterminación, tal vez pensado que el imperialismo lo va a aceptar y le va a permitir cierta margen de gobernabilidad. Y en cuanto a Venezuela ha repetido la cartilla que dice que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, con un razonamiento bastante contradictorio, porque dice que allí hay dictadura porque hay extractivismo, lo que implica confundir cosas que son distintas. Este es un esfuerzo de querer quedar bien con todos aquellos que llevan a cabo el proyecto de desestabilizar a Venezuela y pretender alcanzar votos del centro derecha. Algo que no pasa de ser optimismo electoral.

Por supuesto, como hecho político, más allá del alcance real que pudiera tener el hipotético triunfo de Gustavo Petro sería una especie de tsunami para este país.

- ¿Qué perspectivas ve Ud. en la situación colombiana, se podrá romper con el círculo de desigualdad social y violencia? ¿Continuará Colombia siendo punta de lanza de la agresión imperialista al pueblo venezolano?

- El acuerdo entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos -que ha fracaso estrepitosamente- fue una posibilidad para que este país se volviera decente, pero esa oportunidad se ha perdido, lamentablemente, y por múltiples razones, entre las cuales quiero resaltar dos: En primer lugar, la incapacidad y miopía de todas las izquierdas (incluyendo a las Farc) para aprovechar esta situación excepcional y darle un golpe de timón a este país, rompiendo sectarismos y dogmatismos, e impulsar un proyecto unificado que se hubiera podido plasmar en estas elecciones, como un hecho coyuntural, pero que pretendiera construir algo que fuera más allá de lo electoral. Esa oportunidad se desaprovechó en gran medida por que se vio en forma miope que el asunto de la guerra era solo una cuestión de la insurgencia y nada más, y como esta se desmovilizó el asunto ya no importa, que es la postura precisamente de Gustavo Petro, que habla de paz, pero sin mencionar nunca a las Farc. En segundo lugar, se demostró que el bloque de poder contrainsurgente no quiere efectuar ninguna reforma, por mínima que esta sea, ni quiere romper sus vínculos de dependencia con los EEUU, lo que indica que solo la lucha organizada y masiva de la población colombiana puede arrancarle algo.

Como el terrorismo de Estado ha salido fortalecido con la desmovilización de las Farc, esto ha dado pie a que el Estado colombiano se convierta en un puntal de la ofensiva imperialista contra Venezuela. Y Santos es uno de los peones serviles e incondicionales de esa labor agresiva, que se muestra con la destrucción de Unasur, la creación del Grupo de Lima, el hecho de que acá se hable de Venezuela como si fuera un protectorado colombiano y se permita que delincuentes y prófugos de ese país operen desde el Parlamento Colombiano (como lo hace la ex fiscal de Venezuela), que se organicen grupos paramilitares para incursionar en territorio vecino…. En síntesis, el Estado colombiano y el gobierno actual lo ha ratificado, ha optado por el proyecto de destruir la revolución bolivariana, luego de haber desarmado a las Farc, sin importar el papel que, paradójicamente jugaron Cuba y Venezuela, en ese proceso de desarme.

El Furgón

Publicado por La Cuna del Sol

USA.

Guatemala: La muerte de Posada Carriles, la Dirección de Migración y la coyuntura actual

Posada Carriles tuvo una larga trayectoria conspirativa. Sus acciones encubiertas las concentró en Centroamérica tras exiliarse y nacionalizarse venezolano. Guatemala fue uno de sus centros de operaciones más importantes, quizá porque desde principios de los años 60 tejió sus redes al ser partícipe del bloque de cubanos exiliados que la CIA entrenó en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos, según se desprende de documentos desclasificados de la CIA que la organización estadounidense National Security Archive dio a conocer en 2005 y mayo de 2007.

GUATEMALA: LA MUERTE DE POSADA CARRILES,

LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y LA COYUNTURA ACTUAL

Por Luis Solano

Centro de Medios Independientes

Héroe para el exilio cubano y terrorista para muchos, el cubano contrarrevolucionario Luis Posada Carriles falleció el 23 de mayo de 2018. Envuelto en un manto de conspiraciones y acciones encubiertas en el continente americano, desde la década de los 60, Posada Carriles arrastró un largo historial en el que destaca el atentado contra un avión cubano en 1976, y una variedad de acciones terroristas en Cuba, en 1997. Pero “Los caminos del guerrero” como reza el título del libro autobiográfico que Posada Carriles escribió en 1994, también están marcados por un legado violento en el istmo centroamericano. Gobiernos y grupos de poder fueron sus protectores y benefactores, y Guatemala fue uno de los escenarios preferidos de quien por muchos años tuvo como objetivo acabar con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Su muerte, de alguna manera, lo vincula a la coyuntura actual.

Posada Carriles y la coyuntura actual

Las conexiones de Luis Posada Carriles en Guatemala, vinculadas a la coyuntura actual, lo llevan hasta César Augusto Cabrera Mejía, también conocido como “Nito” Cabrera, quien fue Subdirector de la Dirección de Inteligencia (D-2) cuando el general Luis Francisco Ortega Menaldo la dirigió en 1990, y en ese mismo año Cabrera Mejía se convierte en director de la D2 hasta 1991, dado a que era uno de los oficiales leales a Ortega Menaldo. Hoy día, Cabrera Mejía está procesado junto a otros militares de alto rango por delitos de lesa humanidad en el Caso CREOMPAZ.

Cuando ocurrió el asesinato en Guatemala del dirigente socialdemócrata de El Salvador, Héctor Oquelí Colindres, en enero de 1990, se conjeturó que la autoría era obra del exiliado cubano y terrorista Luis Posada Carriles, quien operaba en Guatemala bajo el pseudónimo de Juan José Rivas López, y de manera encubierta como miembro del grupo de asesores del democristiano Instituto Venezolano de Educación Popular que apoyaba al gobierno de Cerezo.

