Desde hace 18 años atrás
(1996), el Estado de Guatemala privatizó la distribución-comercialización de la
energía eléctrica para que empresas extranjeras mercantilicen el derecho a la
energía eléctrica. En los últimos años, españoles, colombianos e ingleses
saquearon los bolsillos ya vacíos de usuarios guatemaltecos mediante
facturaciones abusivas e inmorales de energía eléctrica. Frente
a esta mercantilización abusiva de este derecho, campesinos e indígenas se
organizaron y se declararon en resistencia, conectándose de manera directa al
fluido eléctrico. Ellas y ellos demandan la nacionalización de la energía
eléctrica, y se resisten a pagar las facturas.
ESTADO NEOLIBERAL FERTILIZA
LA CRECIENTE CONVULSIÓN
SOCIAL
Por Ollantay Itzamná
Custodiados por un firmamento nublado, miles de indígenas y campesinos
organizados en resistencia ingresaron a los atrios de la imponente casa de
gobernación de la ciudad de Huehuetenango (a 276 Kms. de la ciudad capital)
increpando con energía: “Aquí estamos los delincuentes. Aquí estamos los
ladrones de la energía eléctrica. El Presidente de la República dice que somos
criminales. Aquí estamos. ¡Por qué no nos detienen!”. Decenas de policías
uniformados, un tanto nerviosos, resguardaban el frontis y los ingresos a la
gobernación, mientras la multitud de rostros sudados seguía inundando el Parque
Central.
Esta manifestación indígena campesina, realizada el lunes 12 de mayo
pasado, fue una de las 16 movilizaciones departamentales simultáneas que el
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) organizó en las diferentes cabeceras
departamentales del país, en la misma fecha, con la finalidad de mostrar su
fuerza y legitimidad ante el actual Gobierno de “mano dura” que criminaliza y
persigue a empobrecidos y excluidos insubordinados.
¿Por qué crece la convulsión
indígena campesina?
No es la primera vez que estos insubordinados campesinos e indígenas
(empobrecidos-expulsados), articulados en CODECA, inundan con su dignidad y
rebeldía a las “conformistas” ciudades de Guatemala.
Este movimiento social se incrementa incontenible desde hace 22 años
(CODECA fue fundado en 1992), no sólo porque los sin tierra, los sin agua, los
sin derecho, los sin oportunidades, y jornaleros sobre explotados se incrementa
simétricamente en relación con la acumulación crepitante del capital por
despojo, sino porque el Estado policial se vuelve cada vez más violento y
criminal con los excluidos incómodos del banquete neoliberal.
Inundan las calles, capturan y escarmientan a alcaldes municipales
corruptos, e incendian maquinarias de la hidrominería exigiendo ser escuchados
en sus demandas. Quizás ya no esperan del Estado aparente que les garantice sus
derechos (sistemáticamente vulnerados). Quizás éstas y otras acciones
colectivas son los últimos recursos desesperados que tienen para intentar
detener la violencia sistemática que padecen por parte del Estado criminal. El
Estado fallido entrega los derechos de los pueblos indígenas a empresas
privadas para que comercialicen y lucren con ellos.
Desde hace 18 años atrás (1996), el Estado de Guatemala privatizó la
distribución-comercialización de la energía eléctrica para que empresas
extranjeras mercantilicen el derecho a la energía eléctrica. En los últimos
años, españoles, colombianos e ingleses saquearon los bolsillos ya vacíos de
usuarios guatemaltecos mediante facturaciones abusivas e inmorales de energía
eléctrica. A tal grado llegaron estos abusos que campesinos que no tienen
alumbrado público en sus aldeas pagaban 20 veces más de lo que pagan los
empresarios en las ciudades por este servicio.
Frente a esta mercantilización abusiva de este derecho, campesinos e
indígenas se organizaron y se declararon en resistencia (amparados en los
artículos 44° y 45° de la Constitución Política, y en la Resolución n. 65/151
de la ONU), conectándose de manera directa al fluido eléctrico. Ellas y ellos
demandan la nacionalización de la energía eléctrica, y se resisten a pagar las
facturas.
