Ahora, lo que ha migrado -pero
de norte a sur, no de sur a norte- es el modelo represivo de control fronterizo. Después de años de ser testigo de
los resultados del infame muro y la militarización de la frontera norte que ha
matado a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, el modelo estadounidense ha sido trasladado más al sur
-a la frontera de México con Guatemala, con el apoyo activo del gobierno
mexicano a pesar de las obvias implicaciones para la soberanía nacional.
DEPORTACIÓN, DETENCIÓN Y
ABUSO
EN LA FRONTERA DE GUATEMALA
Por Laura Carlsen
La frontera sur de México se ha convertido en la línea de contención del
país más poderoso del mundo. Las víctimas de esta política extraterritorial son
los migrantes centroamericanos que cruzan todos los días, tratando de salvar
sus vidas y sus familias de la violencia y el hambre que azota a sus países.
Durante años, y especialmente en el último año, el gobierno de Estados
Unidos ha reclamado la frontera sur de México como un área estratégica para su
seguridad nacional. Con la formación de un bloque comercial regional, el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se inició una política
de intervención -incorrectamente llamada integración- en México, que se
extendió de forma explícita a la zona de seguridad con la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad en 2005, y culminó en la Iniciativa Mérida en 2008.
Presentado por George W. Bush como un plan de "contraterrorismo,
contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza", la Iniciativa Mérida o
Plan México, introdujo un nuevo marco para las relaciones entre Estados Unidos
y México, militarizadas y tratadas como asuntos de seguridad, y dirigidas por
el Pentágono.
El gobierno de Barack Obama, lejos de reconsiderar los impactos
ultra-violentos de la estrategia de guerra contra las drogas en México, heredó
el plan de Bush y de inmediato decidió llevarlo más lejos. El gobierno de Obama
extendió de manera “indefinida” la versión original de Bush de tres años que comprendía
varios miles de millones de dólares. También extendió la guerra contra las
drogas en los países de América Central, primero con la Iniciativa Regional de
Seguridad para América Central (CARSI), y ahora con la Alianza para la
Prosperidad.
La frontera sur de México fue incluida en el plan desde el principio. El
original Plan México de Bush tenía como blanco los "flujos de bienes ilícitos
y de personas" y especificaba el monitoreo migrante, colección de datos biográficos,
y los gastos de control de fronteras, todos los cuales han sido asignados y
ampliados bajo las versiones de Obama. Desde la crisis de los niños migrantes del
verano de 2014, y el anuncio por parte del gobierno de Peña Nieto del Plan
Frontera Sur, estos programas comenzaron a recibir más atención y recursos
humanos y financieros de ambos gobiernos.
Según investigadores y defensores de los derechos humanos que trabajan en
la frontera sur, los resultados son una tragedia para los migrantes. Salvador
Lacruz, del Centro Fray Matías de Córdova por los Derechos Humanos en
Tapachula, indica que a través de este proceso de "externalización de las
fronteras" por parte de los Estados Unidos, el vecino del norte ha
"movido su frontera y ha convertido a México en una frontera vertical,
donde el control de fronteras es ejercido de arriba abajo".
Ahora, lo que ha migrado -pero de norte a sur, no de sur a norte- es el
modelo represivo de control fronterizo.
Después de años de ser testigo de los resultados del infame muro y la
militarización de la frontera norte que ha matado a miles de migrantes
mexicanos y centroamericanos, el modelo
estadounidense ha sido trasladado más al sur -a la frontera de México
con Guatemala, con el apoyo activo del gobierno mexicano a pesar de las obvias
implicaciones para la soberanía nacional.
La severidad de las medidas afecta a los estados de Tabasco, Campeche y
Chiapas, pero sobre todo Chiapas que tiene una frontera de 700 kilómetros con
Guatemala.