Pero por medio de este instituto venezolano también llegó el investigador Víctor Rivera a El Salvador en 1983 -asesinado en Guatemala en 2008 cuando recién dejaba de ser asesor del Ministerio de Gobernación-, para capacitar a la policía salvadoreña. Un mes después del asesinato de Oquelí Colindres, Posada Carriles sufrió un atentado en Guatemala que casi le cuesta la vida. Posada Carriles acusó del hecho a la inteligencia cubana, que se habría apoyado en los militares guatemaltecos Francisco Ortega Menaldo y César Augusto Cabrera Mejía. En esos días, Ortega Menaldo era el Director de la D-2, y Cabrera Mejía Subdirector. Este último asumió la dirección en mayo de 1990 y se le vinculó al asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Mientras a Ortega Menaldo, de quien se dice fue agente de la Central Inteligencia Americana (CIA), hoy en día se le señala de ser uno de los altos jefes del crimen organizado. Para más información ver libro autobiográfico de Posada Carriles: “Los caminos del guerrero”, Capítulo 20; e Inforpress Centroamericana. “Posada Carriles: una brasa en las manos para Bush”. 18 de mayo 2007.

Posada Carriles siempre contó con el respaldo de los directores de la Dirección General de Migración, desde donde lograba pasaportes falsificados para poder movilizarse en Guatemala. Como parte de la estructura contrainsurgente, de espionaje y control poblacional esa Dirección siempre estuvo controlada directa o indirectamente por militares. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, período en el que Posada Carriles estuvo activo en Guatemala, el director era el militar y abogado Arturo Chur del Cid. Durante los gobiernos militares de los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, el director fue el general Manuel Callejas y Callejas, uno de los militares condenados a varios años de prisión por el Caso Molina Theissen, el 23 de mayo de 2018.

En 2005, se descubrió que Posada Carriles llevaba consigo un pasaporte extendido en Guatemala. En esos días, el jefe de la oficina de pasaportes en la Dirección de Migración era Juan Fidel Pacheco Coc, asesinado en 2010 luego de denuncias que hiciera ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) contra el entonces director Enrique Degenhart, actual ministro de Gobernación. Durante un allanamiento a la vivienda de Pacheco Coc, lugar donde fue asesinado, se encontró información sobre el negocio ilícito de pasaportes y la red de tráfico de personas en la Dirección de Migración, que incluyó la documentación del caso de la familia Bitkov y que es parte de la campaña contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 Pero quién era Posada Carriles

Posada Carriles fue el centro de una vieja disputa que arrastró importantes figuras políticas y gobiernos. El gobierno venezolano exigió por años su extradición tras fugarse de una prisión venezolana en 1985, donde estaba detenido acusado de ser el autor intelectual del estallido de un avión cubano en Barbados, en 1976, y donde murieron 73 personas. Al igual, el gobierno cubano lo requería por ese caso, y por los atentados con explosivos en centros turísticos en Cuba, en 1997, del cual también se le responsabiliza como autor intelectual.

El gobierno estadounidense siempre negó las peticiones de extradición, a las que se incluyó la del gobierno de Nicaragua que acusaba a Posadas Carriles de ser una figura emblemática en el suministro de armas a la contrarrevolución nicaragüense, en el marco del escándalo Irán-Contras, en la década de 1980.

Una investigación que realizó el Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés), hace algunos años, consideró que desde algún lugar de New Jersey se transfirieron ilegalmente US$19 mil a Guatemala y El Salvador para financiar esas acciones terroristas en Cuba.

Posada Carriles siempre fue una brasa en las manos del gobierno estadounidense. Con alcances que llegaban a George H. W. Bush (ex presidente de Estados Unidos) director de la CIA en 1976, cuando se atentó contra el avión cubano, y se suponía que Posada Carriles todavía trabajaba para la CIA, que lo reclutó desde la fallida Operación de Bahía de Cochinos para la invasión a Cuba en 1961. «Posada Carriles es un hijo y engendro del imperio (estadounidense), el imperio lo apañó, lo entrenó y le sabe mucho al imperio», planteaba el exembajador de Cuba en Panamá, Carlos García.

Posada Carriles tuvo una larga trayectoria conspirativa. Sus acciones encubiertas las concentró en Centroamérica tras exiliarse y nacionalizarse venezolano. Guatemala fue uno de sus centros de operaciones más importantes, quizá porque desde principios de los años 60 tejió sus redes al ser partícipe del bloque de cubanos exiliados que la CIA entrenó en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos, según se desprende de documentos desclasificados de la CIA que la organización estadounidense National Security Archive dio a conocer en 2005 y mayo de 2007.

Posada Carriles fue entrenado en demolición con explosivos en el campamento de San Juan Acul, Petén, que la CIA junto al finquero Roberto Alejos Arzú, construyó en 1960 (Revista Time, 28/4/61). Tras el fracaso de la invasión se quedó en Guatemala. “En 1962 trabajaba en el edificio de la Editorial del Ejército, zona 1, donde operaba la cárcel clandestina del Departamento de Investigaciones Especiales, dirigida por un oficial del Ejército de Guatemala con asesoría norteamericana.”, afirmó el ex comandante guerrillero guatemalteco y columnista de prensa, César Montes (Siglo Veintiuno, 11 de mayo de 2005).

Ya como agente de la CIA, en mayo de 1965, Posada Carriles junto a un grupo de cubanos exiliados participó en un complot para derrocar al presidente de facto, general Enrique Peralta Azurdia. El complot era fraguado por Alejos Arzú, desde Miami, empresario con quien tuvo estrechas relaciones y quien ofreció su finca Helvetia y otras propiedades para el entrenamiento de los cubanos.

CONEXIÓN GUATEMALA

Entre los involucrados de haber ayudado a Posada Carriles a ingresar ilegalmente a EEUU en 2005 con pasaporte guatemalteco, cuando el terrorista se hallaba en su última fase de su historial, se encuentra el millonario cubano Santiago Álvarez y su empleado también cubano, Óscar Mitat. Tanto Álvarez como Mitat fueron a prisión, condenados en noviembre de 2006 a cuatro y tres años de prisión respectivamente, por tenencia de un lote de armamento. Ambos recibieron una reducción de penas en 2007, tras haber entregado otro lote de armas a las autoridades. El armamento, que se ha dicho serviría para acciones contra el gobierno de Fidel Castro, es un tema que no se incluyó en el juicio que se les libró después de su captura en noviembre de 2005.