La criminalización y
represión estatal fertiliza la convulsión social
La primera estrategia a la que recurrió el Gobierno para desinflar la
resistencia organizada y movilizada fue crear comisiones de diálogo
burocráticas e ineficientes. Creyó que, una vez más, derrotaría a la
resistencia popular por cansancio. Pero, al contrario, la resistencia se
fortaleció a nivel nacional.
Cuando este movimiento por el derecho a la energía eléctrica demostró fibra
en las calles, y afectó los bolsillos de ENERGUATE (filial de la empresa
británica ACTIS), entonces GOBIERNO-ENERGUATE-CACIF, se articularon en un solo
frente para “convertir” a la resistencia organizada en el enemigo interno del
Estado. Intentaron crear en el imaginario colectivo la idea de: “quienes no pagan
la luz son ladrones, criminales, delincuentes, terroristas. Enemigos del
desarrollo”.
Recurriendo incluso a grupos armados paraestatales persiguen y encarcelan a
dirigentes (5 dirigentes aún se encuentran encarcelados, 3 de ellos capturados
por grupos armados irregulares). Como el acto de la resistencia es un derecho
reconocido en la Constitución Políticas, y no pueden encarcelar legalmente a
ningún dirigente, entonces, para soltar a los ilegalmente detenidos los jueces
fijan montos elevadísimos de fianza económica. Pero, igual, las comunidades en
resistencia logran reunir dinero para pagar dichas fianzas y liberar a sus
dirigentes.
Ofuscado por la avaricia, ENERGUATE utiliza gobernadores, alcaldes
municipales, consejos comunitarios de desarrollo (COCODEs), líderes religiosos,
medios de información masiva, etc., para amedrentar a la resistencia creciente.
Pero, tampoco este acto inmoral e ilegal funciona. Entonces, es cuando la
empresa recurre al acto sistemático de sabotaje de electricidad. Deja en tinieblas
por semanas a municipios enteros con el argumento de: “Colapsan las redes por
el robo de energía eléctrica”.
Pero, los sabotajes eléctricos, lejos de amilanar la resistencia popular,
enardece aún más el coraje límite de la gente en resistencia. El pasado 4 de
mayo, secuestraron, golpearon y amenazaron de muerte al Alcalde del Municipio
de La Democracia, Huehuetenango, por su complicidad con ENERGUATE en el
sabotaje. Dos días después, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, indígenas y
campesinos indignados prendieron juego al conjunto de maquinarias pesadas de
una empresa de hidroeléctrica y minería en territorio indígena.
Por su parte, el Gobierno de Otto Pérez, decidió impulsar, juntamente con
ENERGUATE, la modificación del Código Penal, para tipificar el acto de la
desconexión eléctrica (resistencia) como delito. Además, pidió a la Fiscal
(defenestrada) que con urgencia establezca una fiscalía especial sobre energía.
Ahora, esta última tarea queda en manos de la nueva Fiscal (seleccionada de
manera dudosa) proviene del área de la energía eléctrica empresarial.
Con estas y otras medidas, el Gobierno y el sector empresarial continúan
atizando el fuego de la creciente convulsión social en el país. Por eso uno de
los oradores indígenas en las puertas del Gobierno departamental de
Huehuetenango decía ante miles de manifestantes en resistencia: “Los
empresarios y el Gobierno creen que los indígenas seguimos siendo, brutos,
insensibles, resignados, sumisos, obedientes. Se equivocan. Ya no somos los
analfabetos de antes. Ahora ya sabemos leer y escribir (…). Por qué no da la
cara Sr. Gobernador. Aquí estamos. Queremos hablar con Ud. de frente. O es que
Ud. es el ladrón, por eso se esconde. (…)”. “¿Quiere que hablemos en
castellano, en q’anjob’al, en poptí, o en acateko? ¿En qué idioma quiere que
hablemos?”, continuó increpando el orador al Gobernador ausente quien no se
atrevió a dar la cara a la población.
Aún no se sabe cuál será el epílogo de esta inédita resistencia popular
creciente. Lo único cierto es que el recurso de la
vigilancia-amedrentamiento-castigo por parte del Estado tiene un efecto
contrario en el coraje popular: lejos de amedrentar, acrecienta el repudio, la
resistencia y la convulsión social.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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