Las deportaciones se mueven
al sur
Después de la crisis de los niños migrantes no acompañados en los Estados
Unidos en el verano de 2014, el gobierno estadounidense presionó al Presidente
Peña Nieto para detener a los migrantes centroamericanos en México, mucho antes
de llegar a la frontera con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos envió
los recursos, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y equipo para
promover la conversión de la frontera sur en una trampa para los seres humanos.
En julio de 2014, en México, Peña Nieto anunció el Plan Frontera Sur como si
fuera su idea. Administraciones anteriores habían iniciado el proceso de
militarización de la frontera sur con otros nombres, pero las medidas
draconianas de hoy no tienen precedentes. El gobierno mexicano ha enviado,
además del ejército, policías federales, estatales, municipales y la migración,
y unos 300 (o más) miembros de la Gendarmería, una nueva fuerza de policía
militar con la misión de proteger los intereses económicos estratégicos.
Las cifras oficiales revelan que México supera ahora los Estados Unidos en
la deportación de migrantes centroamericanos. Las deportaciones por parte del
gobierno mexicano se incrementaron más del 35% en 2014, a 107,199. Hasta ahora,
en 2015, el Centro Fray Matías informa que durante todos los meses de este año
se han registrado niveles de deportaciones al menos un 50% más que el mismo mes
del 2014.
Un excelente estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos de
Georgetown Law que se centra precisamente en las condiciones de los niños migrantes,
que fue el pretexto para esta fase de la militarización de la frontera,
concluye que los niños y sus familias se enfrentan a largos períodos en los
centros de detención que parecen cárceles y carecen de condiciones de vida
dignas. Además, no existen procesos adecuados para la evaluación de los casos
de asilo y refugiados, y ningún procedimiento requerido por la ley es realizado
para determinar el mejor interés de los niños que vienen huyendo de sus países.
Tampoco tienen en cuenta el objetivo de la reunificación familiar con los
padres que viven en Estados Unidos o México.
Los centros informan que los jóvenes y adultos son devueltos a situaciones
que amenazan sus vidas, las mismas situaciones que los obligaron a abandonar
sus países.
Lacruz dice que a diferencia de la frontera norte, donde los esfuerzos se
concentran en la línea fronteriza, las operaciones de Estados Unidos y México
en el sur de México se desplazan tierra adentro. Los dos gobiernos están
implementando un plan, financiado en parte por la Iniciativa Mérida, para
establecer una serie de puntos de control que se extiende hasta 100 millas de
la frontera.
Esta estrategia promueve la ocupación militar/policial de toda la zona de
la frontera, un área rica en recursos mineros, agrícolas, petróleo y agua.
"Creemos que decidieron aplicar este modelo para frenar la protesta
social, porque aquí en Chiapas y Tabasco y en Veracruz, están planeando muchos proyectos
de mega minería, de explotación petrolera, la construcción de turbinas de
viento, y otros proyectos", dice Lacruz.
"Los megaproyectos planeados afectan principalmente a los pueblos
indígenas", dice. "Y ellos saben que habrá conflictos, que estas personas
luchan por sus derechos".
Agregó que la Alianza para la Prosperidad propuesta por el gobierno de
Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo para los países de "triángulo
norte" de Guatemala, Honduras y El Salvador extendería la militarización
aún más, pero no para controlar el contrabando. "Necesitan el ejército
para controlar a la población", explica.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Matías de Córdova se
enfrentan a enormes obstáculos para abordar la acumulación de las graves
violaciones en la frontera sur. De un total de 94,000 detenidos en 2014, el
centro tuvo contacto con sólo alrededor de 400.
El resto, la gran mayoría, son hombres, mujeres y niños abandonados a su
suerte, un destino marcado por un sistema que los ha definido como parias
humanos. No importa por lo que hayan pasado o por lo que vayan a tener que
pasar simplemente para tratar de sobrevivir. Y esta es la respuesta de los
gobiernos de Obama y Peña Nieto a la "crisis humanitaria" de los
niños indefensos del año pasado.
Laura Carlsen dirige el Programa CIP para las Américas
en Ciudad México www.cipamericas.org.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario