Los ataques en contra de la
revolución Bolivariana se han intensificado en los últimos días y semanas.
Editoriales y portadas de los periódicos en EE.UU y España denunciando el
“hambre” en Venezuela y exigiendo “intervención” contra “el régimen”. Los problemas
de escasez han llevado a casos de saqueo. La oposición de derecha está
intentando activar un referéndum revocatorio presidencial, pero al mismo tiempo
amenaza con acciones violentas y apelando a las potencias extranjeras, en
algunos casos incluyendo la intervención militar. Pero ¿qué está ocurriendo
realmente en Venezuela y cómo enfrentar esta amenaza?
VENEZUELA – ÚLTIMA
ADVERTENCIA
Por Jorge Martín, 19 mayo 2016
El viernes 13, el presidente de Venezuela, Maduro, extendió el “Decreto de
Emergencia Económica” el cual le dio poderes especiales en Enero, y decretó,
además, un Estado de Emergencia por 60 días que incluye amplios poderes para
hacer frente a la amenaza militar exterior y a los problemas de producción y
distribución de alimentos.
Como era de esperar, los medios de comunicación capitalistas de todo el
mundo se unieron en un coro de denuncia, gritando histéricamente contra la
"dictadura", mientras que uno de los principales líderes de la
oposición de derecha, Capriles Radonski hizo un llamado público a desobedecer
el decreto. Las amenazas, sin embargo, son muy reales. Vale la pena mencionar
algunos ejemplos. Hace un mes, un editorial en el Washington Post llamó
abiertamente a la "intervención política" por parte de los vecinos de
Venezuela. El fin de semana, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el
encuentro de "Concordia Summit" en Miami, hizo un llamado abierto a
las Fuerzas Armadas de Venezuela para llevar a cabo un golpe de Estado o, en su
defecto, a la intervención militar extranjera contra "la tiranía".
abc.750La oposición de derecha venezolana ha hecho repetidos llamamientos a
la Organización de Estados Americanos para aplicar su "Carta
Democrática" e intervenir contra el presidente Maduro. Se sienten
envalentonados por el éxito de la suspensión de Dilma Rousseff en Brasil y
quieren seguir el mismo camino en Venezuela tan pronto como sea posible, por
cualquier medio necesario, legal o ilegal. El influyente periodista venezolano
de derecha y blogger Francisco Toro (editor de “Caracas Chronicles”) acaba de
escribir un artículo discutiendo abiertamente los pros y los contras de un
golpe de estado, que según él sería compatible con la constitución y "lo
contrario de un crimen".
Hoy el gobierno venezolano informó sobre la violación del espacio aéreo del
país por un avión militar de Estados Unidos.
En un intento de sacar provecho de los graves problemas económicos que
enfrenta el país, la oposición reaccionaria ha estado haciendo todo tipo de
esfuerzos para crear una situación de caos y violencia que justificaría un
golpe de estado o intervención extranjera para acelerar la remoción del
presidente Nicolás Maduro. Se han producido incidentes de violencia en el Zulia
y Táchira. Hay constantes rumores, sobre todo falsos, de saqueos y disturbios.
Una crisis muy seria
He estado implicado en la defensa de la revolución bolivariana desde hace
más de 13 años, he visitado el país a menudo y he escrito sobre él con
regularidad. Nada de lo que acabo de describir es realmente nuevo. Desde el
principio, cuando Chávez fue elegido en 1998, y en particular desde las leyes
habilitantes aprobadas en diciembre del 2001, la oligarquía de Venezuela y el
imperialismo han participado en una campaña constante de acoso, violencia,
desestabilización, golpes de estado, mentiras y calumnias, presión diplomática,
sabotaje económico, cualquier cosa que puedas pensar, lo han hecho ya.
Esta vez, sin embargo, algo es diferente. En todas las ocasiones
anteriores, la voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras bolivarianas,
los campesinos y los pobres, han derrotado los intentos contrarrevolucionarios
para poner fin a la revolución. Este fue el caso del golpe de Estado en abril
de 2002 y luego el cierre patronal y el sabotaje de la industria petrolera en
diciembre de ese mismo año, incluso antes de que la revolución fuera capaz de
ofrecer cualquier mejora real en las condiciones de vida. Luego aquellos
ataques sobre todo después de que el gobierno fuera capaz de obtener el control
total de la empresa estatal de petróleo en el año 2003.