Álvarez, de 64 años, era un prominente miembro del exilio cubano de Miami, promotor de bienes raíces y benefactor de Posada Carriles. Álvarez fue quien financió a Posada Carriles su defensa legal en Panamá cuando fue acusado y posteriormente convicto por conspirar para asesinar a Castro en 2000. También fue quien le buscó un abogado en Miami cuando Posada Carriles llegó a EEUU ilegalmente en marzo de 2005, y el gobierno cubano asegura que fue Álvarez quien lo llevó a EEUU a bordo de un barco privado. El empresario también fue acusado de recibir un pasaporte guatemalteco falso y una cédula de identidad falsa a su nombre, según la Fiscalía de Miami.

De acuerdo con la declaración jurada de dos agentes federales, la investigación contra Álvarez comenzó el 2 de noviembre de 2005, cuando se interceptó un paquete dirigido al empresario con esa documentación. En un allanamiento a las oficinas de Álvarez, agentes hallaron un correo electrónico dirigido al empresario en el que alguien le comunicaba tener el apoyo del «jefe de la Oficina de Pasaportes de Guatemala» para venderle los documentos de identidad, según la declaración.

El funcionario de migración guatemalteco era en ese entonces Juan Fidel Pacheco Coc, quien en diciembre de 2005 supuestamente fue destituido según denunciaron el entonces director-interventor de la Dirección General de Migración (DGM), Fernando Sosa, y el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann. Sin embargo, meses después Pacheco Coc seguía laborando en ese lugar con otro cargo.

Sin embargo, la encargada de recursos humanos de la DGM, Zoila Gordillo, indicó que Pacheco Coc nunca fue destituido (Siglo Veintiuno, 17/4/06). El funcionario fue secretario general del sindicato de la DGM, y además de recibir amenazas de muerte por años, también fue acusado de corrupción. Durante ese mismo período de tiempo a Posada Carriles también se le extendió el pasaporte falso de Guatemala que llevaba consigo durante su ingreso ilegal a EEUU y el cual ocultó.

El FBI también trabajó conjuntamente con el gobierno cubano en la investigación de los atentados de 1997. En el contexto del juicio contra Posada Carriles, se dio a conocer un documento del FBI que reveló detalles sobre la investigación de EEUU acerca de los lazos del militante anticastrista y una ola de ataques dinamiteros en La Habana entre abril y octubre de 1997, en los que murió un turista italiano en un hotel.

En ese informe, que es parte de una investigación de 1998 y engavetada en 2003, se indica que existieron explosivos escondidos en zapatos y botellas de champú; tiene registro de miles de dólares transferidos electrónicamente desde Nueva Jersey a Guatemala y El Salvador y contiene una nota en un portafolio en la cual dice que “el tirano tiene que ser eliminado” aun cuando muera gente inocente.

Aunque diversos medios de comunicación presentaron el informe como “nuevo”, e incluso el documento omite nombres e identifica a testigos con códigos, en realidad esa información ya había trascendido años antes con nombre y apellido. Los diarios estadounidenses The Miami Herald (6 de junio de 1998) y The New York Times (12 de julio 1998), dieron detalles del caso.

A quien el informe del FBI identifica como fuente confidencial CS-1 (en inglés), en realidad esos medios de prensa lo identificaron como Antonio Jorge Álvarez, un empresario cubano estadounidense que llegó a Guatemala en 1996, contratado por la empresa WRB Enterprises, con sede en Tampa, Florida.

El objetivo de la empresa era la construcción de plantas de energía eléctrica en Chiquimula, pero dos años después, el proyecto fracasó. Sin embargo, en ese período de tiempo, Álvarez informó al FBI, y a las agencias de inteligencia de Guatemala y Venezuela, de haberse enterado que Posada Carriles estaba trabajando muy de cerca con dos de sus empleados para gestar acciones terroristas en Cuba y atentar contra Fidel Castro en Venezuela.

Los empleados de Álvarez eran el cubano exiliado, radicado en Guatemala, José Francisco Álvarez y el militar guatemalteco José Burgos, quien estaba retirado después de trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y servir de seguridad de la familia de un expresidente, a quien no se identifica.

Posada Carriles y Víctor Rivera

En 1969, se dirige a Venezuela y colabora con la reestructuración de los aparatos de inteligencia y la lucha contrainsurgente durante el gobierno del democristiano Rafael Caldera. Asume importantes cargos dentro de la Dirección General de la Policía (DIGEPOL) la cual posteriormente se llamará Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), de la cual saldrá en 1975 tras el cambio del gobierno. En la DISIP conoce a Víctor Rivera, quien fuera asesor del Ministerio de Gobernación de Guatemala durante los gobiernos de Álvaro Arzú y Óscar Berger, y asesor privado en materia de seguridad de poderosas familias guatemaltecas que experimentaban secuestros de familiares. Tras el derribo del avión cubano en 1976, Posada Carriles estuvo detenido entre ese año y 1985, cuando se fugó.

Posada reaparece en El Salvador, en 1985, con la identidad de Ramón Medina, trabajando para una compañía encubierta de la CIA: Southern Air Transport. Es el jefe del grupo que se instala en el aeropuerto de Ilopango, desde donde salen los vuelos clandestinos que suministran armamento a la Contra nicaragüense. Ahí se reúne frecuentemente con el coronel Oliver North, quien viene de EEUU a supervisar la operación. La operación encubierta sale a luz cuando los sandinistas derriban, el 5 de octubre de 1986, uno de los aviones.

El piloto, William Cooper, muere. Su asistente, Eugene Hasenfus, logra salvarse y es capturado por los nicaragüenses. El escándalo Irán-Contras estalla y pone contra la pared al gobierno de Ronald Reagan (Inforpress, 30/10/86).