Durante diez años, la revolución aplicó amplias reformas y mejoró
sustancialmente las condiciones de vida de las masas. Esto fue acompañado por
un proceso de radicalización política en el que el fallecido presidente Chávez
y las masas revolucionarias se empujaban mutuamente hacia adelante. Se declaró
que el objetivo de la revolución bolivariana era el socialismo, había una
amplia variedad de experiencias de control obrero, se dieron ocupaciones de
fábricas algunas de las cuales fueron expropiadas, se renacionalizaron
empresas. Millones empezaron a participar activamente a todos los niveles en un
intento por tomar el futuro en sus propias manos. La fuerza motriz de la
revolución y su principal fuente de energía que le permitió frustrar todos los
intentos de la oligarquía y el imperialismo eran las masas revolucionarias,
activas, políticamente conscientes y comprometidas a todos los niveles.
Por supuesto, este periodo fue ayudado por los altos precios del petróleo
(que alcanzó un máximo de más de $ 140 por barril en 2008). El gobierno podía
utilizar una enorme cantidad de dinero de la renta petrolera para financiar programas
sociales que beneficiaron a millones (en educación, salud, alimentación,
vivienda, pensiones, etc). La cuestión de hacerse cargo de la propiedad de los
medios de producción no se planteó.
No se puede regular el
capitalismo
Se tomaron una serie de medidas que limitan el funcionamiento normal de la
economía capitalista de libre mercado con el fin de defender la revolución
contra el sabotaje de la clase dominante. Se aplicaron controles de divisas
(para evitar la fuga de capitales) y controles de precios sobre los productos
alimenticios de primera necesidad (para defender el poder adquisitivo de las
masas pobres).
Pero pronto los capitalistas encontraron maneras de evitar estos controles.
El control de cambios se convirtió en una estafa y dio lugar a una
transferencia masiva de divisas de renta petrolera directamente a los bolsillos
de capitalistas sin escrupulosos. ¿Cómo ocurrió esto? El gobierno estableció un
tipo de cambio subsidiado, que se iba a utilizar para importar productos
básicos (alimentos y medicamentos principalmente), así como maquinaria, partes
e insumos para la industria.
En lugar de eso, los capitalistas privados solicitaban los dólares
preferenciales que luego desviaban al mercado negro (que se desarrolló como un
efecto secundario inevitable del control de cambio) o directamente a sus
cuentas bancarias en el extranjero. De esta manera hemos sido testigos de la
increíble situación en la que las importaciones disminuyeron en volumen,
mientras que el valor de las mismas en dólares aumentó de forma masiva. El
economista marxista Manuel Sutherland [que fue despedido de su empleo en la
Universidad Bolivariana por sus posturas críticas] ha elaborado las cifras en
relación a la importación de productos farmacéuticos:
En 2003 Venezuela estaba importando productos farmacéuticos a 1,96$ por Kg.
Para el 2014 el precio había alcanzado 86,80 $ por Kg. Las importaciones
colapsaron un 87% en volumen, pero se incrementó 6 veces su precio. Cifras
similares pueden obtenerse para casi cualquier otro sector de la economía en
los que los capitalistas reciben dólares subsidiados para la importación de
mercancías.
Una situación similar se desarrolló con los controles de precios. El sector
privado, que todavía tiene un control casi monopólico en el procesamiento y
distribución de alimentos en muchos artículos básicos, se negó a producir
cualquier producto con precio regulado. Por lo tanto, con el fin de eludir los
precios regulados para el arroz, por ejemplo, empezaron a producir variedades
saborizadas o colorizadas, evitando así la regulación.
Esta huelga en la producción por parte de los capitalistas recargó todo el
peso de la importación y distribución de productos alimenticios básicos en el
estado. Los alimentos importados por el estado del mercados mundiales, pagados
a precios de mercado mundial con los dólares de la renta petrolera, son
vendidos a precios muy subsidiados en las cadenas de supermercados estatales
(PDVAL, MERCAL, Bicentenario).