En el libro «Powderburns Cocaine, Contras And The Drug War», que apareció en 1994, su autor, el ex agente de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Celerino Castillo III, relata que «Cuando me designaron como agente de la DEA en Centroamérica, todavía recuerdo haber visto a Luis Posada y Félix Rodríguez y otro terrorista americano, en la base aérea de Ilopango, El Salvador. Junto a ellos estaba el agente de la CIA y asesor venezolano Víctor Rivera. Ellos eran parte de lo que se conocía como un aparato de la CIA que no respondía a nadie. Ellos estaban involucrados en el tráfico de drogas, secuestros y entrenamiento de escuadrones de la muerte.» (traducción libre).

En su libro autobiográfico, «Los caminos del guerrero», Posada Carriles afirma que Rivera se desempeñaba como jefe del grupo de asesores venezolanos que capacitaban a la policía salvadoreña durante el gobierno del democristiano Napoleón Duarte. La capacitación era financiada por la Fundación Konrad Adenauer. «Rivera fue expulsado del grupo de asesores y tuvo que irse de El Salvador; la muerte de un instructor venezolano y de un guerrillero salvadoreño provocaron gran escándalo. Se descubrió que los venezolanos no sólo impartían enseñanza sino que también trabajaban con la policía. Una sustracción de fondos puso término a la estancia de Rivera en el país.» (Capítulo 19e Inforpress, 2/3/07).

La salida de Rivera y el escándalo Irán-Contras, obligaron a Posada Carriles a retirarse de Ilopango, pero inmediatamente pasó a trabajar con los asesores venezolanos. En 1988, tras la derrota electoral del Partido Demócrata Cristiano, se retira de El Salvador, y se refugia, según su libro, en Guatemala donde se hace cargo de la seguridad de la empresa estatal Teléfonos de Guatemala (GUATEL), gracias a la amistad que tiene con el entonces director Francis Ramírez, a quien también le brinda seguridad y que había conocido en El Salvador, según ha declarado el ex presidente Vinicio Cerezo, y entonces diputado (Capítulo 20. Europa Press y AFP, 25/11/00).

En 1995, Francis Ramírez fue capturado en EEUU y acusado de lavado de dólares a través de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Fue condenado a cuatro años de prisión, por el envío de US$81 mil a EEUU. En El Salvador también entabló amistad con el entonces embajador de Guatemala, Leopoldo Urrutia.

 Tras un atentado, se puso en evidencia la presencia en Guatemala de Posada Carriles. La intervención inmediata de Francis Ramírez y del director de Aduanas, Rolando Castro, logró que fuera internado de emergencia en el hospital privado El Pilar, y según Posada Carriles, una parte de los gastos médicos fueron pagados por el gobierno de Cerezo (Capítulo 20 y The Miami Herald, 13/5/90). El mandatario, afirma Posada Carriles, comisionó al jefe de seguridad de palacio, Henry (a quien se identifica sólo con ese nombre), para que organizara la seguridad en el hospital.

Fuentes diplomáticas aseguraron en aquel momento que Posada Carriles pertenecía a un equipo de expertos en espionaje al servicio de Cerezo, independiente al ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional. Incluso, trascendió que Posada Carriles era miembro de la seguridad del mandatario, y que ese equipo era financiado por donaciones provenientes de la entonces Alemania Occidental y un fondo manejado discretamente por el propio Cerezo (The Miami Herald, 13/5/90). Cerezo desmintió todo.

Días después del atentado, y ya recuperado de las heridas, Posada Carriles viajó a Honduras. Entre 1994 y 1995, ocurrieron serios atentados en ese país, destinados a desestabilizar al gobierno hondureño de Carlos Roberto Reina, según publicó The Miami Herald en 1997 (Inforpress, 10/10/97). Los atentados fueron organizados por cubanos exiliados con el apoyo de militares hondureños, que buscaban presionar al gobierno para abrir en Honduras un frente de ataque contra Cuba. En esos hechos Posada Carriles jugó un papel fundamental.

Después de esas acciones, retornó a El Salvador y Guatemala donde comenzó a organizar los atentados de 1997 en Cuba. En El Salvador, con el nombre de Franco Rodríguez Mena, Posada Rodríguez reclutó a Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena, para realizar los atentados. Ambos fueron capturados meses después y hoy purgan largas condenas en Cuba. A Cruz León se le recuerda por haber integrado una peligrosa banda de ladrones de vehículos y a Rodríguez Llerena, al momento de su reclutamiento, por ser jefe de seguridad de la distribuidora de vehículos DIDEA, propiedad de la familia Poma, y asociada con la familia Maegli de Guatemala, de las más influyentes de El Salvador (Inforpress, 9/4/99).

Sin lograr su gran objetivo de derrocar al gobierno de Castro, fraguó intentos de asesinato contra el mandatario cubano en Venezuela, República Dominicana y Panamá. En este último país fue capturado en 2000, luego que la inteligencia cubana descubriera un complot contra Castro en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de presidentes (Inforpress, 1 y 8/12/2000). Posada Carriles fue capturado con documentación legal extendida por autoridades migratorias salvadoreñas, bajo el nombre de Rodríguez Mena. El gobierno salvadoreño de Francisco Flores cargó con un elevado costo político por este caso.

Tras pasar cuatro años detenido, junto a otros cubanos acusados, la entonces mandataria Mireya Moscoso, previo a dejar el poder, indultó a Posadas Carriles al igual que al resto. En agosto de 2004, es liberado y, supuestamente, viaja a Honduras, desde donde organiza su retorno a Estados Unidos, donde buscó y obtuvo asilo político por parte de George Bush. Permaneción en ese país hasta su muerte.

Publicado por La Cuna del Sol

USA.

Gano Maduro. ¿Y ahora?

Sucedió que una importante porción del pueblo venezolano decidió ir a votar y reelegir a Nicolás Maduro

GANO MADURO. ¿Y AHORA?

Por Guillermo Cieza

La Haine

El pueblo venezolano ha realizado algunos hechos que lo convierten en un país excepcional. Según parece fue el único caso donde un pueblo en la calle derrotó un golpe de Estado.

Ahora suma otra hazaña. No se conocían antecedentes de un país donde un presidente que haya soportado un proceso de hiperinflación fuera reelegido. Y la hiperinflación en Venezuela en los últimos 12 meses fue record mundial, mas del 2.000 por ciento.

Para sumar dificultades, esto se ha realizado en un país sancionado por EEUU y la Unión Europea, bloqueado, reducido casi a la supervivencia. Peor aún, amenazado. En el último mes, en la última semana, el Departamento de EEUU, el Comando Sur, lo conminaron, le ordenaron suspender las elecciones. El impresentable Secretario General de la OEA, la liga de los peores gobiernos de America Latina, Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Chile, les anticiparon que no iban a reconocer los resultados electorales (salvo que ganara la derecha).

Todos ellos, desde hace tiempo están conspirando para concluir la campaña para “liberar a Venezuela y a Cuba”. Por todos lados aparecen documentos, planes, declaraciones que hacen referencia a una invasión de fuerzas combinadas de distintos países coordinadas por EEUU, una reedición de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en el siglo XIX. Y como ocurrió con el Paraguay, el objetivo principal es mucho más ambicioso que apoderarse de bienes naturales o anexar territorios. El objetivo principal es erradicar “el mal ejemplo”, que no queden ni cenizas de aquellos que se atrevieron a desafiar al sistema capitalista mundial y a los imperios occidentales.

Y sucedió que una importante porción del pueblo venezolano decidió ir a votar y reelegir a Nicolás Maduro.

¿Que mueve a un pueblo a tomar semejantes decisiones?

Tuve el privilegio de estar brevemente en La Habana en 1993, en plena crisis por la caída abrupta del sector externo de la economía cubana a raíz del desplome de la Unión Soviética y los países del Este. Persisten en mi memoria las imágenes de aquel pueblo que se volcaba a las calles y las plazas a discutir con pasión lo que estaba sucediendo, que nos mostraban fotografía del tiempo que fueron gordos o gordas y que compartían con nosotros la última cerveza o refresco que les quedaba en la heladera.

También recuerdo esa decisión que expresaban sobre todo los más viejos, los veteranos de las misiones internacionalistas. No puedo olvidar el orgullo con que un viejo cubano me mostraba su uniforme de combatiente en Angola y sus palabras: - Vamos a resistir, nos moriremos de hambre, pero nos moriremos como cubanos.

Defender la Revolución se asentaba en el sustrato más íntimo, más visceral de sus convicciones. Defender la Patria.

¿Que mueve a los que persisten en la heroica resistencia del Pueblo de Palestina? ¿Que movía a ese hombre sin piernas, que siguió tirando piedras hasta que fue abatido por los francotiradores del ejercito israelí?

Estoy convencido que la decisión del pueblo venezolano se asienta en motivaciones parecidas. Nos cagaremos de hambre pero enfrentaremos a los gringos como lo que somos, como venezolanos, como dignas hijas e hijos de Simon Bolívar.

Si quieren saber que es lo que mueve estas decisiones que parecen suicidas o masoquistas, si quieren saber cómo se ha ido forjando esa convicción profunda., que parece madurada en siglos, pregúntenle a las mujeres venezolanas de los barrios populares, a las campesinas. Las que han sostenido hogares, consejos comunales, Claps y hoy se alistan en las milicias. A las que, incomodándose y poniendo el cuerpo, reviven al Che.

Lo que sigue en Venezuela va a depender del chavismo que, como muy bien aclara Reinaldo Iturriza, no es sinónimo del gobierno bolivariano. Es un concepto mucho más amplio y fervoroso en la decisión de avanzar con la Revolución.

“Me preocupa mas el lunes que el domingo”, me comentaba un compañero venezolano. Pero fue preciso este domingo victorioso para tener lunes.

¿Podrá el chavismo derrotar a sus demonios internos?

¿Se resolverá la lucha de clases que hoy también traspasa al chavismo y el gobierno de Maduro a favor de una continuidad del proyecto revolucionario?

¿Como se desarrollarán esas disputas enmarcadas en la batalla urgente de enfrentar a la agresión imperial?

Seguro no depende del diagnostico, la opinión, o las sugerencias de quien escribe este texto emocionado a diez mil km. de distancia.

Depende de los millones de héroes y heroínas que hoy vuelven a cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de ser dignos, los que levantan las banderas prohibidas por el sistema capitalista, los que han construido un sueño lo suficientemente potente para volver a ilusionarnos y quitarle el sueño a los poderosos del mundo..

Pertenezco a una generación que se animó a ser radical y desafiar al sistema capitalista; que creyó en la actualidad de la Revolución y le puso el cuerpo. Pertenezco a una generación que pagó su osadía con 30.000 desaparecidos. Puedo valorar lo que se arriesga cuando se toman decisiones como las que tomó este domingo el pueblo venezolano.

Mi admiración y mi solidaridad.

Patria y socialismo.

Publicado por La Cuna del Sol

USA.

Guatemala. 29.000 indígenas sin agua por los negocios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.

GUATEMALA. 29.000 INDÍGENAS SIN AGUA 

POR LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE 

DEL REAL MADRID, FLORENTINO PÉREZ

Por Nuria López (RT)

Insurgente

Activistas de Greenpeace cortaron el mes pasado el agua de las oficinas de ACS, la empresa de Florentino Pérez, el conocido empresario español y presidente del club de fútbol Real Madrid, ubicadas en un emblemático edificio de la importante Avenida Pío XII de la capital española. Semanas después el mismo escenario era escogido por activistas de la ONG Ecologistas en Acción para realizar un acto de protesta tumbados en el suelo y teñidos de pintura roja que imitaba sangre; escogieron el día que tenía lugar la Junta de Accionistas de la empresa.

El lema de los primeros era ‘ACS destruye los ríos de Guatemala’, el de la segunda protesta ‘ACS contra la vida’. Greenpeace eligió la acción simbólica de cortarles el agua para denunciar que la compañía española está dejando sin agua a miles de indígenas en Guatemala con sus proyectos. Ecologistas en Acción, por su parte, denunciaba las violaciones de derechos humanos y los impactos medioambientales de las empresas de Florentino Pérez tanto en el país centroamericano como en Palestina.