Durante un período, mientras que los precios del petróleo eran altos, esta
situación funcionaba más o menos. Una vez que los precios del petróleo entraron
en caída libre y la economía entró en una profunda recesión, todo esto se vino
abajo como un castillo de naipes. En 2014 el petróleo venezolano estaba todavía
en 88$ por barril. En 2015 se redujo a la mitad a 44$. En enero de 2016 había
alcanzado su nivel más bajo desde hace más de 10 años, a $ 24 dólares.
Con el fin de seguir pagando los programas sociales (incluidos los
productos alimenticios subsidiados), el estado comenzó a imprimir grandes
cantidades de dinero que no estaban respaldados por nada. Entre 1999 y 2015, la
masa monetaria circulante (en su medida M2) aumentó en más de 15.000%.
Sin lugar a dudas, la combinación de la fuga masiva de capitales, el
desarrollo de un enorme mercado negro de dólares, la masiva expansión de la
oferta monetaria en un momento de recesión económica (2014 -3,9; -5,7% 2015)
causó inevitablemente hiperinflación. En 2014, la tasa de inflación anual
alcanzó un récord de 68%, pero en 2015 fue incluso superior al 180%, según el
Banco Central de Venezuela (http://www.ine.gov.ve/documentos/NotasdePrensa/pdf/aviso180216.pdf). Debemos señalar que la inflación en los alimentos y bebidas no alcohólicas
fue incluso superior a la media.
La tasa de cambio del dólar en el mercado negro pasó de 187 bolívares por
dólar en enero de 2015 a más de 1.000 bolívares por dólar ahora (después de
haber alcanzado un pico de 1.200 en febrero de este mismo año). Este es el tipo
de cambio sobre el que se calculan los precios de la mayoría de los productos.
Otro efecto de esta dislocación económica masiva es el rápido agotamiento
de las reservas de divisas del país:
De 24.000 millones de dólares a principios de 2015, se han derrumbado a
12.700 millones de dólares actualmente, según las cifras oficiales del Banco
Central de Venezuela.
Esta grave situación ha llevado a una fuerte disminución de las
importaciones gubernamentales de alimentos y otros productos básicos. Las
importaciones totales se redujeron en un 18,7% en 2015. Esto ha creado la
escasez permanente de productos básicos en las cadenas de supermercados de
propiedad estatal que los venden a precios regulados. A su vez esto crea un
enorme mercado negro de estos productos. La causa principal del bachaqueo
[mercado negro] es la escasez, que luego se agrava por la existencia del propio
mercado negro. El enorme diferencial creado entre los precios regulados (cada
vez más escasos) y el mercado negro, actúa como un enorme imán para los
productos hacia este último.
Esta es una comparación de los precios de algunos productos básicos con
relación a los precios vendidos por bachaqueros (mercado negro) en marzo en
Petare, un barrio de clase trabajadora y sectores pobres en Caracas :
El gobierno ha decretado aumentos en el salario mínimo, varias veces, en
los últimos dos años, pasando de alrededor de 10.000 Bs en noviembre de 2015 a
15.000 ahora (a lo que hay que añadir 18.000 Bs en Cesta Tickets). Sin embargo,
si tienes que comprar la mayor parte de las cesta básica semanal en el mercado
negro, esto no es suficiente. Y debido a que las importaciones estatales de
alimentos ha sido disminuido, la escasez de productos regulados ha aumentado y
la gente está obligada a comprar una mayor parte en su cesta básica en el
mercado negro.
La escasez ha llevado a la corrupción generalizada en todos los niveles, el
desvío de los productos de la cadena de distribución estatal hacia el mercado
negro, desde la familia que está en cola durante horas y luego re-vende una
parte de lo que han comprado, al gerente de un supermercado del estado que
desvía gandolas enteras llenas de productos (en colaboración con los
funcionarios de la Guardia Nacional que custodiaban el establecimiento), a las
bandas criminales que contratan a la gente para hacer cola durante horas y
compra cualquier producto subsidiado que esté disponibles (amenazando y
pagandole a los trabajadores de supermercados, guardias nacionales, gerentes de
supermercados, etc.), hasta el director nacional de la cadena de supermercados
estatal Bicentenario, que desvía de cargamentos enteros de productos.