Estas han sido las últimas protestas en Madrid, pero el conflicto viene de lejos. Desde 2011 Florentino Pérez se enfrenta a las manifestaciones de las comunidades indígenas cercanas al proyecto Renace, que desde ese año está siendo construido por una filial de ACS, el gigante empresarial de Pérez, el Grupo Cobra. Con la ayuda de las organizaciones no lucrativas de defensa del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hace tiempo que se ha intentado internacionalizar la problemática, hacer partícipe a la opinión pública mundial de lo que está sucediendo en Guatemala.

Hay varias campañas de petición de firmas puestas en marcha por la ONG Alianza por la Solidaridad. Una de ellas pide la paralización de las obras. Ya lleva más de 32.000 firmas y cuando llegaron a las 25.000, el 2 de noviembre, realizaron una entrega en la sede de ACS. La otra pide la excarcelación del líder quekchí Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva desde el 30 de enero. Más de 5.000 personas han firmado ya la petición.

¿Y qué está sucediendo en Guatemala?

Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.

Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y, sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como para abastecer sus cultivos.

Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.

El producto pretende ser la hidroeléctrica más grande del país. Aunque es propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI), ésta subcontrató la realización de las últimas tres fases (Renace III, IV y V) a la empresa española Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial de Florentino Pérez, ACS, un gigante con más de 210.000 empleados y presencia en 80 países.

El Grupo Cobra tiene una amplia experiencia en América Central en la construcción de centrales minihidráulicas y de tamaño mediano. La visita en 2014 de Pérez a Guatemala reavivó las protestas, aunque nada cambió. Cobra siempre se ha remitido a que ellos solo son una subcontrata y no tienen nada que ver con las protestas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, su participación está cuestionada en atención al principio de Debida Diligencia, que obliga a la protección ambiental en otros países.

Para el abogado de la organización guatemalteca Madre Selva, Vladimir Soto, como empresa internacional que trabaja en el territorio guatemalteco, “debió de garantizar que se cumplieran las leyes nacionales antes de iniciar la construcción de las hidroeléctricas, específicamente el derecho a la Consulta a Pueblos Indígenas”. Por este motivo, Alianza para la Solidaridad presentó una queja ante ACS por no cumplir con estos requisitos así como las obligaciones de responsabilidad social empresarial a las que se encuentra sujeta la compañía.

Soto ha sido el encargado de presentar la acción constitucional de amparo contra el ministro de Energía y Minas guatemalteco en nombre de Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí, por la construcción del proyecto Renace.

Las denuncias y protestas se suceden

Desde 2002 las protestas se suceden. De hecho, las poblaciones de Santa María de Cahabón, del departamento de Alta Verapaz, a partir de 2015 han consolidado un movimiento de resistencia pacífica, en el que participan unas 115 comunidades, para realizar acciones con el fin de detener la instalación del ingenio hidroeléctrico a través de la Consulta Comunitaria que les permita decidir sobre sus bienes naturales y territorio.

La construcción de estas infraestructuras ha estado rodeada de denuncias de vulneración de derechos e impactos ambientales, de aumentar la conflictividad en el interior de las comunidades y de criminalización de los opositores.

Sin derecho a la participación y a la información

La principal denuncia, nos cuenta Vladimir Soto, es la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de conformidad con lo establecido con el Convenio 169 de la OIT, “debido a que se implementan estos proyectos en territorio de pueblos indígenas, afectando su forma de vida y su cosmovisión maya”. La consulta debió ser realizada por parte del Estado de Guatemala, pero al no realizarla, “las empresas involucradas debían de exigir su cumplimiento, en este tema se basa la acción de amparo interpuesta”, nos relata el abogado.

La normativa establece que los estudios de impacto ambiental deben contar con un plan de participación pública que contenga la sociabilidad de proyecto en la comunidad, documentar que ha habido participación social y describir una metodología para la resolución de conflictos.

Guatemala hasta el año pasado no había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obligaba a reglamentar el procedimiento de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. En julio de 2017 el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó la guía operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas. El derecho de las comunidades se ha visto restringido cualitativamente. Ya no podrán elegir sobre qué se les tiene que preguntar, y tampoco podrán decir ‘no’, puesto que este proceso busca ahora “acuerdos de mitigación de los impactos de la obra”.

Lo cierto es que con anterioridad a la publicación de esta guía, los pueblos tampoco habían sido preguntados e informados. Los únicos trámites de los que hay constancia son los que hizo CMI para cubrir los trámites de Renace II y Renace III, cuando contrató a la consultora SIGA, que realizó una encuesta en la que tan solo preguntó a 57 personas sin dejar claro que el sondeo tenía que ver con el derecho de consulta. “Nadie nos explicó que nos íbamos a quedar sin río”, aseguran los comunitarios en declaraciones recogidas en una investigación de la ONG Alianza por la Solidaridad.

En agosto de 2017 las comunidades decidieron votar por su cuenta en el municipio de Santa María de Cahabón, donde se obtuvieron 27.000 votos en contra de las hidroeléctricas y 20 votos a favor. El Estado no reconoció esta consulta.

Sin agua y electricidad en zonas rurales

El Informe Anual Circunstanciado 2017 del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, el último disponible, recoge que en todo el país entre 2000 y 2014 aumentó un 10% el número de trabajadores, mientras que el porcentaje de ingresos destinados a remuneraciones disminuyó más de un 3%. En ese mismo periodo la pobreza aumentó del 53 al 56% y la pobreza extrema lo hizo del 15 al 23%. El 70% de los trabajadores se encuentra en la economía informal y solo 3 de cada 10 igualan o superan el salario mínimo vigente. Obviamente, la situación de las mujeres es peor.

En este marco, el documento también denuncia que en el área rural del país el 33% de las viviendas no tiene acceso a agua, en conflictividad principalmente con agroindustrias, hidroeléctricas y minerías. El 90% de las fuentes del preciado líquido están contaminadas por la falta de tratamiento de las aguas residuales. Además, según el último dato del Banco Mundial, el 9% de los guatemaltecos no tiene acceso a luz eléctrica, unos dos millones de personas, sobre todo en zonas rurales.