A esto hay que añadir las miles de formas diferentes en las que el sector
privado burla el régimen de regulación de precios. Hay escasez permanente de
harina de maíz, pero las areperas están siempre bien abastecidas. Los pollos
son casi imposibles de comprar a precios regulados, pero a los establecimientos
de pollo asado nunca les falta. La harina de trigo no se puede comprar al
precio oficial, y las panaderías utilizan la falta de harina como un argumento
para no producir el pan normal (cuyo precio está regulado), pero
misteriosamente luego son capaces de producir cualquier otra variedad de pan,
pasteles, bollos y galletas, que hemos de asumir, se hacen con harina. ¿Qué hay
detrás de este misterio? El hecho de que los productores mayoristas privados
abastecen a estos establecimientos, pero por supuesto no a precios regulados.
Cualquier intento para poner freno a esta situación mediante el uso de
medidas represivas contra el mercado negro, aunque necesario, está condenada al
fracaso. La causa de raíz del mercado negro no son los bachaqueros grandes o
pequeños, sino la incapacidad real del gobierno para financiar el suministro
necesario de productos para cubrir toda la demanda, sumado a la falta de
voluntad del sector privado para producir y vender productos a los precios
regulados fijado por el gobierno.
Una de las principales razones de este trastorno económico insostenible es
por supuesto, la rebelión "natural" de los productores capitalistas
contra cualquier intento de regular el funcionamiento normal del "libre
mercado". Este es el verdadero significado de la "guerra
económica" que el Gobierno Bolivariano ha denunciado desde hace muchos
años. Sí, hay, sin duda, un elemento de sabotaje económico deliberado destinado
a golpear a las masas trabajadoras con el fin de socavar su apoyo a la
revolución. Pero, al mismo tiempo, es fácil entender que desde el punto de
vista de los capitalistas, si pueden obtener un margen de beneficio del 100%,
1000% o incluso más en el mercado negro, no van a vender ni producir productos
regulados con los que sólo pueden hacer una ganancia muy modesta o a veces una
pérdida.
Lo que ha fracasado en Venezuela no es el "socialismo" como a los
medios capitalistas le gusta afirmar en su campañas. Es precisamente lo
contrario. Lo que claramente ha fracasado es el intento de introducir
regulaciones con el fin de hacer que el capitalismo funcione, aunque sea
parcialmente, en el interés de las masas trabajadoras. La conclusión es clara:
el capitalismo no puede ser regulado. El intento ha dado lugar a la crisis
económica en una escala masiva.
La respuesta del gobierno: apelaciones al sector privado
La mayoría de los venezolanos son conscientes, en un grado u otro, sobre el
papel despreciable que desempeñan las empresas privadas, como el Grupo Polar,
en la creación de esta situación de acaparamiento, crimen organizado, mercado
negro, especulación, etc. En mi última visita a Venezuela fui testigo del
siguiente argumento en una cola del supermercado:
“- Mujer A: “aquí tienen su patria bonita” (significa: esto es lo que el
chavismo te ha dado, colas).
- Mujer B: “a ver si creen que es el gobierno que produce la Harina PAN”
(de hecho es el Grupo Polar quien tiene un control monopólico sobre la
producción de harina de maíz).
El problema no es que las personas no se den cuenta de que el sector
privado está saboteando la economía. El problema es que ellos no ven que el
gobierno sea capaz ni esté dispuesto a tomar las medidas necesarias para
solucionar esta situación.
A los problemas de escasez de alimentos y la delincuencia hay que añadir la
grave sequía que afecta a Venezuela como un subproducto de El Niño, que ha
significado problemas en la generación de energía en la presa hidroeléctrica El
Guri. Esto ha llevado a cortes de energía regulares en los últimos meses. En
abril, el gobierno decretó una jornada de trabajo de 2 días semanales en las
instituciones públicas como medida para reducir el consumo de electricidad.
Incluso en este asunto tenemos que tomar en cuenta la campaña deliberada de
sabotaje a la red eléctrica del país. Ha habido por varios años ya, ataques
explosivos regularmente contra las plantas de generación de energía, centrales
eléctricas y subestaciones en diferentes partes del país. Por lo general,
coincidiendo con las campañas electorales y momentos de tensión política, y
tienen por objetivo provocar cortes de energía con el fin de difundir una
sensación de colapso, caos, inestabilidad, etc.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a estos problemas extremos? Desde
al menos el 2014 ha habido un reconocimiento abierto del fracaso del modelo
anterior de regulación del capitalismo y el uso de los ingresos del petróleo
para financiar programas sociales. Se podría decir que el punto de inflexión
fue la salida del gobierno del ex-ministro de Finanzas Giordani en julio de
2014.
Desde entonces, la línea dominante en la política económica del gobierno ha
sido uno de hacer incluso más concesiones a los capitalistas con la esperanza
de ganar de nuevo su confianza para que puedan colaborar con el gobierno con el
fin de revertir la situación. Esto se ha manifestado en toda una serie de
medidas concretas que se han tomado: la liberación parcial de divisas,
levantamiento parcial del subsidio en el precio del combustible, la creación de
zonas económicas especiales para atraer la inversión extranjera directa y la
repatriación de capitales depositados en el extranjero por los capitalistas
venezolanos, la apertura del Arco Minero (111,000 kilómetros cuadrados de
terreno) para la explotación minera, etc.
Nada de esto ha funcionado. El gobierno mantiene conversaciones regulares
con los empresarios donde se acuerdan concesiones a sus intereses y se les
hacen llamados para que inviertan. En la siguiente ronda de conversaciones, los
empresarios demandan aún más concesiones, pero la economía permanece en un
estado de profunda crisis.
A decir verdad, las concesiones del gobierno al sector privado son
acompañadas de vez en cuando con amenazas de expropiación. Estas amenazas no
son seguidas por acciones. El viernes 13 de mayo, cuando el presidente Maduro
extendió la emergencia económica y decreta el Estado de excepción por 60 días,
advirtió específicamente que "cualquier fábrica que cierre un capitalista,
la tomaremos y la entregaremos al poder comunal".
Menos de 48 horas más tarde, en una entrevista con Reuters, el
vicepresidente a cargo de toda el área económica del gobierno, Pérez Abad, para
tranquilizar al capital internacional, aseguró "descartamos la toma de las
plantas que están paralizados por falta de materias primas”. En la misma
entrevista, subrayó la intención de Venezuela de continuar pagando sus
obligaciones sobre la deuda externa, de forma religiosa, en su totalidad y a
tiempo. Añadió que esto significaría una reducción adicional de las
importaciones para el 2016.
De hecho, a pesar de que la advertencia de Maduro fue destacada por los
medios de comunicación internacionales, para la gente en Venezuela no tuvo
mayor impacto. Él ha hecho la misma amenaza de expropiación, dirigida
específicamente a Grupo Polar, en tantas veces, que es como el cuento de pedro
y el lobo. Siempre que los trabajadores actualmente se han apoderado de las
fábricas que habían sido paralizadas por los patronos, se han encontrado ya sea
con una cadena sin fin de obstáculos burocráticos o la represión directa por
parte de la policía Bolivariana. En la mayoría de los casos, a pesar de que las
leyes introducidas por Chávez están del lado de los trabajadores y permiten
expropiaciones y el Control Obrero, en realidad, la mayor parte de los
inspectores del trabajo están en comprados por los patronos. En lugar de
acelerar la expropiación, de dan prórrogas permanentemente a los empresarios
con el fin de que paguen los salarios caídos y reiniciar la producción, lo que
lleva a la desmoralización de los trabajadores en lucha.
Pérez Abad es el principal representante de la política de concesiones a la
clase capitalista. Él mismo es un empresario y ex-presidente de una de
federación de empresas del país. Se convirtió en ministro a cargo del área
económica del gobierno en febrero, cuando reemplazó a Luis Salas, quien era
visto por los capitalistas como un "radical". Justo antes de que
Maduro decretara una extensión de los poderes de emergencia económica, Pérez
Abad ya había anunciado un nuevo aumento de los precios de los productos regulados,
después de discusiones con los capitalistas.
Más recientemente, en un intento de hacer frente a la cuestión de la
escasez, el gobierno intentó promover la formación de Comités Locales de
Abastecimiento y Producción. La idea es que las propias comunidades organizadas
tratarán directamente con la distribución de los productos alimenticios
subsidiados directamente a las familias. Este es un paso en la dirección
correcta, lo que podría reforzar el papel de las organizaciones de base. Sin
embargo, la medida sólo ha tenido un impacto parcial, hasta el momento. Además,
sólo se ocupa de la cuestión de la distribución final, pero no con la cuestión
más importante de la producción y el procesamiento, que es donde está la raíz
del problema.