En este contexto el grupo Cobra construye un complejo para CMI que producirá energía en parte para la exportación, en una zona, el departamento Alta Verapaz, en la que la mayoría de comunidades no tienen ni electricidad ni acceso al agua en sus viviendas, y ahora tampoco al río. Las quejas de los pobladores se centran en este aspecto en que el marco legal del país no protege el agua como bien público ni como derecho de la población, por lo que acaba predominando el derecho concesional a las industrias que precisan este recurso, mientras la población no dispone del mismo en cantidad y calidad suficiente.

“Los pueblos indígenas tienen una conexión especial con la naturaleza debido a su cosmovisión, para ellos el agua es vida y tienen respeto a los ríos, los cerros, la flora y la fauna”, cuenta Vladimir Soto. Dependen del río para su subsistencia. Ellos se dedican a la agricultura y la pesca y utilizan sus aguas para consumo diario y el privarles de los ríos “les afecta directamente en su modo de vida”, agrega.

Olvidados por el Gobierno

Aunque la Constitución de 1993 en su artículo 127 establece que las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles y que debe haber una regulación legislativa sobre su aprovechamiento, ésta todavía no se ha producido. No existe un marco en la actualidad de protección al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y no se han ratificado los tratados internacionales sobre la materia.

En 2012, según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013 de la CEPAL, solo el 15% del agua abastecida por sistemas de red estaba desinfectada y solo el 66% de los usuarios tenían acceso a ella a través de un sistema de abastecimiento. La incidencia de enfermedades diarreicas en la población era alta.

Criminalizar las protestas

Según Alianza para la Solidaridad, la forma más común de criminalizar las protestas y a sus líderes es a través de las acusaciones de los delitos de detención ilegal, secuestro, instigación a delinquir, terrorismo y usurpación agravada. El delito de terrorismo se aplica en casos de protestas que incluyen daños a bienes, como puede ser la maquinaria de un proyecto.

Pero los líderes comunitarios enfrentan también otro tipo de agresiones que incluyen desapariciones, torturas, violaciones o amenazas. También el uso arbitrario de la prisión preventiva.

Según recoge Alianza por la Solidaridad, solo en 2015 se contabilizaron 84 detenciones arbitrarias, 493 agresiones, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidios. Las organizaciones que han investigado no conocen que se haya condenado a empresas por el asesinato de dirigentes indígenas.

Desde 2016 un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión, amenaza o intimidación.

La única sanción contra el Grupo Cobra conocida es una multa de 470.000 dólares por la destrucción de un bosque próximo a sus instalaciones.

El emblemático caso de Bernardo Caal Xol

El 30 de enero fue detenido Bernardo Caal Xol. Desde entonces se encuentra en prisión provisional, a la espera de juicio. Los cargos de los que se le acusa son de lo más “peregrino”, cuenta a RT Rosa M. Tristán. Esta periodista de la ONG Alianza por la Solidaridad estuvo sobre el terreno documentando la situación en la región de Alta Verapaz. Bernardo Caal está acusado de robo y de secuestro, entre otros cargos. La legislación guatemalteca contempla como secuestro cualquier protesta que inmovilice un vehículo o que impida la salida o entrada de personas de cualquier instalación.

En una de las protestas contra el complejo hidroeléctrico los manifestantes bloquearon una furgoneta y sustrajeron algunos aparejos destinados a las obras, como picos y palas. Dos años después, trabajadores de la empresa dijeron que les parecía que Bernardo Caal estaba allí.

Caal es uno de los rostros visibles del descontento de las comunidades indígenas y quién firmó la primera denuncia judicial contra la predecesora de Renace, la hidroeléctrica Oxec, y para la periodista parece claro que ésta ha sido una manera eficaz de acallar a uno de los dirigentes.

“No es un asesino, no es un terrorista, es un maestro”, dice Rosa M. Tristán, que nos cuenta como ésta es una de las prácticas que se llevan a cabo para presionar y acabar con las protestas. “Se trata de la palabra de los trabajadores vinculados a la hidroeléctrica contra la del líder quekchí, mucho tiempo después, no hay más pruebas”, añade. Y estas acusaciones, según la entrevistada, son las que le mantienen en prisión preventiva. El pasado 19 de marzo el juez que debía encargarse del caso se inhibió. “La presión es constante de los poderes, a todos los niveles, que quieren paralizar este tipo de protestas”, afirma la periodista.

Antes de ser encarcelado Bernardo Caal ya declaraba: “Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres”, la líder indígena hondureña que fue asesinada en 2016 tras denunciar durante años que recibía amenazas por parte de empresas y de fuerzas de seguridad del Gobierno, “aún así la mataron”. “Castigar a un líder quekchí como yo para que las comunidades aprendan a no protestar en contra de las hidroeléctricas”, es lo que pensaba Caal Xol que pretendía su persecución judicial, “si hay algo que no respetaron es consultar a las comunidades según el convenio 169 de la OIT”, añadía.

La relatora especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, estuvo en Guatemala la semana pasada, y visitó a Bernardo Caal para mostrarle su apoyo y comprobar cúal es la situación de los integrantes de los pueblos indígenas.

Tras su visita de diez días iniciada el 1 de mayo, la relatora ha declarado que “no se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales“. También aludió a la pobreza: “La tasa para estas comunidades está entre el 70 y el 90 por ciento. Algunos integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.

Vladimir Soto cree que el mensaje desprendido de esta visita es que permanece “la discriminación y segregación de los pueblos indígenas, quienes son despojados de sus tierras de manera ilegal para explotar los recursos naturales del país”, y ante este despojo, “la lucha social de los pueblos por la defensa de su territorio es criminalizada por parte del sector empresarial y el mismo Estado de Guatemala”.