El impacto en la consciencia
He dicho antes de que algo es diferente esta vez. ¿Qué ha cambiado desde
los intentos anteriores de la contra-revolución de derrotar al movimiento
bolivariano? El estrés constante y la tensión de tener que hacer cola durante
horas para conseguir productos básicos, la incertidumbre creada por la escasez
y la hiperinflación, el hecho de que esta situación ha estado sucediendo desde
hace más de un año y en vez de mejorar empeora, la constatación de que mientras
que las masas están sufriendo hay algunos que se hacen llamar
"bolivarianos" y están en cargos de poder que se están beneficiando
enormemente de la corrupción, el cansancio interpuesto por tener que luchar
contra la burocracia dentro de su propio movimiento, etc. Todo esto ha tenido
un impacto en la conciencia de una capa importante de las masas que antes
apoyaban la revolución.
Esta es la razón clave para entender la derrota en las elecciones a la
asamblea nacional del 6 de diciembre, que fueron ganadas por la oposición de
derecha por primera vez en 18 años. En ese momento, la revolución bolivariana
perdió alrededor de 2 millones de votos, lo que permitió a la oposición ganar
una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional.
Esa derrota ha creado una situación de bloqueo institucional. La actual
Asamblea Nacional dominada por la derecha ha tratado de aprobar algunas leyes
reaccionarias (una escandalosa Ley de Amnistía, la privatización de la
vivienda), pero estos han sido bloqueados ya sea por el presidente o por el
Tribunal Supremo. Las iniciativas adoptadas por el presidente se declaran fuera
de orden por la Asamblea.
Actualmente la oposición está tratando de activar un referéndum revocatorio
presidencial (una garantía democrática introducida por la revolución
bolivariana a través de Hugo Chávez). Necesitan obtener un determinado número
de firmas para activar el proceso, y luego, en un proceso supervisado por
Consejo Nacional Electoral, deben obtener la firma del 20% del censo electoral
(3,9 millones). A continuación, se llama a un referéndum en el que la oposición
tendría que obtener más votos de los que Maduro recibió cuando fue elegido,
para lograr su remoción. Si el presidente es removido dentro del 2016, entonces
el presidente derechista de la Asamblea Nacional se hace cargo mientras se hacen
nuevas elecciones presidenciales. Pero Maduro intentará por todos los medios
retrasar el referéndum hasta el año 2017, ya que si es removido en ese momento,
el vicepresidente asume el control para el resto de su mandato (hasta 2019).
Esto también muestra cómo la dirección del movimiento bolivariano parece ver la
lucha desde un punto de vista puramente jurídico-institucional.
La oligarquía también se está sintiendo envalentonada por las derrotas
electorales en Argentina, Bolivia y la remoción de Dilma en Brasil. Su lado
está ganando y ahora quieren "derrocar al régimen" en Venezuela. La
situación ha llegado a su límite desde el punto de vista de la paciencia de las
masas. Hace una semana, un camarada de Catia, un bastión revolucionario en Caracas,
describe así la situación: "Hasta hace un par de semanas tenías que hacer
cola por 4, 6, 8 horas, pero podías comprar para dos o tres semanas. Ahora no
hay nada. El lunes, mi mamá y yo hicimos cola y sólo pudimos conseguir arroz y
pasta. El resto hay que comprarlo en el mercado negro a precios de Bachaqueros.
Los salarios no alcanzan para sobrevivir. La guardia nacional con armas de
asalto en mano está manejando las colas fuera del supermercado, y alejaron las
colas hacia atrás unos cientos de metros para evitar que la gente intente
saquearlo." Ya ha habido incidentes a pequeña escala de saqueos en Aragua
y Guarenas.
En estas condiciones, existe el peligro de que los llamados a las masas a
movilizarse contra la amenaza de la contra-revolución puede caer en oídos sordos.
Las masas han demostrado una y otra vez su voluntad de luchar y empujar hacia
adelante la revolución. Pero ellos no pueden ver de ninguna manera que sus
líderes sepan a dónde ir, ni cómo llegar allí.
¿Un golpe militar?
La combinación del bloqueo institucional, una profunda crisis económica, y
una situación de violencia en las calles que la oposición desea crear, también
podría impulsar un sector del ejército a intervenir "con el fin de
restaurar la ley y el orden". Durante las últimas semanas se han producido
constantes rumores de un golpe en camino. El martes, 17 de mayo el líder de la
oposición reaccionaria, Capriles, pidió al ejército rebelarse contra el
presidente "con el fin de defender la Constitución". Capriles, por
supuesto, no es ajeno a los golpes, después de haber jugado un papel en el
golpe reaccionario de abril de 2002. El alto mando del ejército una vez y otra
vez ha declarado públicamente su lealtad al bolivarianismo. Pero todo tiene sus
límites. Este es un momento muy peligroso para la revolución bolivariana. Una
intervención militar, cualquiera sea la forma que tomaría, sería el preludio de
una "transición" para volver a tomar el control del poder del Estado
por parte de la oligarquía. Una parte de los líderes bolivarianos, algunos de
los elementos corruptos, burocráticos y reformistas ya se están preparando para
abandonar el barco y estarían dispuesto a participar en algún tipo de gobierno
de transición y unidad nacional, siempre y cuando se les garantice una cierta
clase de inmunidad.
Al mismo tiempo que una capa de las masas está cansada y desgastada,
también hay una capa de los activistas más avanzados que están muy enojados y
se radicalizaron como resultado de la derrota en las elecciones de diciembre. Hubo
un movimiento de abajo hacia arriba para exigir la radicalización de la
revolución.
Si la dirección bolivariana tomara medidas radicales y decisivas para
abordar el problema de la escasez, esto volvería a encender una ola de
entusiasmo revolucionario. Tales medidas serían: monopolio del comercio
exterior; expropiación de la producción de alimentos y la cadena de
distribución bajo el control democrático de los trabajadores, las comunidades y
los pequeños productores campesinos; impago de la deuda externa; expropiación
de los bancos y las grandes empresas; un plan nacional y democrático de
producción para satisfacer las necesidades de la mayoría. Este programa, en
caso de aplicarse, provocaría inmediatamente un choque aún más grande contra la
oligarquía venezolana y sus amos imperialistas, pero al menos tendría el
beneficio de la consolidación y la ampliación del apoyo entre las masas, que
verían que sus problemas finalmente se abordan de forma seria.
No nos hagamos ilusiones. Si la derecha llega a lograr sus objetivos de
recuperar el control total del poder del Estado (por cualquier medio),
Venezuela no volvería a la democracia capitalista "normal". No. El
programa de la clase dominante en un país plagado por una crisis económica y
social masiva sería una de guerra contra el pueblo trabajador. Irían a la
ofensiva contra todas las conquistas sociales de la revolución. Ellos se
enfrentarán a una fuerte resistencia por parte de las masas y, por tanto, que
tratarían de aplastar el movimiento por la fuerza. En esas condiciones un nuevo
Caracazo podría estar en puerta.
Toby Valderrama y Antonio Aponte lo ponen muy claramente en un artículo
reciente: "El gobierno debe entender que guerra económica, invasión,
ataques de los voceros extranjeros, que almagros, uribes, tienen un solo
nombre, ¡capitalismo!, y tienen una sola manera de enfrentarlo, Socialismo. No
es posible combatirlo desde el capitalismo, así no convence y no hay victoria.
Son tiempos definitivos, se es revolucionario o se es capitalista, las oportunidades
de la socialdemocracia, de discursos encendidos y prácticas de bomberos, se
terminan.”
Esto es correcto. Como hemos explicado, el intento de regular el
capitalismo ha fracasado. Sólo hay dos maneras de salir: ya sea para ir de
regreso al capitalismo "normal" (es decir, para hacer que los
trabajadores paguen el precio de la crisis), o para ir hacia el socialismo (que
es hacer que la paguen los capitalistas).
Aún no es muy tarde. El momento es de peligro extremo. Esto sólo se puede
superar mediante medidas extremas y con firmeza. No más vacilaciones. Hay que
llevar a la revolución hasta el final!
USA.