El de Bernardo no es el único caso destacado. Lolita Chávez, lideresa indígena que fue finalista en el prestigioso premio Sarajov para la Libertad de Conciencia 2017 del Parlamento Europeo, ha llegado a pedir que Florentino Pérez “conozca a las comunidades que su empresa trata de eliminar en Guatemala”, en declaraciones recogidas por el medio Contexto.

Dividiendo a las comunidades

Durante la construcción de las instalaciones hasta 2014 se habían creado 800 puestos de trabajo, según declaraba Juan Carlos Méndez, directivo de CMI en una entrevista a Estrategia y Negocios en ese mismo año. Son contratos de baja cualificación en los que se contrata a los trabajadores por turnos de 15 días, a 13 euros el jornal. La investigación de Alianza por la Solidaridad no ha podido constatar que sean empleos formales, con seguridad social.

Aunque se trata de trabajo temporal, porque una vez concluidas las obras las instalaciones apenas necesitarán personal y éste será cualificado, por lo que no se podrá nutrir de la población local, esto ha dividido a las comunidades. Aquellos que tienen trabajo, aunque sea durante 15 días, son más proclives a apoyar las construcciones, aunque sea en contra del conjunto de la comunidad, nos relata la periodista M. Tristán.

También la empresa responsable de Renace ha llevado a cabo donaciones a las colectividades, como mochilas para los escolares o instrumentos de trabajo, como picos y palas. Al comienzo eran bien recibidos por parte de la población, aunque ya casi nadie va a recogerlos, constatan en Alianza por la Solidaridad. Ahora, cuando el proyecto está avanzando, son conscientes de que no traerán ningún desarrollo a la comunidad, ni acceso a luz eléctrica, y cada vez menos a un río que solo transporta el 10% de su caudal debido a las diferentes canalizaciones. Eso en época de lluvias. En la estación seca se pueden observar tramos secos y, a veces, los peces yacen amontonados por la falta de caudal. En muchas ocasiones ya no es posible tampoco la pesca.

También divide a los pobladores la compra de tierras. Entre aquellos que venden y no venden hay tensión. Aunque la mayoría de las comunidades han decidido no vender sus tierras a las empresas involucradas en Renace, algunos propietarios individuales han decidido hacerlo. Esto está dando diversos resultados. Se está produciendo el acaparamiento de tierras por propietarios medianos, para posteriormente revenderlas a mejor precio a los promotores de la hidroeléctrica.

Por otro lado, la concesión del uso del dominio público del río Cahabón por 50 años a Renace se contempla como una privatización de facto de un bien público, que no respeta el derecho a decidir de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales.

Efectos en la biodiversidad, contaminación y deforestación

Una vez que las diferentes fases del ingenio hidroeléctrico estén terminadas, éste absorverá casi todo el caudal superficial del río Cahabón. El caudal mínimo ecológico, estipulado por las autoridades en el 10%, no basta para abastecer de agua a las poblaciones cercanas en los 30 kilómetros que ocupa el proyecto, ni siquiera para mantener la vida acuática en la época de sequía.

El caudal del río se encuentra contaminado por sedimentos y descomposición orgánica en el embalse, además de producirse la salinización del agua de riego por concentración de sedimentos. La organización guatemalteca Madre Selva ha constatado un aumento de enfermedades hídricas, la proliferación de vectores, escasez y contaminación del agua.

Las obras han deforestado gran parte de la zona, que se encuentra rodeada de un bosque tropical de gran biodiversidad. Ha sido lugar de asentamiento humano desde la época de los mayas. Según un estudio de Madre Selva, consultado por Alianza por la Solidaridad, alberga un total de 664 especies vegetales y la presencia de especies tan emblemáticas como el jaguar, el puma, el saraguate negro o el tapir, que se ven amenazados con el impacto de las obras.

¿Qué piden las comunidades?

Sus demandas se resumen en que se mantenga estable el caudal del río Cahabón de manera que sea suficiente para que se conserve su biodiversidad; que se financie y apoye el acceso a electricidad de las poblaciones aledañas; que se proporcione agua potable canalizada a toda la población; y que se construyan centros de salud y educación dotados de personal cualificado, así como una maternidad que atienda a las mujeres de la zona.

El abogado de Madre Selva resume el caso Renace en que se compra la voluntad de las personas mediante trabajos temporales o la construcción de una iglesia o mejoramiento de una escuela, pero no se implementa un proyecto de desarrollo social acorde a las necesidades de los pueblos indígenas. “En Guatemala las hidroeléctricas no pagan impuestos, debido a que están exentas de dicho pago, por lo que no hay ingresos para el Estado para invertir en educación, salud o vivienda”, informa.

Estas empresas tampoco pagan las licencias de construcción a las municipalidades, pagan una cantidad mínima, por lo que tampoco a nivel municipal se obtiene beneficio alguno, y la generación de electricidad que realizan es para venderla para otros países como México y Honduras, por lo que tampoco se ven beneficiados con energía eléctrica. “En conclusión, únicamente son despojados de sus ríos y territorios de manera ilegal y no son beneficiados por la implementación de los megaproyectos”, afirma Vladimir Soto.

El Departamento de Alta Verapaz

Estos son algunos datos del departamento de Alta Verapaz, que acoge a la que será la mayor hidroeléctrica de Guatemala, donde se inserta el complejo Renace, recogidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala:

El 92% de sus casi 228.000 habitantes están dispersos en 450 comunidades rurales mal comunicadas.

El 91% pertenece a la etnia maya quekchí.

La pobreza extrema alcanza al 53% (55 euros mensuales) y la pobreza al 88% (99 euros mensuales).

El 27% de la población es analfabeta.

El 56% de las mujeres no recibe asistencia en los partos.

En 2015 el 79% de las viviendas no contaban con suministro de agua y el 56% no tenían acceso a agua potable.

El 99% de las comunidades rurales consumía agua contaminada y no tenían sistemas adecuados de saneamiento en 2010.

El 63% de los hogares de San Pedro de Carchá (uno de los municipios más importantes afectados por Renace) no tenía acceso a suministro eléctrico en 2015.

(En la fotografía de Johan Ordoñez, Florentino Pérez en 2014 con el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez)

Publicado por La Cuna del Sol

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